Primera Objeto del Convenio

Este Convenio tiene por objeto establecer un régimen de colaboración entre las partes para la realización de actuaciones tendentes a la vigilancia y protección de las instalaciones comprendidas en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz.

Segunda Compromisos del Ministerio del Interior

La vigilancia y protección de dichas instalaciones será ejercida por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de Reserva, de acuerdo con los dispuesto en los artículos 11.1.c) y 37.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

El personal de la Guardia Civil que ejerza estas funciones dependerá orgánica y funcionalmente del responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

La determinación de los efectivos necesarios para la prestación de dichos servicios de vigilancia y protección, así como la relación de servicios a prestar en las distintas instalaciones de Zona Franca, se reflejan en el Anexo adjunto al presente Convenio.

Tercera Compromisos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz

En el supuesto de que no hubiera personal de reserva voluntario para cubrir los puestos de trabajo previstos, estos serán atendidos con cargo a los presupuestos del Consorcio de la Zona Franca.

Para posibilitar a la Unidad de la Guardia Civil el ejercicio de las funciones objeto de este Convenio, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz facilitará los medios e instalaciones necesarios.

Igualmente, proporcionará la información necesaria y suficiente, relativa a los edificios e instalaciones, para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección objeto de este Convenio.

Cuarta Financiación

Para coadyuvar al desarrollo de las actividades previstas en el presente convenio, el Consorcio aportará hasta un máximo de seiscientos mil trescientos ochenta y dos euros con treinta y dos céntimos (600.382,32 €), que se modulará en función del número de efectivos reales destinados a las misiones previstas. Esta cantidad será con cargo a la partida presupuestaria 6230 –Servicios profesionales independientes–.

El Consorcio abonará mensualmente, previa justificación por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, los gastos derivados del presente Convenio, ingresando dichas cantidades en el Tesoro Público de forma diferenciada respecto del ingreso de retribuciones, con el fin de facilitar el posterior proceso de generación de crédito en el presupuesto de gastos de la Guardia Civil.

La cantidad anual aportada en el presente Convenio se incrementará anualmente en la cuantía que la Ley de Presupuestos Generales del Estado señale para el personal de la Guardia Civil y en lo previsto en las demás normas retributivas que afecten al personal del Cuerpo, asumiendo dichos incrementos.

De acuerdo con la normativa de incentivos al rendimiento de la Guardia Civil, la percepción del complemento de productividad mensual en caso de baja médica, no producida durante la prestación del servicio, se reducirá en proporción al número de días de no disponibilidad por dicho motivo que corresponda al periodo. Esta circunstancia se tendrá en cuenta en las liquidaciones por la prestación del servicio.

El presente Convenio no genera gasto ordinario ni extraordinario para el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil).

Quinta Seguimiento del Convenio

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio, que estará integrada por al menos dos representantes de cada una de las Partes.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año y corresponderá a la misma efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación del Convenio y la interpretación de su contenido.

La Comisión Mixta elevará a los órganos intervinientes, la propuesta de nuevas actuaciones de las partes que complementen las comprendidas en el presente Convenio, en particular cuando afecten a:

• – Las instalaciones objeto de este servicio de protección y el número de efectivos de la Guardia Civil precisos para cubrir la vigilancia.
• – Los incentivos al personal.
• – Las necesidades de éste y las relativas al servicio.
• – Los recursos económicos y materiales con los que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz contribuirá para hacer frente a los gastos derivados de la aplicación del Convenio.

Los acuerdos de las partes respecto de las propuestas de nuevas actuaciones, se plasmarán en las correspondientes adendas al Convenio.

La Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará a lo previsto para los órganos colegiados en los artículos 15 a22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Sexta Legislación aplicable y resolución de controversias

Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en las Comisión Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Séptima Vigencia, efectos y régimen de modificación del Convenio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Su vigencia con arreglo al citado texto legal tendrá una duración máxima de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del indicado plazo previsto, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales. Esta prórroga deberá ser inscrita en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector público estatal y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Cualquier modificación del mismo en ejercicios futuros, incluido su Anexo, requerirá la aprobación de la correspondiente adenda.

Octava Causas de extinción y consecuencias en caso de incumplimiento del Convenio

Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y expresamente la siguiente:

• –  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos. Atendiendo al grado de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo máximo de tres meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la parte incumplidora y a la Comisión Mixta la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del contrato o por su extinción, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese acreditarse, en su caso, frente a terceros.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo máximo improrrogable de dos meses para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena Protección de datos de carácter personal

1. El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz se compromete a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio. En particular, será considerado como información confidencial todos los datos que se traten en las bases de datos del Ministerio del Interior, debiendo el referido Consorcio mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no se aparte del presente Convenio, salvo en los casos y mediante la forma legalmente previstos.

2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.

3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento el Ministerio del Interior y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, legitimados, bien:

• a) sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1c) y e), respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos; bien:
• b) con la finalidad de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, al amparo de lo previsto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga u otra que sea de aplicación.

4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

5. Las partes firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.

Décima Relación laboral

El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo.