Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023, hecha en Madrid y Asunción el 9 de noviembre de 2020

ACTA DE LA VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-PARAGUAYA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y CULTURAL

1.
Introducción

En el marco del Convenio General Básico de Cooperación Científica, Técnica y Cultural, firmado el 7 de febrero de 1990, se celebró la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Científica, Técnica y Cultural, el día 09 de noviembre de 2020, mediante videoconferencia, en las ciudades de Madrid y de Asunción. En este contexto, ambas Delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2020-2023, que se describen en el documento Marco de Asociación País con la República del Paraguay.

La Delegación española estuvo presidida por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sra. Dña. Ángeles Moreno Bau.

La Delegación paraguaya estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Sr. D. Federico González Franco.

Se incluye como Anexo I a la presente Acta la lista de participantes de cada Delegación.

Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y 2 anexos que forman parte integrante de la misma:

• – Marco de Actuación: Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023.
• – Consideraciones finales.
• – Anexos:
  • • Lista de las Delegaciones Oficiales de España y de Paraguay. (Anexo I).
  • • Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023. (Anexo II).

Ambas delegaciones resaltaron la importancia de esta reunión en un contexto de Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19, por cuando que los acuerdos en ella contenidos están dirigidos a contribuir a una respuesta a los efectos producidos por dicha Pandemia.

Ambas delegaciones acordaron utilizar todos los instrumentos a su alcance, tanto a través de ayuda no reembolsable como reembolsable, y contar con el apoyo de los actores de la Cooperación Española, incluyendo a la cooperación descentralizada, sector privado, ONGD y sociedad civil, bajo el principio de que todas y todos unidos, pararemos al COVID y mitigaremos sus efectos.

Ambas delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre la República del Paraguay y el Reino de España que, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se han visto fortalecidas durante la vigencia de la VI Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Científica, Técnica y Cultural, firmada el 28 de octubre de 2011, en Asunción, en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Cooperación Española, en estrecho diálogo y negociación con las instituciones de Paraguay, han elaborado el nuevo Marco de Asociación País (MAP) que define las prioridades estratégicas en las que se concentrará la Cooperación Hispano-Paraguaya para el periodo 2020-2023. El MAP tiene el objetivo de contribuir al desarrollo humano sostenible y a la erradicación de la pobreza en Paraguay de manera alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay, en un contexto de Pandemia a causa de la COVID-19.

Como fruto de los procesos de diálogo con todos los actores implicados, en este MAP han quedado establecidos los objetivos y resultados de desarrollo a los que se contribuirá, el rol que va a desempeñar cada actor de la cooperación, las modalidades e instrumentos que se utilizarán, los recursos previstos y los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. De esta forma, a través del MAP se pretende impulsar una mayor apropiación, alineamiento, armonización, previsibilidad y coherencia de las intervenciones de la Cooperación Española (CE) en Paraguay. Este MAP pretende seguir construyendo sobre nuestros logros y aprendizajes de los últimos 30 años y dar respuesta a los efectos de la Pandemia a causa de la COVID-19.

2. Marco de actuación del MAP

El Marco de Asociación País España-Paraguay 2012-2015 prorrogado hasta la firma de un nuevo MAP y el Acta de la VI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación, de 28 de octubre de 2011, son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Hispano-Paraguaya.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2012-2018, y tras la revisión final del mismo, se elaboró el MAP España-Paraguay 2020-2023, anexo a la presente Acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo, a ejecutar durante el periodo mencionado.

Paraguay ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como política pública del Gobierno Nacional, comprometiéndose a implementarla y a alinear la planificación nacional con la misma. Para ello, se creó en 2016 la Comisión ODS Paraguay 2030, instancia encargada de la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con el apoyo de dicha Comisión, se presentó en 2018 el primer Examen Nacional Voluntario sobre los avances en la implementación de la Agenda 2030 en el país y se ha actualizado en el transcurso del año 2020 el Plan Nacional de Desarrollo para alinearlo a los ODS y sus respectivas metas.

En coherencia con este paradigma de desarrollo, el MAP, a través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE, así como de sus diferentes actores, pretende contribuir a la consecución de los ODS en Paraguay en un contexto de Pandemia a causa de la COVID-19.

La elaboración del Marco de Asociación País España-Paraguay ha sido dirigida por dos grupos:

Por la parte española, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado por: la Embajada de España, que preside el GEC; la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay, que ha asumido la coordinación y la secretaria técnica del proceso; el Centro Cultural de España en Paraguay Juan de Salazar, las diversas Consejerías sectoriales de la Embajada de España en Paraguay; las ONGD españolas con sede en Paraguay, a través de la Coordinadora de ONGD españolas en Paraguay (COEPy); y representantes del sector privado español presentes en el país, a través de la Cámara Oficial de Comercio, Industria de España en Paraguay.

Por la parte paraguaya, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación País, estuvo coordinado por la Dirección de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación activa del Ministerio Secretaría Ejecutiva de Planificación y Desarrollo Sostenible (STP).

Durante el proceso metodológico de diseño del MAP, más de 70 entidades públicas y privadas, españolas y paraguayas, participaron activamente en los diversos espacios de consulta en Asunción y en varios Departamentos del Paraguay. Además, la Plataforma de Consulta en Sede y el Equipo Ampliado País, aglutinaron las diversas aportaciones de la Administración Pública española bajo la coordinación de la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ambas delegaciones remarcaron el esfuerzo realizado en torno a la apropiación, la armonización, la coherencia y el alineamiento de las acciones priorizadas que reflejan el compromiso del Gobierno de España con las prioridades establecidas por Paraguay, trabajando por ellas tanto de manera bilateral como con otros donantes, especialmente la Delegación de la Unión Europea y las 16 Agencias de Naciones Unidas presentes en el país.

Como resultado de los procesos participativos de análisis, negociación, diálogo y consenso con los actores españoles y paraguayos de la cooperación se han seleccionado 8 ODS, 15 Metas y 18 Líneas de Acción en los que se concentrará la cooperación hispano-paraguaya en el marco del MAP España-Paraguay 2020-2023 y que contribuirán a las dimensiones de la Agenda 2030 de NNUU.

Cuadro 1.ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas (MAP 2020-2023)

Dentro del ODS 2, el trabajo de la Cooperación Española se concentrará en contribuir a la siguiente Línea de Acción:

• L.A. 2.3.B Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y la productividad de sus explotaciones agrarias.

  Las acciones en esta línea estarán enfocadas en que los productores rurales mejoren su capacidad de producción, transformación y comercialización de manera sostenible con un enfoque de cadenas de valor. Para ello, se incentivará la constitución y/o el fortalecimiento del asociativismo entre productores (organizaciones de productores y/o cooperativas), desde la producción hasta la comercialización, fomentando la generación de valor añadido en todo el proceso.

  Dentro del ODS 3, Salud y Bienestar, el trabajo de la CE se enfocará en dos Líneas de Acción:

• L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud.

  En este ámbito, la CE brindará esfuerzos y recursos para que el sistema público de atención primaria en salud (APS) articulado en redes integradas mejore, en calidad y eficiencia, el servicio de atención integral, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, entre otros).

• L.A.3.8.B. Reforzar la salud sexual y reproductiva.

  En este contexto, la CE plantea dar continuidad a las acciones que se han venido desarrollando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, desde el año 2014, en el marco de los programas de salud sexual y reproductiva y, en especial, con el Programa para Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, con el objetivo de que las mujeres mejoren su acceso a servicios seguros e inclusivos de cuidados de embarazo, parto y postparto.

  También, en esta línea se pretende mejorar la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, el cáncer cérvico uterino y de mama y los embarazos no deseados, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.

  En el ámbito del ODS 4, se enfocarán esfuerzos en dos Líneas de Acción:

• L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad.

  En esta línea de acción, se actuará para que los grupos en situación de vulnerabilidad (especialmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad) puedan acceder a oportunidades de formación profesional que proporcionen competencias técnicas orientadas a la empleabilidad y el emprendimiento.

• L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas.

  A través de las actividades desarrolladas por el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Paraguay, la CE contribuirá a que la población tenga acceso a actividades culturales y formativas inclusivas, con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural. De esta forma, la mejora de la oferta cultural del país podrá favorecer el respeto a la diversidad, el desarrollo de las capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la cultura de paz.

Para contribuir a la Igualdad de Género, ODS 5, se enfocarán esfuerzos en tres Líneas de Acción:

• L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.

  Las intervenciones en este ámbito estarán orientadas esencialmente a dos propósitos. En primer lugar, el fomento de un marco legal, institucional y operativo más efectivo en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (VVG), para lo cual la CE se focalizará en fortalecer las capacidades de las instituciones públicas que tienen obligaciones en materia de prevención. En segundo lugar, la CE se centrará en habilitar el acceso a mejores servicios de atención integral para las mujeres VVG.

• L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.

