ANEXO 贜ICO

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno y de actividades del organismo durante el ejercicio 2018

Resumen

Primera parte

Evaluaci髇 del cumplimiento de Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno durante el ejercicio 2018

I

Consideraciones preliminares

1. Alcance de la evaluaci髇.

A la hora de abordar la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno (en adelante Ley de Transparencia) durante el ejercicio 2018, hay que tener en cuenta que han concurrido algunos factores de hecho y algunas consideraciones de oportunidad que han aconsejado a introducir algunas acotaciones en el objeto y los sujetos destinatarios de la evaluaci髇:

• 1.�) Obligaciones de buen gobierno.

  La evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley se refiere a la totalidad de las obligaciones establecidas en la norma, tanto en materia de publicidad activa y derecho de acceso como de buen gobierno. No obstante, en relaci髇 con esta 鷏tima, es necesario tener en cuenta que:

  • - En la Administraci髇 General del Estado (AGE), la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la misma, obliga al 髍gano competente para la instrucci髇 de los procedimientos sancionadores -la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de la Secretar韆 de Estado de Funci髇 P鷅lica (SEFP)- a elevar al Gobierno cada seis meses, un informe sobre el cumplimiento de dichas obligaciones para su remisi髇 al Congreso de los Diputados.
  • - En el 醡bito auton髆ico y local, los 髍ganos competentes en materia de buen gobierno y de conflictos de intereses de los altos cargos de las Comunidades Aut髇omas (CC. AA.) y las Entidades Locales (EE. LL.) est醤 generalmente obligados a publicar e informar de los resultados de su gesti髇 a los Parlamentos, Asambleas o Plenos correspondientes.

  Para evitar duplicidades o incoherencias y como ya sucediera en a駉s anteriores, en 2018 parece razonable focalizar la evaluaci髇 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG) en el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la informaci髇, dejando al margen el de las obligaciones de buen gobierno.

• 2.�) Entidades locales.

  Aunque la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley durante 2018 deb韆 cubrir a la totalidad de los sujetos obligados, las entidades locales y su sector p鷅lico administrativo e institucional han quedado excluidas de la misma por circunstancias sobrevenidas. La evaluaci髇 de las EE. LL. se iba a realizar en base a los resultados de una encuesta preparada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) en el marco del convenio de colaboraci髇 que tiene suscritas ambas entidades. Esta encuesta se remiti� a las entidades nucleadas en la Red en los primeros meses de 2019, coincidiendo pr醕ticamente con las elecciones locales del mes de mayo y el consiguiente cambio de gobiernos provinciales y municipales. Esta circunstancia y el deseo de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de cerrar el presente documento en una fecha razonable para su remisi髇 a las Cortes Generales, ha determinado, con el consenso de la FEMP, que se aplace a 2020 la valoraci髇 del muestreo de los municipios y provincias de la Red y la pr醕tica de la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley de Transparencia por las EE. LL. y el sector p鷅lico provincial y municipal.

• 3.�) Entidades del art韈ulo 3 de la Ley de Transparencia.

  Como ya se advert韆 en la memoria del Consejo para el ejercicio 2017, existe un grupo de entidades comprendidas en el 醡bito subjetivo de aplicaci髇 de la Ley de Transparencia no solamente muy numeroso sino tambi閚 de muy dif韈il concreci髇 e individualizaci髇.

  Se trata de los sujetos mencionados en los dos apartados del art韈ulo 3 de la Ley: por un lado, los partidos pol韙icos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; y, por otro, las entidades privadas que han percibido durante el ejercicio ayudas o subvenciones p鷅licas por importe superior a 100.000 euros o que han financiado, al menos, el 40?% de sus ingresos con cargo a subvenciones o ayudas superiores a 5.000 euros/a駉.

  No obstante y a pesar de la limitaci髇 de los recursos del Consejo en 2018, se ha decidido iniciar la evaluaci髇 del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia tambi閚 en este grupo de sujetos obligados. Para ello se han evaluado los portales web de los cuatro partidos pol韙icos de implantaci髇 estatal y con representaci髇 parlamentaria existentes a 31 de diciembre de 2018.

• 4.�) 觬ganos constitucionales, 髍ganos de relevancia constitucional y organismos independientes de 醡bito estatal.

  Como puede verse en las memorias 2016 y 2017, este Consejo ya realiz� una evaluaci髇 puntual del cumplimiento de la Ley por los 髍ganos constitucionales, los 髍ganos de relevancia constitucional y las Autoridades Administrativas Independientes (AAI) as� como por la Administraci髇 General del Estado (AGE) a trav閟 del Portal de Transparencia previsto en el art韈ulo 10 de la Ley de Transparencia (en adelante, Portal AGE).

  La conveniencia de evitar la repetici髇 inmediata de las evaluaciones para posibilitar la adopci髇 de medidas de mejora por los sujetos evaluados ha inclinado al Consejo a acotar al m醲imo durante 2018 las mediciones y valoraciones aplicadas tanto a la AGE como a los 髍ganos constitucionales y AAI.

  Concretamente, en este 鷏timo 醡bito, la evaluaci髇 para 2018 se ha constre駃do a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos (en adelante, AEPD).

2. Precisiones metodol骻icas.

La metodolog韆 empleada en la evaluaci髇 es la dise馻da por el CTBG en colaboraci髇 con la extinta Agencia Espa駉la de Evaluaci髇 de Pol韙icas P鷅licas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) para el ejercicio de las funciones de control y evaluaci髇 que el Consejo tiene encomendadas. Esta metodolog韆 se denomina Metodolog韆 de Evaluaci髇 y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad P鷅lica y es conocida abreviadamente con el ep韌rafe MESTA.

3. Aspectos competenciales.

La necesidad de coordinar las competencias de este Consejo para la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley de Transparencia para 2018 con las competencias asumidas por CC. AA. y EE. LL., junto con otros factores, ha obligado a este Consejo a aplicar, en este caso, una versi髇 simplificada de MESTA.

Por otra parte, y a la hora de evaluar el cumplimiento de la Ley de Transparencia por los sujetos de 醡bito auton髆ico y local, hay que tener en cuenta que muchas de las leyes de transparencia de las CC. AA. y algunas ordenanzas o reglamentos locales han incorporado a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia nuevas obligaciones de transparencia, especialmente en materia de publicidad activa, que delimitan un marco obligacional complementario al vigente en todo el territorio del Estado y aplicable exclusivamente en sus respectivos territorios.

En este sentido, tal y como sucedi� en 2016 y 2017 y en soluci髇 consensuada tanto con los Consejos e instituciones auton髆icas equivalentes como con los responsables de transparencia de las CC. AA., la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley de Transparencia que ha realizado este Consejo en 2018 para las CC. AA. se ha ajustado a los siguientes criterios: A) Limitar la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley a las obligaciones b醩icas de la Ley de Transparencia sin considerar las obligaciones complementarias fijadas por las leyes auton髆icas o la normativa local; y B) En lo que se refiere al 醡bito auton髆ico, partir de los datos de cumplimiento facilitados por los Consejos e instituciones auton髆icas. A este efecto, el Consejo elabor� en su momento unos cuestionarios sobre publicidad activa y derecho de acceso que envi� a los 髍ganos e instituciones competentes de las CC. AA.

4. Grupos de clasificaci髇.

Contabilizando los tres niveles de Administraci髇 -central, auton髆ica y local- y seg鷑 los datos proporcionados a fecha actual por el Inventario de Entes del Sector P鷅lico (INVENTE) de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado (IGAE) -http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/invente/Paginas/inicio.aspx- el n鷐ero de sujetos de derecho p鷅lico comprendidos en el 醡bito de la Ley de Transparencia asciende en la actualidad a m醩 de 18.500.

F醕ilmente se comprende que el an醠isis pormenorizado de un universo de esta magnitud es dif韈ilmente abordable para cualquier organizaci髇, m醲ime cuando 閟ta cuenta, como en el caso del CTBG, con medios muy limitados tanto desde el punto de vista humano como material.

Por ello, a la hora de abordar la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley durante 2018 y tal y como se hizo en a駉s anteriores, se han distribuido los sujetos a evaluar por grupos de tratamiento y, dentro de estos, se han aplicado distintos muestreos tanto a las obligaciones como a los sujetos.

• - GRUPO I.

  Compuesto por los 髍ganos constitucionales y los 髍ganos de relevancia constitucional mencionados en el art韈ulo 2.1, aptdo. f), de la Ley de Transparencia -Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, Consejo Econ髆ico y Social (CES) y Fiscal韆 General del Estado- junto con los organismos estatales con funciones reguladoras -Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos (AEPD).

  Puesto que en el ejercicio 2016 se realiz� una medici髇 pormenorizada del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la informaci髇 por los 髍ganos constitucionales y de relevancia constitucional y las autoridades administrativas independientes (AAI) y los organismos independientes con funciones de supervisi髇, la repetici髇 de una evaluaci髇 similar en el espacio de dos a駉s resulta t閏nicamente desaconsejable.

  Por ello, la evaluaci髇 2018 del cumplimiento de la Ley por este primer grupo de sujetos se ha limitado a la AAI que no fue objeto de evaluaci髇 en 2016 ni en 2017: la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos (AEPD).

  Por otra parte, y a falta de las herramientas tecnol骻icas necesarias para la aplicaci髇 autom醫ica de MESTA, la evaluaci髇 del portal de la AEPD se ha focalizado en las obligaciones de publicidad activa, aplazando la evaluaci髇 del cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso.

  Finalmente, se馻lar que la evaluaci髇 del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia para este grupo de sujetos obligados, se ha complementado con un an醠isis del grado de incorporaci髇 de las recomendaciones en materia de publicidad activa, efectuadas por este Consejo como consecuencia de la evaluaci髇 realizada en 2016.

• - GRUPO II.

  Integrado por los trece Ministerios existentes, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y las Misiones y Representaciones Diplom醫icas en el exterior.

