Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de utilización de los recursos humanos y materiales de las jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones

Primera Objeto

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de un marco de colaboración entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la utilización de los medios humanos y técnicos de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para la realización de las tareas de control e inspección técnica de la utilización del espectro radioeléctrico por los servicios de comunicación audiovisual en el ámbito de las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segunda Solicitudes de actuación

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se compromete a que las solicitudes de actuación sean las estrictamente necesarias para llevar a cabo los trámites derivados de sus competencias en materia de servicios de comunicación audiovisual. Las solicitudes se referirán a la localización de centros emisores e identificación de los parámetros técnicos (frecuencia de emisión, sistema radiante utilizado, etc.), todo ello referido a las emisiones terrestres de radiodifusión sonora y de televisión de cobertura autonómica o local, así como elaborar actas e informes de las actuaciones realizadas. Cuando las solicitudes se refieran a emisiones realizadas por empresas que no disponen de habilitación para la prestación de servicios audiovisuales por parte de la comunidad autónoma, en la solicitud se identificará al titular de las mismas y, en su caso, el titular del centro emisor. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales también podrá realizar actuaciones tendentes a colaborar en la identificación del responsable de las emisiones, aportando la información de que disponga o pueda obtener sobre el mismo. Las solicitudes serán presentadas ante la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, según el modelo que figura en el anexo a este Convenio.

Tercera Actuaciones a realizar por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales atenderá las solicitudes justificadas que hayan sido presentadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización de labores de control e inspección correspondientes a las emisiones terrestres de radiodifusión sonora y de televisión de cobertura autonómica o local.

Una vez recibida la solicitud, y si la misma está justificada en el marco de las competencias sobre servicios de comunicación audiovisual que tiene atribuidas a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dentro del objeto del presente Convenio, la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual dispondrá la organización de los trabajos de inspección o comprobación técnica que debe realizar la Jefatura Provincial correspondiente. El tiempo para responder a cada solicitud será el que permita realizar las actuaciones y comprobaciones técnicas planificadas, compatibilizando los trabajos solicitados con los propios que realizan las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.

Cuarta Plazos de las actuaciones

1. Las solicitudes se responderán, por las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones correspondientes, en el plazo más breve posible. Con el objeto de evitar actuaciones innecesarias e incurrir en costes adicionales, la coordinación entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será máxima. Con este objeto, la Comunidad Autónoma identificará un interlocutor único ante la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, al que se dirigirán las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para cualquier cuestión relativa a las solicitudes de actuación.

2. Se establece como objetivo dar respuesta en un plazo máximo de un mes.

Quinta Financiación

Los costes derivados de las actuaciones realizadas serán a cargo de la entidad solicitante. Los precios a satisfacer por la realización de las actuaciones de inspección a las que se refiere el presente Convenio, serán los correspondientes a la tasa establecida en el apartado 4 del anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, para las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica. El importe correspondiente se satisfará, con carácter previo a la realización de la actuación de inspección, mediante abono en el Tesoro Público.

Sexta Comisión de Seguimiento

1. Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia y secretaría corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a los representantes de cada una de las dos partes intervinientes. Por invitación de las partes, podrán concurrir a las reuniones, con voz, pero sin voto, el personal funcionario o técnico que se considere oportuno a propuesta de las partes.

2. Esta Comisión se constituirá en el plazo de 30 días una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el convenio.

3. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

4. La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

• a) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.
• b) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
• c) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.
• d) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

5. Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley.

6. Su funcionamiento se regirá por lo previsto en la sección 3.º del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima Vigencia y eficacia del Convenio

1. El presente Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma y producirá efectos una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de dicha publicación.

2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, mediante acuerdo expreso de las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.h) 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava Modificación, resolución y extinción del Convenio

1. El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo expreso de las partes firmantes de acuerdo con los procedimientos que exija la normativa vigente y se hará constar por escrito mediante Adenda del presente Convenio.

2. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución, que de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, son causas de resolución:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

1.º En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 1 mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a la otra parte firmante.

2.º Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

3. En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que aquella se determine, no afectando a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena Protección de datos

1. Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y los demás previstos en la legislación aplicable, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, situada en la calle Poeta Joan Maragall, 41, Madrid, o a través de la dirección de correo electrónico SGIT-secretaria@economia.gob.es.

3. La obligación de confidencialidad comenzará a regir una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el presente Convenio y se mantendrá vigente durante toda la vigencia del presente Convenio.

Décima Confidencialidad

1. Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

2. El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente cinco años después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

3. Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécima Régimen Jurídico

1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento, prevista en la cláusula sexta del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.