  En esta línea de acción, la CE impulsará la integración efectiva de la perspectiva de género en dos niveles: por un lado, las instancias responsables de la implementación de políticas públicas y por el otro, en la sociedad civil y sus organizaciones.

• L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones de la vida pública.

  En esta línea de acción se desarrollarán iniciativas dirigidas a reforzar a las mujeres y sus organizaciones en términos de liderazgo, representación y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública.

En el marco del ODS 6 Agua limpia y saneamiento, se trabajará con la siguientes tres Líneas de Acción:

• L.A 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable.
• L.A 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento.

  A través de fondos del FCAS y FONPRODE, se continuará la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura en agua y saneamiento en área rural y periurbana, con perspectiva de género y enfoque de derechos, a través de la construcción de infraestructuras.

  Asimismo, se velará por el adecuado funcionamiento, calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento creados.

• L.A 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos.

  En esta línea, se promoverá la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos con un enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) que tenga en cuenta los intereses ambientales, sociales y económicos, en una perspectiva multinivel.

Para contribuir a potenciar la industria, innovación e infraestructuras, ODS 9, la CE enfocará sus esfuerzos en la siguiente Línea de Acción:

• L.A 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas.

  En esta línea de acción, se promoverá el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector tanto productivo como de servicios, dirigidos a la generación de ingresos, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros) y con particular atención en el área rural.

  También, se pretende estimular la competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYMES de producción y servicios), así como su inserción en el mercado, para que, a través de la innovación y la incorporación de tecnología en el encadenamiento de valor, aumenten su productividad y rentabilidad, especialmente en el área rural.

Para contribuir a mejorar las ciudades y comunidades sostenibles, ODS 11, desde la CE se enfocarán esfuerzos en dos Líneas de Acción:

• L.A 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado.

  La CE brindará recursos técnicos y financieros para que la planificación y la gestión del desarrollo territorial, tanto urbano como rural, se lleve a cabo incorporando mecanismos de participación, integración y sostenibilidad. Para lograrlo, se apoyará a las instituciones y actores clave en favor de una gobernanza territorial que incorpore a la sociedad civil y sea inclusiva con grupos en situación de vulnerabilidad.

• L.A.11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

  La CE actuará para que la recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico y cultural favorezcan el desarrollo económico local y la inclusión social.

Para contribuir a la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ODS 16, se enfocarán esfuerzos en cuatro Líneas de Acción:

• L.A 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de seres humanos.

  En este ámbito, se promoverá que las instituciones responsables de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mejoren sus capacidades para prevenir y dar una respuesta integral y eficaz a las víctimas de trata de seres humanos.

• L.A. 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los derechos humanos.

  En esta línea de acción, la CE se concentrará en la mejora del acceso a las instituciones y/o servicios de justicia, especialmente para la población de las áreas rurales y periurbanas. Asimismo, en esta línea se apoyará específicamente la implementación de la Mediación Penal Juvenil como una herramienta de la Justicia Restaurativa en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes infractores.

• L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos.

  La CE trabajará para que la población paraguaya, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, con particular atención a las mujeres, personas con discapacidad e indígenas, mejoren sus conocimientos sobre el ejercicio y exigibilidad de sus derechos legales, desde una perspectiva de corresponsabilidad de titulares de derechos y de obligaciones para la consolidación del estado de derecho.

• L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

  En esta línea, se contribuirá a que las instituciones públicas, tanto a nivel central como regional (departamental y municipal), mejoren sus capacidades para planificar y ejecutar los recursos públicos de manera eficiente y en función de resultados, ofreciendo servicios públicos de calidad y rindiendo cuentas.

La CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas con diferentes actores (públicos, privados y agentes sociales) comprometidos con los ODS de forma que se puedan coordinar y armonizar las diferentes intervenciones.

El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar relaciones horizontales y sinergias entre organismos homólogos de España y Paraguay, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles. Esta alianza entre diferentes actores de la CE con instituciones públicas y agentes sociales de Paraguay será un proceso continuo durante toda la vigencia del MAP que reforzará el protagonismo y liderazgo del país, por medio del fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Para ello, la CE desde su capacidad de poner en relación a organismos públicos, privados y agentes sociales frente a un objetivo común, impulsará las alianzas multiactor como medio para contribuir a los ODS y las metas seleccionadas desde las capacidades de los diferentes actores involucrados.

Una vez acordado el MAP, se establecerá un sistema de seguimiento que permitirá contar con una actualización anual del avance de los indicadores del nivel de resultados intermedios definidos en la Matriz de Resultados. Como resultado de este mecanismo, se generará un Informe Anual de Seguimiento que contemplará el avance en su consecución y la contribución de la CE a los resultados de desarrollo del país.

El Informe Anual de Seguimiento será coordinado por la OTC y para su elaboración se activarán un conjunto de reuniones con instituciones contrapartes, ONGD españolas y sus socias locales y actores estratégicos que realizarán sus aportes sobre los avances conseguidos y elaborarán recomendaciones que orienten los esfuerzos de la CE en función de los objetivos definidos en el MAP.

Se realizará, además, una evaluación final externa del MAP 2020-2023, ejercicio que se llevará a cabo bajo el liderazgo y acompañamiento de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible.

Con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, se destaca, por un lado, el rol de la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya, que en el marco del MAP se constituirá como el espacio de coordinación de más alto nivel de la CE con el Gobierno de Paraguay; y por el otro, el papel del Grupo Estable de Coordinación en el Terreno conformado por los actores de la CE con presencia en Paraguay.

También, actuarán en función de la rendición de cuentas los Comités de Seguimiento bilaterales de los diferentes proyectos en los que la AECID participa junto a otros actores de la cooperación.

Análogamente, cabe poner de relieve otros espacios específicos de rendición de cuentas, tales como la Mesa de Cooperantes y las Mesas Sectoriales de Donantes convocadas y lideradas por el gobierno paraguayo, en las que la OTC participará activamente junto con los diferentes actores de la cooperación presentes en el país. En la misma línea, los Encuentros de Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE, lideradas por el jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la UE (DUE), servirán de mecanismos de comunicación, transparencia y articulación de las respectivas intervenciones.

Por último, cabe mencionar que la OTC implementará una estrategia de comunicación para garantizar la oportuna información sobre los desafíos, oportunidades y resultados de la cooperación española en Paraguay. Dicha estrategia tomará en cuenta tanto los grupos receptores de la cooperación, como los donantes y otros actores involucrados, para asegurar la rendición de cuentas multinivel (vertical y horizontal).

3. Consideraciones finales

Al término de la reunión ambas Delegaciones reiteraron su voluntad de continuar trabajando para fortalecer las acciones de Cooperación de acuerdo con el alto nivel de sus relaciones bilaterales, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los Gobiernos y pueblos de España y Paraguay, y en un contexto de Pandemia, a causa de la Covid-19, que hace hoy más que nunca necesaria esta cooperación entre los dos países, para mitigar los efectos de la misma.

Y con la finalidad de consignar lo acordado durante la citada Comisión Mixta, suscriben la presente Acta en dos ejemplares en español, igualmente válidos, en la ciudad de Madrid, España, y Asunción, Paraguay, a día 9 de noviembre de 2020.

Anexos

• 1. Relación de integrantes de las delegaciones oficiales de España y de Paraguay.
• 2. Marco de Asociación España-Paraguay 2020-2023.

ANEXO 1
Relación de integrantes de las delegaciones oficiales de España y de Paraguay

Delegación española:

• Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
• Javier Hernández Peña, Embajador España en Paraguay.
• Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible.
• Rafael Garranzo García, Director General para Iberoamérica y el Caribe.
• Carmen Castiella Ruiz de Velasco, Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe.
• Fernando Rey Yébenes, Coordinador General de la Cooperación Española en Paraguay.
• Fernando Fajardo Fernández de Bobadilla, Director del Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Delegación paraguaya:

• Emb. Federico A. González, Ministro de Relaciones Exteriores.
• Emb. José A. Dos Santos, Viceministro de Relaciones Exteriores.
• Emb. Estefanía Laterza, Directora General de Política Multilateral.
• Min. Helena Felip, Directora General de Política Bilateral.
• Min. Cynthia Filártiga Lacroix, Directora de Cooperación Internacional.
• Min. Nilda Acosta, Directora de Europa.
• Min. Jorge Brizuela, Director de Relaciones Culturales, Deportes y Turismo.

Embajada de Paraguay en España:

• Embajador Ricardo Scavone Yegros.
• Ministra Liz Coronel.
• Consejera Lilian Afara.

Secretaría Técnica de Planificación:

• Gisella Dimodica, Directora General de Cooperación Internacional.
• Karina Ayub, Directora de Cooperación Internacional.

Ministerio de Hacienda:

• Fernando Santander, Dirección de Política de Endeudamiento.