  En este Grupo, en el ejercicio 2016 tambi閚 se realiz� una medici髇 pormenorizada del cumplimiento por la Administraci髇 estatal de sus obligaciones de publicidad activa y acceso a la informaci髇, focalizando el an醠isis en el Portal AGE. Por ello, la repetici髇 de una evaluaci髇 similar en el espacio de dos a駉s resultaba t閏nicamente desaconsejable puesto que no solo inducir韆 un juicio desfavorable sobre la evaluaci髇 del Portal sino que tambi閚 podr韆 incidir negativamente en la adopci髇 de medidas de mejora por los responsables del mismo. Adem醩, en cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del III Plan de Acci髇 de Espa馻 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Direcci髇 General de Gobernanza P鷅lica (DGGP) del actual Ministerio de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica ha elaborado un cronograma de tareas para la mejora del Portal AGE y el derecho de acceso que fija para junio de 2019, y que incluye gran parte de las sugerencias y recomendaciones de este Consejo.

  A la vista de estas circunstancias, ha parecido aconsejable a este Consejo limitar la evaluaci髇 de cumplimiento de la AGE para 2018 a un seguimiento del grado de incorporaci髇 de las recomendaciones derivadas de la evaluaci髇 de 2016 y al an醠isis de los principales indicadores de funcionamiento del Portal de Transparencia.

• - GRUPO III.

  Compuesto por los organismos p鷅licos de 醡bito estatal (organismos aut髇omos, entidades p鷅licas empresariales y agencias estatales) junto con los entes p鷅licos, las fundaciones, las sociedades mercantiles, las corporaciones de derecho p鷅lico y dem醩 entidades p鷅licas del Estado, integrantes del llamado sector p鷅lico estatal.

  Seg鷑 los datos para 2018 del Inventario de Entes del Sector P鷅lico Estatal (INVESPE) de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado (IGAE), el n鷐ero de entidades p鷅licas de 醡bito estatal en dicho ejercicio ascend韆 a 441, descontando la AGE, los 髍ganos constitucionales y de relevancia constitucional, el Banco de Espa馻 y las AAI (un total de 13 entidades). Este censo no agota el conjunto de entes de derecho p鷅lico de 醡bito estatal obligados por la Ley de Transparencia, ya que es necesario sumarle el n鷐ero de Corporaciones de Derecho P鷅lico (colegios profesionales, c醡aras de comercio, industria y navegaci髇, etc.) del mismo 醡bito, que superan las 50 unidades.

  Teniendo en cuenta la magnitud de este censo y los recursos disponibles en este Consejo, las evaluaciones de cumplimiento de la Ley de Transparencia por esta categor韆 de sujetos obligados se hayan abordado mediante el uso de t閏nicas de muestreo.

  En el ejercicio 2018 la evaluaci髇 se ha realizado con medios propios del Consejo y se aumentado el tama駉 de la muestra frente a las de los tres a駉s precedentes, seleccionada aleatoriamente a partir de INVESPE, examinando la totalidad de las obligaciones de transparencia definidas por la Ley de Transparencia para cada tipo de organismo. Como se ha indicado anteriormente, la medici髇 se ha realizado aplicando la metodolog韆 MESTA 韓tegramente y ha alcanzado a 15 entidades de derecho p鷅lico de diferente tipolog韆, agrupadas en dos grupos, conformados seg鷑 les resulte de aplicaci髇 la totalidad o parte de las obligaciones de la Ley de Transparencia:

  • a) Un primer grupo compuesto por cinco organismos aut髇omos, dos entidades colaboradoras de la Seguridad Social, dos organismos de regulaci髇 especial y una universidad p鷅lica (10 entidades): Agencia Nacional de Evaluaci髇 de la Calidad y Acreditaci髇 (ANECA), Fondo Espa駉l de Garant韆 Agraria (FEGA), Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Servicio P鷅lico de Empleo Estatal (SEPE), Umivale, Solimat, Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria (AEAT), Autoridad Portuaria de Cartagena, Museo del Prado y la Universidad Nacional de Educaci髇 a Distancia (UNED).
  • b) Un segundo grupo con cuatro sociedades mercantiles estatales y una fundaci髇 p鷅lica (5 entidades): Empresa Nacional de Innovaci髇, S.A. (ENISA), Servicios y Estudios para la Navegaci髇 A閞ea y la Seguridad Aeron醬tica, S.A. (SENASA), Suelo Empresarial del Atl醤tico, S.L., Compa耥a Espa駉la de Seguros de Cr閐ito a la Exportaci髇 (CESCE) y la Fundaci髇 Pluralismo y Convivencia.
• - GRUPO IV.

  Integrado por los sujetos de 醡bito auton髆ico.

  A la hora de evaluar para 2018 el cumplimiento de la Ley de Transparencia por los organismos y entidades de 醡bito auton髆ico, deben coordinarse las competencias de este CTBG con las competencias asumidas por las CC. AA. en materia de transparencia y acceso a la informaci髇 p鷅lica.

  Estos organismos son los Comisionados y Consejos auton髆icos de Transparencia y los otros organismos p鷅licos que las CC. AA. en uso de su autonom韆 han ido creando desde 2015 a la actualidad con la misi髇 gen閞ica de resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de sus 醡bitos territoriales al amparo del art韈ulo 24 de la Ley y de garantizar el cumplimiento de la normativa de transparencia por sus entidades y 髍ganos propios. Por oposici髇 a los 髍ganos y entes auton髆icos encargados de cumplir las obligaciones de publicidad activa y acceso a la informaci髇 -髍ganos 玤estores� de la transparencia-, estos organismos podr韆n denominarse propiamente 髍ganos 玤arantes�.

  De este modo, la evaluaci髇 del cumplimiento de la Ley por los sujetos de 醡bito auton髆ico que ha efectuado el CTBG durante el pasado ejercicio ha operado en dos niveles diferentes: por un lado, se ha referido a la actuaci髇 de los 髍ganos garantes y, por otro, a la de los gestores.

• - GRUPO V.

  Integrado por los sujetos enumerados en el art韈ulo 3 de la Ley de Transparencia: los partidos pol韙icos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que hubieran percibido durante el ejercicio ayudas o subvenciones p鷅licas por importe superior a 100.000 euros o que hubieran financiado, al menos, el 40?% de sus ingresos con cargo a subvenciones o ayudas superiores a 5.000 euros/a駉.

  Aunque las razones que aconsejaron excluir de la evaluaci髇 a este bloque de sujetos en 2015, 2016 y 2017 subsisten en la actualidad, a la hora de acometer la evaluaci髇 de cumplimiento correspondiente a 2018 se ha decidido considerar, al menos, una muestra de un grupo de sujetos del art韈ulo 3, seleccionado por su relevancia y por la disponibilidad de recursos accesibles para su identificaci髇 individualizada.

  Este grupo es el de los partidos pol韙icos, inscritos todos en una fuente centralizada gestionada por la AGE: el Registro de Partidos Pol韙icos del Ministerio del Interior, limitando la muestra a los cuatro partidos pol韙icos de implantaci髇 nacional y con representaci髇 parlamentaria existentes a 31 de diciembre de 2018: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Espa駉l (PSOE), Podemos (denominaci髇 2018) y Ciudadanos (Cs).

5. Respuesta ciudadana.

Como ya se se馻laba en las memorias de los ejercicios anteriores, una de las dificultades existentes para el cumplimiento de la Ley de Transparencia en el contexto nacional es el escaso conocimiento de 閟ta por parte de la ciudadan韆 que, seg鷑 el diagn髎tico del Consejo, constituye una de las causas del uso relativamente bajo dado por los ciudadanos a las herramientas e instrumentos jur韉icos establecidos por la Ley desde la entrada en vigor de 閟ta hasta el momento actual.

Con el objetivo de renovar el diagn髎tico de los tres a駉s anteriores y confirmar la situaci髇 existente en 2018, el CTBG ha procedido con sus propios medios a realizar una encuesta administrada v韆 web, abierta a todas las personas que han contactado con 閘 tanto a trav閟 de la web como de las redes sociales o por otros canales de comunicaci髇.

Esta encuesta es la primera de una serie de estudios que el Consejo se propone realizar para conocer las opiniones de la ciudadan韆 respecto de diversas cuestiones relacionadas con la transparencia en la actividad p鷅lica. Un segundo prop髎ito es utilizar los resultados de estos estudios como base para el dise駉 de otros cuya finalidad sea explorar aspectos de la trasparencia p鷅lica sobre los que no existe suficiente evidencia emp韗ica en nuestro pa韘.

En esta ocasi髇, el prop髎ito del estudio ha sido conocer los beneficios de la informaci髇 p鷅lica sujeta a transparencia que identifican los encuestados y tanto para el conjunto de la ciudadan韆 como desde el punto de vista personal, su grado de confianza en la informaci髇 que publican las Administraciones P鷅licas y la importancia que conceden a la publicaci髇 de informaci髇 adicional a la contemplada en la Ley de Transparencia.

Es importante se馻lar, a la hora de valorar los resultados de este estudio, que dado que el estudio no se ha dirigido a una muestra representativa de la poblaci髇 espa駉la, los resultados obtenidos, que se recogen en la Memoria, deben considerarse representativos 鷑icamente de las opiniones de las personas que han contestado el cuestionario (218 en total).

II

Resultados

A) 觬ganos constitucionales y de relevancia constitucional y entes reguladores.

La p醙ina de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos (AEPD), 鷑ico organismo objeto de evaluaci髇 durante 2018, merece una valoraci髇 general muy positiva en materia de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley de Transparencia; concretamente, aplicando los par醡etros de MESTA, el grado de cumplimiento puede cifrarse en 9,19 puntos en una escala del 1 al 10.

Es de destacar que, adem醩 de los contenidos obligatorios de la Ley, la p醙ina del CTBG incluye contenidos adicionales como la agenda institucional de su directora y de los cargos directivos.

En cuanto al seguimiento realizado en 2018 de las recomendaciones efectuadas a los 髍ganos constitucionales y de relevancia constitucional, as� como por el Banco de Espa馻 y las Autoridades Administrativas Independientes de 醡bito estatal (Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF-), evaluadas en 2016, cabe destacar el esfuerzo realizado por todos ellos para incorporar dichas recomendaciones, tanto las vinculadas al nivel de cumplimiento obligatorio de la Ley, en un porcentaje que se sit鷄 en un 38,09?%, como las vinculadas al nivel de transparencia voluntaria. En ambos supuestos, debe destacarse como buena pr醕tica el caso de la AIReF, que en el nivel de cumplimiento obligatorio ha implementado el total de las recomendaciones recibidas y en el nivel de transparencia voluntaria, ha publicado los datos e informaciones correspondientes a los viajes oficiales de su equipo directivo, obsequios institucionales recibidos, bienes muebles de inter閟 cultural depositados en el organismo y los veh韈ulos oficiales que tienen en uso. Junto a las de la AIReF, pueden destacarse tambi閚, en este apartado de buenas pr醕ticas en materia de transparencia voluntaria, los casos del Congreso de los Diputados y el Banco de Espa馻 que han publicado en su portal de transparencia las agendas de trabajo, respectivamente, de la presidenta y la subgobernadora.

