EXPONEN

Primero. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.

El artículo 3 del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, dispone que la Secretaría General de la Administración de Justicia es el órgano directivo que asume respecto a la Administración de Justicia las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su modernización, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros, las relaciones ordinarias con sus diferentes órganos, y la dirección e impulso de los procesos de traspaso de medios materiales y personales en esta materia.

Segundo. La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia tiene por objeto la regulación de la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y Organismos Públicos, en los términos recogidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En la Administración de Justicia se utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Tercero. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 14 destaca que:

• 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
• 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
  • a) Las personas jurídicas.
  • b) Las entidades sin personalidad jurídica.
  • c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
• 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.»

  En el mismo sentido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3.2 que: «2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados».

Cuarto. El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema de comunicaciones electrónicas securizadas en el ámbito de la Administración de Justicia denominado Sistema LexNET, que permite la comunicación bidireccional de las oficinas judiciales con los distintos operadores jurídicos, facilitando la realización de actos de comunicación procesal por los órganos judiciales, el traslado de copias y la presentación de escritos y documentos por los profesionales del Derecho.

El uso del Sistema LexNET se encuentra regulado en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, en el que se determinan las condiciones generales y requisitos de utilización del sistema, así como las reglas y criterios que se han de observar.

Quinto. De conformidad con el artículo 5.1 y con el anexo II del citado Real Decreto: «Todos los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de actos de comunicación».

Sexto. Crue Universidades Españolas es una asociación sujeta a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y disposiciones de desarrollo, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.

Es una entidad que está formada por las Universidades españolas que soliciten integrarse en ella y que sean admitidas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 26 de los Estatutos.

Según el artículo 17 de los Estatutos corresponde al Presidente de Crue Universidades Españolas:

• 1. Dirigir la Asociación, sus órganos de gobierno y representación, los órganos de asesoramiento y trabajo, así como las estructuras de apoyo de la misma.
• 2. Representar a Crue Universidades Españolas ante los poderes públicos y Administraciones Públicas, con facultad para contratar y ejercer todo tipo de acciones administrativas y procesales, correspondiéndole aceptar compromisos, suscribir propuestas y ofertas, así como firmar en nombre de la Asociación y comprometer su voluntad.
• 3. Velar por la ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno y representación de la Asociación.
• 4. Convocar y presidir los órganos de gobierno de la Asociación y sus sesiones.
• 5. Proponer la adopción de acuerdos del Comité Permanente y de la Asamblea General.
• 6. Interpretar los presentes Estatutos en los casos de duda y, oído el Comité Permanente, suplirlos en los de omisión.
• 7. Asignar áreas de actividad a los Vicepresidentes/as, a los Vocales y al Secretario/a General, coordinando el ejercicio de sus atribuciones.
• 8. Proponer a la Asamblea General la designación de delegados/as del Presidente/a, con funciones ejecutivas y con las condiciones de dedicación y remuneración que en el acuerdo se determinen. En el caso de sucesión en la presidencia, el nuevo Presidente/a en la primera sesión que se celebre de la Asamblea General, habrá de proponer su continuación en el cargo o su sustitución, teniendo en cuenta los términos del contrato.
• 9. Cualesquiera otras que le atribuyan la Asamblea General o el Comité Permanente.

Séptimo. Entre otras funciones corresponde a Crue Universidades Españolas, según el artículo 3 de los Estatutos:

• a. Promover y desarrollar la calidad de la educación superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación, así como la difusión de la ciencia y la cultura en orden a la consecución del progreso social.
• b. Representar a las Universidades españolas que la componen y fomentar la cooperación entre éstas y las Administraciones y Corporaciones públicas, y las Universidades extranjeras, y los agentes sociales.
• c. Consolidar la proyección social y el compromiso de las Universidades con la sociedad.
• d. Fortalecer la calidad y la cohesión de las Universidades y el estrechamiento de las relaciones entre ellas, respetando sus singularidades.
• e. Defender la autonomía de las Universidades ante los poderes públicos y la sociedad española.
• f. Ser un referente de conocimiento en lo que a la educación superior se refiere.
• g. Potenciar la internacionalización de las Universidades españolas.
• h. Cooperar con entes públicos y privados en orden a la realización de actuaciones de interés común para las Universidades.
• i. Representar a las Universidades españolas miembros de la misma en organismos internacionales.
• j. Y aquellos otros fines que pudieran fijarse por vinculación a los anteriores o que pudieran derivarse de lo previsto en los presentes Estatutos.

Octavo. La administración del sistema, y la interlocución para la gestión y resolución de incidencias corresponderá a una de las Universidades públicas asociadas a la Crue, en concreto la Universidad de Zaragoza.

Por todo ello y, en este escenario de cooperación que debe presidir las relaciones entre los Organismos con la Administración de Justicia, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá, por las siguientes