ANEXO 2
Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023

1. Resumen ejecutivo

La Cooperación Española, en estrecho diálogo y negociación con las instituciones de Paraguay, en el marco del Convenio General Básico de Cooperación Científica, Técnica y Cultural, firmado el 7 de febrero de 1990, han elaborado el nuevo Marco de Asociación País (MAP) que define las prioridades estratégicas en las que se concentrará la Cooperación Hispano-Paraguaya para el periodo 2020-2023. El MAP tiene el objetivo de contribuir al desarrollo humano sostenible y a la erradicación de la pobreza en Paraguay de manera alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay.

Como fruto de los procesos de diálogo con todos los actores implicados, en este MAP han quedado establecidos los objetivos y resultados de desarrollo a los que se contribuirá, el rol que va a desempeñar cada actor de la cooperación, las modalidades e instrumentos que se utilizarán, los recursos previstos y los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. De esta forma, a través del MAP se pretende impulsar una mayor apropiación, alineamiento, armonización, previsibilidad y coherencia de las intervenciones de la Cooperación Española (CE) en Paraguay.

Durante las últimas dos décadas, Paraguay ha experimentado un fuerte crecimiento económico, debido en parte al auge de las exportaciones de productos agropecuarios (principalmente la soja y la carne bovina) con los buenos precios obtenidos en el mercado internacional y al potencial hidroeléctrico del país que le ha convertido en el mayor exportador de electricidad limpia del mundo. La mejora de la situación económica ha permitido reducir la pobreza (desde 2003, la pobreza total y la extrema disminuyeron en 49 y 65 por ciento, respectivamente), ampliar la clase media (casi se ha duplicado desde 2003, alcanzando a un 38% de la población total) y aumentar progresivamente el bienestar de la ciudadanía en ámbitos como el acceso a los servicios de salud o el aumento en la cobertura de educación y protección social. Estos datos económicos favorables han conducido a que Paraguay pase a ser considerado desde el año 2017 como un país de Desarrollo Humano Alto y de Renta Media Alta.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados en varias dimensiones del desarrollo en los últimos años, Paraguay enfrenta importantes retos a medio plazo para sostener el desempeño económico, hacer más inclusivo y equitativo el modelo de desarrollo en un marco de mayor democracia y respeto a los derechos humanos, reducir aún más los niveles de pobreza, combatir las grandes desigualdades, mejorar el acceso a servicios sociales básicos y generar oportunidades económicas para todos los estratos sociales. Por ello, de acuerdo con el Plan Director de la Cooperación Española vigente (PD 2018-2021), Paraguay es considerado un «país de asociación prioritario», en el que se debe apostar por intervenciones centradas en la construcción de resiliencia, el apoyo en la transición hacia modelos productivos sostenibles, la garantía de servicios sociales de calidad, el fomento de la diversidad y la inclusión, y la construcción institucional.

Concretamente, en el ámbito social, el país enfrenta importantes desafíos en el sector de la salud, ya que a pesar de las mejoras experimentadas en los últimos años, aún se mantienen importantes déficits en el acceso y la cobertura de la atención sanitaria, que afectan de manera más específica a las mujeres y a la población de las zonas rurales, con la persistencia de elevados índices de mortalidad materno-infantil. En lo que se refiere a educación, todavía hay numerosos retos, destacándose la necesidad de mejorar la calidad educativa, que se traduzca en un incremento –en cantidad y en calidad– de las competencias asumidas por los alumnos y, especialmente, en el sistema de formación profesional que mejore su orientación hacia la empleabilidad de los jóvenes.

En lo que relativo al desarrollo territorial, la falta de un adecuado ordenamiento del territorio ha generado la proliferación de asentamientos informales con un acceso limitado a servicios públicos y una importante degradación ambiental, patrimonial y urbanística. Análogamente, pese a los avances en la cobertura de agua potable, aún un 22% de la población no tiene acceso a la misma. Por lo que se refiere al saneamiento, el país presenta niveles muy bajos de tratamiento de aguas residuales (sólo 12.2% con acceso a alcantarillado sanitario y 2% tratamiento de efluentes) y una elevada contaminación de los recursos hídricos, lo cual conlleva riesgos claros para la salud y el medio ambiente.

En el ámbito económico, a pesar del crecimiento económico experimentado en los últimos años, son numerosos los retos que enfrenta el país, tales como la insuficiente diversificación de la matriz productiva nacional, la limitada competitividad de su economía, el escaso desarrollo en innovación, la baja productividad de los productores de pequeña escala y las elevadas tasas de informalidad laboral que alcanzan aproximadamente el 65% (con estimaciones de más de 80% en la economía rural).

En el ámbito político e institucional, el país presenta cierta estabilidad política y ha avanzado en fortalecer las instituciones que componen el Estado de Derecho. En este contexto, los principales desafíos se refieren a la mejora del acceso a la justicia, la plena realización de los derechos humanos, especialmente para los grupos en situación de exclusión, el fortalecimiento de las capacidades y la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Existen también retos derivados de la escasa descentralización de competencias a los territorios, persistiendo un elevado nivel de centralismo estatal en la gestión de las políticas públicas, lo cual tiene un impacto directo sobre los servicios sociales ofertados a los ciudadanos.

Por otro lado, la situación de la mujer en Paraguay presenta notables brechas en el acceso a la salud, educación, trabajo, remuneración y especialmente en los espacios de participación y representación. La violencia de género sigue siendo un problema de gran magnitud, con un importante incremento de víctimas mortales al año y miles de casos reportados de violencias contra las mujeres. También, resulta alarmante que uno de cada cuatro embarazos en el país se produzca en la adolescencia, impactando de manera directa en las oportunidades de desarrollo a futuro de esas mujeres.

Para hacer frente a estos desafíos, Paraguay ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como política pública del Gobierno Nacional, comprometiéndose a implementarla y a alinear la planificación nacional con la misma. Para ello, se ha creado en 2016 la Comisión ODS Paraguay 2030, instancia encargada de la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con el apoyo de dicha Comisión, se ha presentado en 2018 el primer Examen Nacional Voluntario sobre los avances en la implementación de la Agenda 2030 en el país y se actualizó en el transcurso del año 2019 el Plan Nacional de Desarrollo para alinearlo a los ODS y sus respectivas metas.

En coherencia con este paradigma de desarrollo, el MAP, a través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE así como de sus diferentes actores, pretende contribuir a la consecución de los ODS en Paraguay. Concretamente, la cooperación Hispano-Paraguaya en el periodo 2020-2023 concentrará sus esfuerzos en 8 ODS y 15 Metas de la Agenda 2030, según se relaciona a continuación:

Estos 8 ODS y 15 Metas de la Agenda 2030 priorizados se alinean con 18 Líneas de Acción del V Plan Director de la CE, que se han traducido, a su vez, en 22 Resultados Intermedios de Desarrollo, los cuales guiarán las intervenciones que realicen los diferentes actores de la cooperación en el marco del presente MAP.

Para la selección de los ODS, Metas y Líneas de Acción en los que se va a enfocar la CE en Paraguay en los próximos 4 años, se han tomado en cuenta las prioridades de desarrollo de Paraguay fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030); las prioridades fijadas para los Países Renta Media (PRM) en el V Plan Director de la CE 2018-2021; las ventajas comparativas de la Cooperación Española en Paraguay, como resultado de la experiencia acumulada en las diferentes intervenciones realizadas a lo largo de los años; y los resultados de un análisis estratégico del contexto, en el que se han identificado los sectores que constituyen los mayores desafíos de desarrollo del país.

En Paraguay, la CE mantiene un diálogo permanente con el Gobierno en todos los niveles del Estado, sustentado en la interacción directa con los responsables públicos, el acompañamiento de procesos y el establecimiento de relaciones de confianza y continuidad para promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS.

En este sentido, la CE reconoce y promueve la rectoría de las instituciones del Paraguay sobre las políticas de desarrollo. Por ello, el presente MAP pone especial énfasis en la apropiación y en el alineamiento de las intervenciones de la CE con el PND 2030, por ser el instrumento de planificación estratégica de largo plazo que marca la política de desarrollo nacional. El PND 2030 fue aprobado inicialmente en 2014 y recientemente actualizado a finales de 2019, con metas intermedias hasta 2023 y metas finales hasta 2030. El proceso de elaboración y actualización se llevó a cabo bajo el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) contando con una importante participación de la sociedad civil a través de distintos mecanismos y espacios. El PND 2030 marca las prioridades de las políticas públicas de desarrollo a través de cuatro ejes relacionados con el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo, la proyección de Paraguay en el mundo y el refuerzo político institucional, articulados alrededor a 16 objetivos, en torno a los cuáles se han alineado los resultados de desarrollo que se han previsto en el MAP 2020-2023.

Para coordinar las intervenciones en cooperación, la CE mantiene una fluida relación con el Comité Técnico Interinstitucional del Gobierno del Paraguay, compuesto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, como instituciones rectoras de la cooperación en el país; así como con la Comisión ODS Paraguay 2030. Estos dos espacios han permitido un diálogo más estratégico entre la Cooperación Española y el Gobierno paraguayo sobre objetivos, lineamientos, formas de implementación de la cooperación y alineamiento a las estrategias de desarrollo transversales y sectoriales, por ello, estos espacios de coordinación se seguirán consolidando y fortaleciendo en el marco del MAP.