En cuanto a este Consejo que no se incluy� en la evaluaci髇 de 2016, pero que en 2017 fue objeto de una auto-evaluaci髇, de las 17 recomendaciones de mejora de su portal web, se han incorporado 12 (71?%).

B) Administraci髇 General del Estado.

Por las razones apuntadas en el apartado anterior (universo a evaluar), para el a駉 2018 se ha considerado aconsejable limitar la evaluaci髇 de 2018 a un seguimiento del grado de incorporaci髇 de las recomendaciones derivadas de la evaluaci髇 de 2016 y al an醠isis de los principales indicadores de funcionamiento del Portal de Transparencia.

a) Publicidad activa.

En materia de publicidad activa, se ha detectado en 2018 un notable incremento del n鷐ero de visitantes (60?%) y del n鷐ero de p醙inas visitadas (49,35?%).

Por otra parte, dado que el Bolet韓 Estad韘tico para 2018 ha dejado de incluir el dato de registros de informaci髇 incorporados al Portal no es posible conocer el grado de incorporaci髇 de nuevos registros a lo largo de este a駉. Este Consejo considera relevante que vuelva a incorporarse este indicador, ya que permite conocer hasta qu� punto las Administraciones p鷅licas mejoran la oferta de informaci髇 p鷅lica puesta a disposici髇 de los ciudadanos y en definitiva, permite una aproximaci髇 al grado de proactividad de las Administraciones respecto de la transparencia activa.

b) Acceso a la informaci髇.

En materia de acceso a la informaci髇, se observa un incremento considerable de las solicitudes, que se cifra en un 40,52?% de 2018 respecto de 2017 y que, a su vez, supone un incremento de un 88,76 % respecto de 2015, primer a駉 completo de funcionamiento del Portal. Este crecimiento, que se ha acelerado en 2018 respecto de 2017, podr韆 muy bien representar la consolidaci髇 de una tendencia incremental hacia el futuro.

Respecto de las variables ligadas a la tramitaci髇 y la resoluci髇 de las solicitudes de informaci髇 se detecta en 2018 una gran similitud con los datos registrados en 2017, habiendo aumentado porcentaje de solicitudes resueltas: un 96,20?% de solicitudes resueltas frente al 92,01?% registrado en 2017. Se aprecia, por tanto, un incremento en la capacidad de resoluci髇 de las solicitudes y una tendencia a la estabilidad en la distribuci髇 de resoluciones favorables y desfavorables.

En cuanto al ejercicio del derecho de acceso por v韆 electr髇ica, la cifra en 2018 presenta un alto grado de estabilidad: un 88% frente a un 87,45?% registrado en 2017.

c) Grado de incorporaci髇 de las recomendaciones derivadas de la evaluaci髇 de 2016.

La evaluaci髇 del Portal de Transparencia de la AGE realizada en 2016 por este Consejo evidenci� un total de 27 insuficiencias agrupadas en 13 categor韆s. En 2018, parte de esas insuficiencias han sido subsanadas por los responsables del Portal, tanto en el contexto del plan de mejora previsto en el III Plan de Acci髇 para Espa馻 de la AGA como al margen de este.

Este Consejo quiere resaltar y valorar muy positivamente el importante esfuerzo de mejora realizado por los responsables del Portal de Transparencia, cuyo plan de mejora adem醩, todav韆 est� en fase de implantaci髇, pero tambi閚 insistir en la necesidad de resolver las deficiencias evidenciadas en 2016 que no han sido abordadas hasta el momento.

C) Sector p鷅lico institucional estatal.

En el ejercicio 2018 se ha evaluado una muestra de entidades y organismos, seleccionada aleatoriamente a partir de INVESPE, examinando la totalidad de las obligaciones de transparencia definidas por la Ley de Transparencia para cada tipo de organismo. La medici髇 se ha realizado aplicando la metodolog韆 MESTA 韓tegramente.

Los resultados de la evaluaci髇 se presentan agrupados por obligaciones y segmentando la informaci髇 en dos grupos: un primer grupo formado por los organismos p鷅licos a quienes son de aplicaci髇 la totalidad de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia [art韈ulo 2.1 a) a d)] (cinco Organismos Aut髇omos, dos entidades colaboradoras, organismos de regulaci髇 especial y una Universidad P鷅lica) y un segundo grupo formado por los sujetos contemplados en las letras g) y h) del art韈ulo 2.1 (cuatro Sociedades Mercantiles Estatales y una Fundaci髇 P鷅lica), dado que no tienen la obligaci髇 de publicar informaci髇 relacionada con planificaci髇, informaci髇 de relevancia jur韉ica y bienes patrimoniales.

a) Informaci髇 institucional, organizativa y de planificaci髇.

El nivel de cumplimiento medio en 2018 en este bloque de obligaciones para las 10 entidades evaluadas pertenecientes al primer grupo es del 62,36?%, aunque existe una gran variabilidad. La informaci髇 de tipo institucional es la que presenta un nivel de cumplimiento m醩 elevado y la informaci髇 sobre planificaci髇 es la que presenta menor grado de cumplimiento.

En cuanto al segundo grupo, el nivel del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al bloque de informaci髇 institucional, organizativa y de planificaci髇 es m醩 elevado, un 68,33?%, seis puntos porcentuales m醩 que el primer grupo de entidades evaluadas, pero tambi閚 existe variabilidad aunque menor que en el primer grupo.

En las entidades de ambos grupos se observa la falta de publicaci髇 de una descripci髇 de la estructura organizativa de la entidad junto al organigrama, al tratarse de diferentes obligaciones, as� como la omisi髇 de publicaci髇 de los perfiles y trayectorias profesionales de las personas que ocupan los puesto directivos en su condici髇 de m醲imo responsables, con independencia de su rango jer醨quico.

En general la informaci髇 es accesible de manera directa desde la propia web del organismo y el principal d閒icit que se advierte es la actualizaci髇, as� como la publicaci髇 de la informaci髇 en formatos no reutilizables.

b) Informaci髇 de relevancia jur韉ica.

Este bloque de obligaciones solo afecta a los organismos integrantes del primer grupo y con un alcance limitado, ay que su condici髇 de entidades adscritas org醤icamente a un Ministerio determina su falta de competencia sustantiva en materia de producci髇 y elaboraci髇 normativa, correspondiendo esta al Ministerio de adscripci髇 en todo lo relacionado con sus 醨eas funcionales.

El nivel de cumplimiento de este grupo de obligaciones es elevado, un 87?%, aunque nuevamente existe gran variabilidad.

Desde el punto de vista de la calidad de la informaci髇 es destacable la forma de estructurarla, la claridad del lenguaje, la existencia generalizada de gu韆s o sistemas de ayuda para facilitar su comprensi髇 y el uso de formatos reutilizables. El nivel de cumplimiento m醩 bajo se corresponde con la actualizaci髇 y dataci髇 de la informaci髇.

c) Informaci髇 econ髆ica, estad韘tica y presupuestaria.

El menor nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicaci髇 se produce en este bloque de obligaciones de publicidad activa que afecta a ambos grupos.

En el caso del primer grupo el 韓dice de cumplimiento de la informaci髇 obligatoria es del 53,04?%. El segundo grupo presenta un peor desempe駉 con un nivel medio del 48,57?%.

En este bloque de obligaciones el factor que explica en mayor medida los valores de cumplimiento alcanzados es la omisi髇 de informaci髇 por parte de numerosos organismos de obligaciones sobre presupuestos, encomiendas de gesti髇, informes de auditor韆 de cuentas y de fiscalizaci髇 por parte de 髍ganos de control externo.

Respecto de la obligaci髇 contratos, la informaci髇 que presenta un menor grado de cumplimiento es la publicaci髇 de la distribuci髇 porcentual, expresada en volumen presupuestario, de los contratos realizados seg鷑 procedimiento de licitaci髇. En el caso de las encomiendas los valores obtenidos son similares a los correspondientes a la obligaci髇 de publicar todos los contratos en el primer grupo pero en el segundo grupo desciende.

En cuanto a los convenios y subvenciones, aumenta el 韓dice de cumplimiento en ambos grupos.

La obligaci髇 que obtiene peores resultados es la relativa a presupuestos.

Mejores resultados obtiene el grupo de obligaciones de rendici髇 de cuentas, especialmente la publicaci髇 de las cuentas anuales. Sin embargo, el nivel de cumplimiento es inferior en relaci髇 con la publicaci髇 de los informes de auditor韆 realizados por 髍ganos de control externo. Un problema adicional para los informes de auditor韆 es que, en general, los organismos que publican redirigen al Portal de Transparencia de la AGE quien, a su vez, posiciona a quien est� interesado en consultar este tipo de informaci髇 en el buscador del Tribunal de Cuentas, lo que obliga a efectuar una nueva b鷖queda.

En cuanto al grupo de obligaciones 玶etribuciones de altos cargos e indemnizaciones percibidas por estos con ocasi髇 del abandono del cargo� se alcanza un 韓dice de cumplimiento medio, b醩icamente por la ausencia de informaci髇 relativa a indemnizaciones. Nuevamente esta informaci髇 se publica generalmente de manera centralizada en el Portal de Transparencia de la AGE y en la mayor韆 de los casos, las webs de los organismos ni tan siquiera redirigen al Portal de Transparencia.

En lo que respecta al grupo de obligaciones de gobernanza econ髆ica, el nivel de cumplimiento es m醩 elevado, resaltando solo un organismo que publica la informaci髇 sobre compatibilidades de sus empleados directamente en la web. En el resto de los casos, no se publica y tampoco se enlaza al Portal de Transparencia de la AGE.

