Resolución de 29 de julio de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se publica el Convenio con el Principado de Asturias, para la realización de trabajos de control por monitorización en las campañas 2021 y 2022

Primera Objeto del Convenio

El objeto del presente Convenio es definir los términos de la colaboración entre las partes para realizar controles por monitorización sobre las parcelas agrícolas declaradas en la Solicitud Única de las campañas 2021 y 2022 de los criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones que puedan ser objeto de control.

Dichos controles se realizarán mediante datos de satélites Sentinel de Copernicus u otros datos con valor al menos equivalente, a fin de extraer conclusiones sobre la admisibilidad de las ayudas directas y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del Sistema integrado de Gestión y Control.

Segunda Obligaciones del FEGA

Para ejecutar el objeto del Convenio el FEGA se compromete a:

• 1. Realizar los trabajos de control por monitorización en todas las unidades territoriales solicitadas por las Comunidades Autónomas para los regímenes de ayuda especificados en el objeto del Convenio:
  • a) Coordinación general de las actividades del proyecto, incluidas aquellas a desarrollar por la Comunidad Autónoma de acuerdo con la cláusula tercera.
  • b) Mejora y adaptación de desarrollos y herramientas en la plataforma así como mantenimiento y adaptación de aplicaciones informáticas necesarias.
  • c) Adquisición de imágenes satélite, preparación y tratamiento automático de las mismas, incluyendo la toma de datos de campo previa.
  • d) Análisis de impacto económico.
  • e) Preparación de datos para revisiones en gabinete y campo.
  • f) Juicio de experto en gabinete, incluyendo el análisis de las evidencias adicionales aportadas por los agricultores.
  • g) Juicio de experto en campo, incluyendo en caso necesario la medición de las superficies que no cumplen los criterios de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones objeto de control.
  • h) Control de requisitos no monitorizables de los regímenes de ayudas directas por superficie, excepto aquellos de tipo documental.
  • i) Comunicación de discrepancias con la información registrada en el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) derivadas del control por monitorización.

  Para ello el FEGA anticipará la financiación del proyecto, contribuyendo a la financiación de los trabajos en la Comunidad Autónoma tal y como se detalla en el anexo I.

• 2. Entregar a la Comunidad Autónoma los resultados provisionales a efectos de permitir el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la cláusula 3.3 y los resultados finales de los trabajos realizados por el FEGA en las Unidades Territoriales indicadas en el anexo III.
• 3. Entregar a la Comunidad Autónoma los documentos de liquidación, previos al pago, en los que consten los trabajos individualizados realizados dentro de la Comunidad Autónoma y la descripción de los mismos.
• 4. Realizar los trabajos de control de calidad necesarios, conforme a las directrices que a tal efecto establezca la Comisión Europea.
• 5. Los contratos o encargos a medios propios que el FEGA tenga que tramitar al amparo del presente Convenio, se imputarán a la aplicación presupuestaria 21.103.412M.640. El coste de estos contratos o encargos a medios propios no podrá superar el coste total que figura en el anexo I.

Tercera Obligaciones de la Comunidad Autónoma

Para ejecutar el objeto del Convenio la Comunidad Autónoma se compromete a:

• 1. Realizar el control de los requisitos no monitorizables de carácter documental correspondientes a los regímenes de ayudas directas monitorizados en su ámbito territorial.
• 2. Realizar el control de todos los requisitos no monitorizables de las medidas de desarrollo rural monitorizadas en su ámbito territorial.
• 3. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de comunicación con los beneficiarios establecidas por el artículo 40 bis, punto 1.º, apartado d del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014, informándoles de la decisión de realizar controles por monitorización y estableciendo un sistema de comunicación que permita comunicar a los beneficiarios, al menos, los resultados provisionales a nivel de parcela, así como las alertas y solicitudes de evidencias adicionales.
• 4. Asegurar que las comunicaciones indicadas en el punto 3.º se realizan con suficiente antelación, de modo que se permita a los beneficiarios gestionar la situación antes de que las conclusiones sean reflejadas en un informe final de control.
• 5. Garantizar la gestión de los trámites de audiencia derivados de la ejecución de los controles.
• 6. Colaborar con el FEGA, proporcionando los medios y la asistencia técnica necesarios para la ejecución de los trabajos y los trabajos de control de calidad en su ámbito territorial.
• 7. Contribuir a sufragar los costes de ejecución de los trabajos de monitorización en las unidades territoriales de la Comunidad Autónoma que se detalla en el anexo III, abonando al FEGA en cada anualidad las cantidades, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

  2022: 17.02.G/712F.227006: 130.463,00 euros.