Para la implementación del MAP, la CE pretende promover la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores (públicos, privados y agentes sociales) comprometidos con los ODS de forma que se puedan coordinar y armonizar las diferentes intervenciones. En este sentido, el MAP constituirá el marco de referencia para impulsar relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Paraguay, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles entre actores de la CE con instituciones públicas y agentes sociales de Paraguay.

Tendrán especial incidencia en la implementación del Marco de Asociación: la Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, las universidades, el sector privado, los Organismos Multilaterales, la Cooperación Iberoamericana, la Unión Europea y el Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

En cuanto a los actores de la Cooperación Española presentes en el país, se destaca: la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID, el Centro Cultural Español Juan de Salazar (CCEJS) en Asunción y varias ONGD españolas agrupadas en la Coordinadora de ONG españolas en Paraguay (COEPY). También, tiene notable presencia en el país el sector empresarial representado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (OFECOMES), cuya participación activa en la implementación del MAP representa una propuesta novedosa en el marco del presente MAP. En concreto, se buscará profundizar en la interlocución con este sector e impulsar programas y alianzas multi-actores que propicien la integración efectiva del sector privado en las intervenciones de desarrollo, en línea con las recomendaciones de la Agenda 2030.

Para el logro de los resultados propuestos, este MAP prevé seguir utilizando los instrumentos de financiamiento actualmente en uso: programas y proyectos de cooperación bilateral, convenios, proyectos y acciones de innovación con Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). También se trabajará con cooperación delegada de la Unión Europea, así como las subvenciones de Cooperación Cultural. Se contará también con instrumentos con fuerte componente de financiación como la cooperación reembolsable, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF) y otros mecanismos diferenciados y modalidades de cooperación más ajustados a los Países de Renta Media (PRM), tales como alianzas público- privadas para el desarrollo, asistencias técnicas para el desarrollo de capacidades y la cooperación sur-sur y triangular. Asimismo, se promoverán en todo momento las alianzas multiactor, para lo cual se buscará la incorporación de actores del sector privado, organismos internacionales y locales, para lograr el máximo impacto. También, se promoverán instrumentos de cooperación regionales, multilaterales y multi-bilaterales.

El MAP Paraguay-España cuenta con una estimación presupuestaria para el periodo 2020-2023 de aproximadamente 142 millones de euros, para ser ejecutados en intervenciones enmarcadas en los 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados. Sin embargo, su asignación definitiva se realizará en los procedimientos anuales correspondientes y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Se establecerá un sistema de seguimiento que permitirá contar con una actualización anual del avance de los indicadores del nivel de resultados intermedios definidos en la Matriz de Resultados (ver Anexo 1). Como resultado del mecanismo de seguimiento, se generará un Informe Anual de Seguimiento que contemplará el avance en su consecución y la contribución de la CE a los resultados de desarrollo del país.

El Informe Anual de Seguimiento será coordinado por la OTC y para su elaboración se activarán un conjunto de reuniones con instituciones contrapartes, ONGD españolas y sus socias locales y actores estratégicos que realizarán sus aportes sobre los avances conseguidos y elaborarán recomendaciones que orienten los esfuerzos de la CE en función de los objetivos definidos en el MAP.

Se realizará, además, una evaluación final externa del MAP 2020-2023, ejercicio que se llevará a cabo bajo el liderazgo y acompañamiento de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES).

Con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, se destaca, por un lado, el rol de la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya, que en el marco del MAP se constituirá como el espacio de coordinación de más alto nivel de la Cooperación Española con el Gobierno de Paraguay; y por el otro, el papel del Grupo Estable de Coordinación en el Terreno (GEC) conformado por los actores de la CE con presencia en Paraguay.

También, actuarán en función de la rendición de cuentas los Comités de Seguimiento bilaterales de los diferentes proyectos en los que la AECID participa junto a otros actores de la cooperación.

Análogamente, cabe poner de relieve otros espacios específicos de rendición de cuentas, tales como la Mesa de Cooperantes y las Mesas Sectoriales de Donantes convocadas y lideradas por el gobierno paraguayo, en las que la OTC participará activamente junto con los diferentes actores de la cooperación presentes en el país. En la misma línea, los Encuentros de Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE, lideradas por el jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la UE (DUE), servirán de mecanismos de comunicación, transparencia y articulación de las respectivas intervenciones.

Por último, cabe mencionar que la OTC implementará una estrategia de comunicación para garantizar la oportuna información sobre los desafíos, oportunidades y resultados de la cooperación española en Paraguay. Dicha estrategia tomará en cuenta tanto los grupos receptores de la cooperación, como los donantes y otros actores involucrados, para asegurar la rendición de cuentas multinivel (vertical y horizontal).

2. Situación inicial

2.1 Contexto del país.

Incorporación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Dentro de los cambios sustanciales acontecidos en el contexto de Paraguay desde la elaboración del último Marco de Asociación País (MAP), sin duda, destacan los compromisos asumidos por Paraguay con el mundo, como signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. A este respecto, el país ha dado pasos importantes para la incorporación de esta Agenda en sus políticas públicas y estrategias de desarrollo y para la aceleración en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En primer lugar, ha construido un marco institucional de coordinación e implementación de los ODS, con la creación en septiembre de 2016 de la «Comisión Interinstitucional de Coordinación para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los ODS» -Comisión ODS Paraguay 2030. Esta Comisión, que tiene como principal función impulsar el cumplimiento de los ODS, está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Hacienda (MH), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Gabinete Social de la Presidencia (GSP). A través de la Comisión se ha llevado cabo la apropiación de la Agenda 2030 en las políticas institucionales y el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado y la sociedad civil para mejorar el cumplimiento de las metas para el año 2030.

En segundo lugar, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030), que se aprobó en diciembre de 2014, por tanto, de manera previa a la publicación de la Agenda de Desarrollo 2030, se ha actualizado en el transcurso del año 2019 para alinearse a los ODS y a sus metas. De esta forma, en la actualización del PND 2030 se puede comprobar como cada uno de los ODS está cubierto por al menos un Eje Estratégico o una Línea Transversal del PND, tal como se visualiza en el siguiente gráfico:

Gráfico I. Alineamiento de PND 2030 con los ODS

En tercer lugar, el Gobierno de Paraguay emitió en junio de 2018 el «Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». En este primer Informe Nacional se abordan, en enfoque de procesos, los avances, desde el inicio de las actividades hasta la fecha, en la organización del país con miras a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en lo relativo al marco de políticas vigentes y a los arreglos institucionales para la implementación, seguimiento y cumplimiento. En los próximos informes, se proyecta enfocar de manera más específica cada uno de los ODS, reportando los avances en el desarrollo y cumplimiento individual, con base a sus respectivos indicadores.

En cuarto lugar, se ha avanzado en la construcción de los indicadores de las metas ODS para el seguimiento del cumplimiento de los ODS. La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) es el ente encargado de coordinar esta acción a través del Comité Técnico de Monitoreo Estadístico de la Comisión ODS Paraguay. Al finales de 2018, de los 241 indicadores asociados a las 169 metas de los ODS, se han logrado producir un total de 77 indicadores, entre globales, alternativos y complementarios, para dar respuesta parcial a 12 ODS y 38 metas.

A continuación se realiza un análisis de contexto, que contribuye a identificar algunos de los principales ámbitos y desafíos que afronta el país para lograr alcanzar los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dar cumplimiento a los ODS.

• a) Contexto Social.

  Según el último Censo Nacional de Población y Viviendas de 2012, Paraguay tiene 6.78 millones de habitantes (1) (49.6% mujeres). Su población es joven (50% menor de 26 años) y presenta una alta concentración de población en el Departamento Central (37% de población total), uno de los 17 departamentos del país. Un 1.7% de la población se autoidentifica como indígena y un 0.2% como afrodescendiente. En el Censo Nacional de 2012 se refleja que las personas con discapacidad representan estimativamente un 10.7% de la población total.

  Según el índice de Desarrollo Humano (IDH), hasta el año 2015, Paraguay estaba en el grupo de Desarrollo Humano Medio. Sin embargo, en el año 2017, el IDH alcanzó el 0,702, lo que ha situado al país dentro de la categoría de Desarrollo Humano Alto, ocupando el puesto 110 de 189 países acorde al nivel de desarrollo.