El mayor nivel de cumplimiento de este bloque de obligaciones se da en relaci髇 con la informaci髇 estad韘tica para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios que se prestan, especialmente en la informaci髇 relacionada con el rendimiento del organismo en cuanto al desempe駉 de las funciones y competencias que tiene asignadas. Sin embargo, los aspectos ligados a lo que se denomina calidad subjetiva (estudios de satisfacci髇 de usuarios, informaci髇 de quejas y sugerencias) son pr醕ticamente inexistentes.

En este bloque de obligaciones influye a la baja en el 韓dice de cumplimiento el recurso a fuentes de datos centralizadas y tambi閚 la inexistencia de informaci髇 relativa a la actualizaci髇, as� como el escaso uso de formatos reutilizables al publicar la informaci髇.

d) Informaci髇 patrimonial.

Este bloque de obligaciones solo es aplicable al primer grupo y el 韓dice global de cumplimiento es del 32,14?% El principal factor explicativo de este nivel de cumplimiento es la ausencia de publicaci髇 de la informaci髇 en las webs de los sujetos obligados y la necesidad de recurrir a la informaci髇 centralizada en el Portal de Transparencia de la AGE, Como en los bloques anteriores, se aprecia un escaso uso de formatos reutilizables en la publicaci髇 de la informaci髇 as� como la carencia de datos de actualizaci髇 de la misma.

e) Informaci髇 complementaria desde el punto de la transparencia y buenas pr醕ticas.

En este apartado no se distinguen grupos de sujetos puesto que la Ley de Transparencia no diferencia entre unos y otros para se馻lar las correspondientes obligaciones.

Dentro de este tipo de informaci髇 destacan las siguientes publicaciones: ofertas de empleo, c骴igos 閠icos y de conducta, accesos a las agendas institucionales e informaci髇 sobre quejas y sugerencias.

En lo que respecta a buenas pr醕ticas que ser韆n extrapolables a otros organismos, es remarcable el uso de un lenguaje que facilita la comprensi髇 de los contenidos y la inclusi髇 de numerosos textos y apoyaturas para facilitarla en mayor medida por parte de siete de las entidades evaluadas.

f) 蚽dice de cumplimiento de la informaci髇 obligatoria (ICIO).

El indicador de cumplimiento de la informaci髇 obligatoria se sit鷄 en valores medios en ambos grupos de sujetos obligados, un 58,58% en el primer grupo y un 55,16 % en el segundo.

Los factores que influyen de manera determinante en el 韓dice de cumplimiento de la informaci髇 obligatoria porque afectan a los requisitos de publicaci髇 que establece la Ley de Transparencia y que explican la puntuaci髇 obtenida guardan relaci髇 con la localizaci髇 de la informaci髇, la falta de adaptaci髇 de la informaci髇 publicada a la estructura definida por la Ley de Transparencia, la publicaci髇 de la informaci髇 de manera centralizada en el Portal AGE, el recurso a fuentes centralizadas, el escaso uso de formatos reutilizables y por 鷏timo, la falta de referencias en cuanto a la fecha de actualizaci髇 de la informaci髇 publicada.

g) Recomendaciones.

Como recomendaciones b醩icas, de car醕ter esencial, cabe se馻lar tres relacionadas con la localizaci髇 de la informaci髇 -articular un espacio diferenciado en su web que permita a los ciudadanos acceder a las informaciones obligatorias establecidas por la Ley de Transparencia-; estructuraci髇 de la informaci髇 -que debe ajustarse al patr髇 definido por la Ley de Transparencia-; y los contenidos -debe publicarse toda la informaci髇 obligatoria, advirtiendo expresamente si se diera la circunstancia de que para una informaci髇 concreta no ha habido actividad en el organismo.

Tambi閚 es preciso recordar que la disposici髇 final und閏ima de la nueva LOPD modifica la Ley de Transparencia, en el sentido de incorporar una obligaci髇 adicional: la publicaci髇 del inventario de actividades de tratamiento accesible por medios electr髇icos en el que debe constar la informaci髇 establecida en el art韈ulo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal. En el art韈ulo 77.1 de la LOPD se enumera, entre otros, como sujetos obligados a los organismos p鷅licos y entidades de Derecho p鷅lico vinculadas o dependientes de las Administraciones P鷅licas, a las Fundaciones P鷅licas y a las Universidades P鷅licas.

Adem醩 de estas recomendaciones b醩icas, este Consejo, a la vista de los resultados de la evaluaci髇, efect鷄 una serie de recomendaciones, once en total, para cada bloque de obligaciones de publicidad activa, as� como para mejorar la calidad de la informaci髇 publicada.

D) Comunidades Aut髇omas.

a) 觬ganos Garantes.

En lo que respecta a la actividad de los 髍ganos auton髆icos garantes de la transparencia durante 2018, hay que se馻lar que, desde el punto de vista de su establecimiento y constituci髇, se hab韆 producido a 31 de diciembre de 2018 un cumplimiento completo de la Ley y que, desde el punto de vista de la gesti髇 y tramitaci髇 de las reclamaciones presentadas al amparo del art韈ulo 24 de la Ley estatal, se han producido avances respecto a los datos registrados en 2017.

Respecto a los resultados de la actividad revisora de los distintos 髍ganos auton髆icos garantes de la transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dispone de datos de nueve de los once Consejos/Comisionados auton髆icos existentes en nuestro pa韘.

Al tenor de los datos aportados en los cuestionarios, durante 2018 se han formulado 1.666 reclamaciones frente a solicitudes de informaci髇 p鷅lica resueltas por organismos y entidades p鷅licas de 醡bito auton髆ico., lo que supone lo que supone un aumento del 42,6?% respecto de 2017. Este incremento de las reclamaciones es paralelo al experimentado en el 醡bito estatal: en 2018 se han formulado 1.338 reclamaciones ante el Consejo frente a las 1.067 que se formularon en 2017, con un incremento del 25,4?% interanual.

Esta habitualidad en el uso de la v韆 de recurso del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia, lejos de interpretarse como un factor negativo, ha de verse como un indicador positivo de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de los Consejos y Comisionados de Transparencia, garantes del cumplimiento de la Ley.

Respecto del contenido de las resoluciones de los 髍ganos garantes, cabe decir que la mayor韆 de las reclamaciones resueltas lo han sido en sentido estimatorio, si bien se observa un aumento del porcentaje de solicitudes desestimadas. En cuanto al n鷐ero de reclamaciones inadmitidas, los resultados obtenidos arrojan porcentajes pr醕ticamente id閚ticos.

En cuanto al tiempo medio de resoluci髇 de las solicitudes, este se sit鷄 en 127,54 d韆s, oscilando los datos entre los 259 y 51 d韆s de resoluci髇.

Finalmente, por lo que se refiere a las materias o temas sobre los que versan las reclamaciones, los datos proporcionados por los Consejos o Comisionados de Garant韆 arrojan que la informaci髇 m醩 demandada es la relativa a empleo p鷅lico/procesos selectivos. Vuelve a ser significativo el hecho de que porcentajes muy elevados de las reclamaciones versan sobre categor韆s distintas de informaci髇 de las recogidas en los art韈ulos 6 a 8 de la Ley de Transparencia.

c) 觬ganos Gestores.

De acuerdo con las contestaciones proporcionadas por parte de las diecisiete CC. AA. m醩 las Ciudades Aut髇omas de Ceuta y Melilla a los cuestionarios enviados, los resultados son los siguientes:

• - Publicidad activa.

  En materia de publicidad activa hay que destacar con car醕ter general que las CC. AA. han continuado en 2018 cumpliendo de forma adecuada las obligaciones establecidas por las leyes aplicables.

  Con car醕ter particular, y aunque es evidente que no se trata de magnitudes homog閚eas, de acuerdo con los datos aportados cuanto a visitas de usuarios y p醙inas vistas en los distintos portales auton髆icos de transparencia, existe en el 醡bito auton髆ico un inter閟 ciudadano al menos similar al despertado por el Portal AGE en el 醡bito estatal.

  Tomando como base las 19 Administraciones auton髆icas que han aportado datos al respecto, la cifra total de visitas a los portales auton髆icos de transparencia era a 31 de diciembre de 2018 de 7,78 millones y la cifra de p醙inas vistas a la misma fecha alcanzaba los 32 millones.

  Por su parte, a 31 de diciembre de 2018, el Portal AGE acumulaba 3,40 millones de visitas y 10,96 millones de p醙inas vistas.

• - Acceso a la informaci髇 p鷅lica.

  En el 醡bito del acceso a la informaci髇 y con car醕ter general, hay que se馻lar que las CC. AA. han continuado en 2018 cumpliendo de forma adecuada las previsiones de la Ley y resolviendo, en consecuencia, las solicitudes de informaci髇 p鷅lica formuladas por los ciudadanos.

  De los datos proporcionados resulta, primeramente, que en 2018 se han recibido por las diecinueve Comunidades y Ciudades Aut髇omas que han respondido a la encuesta 6.840 solicitudes de informaci髇 p鷅lica. El incremento de solicitudes en el 醡bito auton髆ico respecto del a駉 2017 es de un 29,32?%.

  En comparaci髇 con la AGE, el porcentaje auton髆ico de resoluciones favorables sigue siendo superior.

  趎icamente hay que destacar dos aspectos necesitados de mejora: el mayor n鷐ero de solicitudes resueltas por silencio administrativo en relaci髇 con la AGE, en el que el porcentaje de este es pr醕ticamente inexistente, y el incremento del tiempo medio de resoluci髇 de expedientes -37,29 d韆s- frente a 2017 -30,82 d韆s-.

E) Sujetos privados.

a) Planteamiento previo.

En 2018 se ha decidido considerar, al menos, una muestra de un grupo de sujetos del art韈ulo 3, seleccionado por su relevancia y por la disponibilidad de recursos accesibles para su identificaci髇 individualizada.

Este grupo es el de los partidos pol韙icos, inscritos todos en una fuente centralizada gestionada por la AGE: el Registro de Partidos Pol韙icos del Ministerio del Interior, limitando la muestra a los cuatro partidos pol韙icos de implantaci髇 nacional y con representaci髇 parlamentaria existentes a 31 de diciembre de 2018: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Espa駉l (PSOE), Podemos (denominaci髇 de la formaci髇 en 2018) y Ciudadanos (Cs).

b) Obligaciones espec韋icas.

Desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Transparencia hay que recordar que los partidos pol韙icos se incluyen en el art韈ulo 3 de esta, por lo que no les resultan de aplicaci髇 las obligaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la informaci髇, as� como tampoco algunas de las obligaciones de publicidad activa se馻ladas en los art韈ulos 6 y 8 y ninguna de las contempladas en el art韈ulo 7 de la Ley.

Por otra parte, se ha constatado que los partidos pol韙icos tienen otras obligaciones de publicidad que se derivan de las normas espec韋icas que les resultan de aplicaci髇, principalmente, la Ley Org醤ica 6/2002, de 27 de junio, de los Partidos Pol韙icos (en adelante, LOPP) y de la Ley Org醤ica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos (en adelante LOFPP).

c) Metodolog韆.

La metodolog韆 empleada para la evaluaci髇 de la publicidad activa de los cuatro partidos pol韙icos seleccionados ha consistido en el an醠isis directo de sus p醙inas webs por parte del Consejo, aplicando la metodolog韆 MESTA.

d) Resultados.

Los cuatro partidos pol韙icos evaluados incluyen en la p醙ina home de su web institucional un elemento espec韋ico de transparencia y, en algunos de ellos, este acceso se reproduce tanto en la barra superior como en la barra inferior de su p醙ina principal.

Respecto de la informaci髇 de cumplimiento obligatorio de los art韈ulos 6 y 8 de la Ley de Transparencia, cabe destacar que en las cuatro formaciones pol韙icas se observa un mayor nivel de cumplimiento y actualizaci髇 de las obligaciones sobre 玦nformaci髇 econ髆ica y presupuestaria� respecto de las obligaciones sobre 玦nformaci髇 institucional y organizativa�.

En opini髇 de este Consejo, esta situaci髇 puede venir motivada por la especial atenci髇 que parecen prestar los partidos pol韙icos al cumplimiento de las obligaciones de publicidad derivadas de su normativa propia y espec韋ica ( LOPP y LOFPP), respecto de las obligaciones de publicidad activa y las caracter韘ticas o atributos de la informaci髇 que se contemplan en la Ley de Transparencia.

En cuanto a la informaci髇 institucional y organizativa, un elemento com鷑 a las cuatro formaciones pol韙icas es que no publican un organigrama del partido. La publicaci髇 de informaci髇 sobre la estructura organizativa de la formaci髇 no suple la publicaci髇 del organigrama, puesto que se tratan de dos obligaciones diferenciadas en el art韈ulo 6 de la Ley de Transparencia.

A juicio de este Consejo existe un cierto margen de mejora en el cumplimiento del nivel obligatorio de la Ley de Transparencia por parte de las cuatro formaciones pol韙icas evaluadas, que ser韆 deseable se llevase a cabo para la consecuci髇 de los objetivos propios del r間imen de publicidad activa.

En lo que se refiere al nivel de cumplimiento no obligatorio de la Ley de Transparencia (transparencia voluntaria), todas las formaciones incluyen en sus p醙inas informaci髇 adicional a la exigida por la Ley de Transparencia, pr醕tica que este Consejo valora muy positivamente por lo que representa en orden a la implantaci髇 de la cultura de transparencia en todos los 醡bitos.

F) Respuesta ciudadana.

Los principales resultados de la encuesta administrada v韆 web por el Consejo y abierta a todas las personas que han contactado son los siguientes:

• a) Impacto de la transparencia.

  Las respuestas a la encuesta muestran un elevado grado de acuerdo respecto de los impactos que normativamente se atribuyen a la transparencia, especialmente la rendici髇 de cuentas y la mejora de la calidad de la democracia. Parece, en consecuencia, que todav韆 no se aprecian otros beneficios de la transparencia de la actividad p鷅lica m醩 all� de los identificados normativamente.

• b) Confianza de los ciudadanos en la informaci髇 recibida.

  Dos tercios de los encuestados conf韆n mucho o bastante en la informaci髇 que proporcionan las Administraciones. Ahora bien, no puede obviarse que un tercio de ellos conf韆 poco o nada. Entre los encuestados que desconf韆n en la informaci髇 existen dos argumentos adicionales que est醤 interrelacionados: la impresi髇 de que en las AAPP no existe una cultura de transparencia y la forma en que 閟tas presentan la informaci髇.

• c) Informaci髇 que deber韆 ser objeto de publicaci髇 proactiva.

  La informaci髇 relativa a la eficacia de las AA. PP. es, en general, la que mayor consenso suscita como informaci髇 que estas deber韆n publicar. Tambi閚 existe un elevado consenso en torno a la publicaci髇 de informaci髇 relativa a las ofertas de empleo p鷅lico.

  En menor medida se prioriza la informaci髇 m醩 vinculada al control de la 閠ica p鷅lica, aunque el consenso en torno a la importancia de este tipo de informaci髇 es tambi閚 muy elevado.

Segunda parte

Actividades del CTBG durante el ejercicio 2018

Las actuaciones realizadas por el Consejo durante 2018 aparecen estructuradas en la Memoria alrededor de los ocho ejes de actuaci髇 se馻lados en el Plan Estrat間ico 2015-2020 del CTBG con sus correlativos retos y objetivos estrat間icos: ACTIVA, RESUELVE, COLABORA, INTERPRETA, SUPERVISA, FORMA, COMUNICA y RINDE.

Adem醩 el documento da cuenta tambi閚 de la actividad desarrollada por el 髍gano colegiado del organismo, la Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante Comisi髇 TBG), durante el mismo per韔do.

A. Eje ACTIVA.

En este ep韌rafe se exponen las principales actividades realizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2018 en materia de organizaci髇 y gesti髇 interna del mismo. Para mayor claridad, las actividades relacionadas se han sistematizado en cuatro apartados: gobernanza y organizaci髇, recursos humanos y retribuciones, contrataci髇 y convenios y gesti髇 presupuestaria.

a) Gobernanza y organizaci髇.

Desde el fallecimiento, en noviembre de 2017, de Esther Arizmendi Guti閞rez, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde su creaci髇, y hasta la actualidad, el ejercicio de las funciones propias del cargo ha correspondido a Francisco Javier Amor髎 Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo.

Esta situaci髇 de vacancia e interinidad de su Presidencia, mantenida durante todo el ejercicio, constituye el aspecto m醩 destacado de las actuaciones del Consejo durante 2018 en materia de gobernanza y organizaci髇 interna, si bien debe resaltarse la profesionalidad y sentido de servicio p鷅lico del equipo humano del organismo, que ha desarrollado su actividad durante este per韔do de interinidad con la misma eficacia, dedicaci髇, objetividad e independencia con que la hubiera desarrollado en otras circunstancias m醩 propicias.

b) Recursos humanos y retribuciones.

A 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contaba con veintid髎 efectivos, todos ellos funcionarios de carrera por expresa disposici髇 estatutaria, si bien la plantilla real del organismo era de veinte efectivos al cierre del ejercicio. Esta plantilla es pr醕ticamente similar a la que constituy� la dotaci髇 inicial de recursos del organismo y claramente insuficiente para que este Consejo pueda desempe馻r sus funciones con eficacia., tanto las que derivan de la Ley de Transparencia, del Estatuto del Consejo y del plan estrat間ico 2015-2020 del organismo, como aquellas otras relacionadas con su 髍gano colegiado de direcci髇, la Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno, que carece de estructura propia. Y sin olvidar la nueva funci髇 de informe asignada al Consejo por el art韈ulo 154.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico ( LCSP), que entr� en vigor en febrero de 2018.

Por rese馻r algunos datos que permiten evaluar la carga de trabajo que soporta el organismo pueden destacarse los referidos a las funciones de evaluaci髇 del grado cumplimiento de la Ley de Transparencia por la totalidad de los sujetos comprendidos en su 醡bito de aplicaci髇 (en torno a 100.000) y de resoluci髇 de reclamaciones en materia de acceso a la informaci髇, n鷐ero de reclamaciones cuya tendencia es de incremento continuado, tanto en su volumen como en su complejidad t閏nica.

La insuficiencia de los efectivos asignados para atender adecuadamente la suma de sus funciones y tareas ha obligado al Consejo durante 2018 a priorizar sus actuaciones y a administrar los recursos disponibles, haya centrado su actividad, en las que pueden considerarse sus 醨eas primordiales de actuaci髇.

Teniendo en cuenta esta la situaci髇, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realiz� a fines de 2018 y en el 醡bito de la fiscalizaci髇 de su actividad por el Tribunal de Cuentas (en adelante TCU), un estudio de cargas de trabajo y necesidades de personal del que resulta que la dotaci髇 de efectivos del Consejo deber韆 incrementarse en la suma de 33 hasta llegar a 55.

De acuerdo, con lo dispuesto en el n鷐ero 2 de la disposici髇 adicional del Real Decreto 919/2014 por que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el coste de la ampliaci髇 de plantilla que ahora se propone no tendr韆 por qu� suponer un incremento neto de gasto p鷅lico.

c) Gesti髇 presupuestaria.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha contado con un presupuesto inicial para 2018 de 2.276.860 euros, lo que ha supuesto una reducci髇 del 22?% (642.160 euros) con respecto al ejercicio anterior. Pr醕ticamente el 95?% del presupuesto para 2018 ha estado destinado al pago de las n髆inas de su personal y al pago de los gastos necesarios para su funcionamiento.

En cuanto a su ejecuci髇 asciende a 1.744.770,80 euros (76,63?%), produci閚dose un remanente de 532.089,20 euros (23,37?%). El nivel de ejecuci髇 alcanzado en 2018 supera el del ejercicio 2017.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en las memorias de ejercicios anteriores, no puede decirse que el presupuesto del organismo para 2018, constituya un documento espec韋icamente ajustado a las necesidades presupuestarias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni haya sido en su totalidad formulado de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia del mismo, lo que dificulta la ejecuci髇 del mismo. Habr� que esperar a que se presente un nuevo presupuesto para 2020 tras la celebraci髇 de las elecciones generales para disponer de un presupuesto adecuado a las necesidades del organismo.

d) Contrataci髇 y convenios.

En lo que se refiere a la actividad de contrataci髇 desarrollada en 2018 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hay que destacar la suscripci髇 de un contrato de servicios de representaci髇 jur韉ica entre el organismo y la firma Esc醨ate Asesores SLP, cuyo objeto es la representaci髇 en juicio del Consejo en los litigios abiertos en la jurisdicci髇 contencioso-administrativa a consecuencia de la impugnaci髇 de sus resoluciones por los 髍ganos y organismos del Estado emplazados a su ejecuci髇 y disconformes con su contenido.

Adem醩, durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno firm� el 25 de enero con el presidente de la Sociedad Estatal de Gesti髇 Inmobiliaria de Patrimonio S.E.A. (SEGIPSA), propietaria del inmueble en que se encuentra su sede, una novaci髇 del contrato de arrendamiento de esta y que el 13 de abril concluy� con la empresa Bolarsa Servicios, S.L. una extensi髇 temporal del contrato de servicios de limpieza de la sede del Consejo hasta la formalizaci髇 de la correspondiente contrataci髇 centralizada (1 de enero de 2019).

En materia de convenios, durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha realizado diversas actividades vinculadas, primeramente, al seguimiento de los convenios de colaboraci髇 suscritos con diversas CC. AA. para el traslado al Consejo del ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones promovidas al amparo del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia y al de otros convenios suscritos por el organismo se馻ladamente el de asistencia jur韉ica con el Servicio Jur韉ico-Abogac韆 del Estado del Ministerio de Justicia y el de suministro de servicios electr髇icos con la SGAD del Ministerio de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica.

En segundo lugar, y fuera ya del seguimiento y coordinaci髇 de los convenios suscritos con CC. AA., el presidente en funciones del Consejo ha firmado durante 2018 diez nuevos convenios de colaboraci髇, entre los que cabe destacar el protocolo general de actuaci髇 con los Consejos y Comisionados de Transparencia y Acceso a la Informaci髇 P鷅lica de Catalu馻, Arag髇 y Canarias y la Fundaci髇 Democracia y Gobierno Local.

B. Eje RESUELVE.

a) Reclamaciones tramitadas durante 2018.

Durante 2018 han tenido entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.338 reclamaciones formuladas por ciudadanos al amparo del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia, un 25,4?% m醩 que en el a駉 2017. Este crecimiento anual de las reclamaciones tramitadas ha sido una constante en los cuatro a駉s de actividad del Consejo.

Por otra parte, en t閞minos relativos, se observa tambi閚 que, si bien existe una obvia relaci髇 entre ambos datos, el n鷐ero de reclamaciones no est� totalmente asociado al n鷐ero de solicitudes formuladas.

• - 羗bito estatal.

  De las 1.338 reclamaciones tramitadas por el Consejo durante 2018, 755 -el 56,43?% del total- iban dirigidas a impugnar resoluciones de sujetos obligados de 醡bito estatal.

  Los tres Ministerios que originan mayor n鷐ero de reclamaciones ante el Consejo son, por orden descendente, el Ministerio del Interior, Fomento y Hacienda y Funci髇 P鷅lica (hoy, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica), debido al volumen relativo de estos Departamentos frente al resto (se trata de tres Ministerios de gran tama駉), que reciben el mayor n鷐ero de solicitudes de informaci髇 por parte de los ciudadanos.

  Desde una perspectiva de g閚ero, en 2018 continua la t髇ica de a駉s anteriores: las reclamaciones son mayoritariamente planteadas por hombres, y aunque hasta 2018, a駉 a a駉, se ha producido un incremento de las formuladas por mujeres, en 2018 se retrocede a la situaci髇 de 2015.

  En cuanto a los datos referentes a los promotores de las reclamaciones, la mayor韆 se trata de ciudadanos particulares.

  Respecto de los motivos de las reclamaciones, hay que destacar que la causa m醩 frecuente de reclamaci髇 ante el Consejo es el silencio administrativo del 髍gano responsable de suministrar la informaci髇. La segunda causa m醩 frecuente es la respuesta parcial a la solicitud de informaci髇, y la tercera causa, est� vinculada a motivos muy diversos, dif韈iles de categorizar a efectos de esta memoria.

  En cuanto a la clasificaci髇 de las reclamaciones seg鷑 materia, la informaci髇 de naturaleza jur韉ica y las referidas a informaci髇 diversa suponen m醩 de un tercio de las reclamaciones tramitadas.

• - 羗bito auton髆ico y local.

  En cuanto a las reclamaciones de 醡bito auton髆ico y local, en 2018 se han recibido en el Consejo 583 reclamaciones de 醡bito auton髆ico y local, el 43,57?% de las 1.338 reclamaciones entradas en total.

  La Comunidad en cuyo 醡bito se ha generado el mayor n鷐ero de reclamaciones es la Comunidad de Madrid, seguida por la de Castilla-La Mancha.

  Por lo que respecta al 醡bito subjetivo de las entidades frente a cuyas actuaciones se presentan las reclamaciones, las EE. LL. se sit鷄n en cabeza: una de cada dos reclamaciones territoriales que recibe el Consejo afecta a EE. LL. Le siguen en n鷐ero las referidas a CC. AA. y, en tercer lugar, se sit鷄n las Universidades P鷅licas. Si se suman los datos de estos tres tipos de entidades se observa que suponen el 89,88 % del total.

  El silencio administrativo es la causa m醩 frecuente de reclamaci髇 ante el Consejo frente a resoluciones de las administraciones territoriales. La segunda causa m醩 frecuente es la disconformidad con la informaci髇 que se ha proporcionado, un 21,1?%. A distancia, en tercera posici髇 se encuentran las causas de inadmisi髇.

  En cuanto a la clasificaci髇 de las reclamaciones seg鷑 materia, la informaci髇 municipal es por la que en mayor medida se ha reclamado. En segundo lugar se sit鷄 el empleo p鷅lico.

Por lo que se refiere a los reclamantes, la gran mayor韆 de ellos son personas f韘icas.

b) Resoluciones a reclamaciones.

En cuanto a los datos sobre tramitaci髇 de las reclamaciones durante el ejercicio 2018, hay que tener en cuenta que la cifra de expedientes a resolver de 1 de enero a 31 de diciembre de dicho a駉 alcanzaba la cifra de 1.688: 1.338 correspondiente a reclamaciones recibidas en 2018 y 350 a reclamaciones iniciadas en ejercicios anteriores.

Sobre esas 1.688 reclamaciones, y a 31 de diciembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvi� el 78?% del total, quedando pendientes de tramitaci髇 el 22?% restante.

Respecto del contenido de las resoluciones adoptadas en las reclamaciones admitidas a tr醡ite, m醩 de la mitad estimaron la pretensi髇 de los interesados.

c) Transparencia de las reclamaciones.

La totalidad de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en v韆 del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia puede consultarse de forma 玜nonimizada� en la web del Consejo.

C. Eje COLABORA.

Durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha realizado setenta y siete acciones de colaboraci髇 en materia de transparencia, acceso a la informaci髇 y cuestiones relacionadas.

a) 羗bito internacional.

Durante el a駉 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha participado en diecinueve acciones y proyectos de colaboraci髇 de 醡bito internacional.

Entre ellos destacan por su importancia la participaci髇 del organismo en el XVI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (RTA), red de Consejos y Comisionados de Transparencia de Am閞ica Latina, celebrada en Asunci髇 (Paraguay) los d韆s 6, 7 y 8 de noviembre; en las Jornadas de Benchmarking sobre Gobierno Abierto en Am閞ica Latina y Caribe, promovidas por la Agencia Espa駉la de Cooperaci髇 Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Nacional de Administraci髇 P鷅lica (INAP) que tuvieron lugar en Montevideo (Uruguay) los siguientes d韆s 12 a 16. Asimismo, rese馻r dos colaboraciones del organismo con el Ministerio de Justicia y colaboraci髇 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la visita a Espa馻 de una delegaci髇 del Reino de Marruecos para, en el 醡bito del Memor醤dum de Entendimiento (MOU) suscrito por la Secretar韆 de Estado de la Funci髇 P鷅lica espa駉la (SEFP) y el Ministerio de Modernizaci髇 de la reforma de la Administraci髇 y de la Funci髇 P鷅lica de Marruecos, compartir la experiencia del Gobierno de Espa馻 en uso de nuevas tecnolog韆s para promover la transparencia y la participaci髇 ciudadana, que tuvo lugar el 29 de octubre.

b) 羗bitos estatal y territorial.

A lo largo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha participado en trece acciones conjuntas con 髍ganos o entidades de 醡bito estatal.

Entre ellas, pueden destacarse la participaci髇 del organismo en la Jornada de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 y Buen Gobierno organizada el 9 de mayo por la Delegaci髇 del Gobierno en Castilla-Le髇 en el marco de la Semana de Administraci髇 Abierta y su presencia como observador en la sesi髇 constitutiva del Foro de Gobierno Abierto convocada por la Direcci髇 General de Gobernanza P鷅lica (DGGP) de la SEFP el siguiente d韆 10.

Igualmente, ha participado en 2018 en treinta y una acciones de colaboraci髇 con organismos y entidades de 醡bito territorial.

En el 醡bito auton髆ico destacan por su importancia, primeramente, las reuniones de coordinaci髇 con los Consejos y Comisionados de Transparencia de las Comunidades Aut髇omas, celebradas en Madrid, los d韆s 23 de enero, 28 de junio y 17 de diciembre.

En el 醡bito local, es de destacar la colaboraci髇 del Consejo con distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (CM) como Legan閟, Alcobendas o la Ciudad de Madrid, en cuya Comisi髇 de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia participa el organismo como miembro de pleno derecho.

c) 羗bito ciudadano.

En el 醡bito ciudadano, en 2018 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha participado en veintid髎 acciones de colaboraci髇 con entidades y agentes de la sociedad civil.

Entre las m醩 importantes, puede citarse la entrega al Consejo de un reconocimiento por su impulso a la regulaci髇 de la transparencia de los lobbies en Espa馻 por parte de la Presidenta de Asociaci髇 de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) en el curso de la celebraci髇 del evento �10 A駉s por la Transparencia� el d韆 14 de noviembre.