  2023: 17.02.G/712F.227006: 130.463,00 euros.

  Estas cantidades son el resultado de multiplicar los costes unitarios por unidad territorial reflejados en el anexo II por el número de unidades territoriales elegido por la Comunidad Autónoma, entendiéndose como unidad territorial la superficie continua que será sometida a controles por monitorización dentro de los límites de una provincia.

  Si el Convenio se extinguiera antes de la fecha de vencimiento el coste para la Comunidad Autónoma se reducirá en proporción a los trabajos incluidos en el anexo III que el FEGA todavía no hubiera realizado.

• 8. La Comunidad Autónoma, una vez recibidos el documento de liquidación de la campaña correspondiente y los resultados finales de los controles realizados por monitorización, tras comprobarlos, abonará la totalidad de los costes de ejecución mencionados antes del 31 de marzo del año siguiente al de realización de los trabajos.
• 9. Los abonos al FEGA se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta 9000-0001-20-0200001478, abierta en el Banco de España a nombre del Fondo Español de Garantía Agraria. Dirección General.
• 10. Mantener las reuniones de coordinación necesarias para la correcta aplicación de los trabajos de control por monitorización en su ámbito territorial.

Cuarta Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control

1. El seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por las partes se atribuye al Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control existente, que, además, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control contará con dos representantes del FEGA y dos de la Comunidad Autónoma y estará presidido por la persona titular de la Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA. Dicho grupo se reunirá dos veces al año como mínimo, de conformidad con un calendario que se acordará semestralmente y se publicará en la página web del FEGA.

Quinta Consecuencias en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá, de conformidad con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla, en un determinado plazo, con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos.

Este requerimiento será así mismo comunicado al Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta.

Si transcurrido el plazo indicado en el mencionado requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que dirigió aquel notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución del Convenio y se entenderá resuelto el mismo.

En todo caso, las partes, a propuesta del Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberán liquidarse.

Sexta Duración del Convenio

El Convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes expresado mediante su firma y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

La duración del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023.

Séptima Modificación del Convenio

El presente Convenio podrá modificarse por acuerdo de ambas partes, de conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava Extinción y resolución del Convenio

1. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.

2. Asimismo, podrá extinguirse por incurrir en cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. También, será causa de resolución en caso de que la Comunidad Autónoma decida desistir en su decisión de realizar controles por monitorización.

4. Extinguido el Convenio se procederá a su liquidación al objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, con los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena Protección y seguridad de la información

1. En el desarrollo del presente Convenio las partes adoptarán las medidas de seguridad requeridas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como lo indicado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y sus modificaciones; así como, aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que sea de aplicación durante la vigencia de este Convenio.

2. Las partes se comprometen a cumplir la política de seguridad y confidencialidad de la información y a someterse a los sistemas de verificación establecidos por las respectivas Administraciones, de acuerdo con la legislación estatal o autonómica que resulte aplicable en cada caso.

Décima Publicidad del Convenio

1. El presente Convenio se inscribirá en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización en el Registro electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y en el Registro correspondiente de Convenios de acuerdo con la legislación autonómica.

2. Asimismo, se publicarán en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma», de acuerdo con la legislación autonómica.

3. Los datos personales de las partes y las especificaciones que constan en el presente Convenio, se publicaran en los registros de Convenios y en los portales de transparencia y buen gobierno u otros análogos de las respectivas Administraciones, de acuerdo con la legislación estatal o autonómica que resulte aplicable.

Undécima Resolución de conflictos

1. En defecto de las normas específicas, para resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse, se aplicarán los principios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, efectos o resolución, y que no hayan podido solventarse a través del Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control, se sustanciarán conforme a Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.