  La situación ventajosa de Paraguay en el desarrollo humano, sin embargo, se reduce al considerar las desigualdades, ubicándose entre los países más desiguales del mundo, en relación con la distribución del ingreso y de la tierra. El coeficiente Gini, indicador que se usa para medir el nivel de desigualdad existente, según datos del Banco Mundial para el año 2017, alcanza el 48.8. Con este resultado, Paraguay mantiene un nivel de desigualdad sobre el promedio de las naciones de América Latina, que es de 0,469 puntos, y significativamente más elevado que los 0,317 puntos de desigualdad que tienen los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

  Concretamente, persisten importantes desigualdades, relacionadas no solo con los ingresos sino también con diferentes dimensiones del bienestar social, y que afectan sobre todo a colectivos vulnerables, siendo el lugar de nacimiento, el origen étnico o el género, determinantes para el ejercicio de derechos, el acceso a los servicios básicos, la participación en las políticas públicas y oportunidades de desarrollo.

  En el ámbito de la salud, se puede afirmar que Paraguay ha mostrado avances hacia el aumento del acceso y la cobertura universal, mediante la conformación y puesta en marcha de las Unidades de Salud de la Familia (USF), incrementándose la cobertura de la atención de la población, principalmente de aquella que vive en zonas distantes y vulnerables. No obstante, a pesar de los mencionados avances, el Sistema de Salud está poco organizado, con fragmentación institucional, servicios dispersos y con débil coordinación, insuficiente cobertura sobre todo en el nivel primario, y deficiencias en las capacidades de muchos hospitales regionales.

  Los programas y servicios de salud están muy centralizados, lo que resta capacidad de gestión a nivel departamental. La descentralización del sistema, como sucede en otros sectores, no ha avanzado mucho. Una prueba de ello es que las Gobernaciones y Municipalidades participan apenas en un 3% del gasto público en salud.

  Existe una percepción generalizada de la población sobre el Sistema de Salud que es considerado como insatisfactorio, poco dinámico e ineficaz. Uno de los elementos de mayor disconformidad es el alto «gasto de bolsillo» (elevados pagos directos por los usuarios, que llegaron a representar un 49% en 2018 (2) , que dificultan el uso efectivo de los servicios de salud y refuerzan las desigualdades). A estas deficiencias, se suman la ineficacia en la gestión sanitaria en general y, especialmente, en la gestión de recursos humanos, detectándose de manera persistente falta de personal sanitario en los establecimientos de las comunidades de mediana y baja población. Toda esta situación genera que el acceso y la cobertura de la salud sean limitados, especialmente para las poblaciones de las zonas rurales, que no tienen derecho a un conjunto de prestaciones específicas y garantizadas.

  En lo que a educación se refiere, en los últimos años el progreso ha sido notable. Según datos de la DGEEC (2018), la tasa de alfabetización es de 94.65%. La asistencia escolar supera el 90% entre los menores de edad (5 a 14 años) y declina significativamente a partir de los 15 años. En otros términos, aunque en educación secundaria (y sobre todo en educación terciaria) el acceso ha aumentado rápidamente, las tasas brutas de matrícula, del 35%, siguen siendo bajas comparadas con las que registran los países de la región (3) . Las brechas en el acceso a la escuela aún son importantes en educación primaria y secundaria; y, en ambos casos, las diferencias entre las áreas rurales y urbanas son significativa.

  Entre los principales retos que afronta el sector educativo se cuentan las carencias de capacitación del personal docente y las insuficiencias en infraestructuras adecuadas. Además, pese a las mejoras registradas en materia de cobertura en el acceso a la educación, hay déficits en la efectiva inclusión de niños/as con discapacidad en el sistema educativo. Otro importante desafío es la mejora de la calidad de la enseñanza. Los resultados del aprendizaje no están a la altura de las competencias esperadas, según se refieren en el Plan Nacional de Educación (tal es el caso para casi tres cuartas partes de los alumnos de tercer grado). Una importante deficiencia del sistema educativo se encuentra en el sistema de formación profesional que no cuenta con una adecuada malla curricular orientada a la profesionalización de los jóvenes.

  En el ámbito de la protección social se percibe un aumento de acceso a programas, así como un esfuerzo hacia la creación de un Sistema de Protección Social Nacional único. Se debe destacar que en el año 2018 la Secretaría de Acción Social (SAS) ha elevado su rango y se ha convertido en Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo que demuestra el interés del gobierno en impulsar políticas y planes en materia de desarrollo y equidad social. Sin embargo, aún se deben mejorar y ampliar sustancialmente las iniciativas que contribuyan a mejorar el acceso a los servicios sociales de las familias que viven en situación de vulnerabilidad.

  En lo que respecta al desarrollo territorial, Paraguay sufre un proceso de concentración urbana, deterioro ambiental y desequilibrios, producto de su modelo de desarrollo histórico. Debido a la falta de una planificación y normativa adecuadas en materia territorial, el país sufre una urbanización escasamente regulada que ha generado la proliferación de asentamientos informales, el acceso irregular a servicios públicos, la extensión de la informalidad y la ausencia de gobernanza urbana. A esta situación, se suma que los municipios tienen muy escasa capacidad recaudatoria y de generación de ingresos, más aún por el incipiente ordenamiento territorial y la falta de un soporte catastral para apoyar sistemas impositivos municipales. La falta de un adecuado marco normativo e institucional para la gestión de los residuos sólidos es una importante dificultad que se enfrenta en el ámbito de la gestión territorial.

  En relación al ámbito de cultura y patrimonio, se han logrado importantes avances, entre los que destaca la aprobación de la reciente Ley N^o 5621/2017 de Protección del Patrimonio Cultural, que establece el marco para la protección, la preservación y el rescate de los bienes culturales del país; así como el Plan Nacional de Cultura 2018-2023, que trata de promover las diversas actividades y manifestaciones culturales y artísticas del país, acercándolas a la ciudadanía. Desde la Secretaria Nacional de Cultura (SNC) se han realizado esfuerzos para la protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial y para garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales para todos los ciudadanos del país.

  Sin embargo, al margen de estos avances, hay que destacar que el presupuesto asignado a la SNC representa tan sólo el 0,04% del Presupuesto General de la Nación. La baja inversión institucional en esta instancia no ofrece una base presupuestaria suficiente para promocionar y aprovechar el patrimonio e identidad cultural de Paraguay en todas sus potencialidades y para poder poner en valor el patrimonio artístico del interior del país ya que la institucionalidad cultural está centralizada en la capital, Asunción.

• b) Contexto económico.

  En los últimos años, Paraguay ha presentado un sólido crecimiento económico y una fuerte reducción de la pobreza. Este crecimiento económico ha sido significativo en los 5 últimos años, dado el comportamiento del resto de países de la región y, especialmente, de sus principales socios comerciales, Brasil y Argentina. Así, se han alcanzado tasas del 4,9% en 2014, 3,1% en 2015, 4,3% en 2016, 4,8% en 2017 y 3,7% en 2018 (4) . Según el Banco Central de Paraguay, el PIB per cápita en 2018 se situó en 5.869 USD, lo que enmarca al país en el grupo de Países de Renta Media Alta.

  Este crecimiento económico ha sido acompañado por una importante disminución de la pobreza. Concretamente, desde 2003, la pobreza total y la extrema disminuyeron en 49 y 65 por ciento, respectivamente. Asimismo, uno de los efectos de esta importante prosperidad económica es que la clase media del país casi se ha duplicado desde 2003, alcanzando a un 38% de la población total y convirtiéndose así en el segundo grupo más grande, justo por debajo de la población vulnerable (5) . No obstante, si bien los datos macroeconómicos son buenos, persisten importantes bolsas de pobreza con datos que indican que en 2017 la pobreza extrema alcanzó a un 4.41% de la población y la pobreza moderada a un 22.0%, sobre un total del 26.4% de pobreza total (6) .

  En lo que respecta al modelo económico y productivo de Paraguay, el mismo se ha caracterizado por ser una economía pequeña, abierta y altamente dependiente del sector agropecuario (principalmente la soja y la carne bovina). Este sector ha sido el principal motor del crecimiento económico durante las décadas pasadas gracias al auge de las exportaciones, que ha generado gran parte del superávit macroeconómico. Las importantes inversiones extranjeras, la mejora en la calidad de los productos y los precios favorables del mercado internacional han hecho que Paraguay sea el tercer exportador de soja del mundo, el séptimo de maíz, el sexto de carne y el décimo de trigo.

  A la vez, cabe destacar que el crecimiento económico del país ha estado basado en otro recurso del enorme patrimonio natural del país, en relación al potencial hidroeléctrico, que constituye un elemento fundamental de su economía. Las dos centrales binacionales, compartidas respectivamente con Brasil (Itaipú) y Argentina (Yacyretá), suman una capacidad de 17.200 megavatios (MW) que comparten Paraguay y sus vecinos. Dado que Paraguay solo utiliza una fracción de su cuota de electricidad y exporta el resto, el país se ha convertido en el mayor exportador de electricidad limpia del mundo. Las dos centrales binacionales aportan alrededor del 10% del PIB. La capacidad de generación de Paraguay también dota al país de un excedente de electricidad a bajo costo, un activo importante para atraer inversión extranjera (7) .