As� mismo cabe rese馻r por la importancia adquirida por el evento la activa participaci髇 del Consejo en el III Congreso Internacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, organizado en C醖iz los d韆s 26, 27 y 28 de septiembre por la Asociaci髇 de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA), el Consejo de Transparencia y Protecci髇 de Datos de Andaluc韆 y la Facultad de Ciencias de la Informaci髇 de la Universidad Complutense de Madrid.

D. Eje INTERPRETA.

Durante 2018 y por distintas razones, el Consejo no ha podido cumplir con el objetivo previsto de aprobar dos nuevos criterios de interpretaci髇 uniforme de la Ley de Transparencia: uno dirigido a esclarecer el alcance y los criterios de aplicaci髇 de uno de los l韒ites materiales al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica que establece el art韈ulo 14 de la Ley, concretamente el referido a la protecci髇 de los intereses econ髆icos y comerciales, establecido en la letra h) del precepto; y otro, referido a la aplicaci髇 de las normas de publicidad activa contenidas en los art韈ulos 5 a 10 de la norma.

Sin embargo, ha venido trabajando en la elaboraci髇 de estos dos criterios mencionados, que se espera sean aprobados en 2019.

Ello no ha impedido que el Consejo continuara realizando durante 2018 una labor de interpretaci髇 de los aspectos controvertidos o dudosos de la Ley de Transparencia. Labor que es, adem醩, muy demandada por los gestores de publicidad activa y acceso a la informaci髇 tanto de 醡bito estatal como auton髆ico y local. La 鷑ica cuesti髇 es que esta labor se ha canalizado formalmente a trav閟 de un mecanismo o proceso distinto del de la aprobaci髇 de criterios formales, que se ha implementado en colaboraci髇 con la DGGP de la SEFP y se ha concretado en un ciclo de reuniones monogr醘icas del Consejo con la propia Direcci髇 de Gobernanza, las Unidades de Informaci髇 de Transparencia (UIT) de la AGE y los gestores de los registros, plataformas y bases de datos de car醕ter transversal de esta 鷏tima. Este proceso se inici� formalmente en abril de 2018 mediante una serie de reuniones mantenidas por este Consejo y la citada Direcci髇 General, seis en total, que dieron como resultado el establecimiento de una sistem醫ica de trabajo.

E. Eje SUPERVISA.

A lo largo de 2018, las actividades realizadas en este 醨ea se han concretado en acciones de evaluaci髇, tramitaci髇 de denuncias de ciudadanos y seguimiento del cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el CTBG al amparo del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia que han requerido ejecuci髇 por parte de los 髍ganos o entidades responsables de las actuaciones que han originado la reclamaci髇 de los interesados.

a) Evaluaci髇.

Las acciones de evaluaci髇 realizadas por el Consejo en 2018 quedan cumplidamente expuestas en la primera parte de esta memoria.

Adem醩 de las rese馻das, se han continuado los trabajos relacionados con el an醠isis funcional y el dise駉 general del futuro Sistema de Informaci髇 de MESTA, desarrollada por la extinta AEVAL en colaboraci髇 con este Consejo.

b) Tramitaci髇 de denuncias.

En el a駉 2018 el Consejo ha recibido setenta y cuatro denuncias por parte de ciudadanos referidas a diversos incumplimientos de la Ley de Transparencia. El n鷐ero de denuncias ha aumentado un 10,4?% respecto de 2017, si bien diez de ellas han sido presentadas por la misma persona y por los mismos motivos.

Una constante que se repite respecto de a駉s anteriores, y se incrementa en el a駉 2018, es que en numerosas ocasiones este Consejo no ha podido realizar una intervenci髇 efectiva en relaci髇 con el contenido de las denuncias, bien porque su objeto se refer韆 a cuestiones ajenas a la transparencia o por no ser el 髍gano competente por raz髇 de las Administraciones P鷅licas denunciadas.

As�, en 2018, ha habido un menor n鷐ero de denuncias sobre las cuales el Consejo ha podido entrar a considerar el fondo del asunto, (diecinueve frente a veinte siete en el a駉 2017). Ello supone un porcentaje del 25,67?%, frente al 40,30?% del a駉 anterior.

A estas diecinueve denuncias deben unirse otras cuatro, que se consider� que ten韆n un mejor tratamiento como reclamaciones, por lo que se dio traslado de ellas a la Subdirecci髇 General de Reclamaciones.

Ello supone que el Consejo pudo actuar en veintitr閟 de las setenta y cuatro denuncias, un 31,08?%.

c) Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones del CTBG.

Como el Consejo de Transparencia carece legalmente de facultades coercitivas para exigir el cumplimiento de sus resoluciones, sus actuaciones en este 醡bito se concretan en la monitorizaci髇 de los actos de ejecuci髇 realizados por los sujetos responsables de las decisiones objeto de reclamaci髇 y en el env韔 de los oportunos requerimientos en caso de incumplimiento o cumplimiento insatisfactorio de las resoluciones.

Las actuaciones de seguimiento comprenden tambi閚 la publicaci髇 en el portal web del organismo de los resultados de esta labor de monitorizaci髇, destacando a los 髍ganos o entidades que persisten en el incumplimiento despu閟 de haber sido requeridos.

• - 羗bito estatal.

  De las 540 reclamaciones de 醡bito estatal que resultaron admitidas durante 2018, a 31 de diciembre se hab韆n resuelto 387 en sentido estimatorio, de las que 356 requieren ejecuci髇 por los 髍ganos y organismos responsables de los actos objeto de reclamaci髇 (en las restantes, la estimaci髇 se ha debido a motivos formales y no ha requerido ninguna tramitaci髇 espec韋ica para su ejecuci髇).

  De las 356 resoluciones dictadas por el Consejo que requieren ejecuci髇 por el 髍gano responsable, 87 hab韆n sido iniciadas en a駉s anteriores y han sido resueltas en 2018. De ellas, 77, el 88,51?%, se hallaban suspendidas en su ejecuci髇 -31 por haber sido la reclamaci髇 objeto de recurso ante los 髍ganos de la jurisdicci髇 contencioso-administrativa y 46 a la espera de la resoluci髇 de un recurso contencioso-administrativo sobre el mismo objeto de reclamaci髇-. En las diez restantes, el 11,49?% del total, 9 no consta el cumplimiento de nueve y una fue archivada.

  Respecto de las restantes 269 reclamaciones dictadas en 2018, a 31 de diciembre, 204 (el 75,83?%), hab韆n sido cumplidas por los responsables. De las 65 resoluciones restantes (24,17?%), 32 se encontraban suspendidas por haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo por los 髍ganos responsables de su ejecuci髇, nueve permanec韆n pendientes y 24 permanec韆n incumplidas pese a las gestiones y requerimientos efectuados por este Consejo.

• - 羗bito auton髆ico y local.

  Durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha admitido 459 reclamaciones referidas a actos de organismos y entidades correspondientes a las CC. AA. que han suscrito con 閘 convenios para el traslado del ejercicio de la competencia revisora que les atribuye del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia. A 31 de diciembre se hab韆n firmado 326 resoluciones estimatorias. De ellas, 228, el 91,92 % del total, hab韆n sido estimadas en t閞minos que requieren ejecuci髇 por los 髍ganos y organismos responsables de los actos objeto de reclamaci髇.

  De las 228 resoluciones que requieren ejecuci髇, 74, el 32,46 % de total, correspond韆n a reclamaciones iniciadas con anterioridad a 2018. A 31 de diciembre, no constaba el cumplimiento de 71 de ellas y se hab韆n suspendido tres por causa de la interposici髇 del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

  En relaci髇 con las 154 reclamaciones iniciadas en el 2018 y en las que se dicta resoluci髇 estimatoria este mismo a駉, a 31 de diciembre de 2018, 87 de ellas (56,49?%), hab韆n sido cumplidas por los responsables. De las 67 resoluciones restantes (43,51?%), dos se encontraban suspendidas por haber interpuesto los 髍ganos responsables de su ejecuci髇 los correspondientes recursos contencioso-administrativos y sobre 65 no consta su cumplimiento pese a las gestiones y requerimientos efectuados por este Consejo.

• - Suspensi髇 de la ejecuci髇.

  Al margen de los casos de incumplimiento de la ejecuci髇 de las resoluciones adoptadas por este CTBG en v韆 de reclamaci髇 del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia, tanto en el 醡bito del Estado como en el auton髆ico y local se detectan varios casos en que la ejecuci髇 ha quedado suspendida por haber interpuesto el 髍gano responsable un recurso contencioso-administrativo contra la misma.

  Durante el a駉 2018 se recibieron en el Consejo 47 recursos contenciosos-administrativos de los que 41 son de 醡bito estatal y 6 de 醡bito auton髆ico y local.

  La mayor韆 de estos recursos han sido interpuestos por entidades p鷅licas: 32 en el caso del Estado, lo que representa el 82,9?% de los recursos interpuestos en 2018, y dos en el de las Administraciones Territoriales (en adelante AA. TT.) lo que supone un 66,7?% del total. Los 13 recursos restantes han sido interpuestos por particulares, tanto personas f韘icas como jur韉icas.

F. Eje FORMA.

Durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha participado en veinticinco sesiones formativas integradas en cursos o acciones formativas organizadas por Universidades p鷅licas (UCM, UC3, Universitat de Valencia, UMA) o privadas (Universidad San Pablo-CEU), centros o escuelas de formaci髇 de empleados p鷅licos (INAP, Centro de Estudios de la Administraci髇 P鷅lica Regional de Cantabria), Administraciones de 醡bito territorial (Comunidad de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Madrid) u organizaciones de la sociedad civil (GIGAPP y Transparencia Internacional).

As� mismo ha programado dos acciones formativas (cursos espec韋icos) a demanda de Centros u organismos de la AGE (Direcci髇 General de la Guardia Civil y FEGA), de cinco y cuatro sesiones respectivamente.

