Primera Objeto y compromisos de las partes

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Justicia para facultar que la prueba de acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador pueda hacerse, indistintamente, en castellano o en aquella lengua española que sea cooficial en la Comunidad Autónoma de acuerdo con su Estatuto, en función de la libre decisión del aspirante.

Sobre la base de dicho objeto, la Generalitat Valenciana se compromete a garantizar que los servicios de traducción dependientes de dicha Administración realicen la traducción de la prueba en la correspondiente lengua cooficial, guardando la debida confidencialidad del contenido de dicha prueba. A tal objeto, la traducción se realizará en la sede de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a facilitar el acceso a los traductores a las instalaciones en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valencia, para la realización en las mismas de la traducción, así como a facilitar a los aspirantes, que realicen el examen en dicha Comunidad Autónoma, las plantillas en lengua cooficial el día de la realización de la prueba de acceso.

Segunda Condiciones y requisitos generales del examen

El desarrollo del examen de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador queda sujeto a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales; al Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 775/2001, de 3 de junio, y a las Órdenes Ministeriales que regulen las convocatorias respectivas para las pruebas de evaluación de aptitud profesional, o por la normativa estatal que sustituya o complemente a las anteriores.

Tercera Financiación

El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica alguna para ninguna de las dos partes.

La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios personales y materiales.

Cuarta Comisión de seguimiento y control

Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio, se creará una comisión de seguimiento paritaria integrada por cuatro miembros designados, dos por el Ministerio de Justicia y dos por la Generalitat Valenciana. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo proponga cualquiera de las partes, remitiéndose copia de las actas, acuerdos e informes a la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat y al Ministerio de Justicia.

Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:

• a) Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
• b) Impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
• c) Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público respecto al funcionamiento de los órganos colegiados.

La Comisión será presidida de forma rotatoria y anualmente por uno de los representantes en la Comisión de cada uno de los firmantes del mismo tipo de Convenio, comenzando por el representante del Ministerio de Justicia de mayor rango.

Quinta Efectos del convenio

El presente Convenio tendrá efectos de cuatro años naturales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y será prorrogable a su término por igual periodo mediante adenda expresa, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

Sexta Modificación del convenio

El presente convenio podrá ser objeto de revisión y modificación, por acuerdo mutuo de las partes, mediante la firma de la correspondiente adenda.

Séptima Causas de extinción

El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituye su objeto o por incurrir en las siguientes causas de resolución:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de las dos partes firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las dos partes firmantes.

  En este caso, una parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento paritaria.

  Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que emitió dicho requerimiento notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y, en base al mismo, se entenderá resuelto el convenio.

• d) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
• e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este convenio o en la ley.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 52 de la citada Ley 40/2015, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables del seguimiento y control de la ejecución del presente convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren necesarias dentro del plazo improrrogable de un año a contar desde la fecha de la citada resolución, en los términos previstos en dicho artículo.

Octava Naturaleza del convenio y resolución de controversias

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control prevista en la cláusula cuarta. Una vez agotada esa vía, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Novena Transparencia

Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b. de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, el presente Convenio será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 c) y 10.1 de la Ley 2/2015 de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y artículos 3.4 y 12.2 del Decreto 105/2017 de 28 de julio, del Consell, que desarrolla la anterior, el texto íntegro del convenio será publicado en el Portal de Transparencia de la Generalitat, gvaOberta, en el plazo de diez días hábiles desde la inscripción del convenio en el Registro de Convenios de la Generalitat.

Décima Protección de datos de carácter personal

Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la firma del mismo o que puedan estarlo durante su vigencia. Ambas partes consienten que los datos personales derivados del contenido del presente Convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos establecidos legalmente mediante comunicación al domicilio social de la respectiva entidad.