  En relación al mercado laboral, se presenta un índice de desempleo relativamente bajo, alrededor del 5.9% de la población activa en 2018; siendo uno de los más bajos de la región. En este ámbito, se ha registrado una transformación dinámica en las últimas décadas, con una migración progresivamente creciente del sector de la agricultura hacia el de los servicios, la creación de empleo en el sector formal, un incremento general de la productividad y el aumento de los ingresos. A raíz de esta transición, la agricultura registró un crecimiento negativo del empleo, por lo que su contribución relativa al empleo total disminuyó del 25% en 2008 al 22% en 2016. Esta tendencia visibiliza el hecho que, aunque el modelo de desarrollo está basado principalmente en la agricultura y la ganadería, sin embargo, la economía está pasando por una transformación estructural, migrando de la agricultura hacia los servicios y, en menor medida, hacia la industria (8) .

  Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos mencionados, el sistema económico y productivo de Paraguay sigue presentando debilidades estructurales que, por una parte, cimientan y propician la transmisión generacional de la pobreza y, por otra parte, comprometen un desarrollo sostenido a medio y largo plazo.

  Por un lado, el modelo de desarrollo rural, altamente dependiente de la ganadería extensiva y de una agricultura mecanizada altamente productiva, se basa en un contexto de elevada concentración de la propiedad de los factores de producción, sobre todo de la tierra (aproximadamente el 90% de la tierra pertenece al 5% de los propietarios); ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo, con un coeficiente de GINI de 0.93 (9) . Este modelo ha priorizado la producción en fincas de medio y gran tamaño, orientada principalmente a la generación de materias primas para el mercado internacional y apoyada por medio de ingentes inversiones públicas, especialmente en infraestructura de transporte a lo largo de los corredores de la carne y la soja; sectores éstos que, sin embargo, contribuyen proporcionalmente poco a los ingresos públicos, debido a la presión fiscal diferencial.

  Consecuentemente, la productividad de la mayoría de los cultivos de las huertas familiares se ha estancado y en algunos casos se ha deteriorado, debido a que los productores de pequeña escala, mayormente campesinos e indígenas cuentan con acceso limitado a los recursos productivos fundamentales como tierra, capital, infraestructura, asistencia técnica y mecanismos adecuados de comercialización. Así, paradójicamente, en Paraguay se registra una tendencia al aumento de las importaciones de productos agrícolas de consumo desde otros países (Brasil, Argentina, Chile, entre otros). Como consecuencia de este modelo productivo, la alimentación en Paraguay actualmente no está garantizada para toda la población, ni en calidad ni en cantidad suficiente. Según el informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2018), en Paraguay viven unas 800.000 personas subalimentadas, lo que equivale al 11% de su población.

  Por el otro lado, al igual que el sector primario, los sectores secundario y terciario se encuentran escasamente diversificados. El sector industrial cuenta con pocas infraestructuras y baja tecnificación, lo cual reduce drásticamente su capacidad de aportar valor en la cadena productiva. Asimismo, el sector de los servicios está en fase de desarrollo (en algunos casos, en etapa incipiente, como en el ámbito tecnológico, la economía verde y la economía naranja), con un sector público poco eficiente que sigue representando, al día de hoy, uno de los mayores empleadores a nivel nacional. Además de la escasez de infraestructuras que constituye un desafío significativo que afecta la productividad en todos los sectores de la economía, el déficit de capital humano cualificado y capacitado, como resultado de las deficiencias del sistema educativo (educación y formación profesional), representan un importante escollo para la generación de trabajo decente.

  Como resultado de las problemáticas descritas, el tejido productivo se caracteriza por un número altísimo de pequeñas empresas, (concretamente las micro y pequeñas empresas representan el 97,1 por ciento del total de empresas en Paraguay y son responsables del 65,2 por ciento del empleo (10) ), escasamente profesionalizadas y con aporte muy limitado en la cadena de valor. Asimismo, buena parte de las empresas existentes en Paraguay -y en particular en zonas rurales o alejadas del área de influencia de las capitales departamentales más importantes- no son capaces de absorber a la población activa existente en la actualidad, o bien no cumplen con los requisitos para generar trabajo decente.

  Otro aspecto problemático del contexto es el alto índice de informalidad laboral y subempleo, a lo largo de toda la cadena de suministros. En el periodo 2012-2017, la tasa de informalidad se mantuvo entre el 65% y el 70%, es decir, entre 6 y 7 de cada 10 personas de más de 15 años ocupadas están trabajando en situación de informalidad. En términos absolutos, en el año 2017, 1 millón 681 mil personas estuvieron ocupadas de manera informal.

  La población ocupada que vive en áreas rurales fue la más afectada por la informalidad, llegando en el año 2017 a 74,8% de los ocupados ante el 62,4% en áreas urbanas (11) . La informalidad, de hecho, representa un problema estructural, que explica por qué el 44.5% de los trabajadores no gana el salario mínimo y también la baja cobertura de seguridad social, que redunda en una tasa elevada de desprotección social (la mayoría de la población se encuentra desprotegida ante enfermedades, vejez, invalidez, infortunios, maternidad y desempleo, entre otros) (12) .

  En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrenta el país es la diversificación de la base productiva y la multiplicación de oportunidades de trabajo decente, buscando una participación más amplia de la fuerza laboral en empleo productivo y formalizado; todo esto, tanto en el ámbito del emprendedurismo agrario y no agrario (cuentapropistas, micro, pequeñas y medianas empresas-MIPYMES, cooperativas agrarias y de servicios), como en el segmento del empleo por cuenta ajena, reforzando la capacidad del tejido empresarial ya existente para absorber a la población activa, cumpliendo con la normativa vigente y respetando los derechos para generar trabajo decente.

  Entre las potencialidades del contexto, cabe resaltar el factor del bono demográfico, fenómeno por el cual el porcentaje de la población en edad de trabajar en Paraguay es mayor que la dependiente (niños, ancianos y personas enfermas). Un importante reto de esta coyuntura es que esta masa de población joven contribuya sustancialmente al crecimiento económico y la reducción de la pobreza a través de su inserción laboral. La participación productiva de los jóvenes en el mercado laboral representa, a la vez, una oportunidad y un desafío. Por un lado, se prevé la afluencia al mercado laboral de un boom de mano de obra. Por el otro, se calcula que para el aprovechamiento de esta inyección de fuerza laboral se requerirá ampliar la demanda en aproximadamente 65.000 nuevos empleos cada año hasta 2030, para lo cual se necesitan una economía dinámica y políticas públicas eficientes que promuevan la creación de empleo decente.

• c) Contexto medioambiental: clima, energía y recursos hídricos.

  Paraguay cuenta con unos ecosistemas diversos y abundantes recursos para la producción primaria. El país se halla ubicado en la Cuenca del Río de la Plata y cuenta con una densa red hídrica que constituye uno de los sistemas hidrográficos internacionales más importantes. Específicamente, el acuífero Guaraní, se considera uno de los más grandes reservorios subterráneos de agua dulce del planeta, se extiende sobre 71.700 km² bajo los suelos de Paraguay. También, cabe mencionar que la formación Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) constituye uno de los hábitats más diversos del mundo y el Gran Chaco es la región más extensa de bosques en América del Sur, después de la Amazonía.

  La matriz energética del Paraguay es una de las más limpias de la región, lo que ha permitido al país mantener una baja intensidad en emisiones de dióxido de carbono. En este contexto, el país tiene un alto potencial de crecimiento verde, dada la riqueza de su patrimonio natural y de biodiversidad, así como la disponibilidad de energía limpia, lo cual es muy relevante para estimular innovación y creación de valor agregado en nuevos rubros económicos.

  A nivel internacional, hay que destacar que Paraguay, signatario del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ha asumido el compromiso de reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), proyectadas al año 2030, en la Contribución Nacional Determinada (CND) (13) presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, se han generado varias políticas y planes para enfrentar la lucha contra el cambio climático, entre las que destacan la Ley Nacional de Cambio Climático (2017), el Plan Nacional de Adaptación (2016) y el Plan Nacional de Mitigación y Programas de Acción (2017). También, se ha creado la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), instancia en la que se toman decisiones sobre la política climática del país.

  Aunque son relevantes los avances señalados, sin embargo, los temas ambientales todavía ocupan un espacio limitado en la agenda nacional a pesar de la reconocida vulnerabilidad del país a los impactos del cambio climático y la alta dependencia de su economía a las condiciones climáticas que hacen necesario que el enfoque de resiliencia se deba incorporar plenamente en todas las actuaciones. Sin embargo, las instituciones a cargo del sector ambiental son aún jóvenes, con un Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) creado en el año 2018 (fruto de la reconversión de la preexistente Secretaría Nacional del Ambiente) con una asignación presupuestaria del 0,05% del Presupuesto Nacional, lo que reduce significativamente su capacidad operativa y una Política Ambiental Nacional adoptada en el 2005, que no ha sido sometida a las necesarias actualizaciones.