Entre todas las acciones o sesiones formativas destacan por su importancia las integradas en el M醩ter Universitario de Transparencia y Buen Gobierno organizado por el Instituto Complutense de Ciencia de la Administraci髇 (ICCA) de la UCM con la colaboraci髇 de este Consejo. El m醩ter corresponde al curso acad閙ico 2018-2019, por lo que tiene car醕ter bienal y cuenta con una importante participaci髇 de Profesores del Departamento de Ciencias Pol韙icas y Sociolog韆 de la UCM, todos integrados en el ICCA, y la colaboraci髇 a t韙ulo gratuito de personal del Consejo y de numerosas instituciones, organismos y entidades p鷅licas tanto de 醡bito estatal como auton髆ico y local, as� como de consultoras, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

G. Eje COMUNICA.

Dentro de las actuaciones enmarcadas en este eje, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha realizado durante 2018 varias acciones de difusi髇 de la cultura de transparencia y de sensibilizaci髇 en los valores, contenidos y principios propios de esta y tambi閚 varias acciones de comunicaci髇.

a) Acciones de Difusi髇 y Sensibilizaci髇.

Durante 2018, y en el ejercicio de su funci髇 de impulsar la cultura de la transparencia en Espa馻, el Consejo ha organizado o participado en m醩 de cuarenta eventos, foros, jornadas, simposios o seminarios dedicados a la transparencia y el acceso a la informaci髇 p鷅lica o a materias directamente conectadas con ellos (Gobierno Abierto, compliance, protecci髇 de datos, responsabilidad social de profesionales y empresas, transformaci髇 digital, etc.) a lo largo del territorio nacional.

Entre todas estas actividades y eventos hay algunas que cobran una importancia especial.

As�, deben destacarse el IV y el V Coloquio de Transparencia, dedicados a divulgar entre los asistentes presentes y conectados el nuevo Reglamento de Protecci髇 de Datos de la UE y sus efectos en la gesti髇 de la transparencia y a tratar cuestiones relacionadas con el lenguaje administrativo y la necesidad de implantar principios y t閏nicas de comunicaci髇 clara a la hora de difundir contenidos de car醕ter p鷅lico entre la ciudadan韆, respectivamente.

Entre las actividades organizadas por organismos o colectivos ajenos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno destaca por su importancia el III Congreso Internacional de Transparencia, organizado en sus dos primeras ediciones por la Facultad de Ciencias de la Informaci髇 de la Universidad Complutense de Madrid en el entorno de la Coalici髇 Pro Acceso y en 2018 tambi閚 por la Asociaci髇 de Profesionales de la Transparencia Acreditra y el Consejo de Transparencia y Protecci髇 de Datos de Andaluc韆. En este III Congreso, que se celebr� en C醖iz, los distintos Consejos y Comisionados de Transparencia de Espa馻, constituidos en una Red informal de contacto y colaboraci髇, tuvieron una destacada intervenci髇 al presentar y dar lectura a la llamada 獶eclaraci髇 de C醖iz�, que pone de manifiesto la precariedad de los recursos asignados a los 髍ganos garantes y la importancia de su labor y contiene un llamamiento a todas las autoridades del Estado para que presten un apoyo decidido a la pol韙ica p鷅lica de transparencia y su implantaci髇 en Espa馻.

b) Acciones de Comunicaci髇.

Durante 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha desarrollado distintas acciones tendentes a trasladar a los medios de comunicaci髇 y la ciudadan韆 en general las novedades producidas en el 醡bito de la transparencia, los principales datos de la actividad p鷅lica en la materia y, especialmente, la actividad de este Consejo y su perfil institucional. Esta estrategia de comunicaci髇 se ha desarrollado envuelto tanto en el 醡bito de Internet y las redes sociales como en el de los medios de comunicaci髇 (radio, prensa).

En cuanto a la p醙ina web del Consejo, durante el a駉 2018 no se han llevado ninguna mejora significativa a nivel t閏nico de la p醙ina web del Consejo y todos los trabajos sobre la misma han sido de contenidos, principalmente los relacionados con las resoluciones en materia de acceso a la informaci髇.

A lo largo del a駉 se han redactado para la hemeroteca de la web veinticuatro noticias sobre temas de actualidad del Consejo; semanalmente se han publicado las agendas de los niveles 29 y 30 del Consejo; y mensualmente se han divulgado las estad韘ticas de nuestra actividad, las resoluciones a las reclamaciones que se reciben y los recursos judiciales contra resoluciones del Consejo.

El portal de transparencia ha sido un apartado en constante actualizaci髇, principalmente en lo relacionado con la informaci髇 institucional, organizativa y de planificaci髇.

La p醙ina ha sido objeto de 101.536 sesiones de consulta durante el a駉 2018, en el curso de las que se han realizado casi 442.726 visitas a sus distintos apartados, de las que 313.236 es el n鷐ero de p醙inas vistas 鷑icas.

En cuanto a las redes sociales, durante el a駉 2018 las actividades se han focalizado en Twitter.

Por lo que respecta a los medios de comunicaci髇, durante 2018 se han difundido seis notas de prensa y se ha comparecido a nueve entrevistas.

Con independencia de las acciones de comunicaci髇 realizadas directamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido durante 2018 una presencia en prensa, tanto tradicional como digital, as� como en otro tipo de foros y redes de la web (blogs, newsletter, comunidades de Internet.).

H. Eje RINDE.

Durante 2018, la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado ha realizado la auditor韆 de las cuentas del Consejo correspondientes al ejercicio 2017. El documento de inicio de la auditor韆 es de 16 de marzo y el informe final de 4 de julio. El informe, junto con la cuenta general del organismo, ha sido publicado en el BOE de 23 de julio de 2018 mediante resoluci髇 del d韆 13 de la Presidencia del Consejo.

As� mismo, durante 2018, el Tribunal de Cuentas realiz� una fiscalizaci髇 del Consejo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. El inicio del proceso de fiscalizaci髇 se aprob� por el Pleno del Tribunal el 25 de enero de 2018. El proceso finaliz� en octubre de 2018 con la redacci髇 por el equipo auditor de un informe provisional de fiscalizaci髇 que fue elevado al Pleno del Tribunal con las alegaciones formuladas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El informe definitivo se aprobar� en el ejercicio 2019.

I. Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno.

Para completar la informaci髇, se incorpora a esta segunda parte de la memoria de 2018 una rese馻 de las realizadas en el ejercicio por el 髍gano colegiado de direcci髇 del Consejo: la Comisi髇 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

A este respecto hay que empezar por se馻lar que durante 2018 no s髄o ha persistido la situaci髇 de falta de renovaci髇 de los vocales que ya se expon韆 en las memorias de actividades de este Consejo para los a駉s 2016 y 2017, sino que, adem醩, en el mes de septiembre, causaron baja en la Comisi髇 los vocales representantes del Tribunal de Cuentas y de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos (AEPD).

Estas dos nuevas bajas provocaron, de hecho, que la Comisi髇 no pudiera reunirse durante el 鷏timo trimestre de 2018 por falta de qu髍um necesario para su v醠ida constituci髇.

La Comisi髇 ha celebrado seis reuniones en el a駉, incluida la reuni髇 de cooperaci髇 institucional con los 髍ganos de naturaleza an醠oga de las Comunidades Aut髇omas (CC. AA.) prevista en la Ley de Transparencia y el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

J. Conclusiones sobre la actividad del Consejo en 2018.

A modo de conclusi髇, se destacan las cuestiones m醩 relevantes que se suscitan a partir de la exposici髇 de la actividad del CTBG en 2018:

• a) Situaci髇 de vacancia de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

  Durante 2018 esta situaci髇, mantenida durante todo el ejercicio, ha obligado a limitar el proceso de toma de decisiones a aquellas exclusivamente relacionadas con el mantenimiento de la actividad del organismo y ha condicionado la representatividad institucional y la capacidad de interlocuci髇 de este, especialmente a la hora de solicitar de las autoridades competentes mayores dotaciones de recursos presupuestarios y humanos.

• b) Insuficiente dotaci髇 de personal.

  A 31 de diciembre de 2018, la dotaci髇 de efectivos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno totaliza 22, pr醕ticamente la misma que se asign� al organismo al inicio de su actividad cuando la carga de trabajo se ha incrementado significativamente a trav閟 del crecimiento de las reclamaciones del art韈ulo 24 de la Ley de Transparencia y la asunci髇 de nuevas tares y actividades.

  La plantilla deber韆 incrementarse en 33 efectivos -el 150?%- hasta llegar a 55, cifra que permitir韆: 1.�) mantener el actual nivel de actividad, atendiendo al crecimiento 玽egetativo� de las iniciativas planteadas por la ciudadan韆; 2.�) desarrollar adecuadamente las funciones menos prioritarias y acometer las todav韆 no abordadas y 3.�) desarrollar eficientemente las nuevas funciones que pueden asignarse a medio plazo al organismo.

  A este efecto, hay que considerar que, de acuerdo con lo establecido en el n鷐ero 2 de la disposici髇 adicional del Estatuto Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el coste de la ampliaci髇 de plantilla que ahora se propone para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene por qu� suponer un incremento neto de gasto p鷅lico.

• c) Recursos judiciales.

  A 31 de diciembre de 2018 y desde el inicio de su actividad resolutoria, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hab韆 sido demandado en ochenta y ocho ocasiones ante los 髍ganos de la Jurisdicci髇 contencioso-administrativa por los organismos y entidades estatales llamados a ejecutar sus resoluciones. En las ochenta y ocho ocasiones se suscit� un conflicto de intereses en la Abogac韆 del Estado y el Consejo tuvo que acudir a letrados y procuradores privados para ser representado en juicio.

  El coste acumulado por el pago de estos servicios, m醩 el coste del convenio de colaboraci髇 del organismo con el Servicio Jur韉ico-Abogac韆 del Estado -que, adem醩 de realizar la asesor韆 jur韉ica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le representa en los recursos promovidos por ciudadanos o por 髍ganos de las AA. TT., respecto de los que no se plantea conflicto ninguno-, asciende a la cantidad de 287.159,46 euros.

  La importancia de este gasto y el hecho de que se trata de recursos p鷅licos que se consumen en la resoluci髇 de discrepancias de criterio entre organismos p鷅licos, aconseja abordar la cuesti髇 de una forma decidida para reducir en lo posible la litigiosidad, potenciando al m醲imo nivel la autoridad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como 髍gano responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia a nivel estatal y legalmente autorizado (art韈ulo 38 de la norma) para adoptar criterios de interpretaci髇 de la Ley y recomendaciones para su mejor aplicaci髇.