  Uno de los problemas ambientales más acuciantes a destacar es la deforestación, ocasionada principalmente por el aumento del uso del suelo con fines agrícolas y ganaderos, lo que ha intensificado la presión sobre el rico patrimonio ambiental. A pesar de la producción sustancial de hidroelectricidad en Paraguay, casi la mitad (45%) del consumo nacional de energía proviene de los biocombustibles. La frontera agrícola en expansión de Paraguay y su fuerte dependencia de los biocombustibles han contribuido a tasas de deforestación globalmente elevadas, reduciendo los bosques nativos atlánticos en aproximadamente un 95%.

  La débil institucionalidad y la escasa eficiencia de las políticas públicas en el ámbito de la protección ambiental se reflejan también en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, que representa otro desafío crucial para la sostenibilidad ambiental del país. Las aguas de superficie y subterráneas registran a menudo niveles significativos de contaminación, vinculables a las áreas geográficas donde se concentran las actividades productivas y a los propios ciclos productivos agrícolas e/o industriales (aguas residuales sin tratamiento, etc.).

  En 2007 se promulgó la ley N.^o 3239/2007 «De los Recursos Hídricos», con el fin de controlar la gestión de estos recursos y garantizar su viabilidad económica, social y medioambiental. Esta ley establece que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. En este ámbito, Paraguay ha logrado ir avanzando en los niveles de cobertura y se ha conseguido que el 78% de la población tenga acceso a agua potable. Sin embargo, sólo el 11% tiene acceso a redes de alcantarillado sanitario y sólo un 2% tiene acceso a tratamiento de efluentes, lo cual conlleva riesgos evidentes para la salud y el medio ambiente.

  Otros importantes logros obtenidos, además del aumento del acceso a los servicios de agua, ha sido la mejoría de la calidad de los mismos y la fijación de nuevas bases legales y normas que rigen el sector. Un hecho reseñable y de gran trascendencia ha sido la promulgación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, por resolución 1274/2018 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este documento se convierte en el marco de referencia que establece las prioridades, los objetivos, las estrategias y las acciones para lograr la universalización de los servicios adecuados de Agua Potable y Saneamiento en Paraguay.

  A nivel institucional, se debe destacar que la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), órgano rector encargado del diseño de las políticas públicas en este sector, ha cobrado protagonismo y ha ejercido eficientemente su función, sin embargo, las acciones aún no han sido suficientes para resolver eficazmente el problema. De hecho, se estima que Paraguay va a necesitar una inversión de más de USD 6.000 millones de dólares para alcanzar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento al año 2030, con distintos niveles de atención según sean zonas urbanas, periurbanas y rurales (DAPSAN, 2017). Específicamente, el déficit de agua y saneamiento afecta principalmente a las zonas marginales periurbanas y en el área rural a las poblaciones en situación de pobreza, las comunidades dispersas y las poblaciones indígenas.

• d) Contexto político, administrativo e institucional.

  Paraguay presenta estabilidad política, con una democracia basada en una República representativa presidencial. La estructura territorial político administrativa contempla 17 Departamentos y 254 Municipios.

  En agosto de 2018, el nuevo Gobierno de Paraguay asumió sus funciones por 5 años, con un Plan de Gobierno 2018-2023, «Paraguay de la Gente», bajo la Presidencia de D. Mario Abdo Benítez, así como con un nuevo Senado y una nueva Cámara de Diputados.

  En lo que a gobernabilidad se refiere, el país se ha embarcado en un proceso de reforma y modernización de su administración pública, destacándose la mejora de los procesos de adquisiciones y compras públicas, la profesionalización de los funcionarios, los procesos de desprecarización de la función pública, los progresos en el alineamiento de los presupuestos anuales así como las inversiones con los objetivos de política estratégica. Asimismo, se ha avanzado en fortalecer las capacidades de las instituciones que componen el Estado de Derecho.

  No obstante, a pesar del progreso significativo reciente, el país todavía presenta problemas en relación a los indicadores relacionados con la gobernanza. Concretamente, el Índice de Gobernanza Mundial (IGM) de 2016 muestra que el país está por debajo del promedio regional y se desempeña significativamente por debajo de la OCDE en todas las dimensiones de la gobernanza. En líneas generales, las principales debilidades de la administración pública paraguaya se deben a los siguientes factores: a) superposición de funciones entre las instituciones públicas; b) organización administrativa obsoleta y poco eficiente, c) sistemas de gestión pública con deficientes sistemas de planificación, control y evaluación.

  Una importante asignatura pendiente institucional que afecta directamente la calidad de la gobernanza es la debilidad del Sistema Estadístico Nacional, que arroja información heterogénea, técnicamente poco comparable y sin periodicidad garantizada. La fragilidad de las instituciones encargadas de la producción de datos y la baja «cultura estadística» impiden la provisión de información oportuna, en tiempo y forma, para la toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales.

  En este contexto, la corrupción también desempeña un papel crucial. En el índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 132 de 180 países, y el quinto nivel más alto en cuanto a la percepción pública de corrupción en la región de América Latina y Caribe.

  Para abordar las causas fundamentales de la corrupción y, en general, del déficit de rendición de cuentas, el poder ejecutivo ha promovido un ambicioso paquete de reformas en pro de la transparencia fiscal, la contratación abierta y el acceso a la información (datos abiertos). Así, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas se han incrementado gracias a varias medidas, tales como la posibilidad de seguir online la ejecución del presupuesto, la publicación de los salarios recibidos por los funcionarios y el personal de entes públicos, la creación de Unidades de Transparencia en diversas instituciones, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, la creación de la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entre otras.

  Dentro de las medidas para promover la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración pública destaca la iniciativa de Gobierno Abierto. Se trata de una alianza internacional a la que Paraguay se ha sumado y que busca acercar los gobiernos y la sociedad civil con el objetivo de trabajar juntos en la promoción de la calidad de la democracia y la gobernanza, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología e innovación para garantizar que las políticas públicas reflejen de forma adecuada las necesidades de la población.

  Otro camino de vital importancia para mejorar la calidad de la gobernanza es el proceso de descentralización, promovido con la aprobación de la Ley Orgánica Municipal de 2010 pero, de facto, aún incipiente. En este sentido, un desafío importante para el país es fortalecer la autonomía territorial a través de la descentralización política, administrativa y fiscal, como medio para estimular el desarrollo sostenible de las regiones y reducir las disparidades y la desigualdad en todo el país. Dada la relevancia de este proceso, la actualización del PND 2030 ha incluido como una de sus líneas transversales la descentralización, lo que supone un importante impulso para avanzar en los procesos de descentralización en alineamiento con la estrategia nacional de desarrollo.

  Otro desafío significativo en Paraguay está constituido por la necesidad de refuerzo del Estado de Derecho, especialmente en la consolidación de un sistema judicial eficiente e independiente, en el marco de la división de poderes. Concretamente, el acceso y la impartición de la justicia presentan múltiples déficits. Las dificultades que la ciudadanía encuentra para acceder a la justicia evidencian que esta función esencial del Estado no está llegando a todas las personas por igual, generando un clima de inseguridad jurídica que no sólo afecta a la ciudadanía en la esfera de la protección de sus derechos, sino también desincentiva la inversión empresarial y el flujo de capitales.

  En los que respecta al ámbito de los Derechos Humanos (DDHH), el país se encuentra comprometido con el cumplimiento de los estándares a nivel nacional e internacional, al haber ratificado la mayor parte de los tratados internacionales y regionales. La instalación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Paraguay, la puesta al día del Estado Paraguayo con los informes país del sistema de tratados de Naciones Unidas y la aprobación de las 100 Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad han sido eventos determinantes en el fortalecimiento de las instituciones públicas y el Sistema de Protección de Derechos Humanos del Paraguay.

  Acompañando este crecimiento de las capacidades del Estado, se ha formalizado la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, coordinada por el Ministerio de Justicia, que por su propia iniciativa ha elaborado de manera pluralista e interinstitucional en el año 2013 el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, instrumento que se constituye en la ruta común para el trabajo en la temática en el sector público. También, se destaca como un logro importante que Paraguay cuenta con un sistema de compilación de recomendaciones denominado Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos (SIMORE), cuyo objetivo es apoyar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones internacionales en términos de derechos humanos. Esta innovadora iniciativa representa una experiencia exitosa y una buena práctica de rendición de cuentas y transparencia, así como de trabajo articulado en red por parte del Estado.

  Todos estos procesos de desarrollo normativo e institucional han permitido mejorar la atención, protección y promoción de los derechos humanos en el país. En este sentido, se puede afirmar que la institucionalidad en derechos humanos ha avanzado de manera paulatina. Sin embargo, pese a los avances mencionados, el país sigue presentando algunas debilidades, sobre todo en relación a las desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales. En particular, dos grupos poblacionales están expuestos de forma más evidente a varias formas de discriminación, en diversos espacios y niveles de la sociedad paraguaya: los pueblos indígenas y las personas con discapacidad.

  En relación al primer grupo, en Paraguay existe un marco constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: de hecho, a través de la Ley n.^o 234 de junio de 1993 se ratifica en Paraguay el Convenio N.^o 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sin embargo, el marco legal se ha traducido sólo en parte en medidas legislativas, normativas y administrativas concretas para asegurar que los pueblos indígenas gocen plenamente de sus derechos. En este sentido, pese a que al interior de varias instancias del poder ejecutivo se han institucionalizado órganos y espacios formales para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas (por ejemplo, el Instituto Nacional del Indígena-INDI, las direcciones o direcciones generales de Pueblos Indígenas dentro del Ministerio de Salud y de Agricultura, etc.), la efectividad real de las políticas públicas en este ámbito sigue siendo limitada. En particular, se ha de destacar la baja accesibilidad para este grupo poblacional a su derecho a la libre determinación (derecho al consentimiento libre, previo e informado – CLPI); a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, vitales para su supervivencia y dignidad; así como el bajo acceso a la justicia y la persistencia del racismo y la discriminación.

  En lo que respecta a las personas con discapacidad, Paraguay ha tenido avances significativos gracias a la elaboración y aprobación del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (2015- 2030), diseñado con enfoque de derechos humanos y con la creación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). No obstante, a pesar de estos esfuerzos, son muchos los desafíos y retos que quedan por delante para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad en un marco de igualdad de derechos y no discriminación. Para ello, es necesario apoyar los esfuerzos no sólo del Estado paraguayo, sino también de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), fortaleciendo los mecanismos, instancias y espacios destinados a promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos.

  Otro tema con raíces e implicancias en el ámbito de los derechos humanos es la trata de personas. Paraguay es uno de los más importantes puntos de origen de captación de víctimas para la trata de personas. Asimismo, es un país de tránsito y de destino de mujeres y niños explotados sexualmente. Solo 1 de cada 20 casos de trata de personas es denunciado y, cada año, se registran al menos 300 (14) . En 2013, se adoptó una Ley Integral de Trata de personas (15) que tiene por objetivo prevenir y sancionar este delito. Por tanto, el reto en este ámbito está en mejorar las capacidades institucionales y la coordinación de los órganos del Estado involucrados.

• e) Contexto de Género.

  En el marco institucional, el órgano rector de las políticas de género en Paraguay es el Ministerio de la Mujer. Creado en 1992 como Secretaría, aumentó su rango en 2012 adquiriendo mayor estabilidad institucional y participación en el Gabinete de Ministros.

  En el marco político y programático, destaca el IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (2018-2024), aprobado el 20 de diciembre de 2018, que marca las líneas estratégicas del Estado en materia de igualdad de género y se constituye en hito de referencia para el cumplimiento de los ODS, en especial, el ODS 5 y sus metas. También, cabe destacar la aprobación de la Ley 5446/2015 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, así como el establecimiento e institucionalización, en los últimos años, de numerosas direcciones o direcciones generales al interior de las principales carteras del poder ejecutivo, encargadas específicamente de velar por las políticas nacionales en materia de igualdad de género y por la protección de los derechos de las mujeres.

  Ahora bien, a pesar de los esfuerzos normativos e institucionales realizados por el país, quedan muchas asignaturas pendientes en pro de la igualdad de oportunidades. El aumento del rango de la instancia rectora – de Secretaría a Ministerio – no significó un aumento presupuestario del Ministerio de la Mujer, que dispone de un presupuesto que no alcanza el 0.025% del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Los escasos recursos financieros con que cuenta hacen que la actividad ministerial dependa fuertemente de la cooperación internacional para llevar adelante sus programas, proyectos y acciones de comunicación.

  En lo que se refiere al ámbito de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, Paraguay ocupa el puesto 110 de 189 en el Índice de Desigualdad de Género elaborado por las Naciones Unidas (dato de 2018). Esto se debe a la persistencia de importantes desigualdades, especialmente en el acceso a los servicios de salud y educación, trabajo, remuneración salarial y participación política. Concretamente, con respecto a la brecha salarial, según datos de ONU Mujeres, en Paraguay la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 24%. En cuanto a la ocupación, el 51,9% de las mujeres están insertadas en el mercado laboral frente al 73,8% de los hombres. Las tasas de analfabetismo también presentan reseñables brechas de género, con un 4,6% de analfabetismo correspondiente a la población masculina frente a 6,1% de analfabetismo en mujeres.

  Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sociales de las mujeres, uno de los principales problemas son los embarazos en adolescentes. Paraguay es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos entre estos rangos de edad. Resulta alarmante que uno de cada cuatro embarazos en el país se produzca en la adolescencia (los nacimientos de hijos/as de niñas de entre 10 y 14 años constituyen la quinta parte de todos los nacimientos que se producen anualmente en el país), impactando de manera muy directa sobre las oportunidades de desarrollo a futuro de esas mujeres.

  En lo que se refiere a participación en espacios de toma de decisiones, Paraguay es uno de los países de América Latina con menores índices de mujeres en cargos de elección. En las últimas elecciones generales, el porcentaje de mujeres electas no superó el 20%, no hay ni una gobernadora en los 17 Departamentos de todo el país, en los cargos municipales hay apenas 22% de mujeres electas como concejalas (porcentaje que se estancó desde las elecciones del 2006), y se registra un escaso 10% de mujeres intendentas en todo el país.

  Otro de los principales desafíos en materia de género en Paraguay es la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta problemática reviste varias formas y se manifiesta en diferentes ámbitos. La violencia extrema, conocida como feminicidio, dejó un saldo de 63 víctimas en 2018 (16) , cifra que va en aumento en comparación a los años anteriores y da un promedio de un caso de feminicidio cada 6,6 días en el país y se cuentan por miles los casos reportados de violencia contra las mujeres en lo que va de año. Para hacer frente a esta situación el país aprobó a finales de 2016 la Ley No. 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia que ofrece un adecuado marco legal de regulación.

2.2 Antecedentes de la Cooperación Española en Paraguay.

La Cooperación Española está presente en Paraguay desde hace 30 años. En el período 2012-2017 la Ayuda Oficial Bruta al Desarrollo de España se estimó en más de 43 millones de euros, lo que convierte a España en el quinto donante bilateral en el país.

El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 considera a Paraguay como País Prioritario. El Marco de Asociación País (MAP) Paraguay-España 2012-2015, prorrogado tácitamente hasta la aprobación del nuevo MAP, priorizó los siguientes sectores de concentración: Salud (ODS 3), Crecimiento Económico Sostenible (ODS 2 y 9) y Gobernabilidad Democrática (ODS 16), y como sectores de intervención: Educación (ODS 4), Agua y Saneamiento (ODS 6), y Cultura y Desarrollo (ODS 4 y ODS 11). Como prioridades horizontales se incluyeron: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Medio Ambiente y Diversidad Cultural.

En salud, se ha trabajado en la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los servicios públicos de salud a través de varios programas bilaterales. También, se ha trabajado en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva apoyando la creación de consultorios amigables y en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino y mama, así como en el apoyo a los bancos de sangre. El socio articulador de las intervenciones de la Cooperación Española en el sector ha sido el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) cuya función establecida por ley le confiere la competencia de la política nacional de salud.

Se ha apoyado el crecimiento económico sostenible a través de la ampliación de la cobertura de servicios de empleo en zonas rurales, especialmente la promoción del empleo juvenil y del autoempleo, así como el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes, con especial atención a mujeres, y se ha impulsado el desarrollo de negocios de emprendedores paraguayos retornados al país tras un tiempo viviendo en el exterior. Se ha apoyado el turismo rural comunitario, tanto en tareas de planificación como impulsando emprendimientos vinculados al mismo. También, se ha fomentado la educación financiera para el desarrollo de capacidades que permitan la toma de decisiones financieras responsables y el fomento de la protección al consumidor. En el ámbito del desarrollo agrario rural se han apoyado intervenciones que buscan garantizar la seguridad alimentaria, las prácticas agroecológicas, la producción para el autoconsumo o la mejora de la productividad generadora de excedentes, y se han impulsado diferentes iniciativas de comercialización. Asimismo, se ha fomentado el emprendedurismo rural, el asociativismo y el cooperativismo y se han creado estructuras de soporte, como pueden ser incubadoras de empresas o centros de acopio, transformación y/o venta de producción.

Mediante la modalidad de créditos a Estado con garantía del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID se ha garantizado el tránsito continuo y seguro de una parte de la infraestructura vial rural en Paraguay, a través de la rehabilitación y mantenimiento de 390 Km de caminos vecinales, financiados por un monto de 25 MM de USD, mejorándose así la conectividad de áreas de producción con áreas de comercialización, y facilitando el acceso de los ciudadanos que viven en localidades remotas a áreas en las que existen servicios sociales básicos. También en la modalidad de cooperación reembolsable destaca el préstamo a la entidad «Financiera El Comercio» para ampliación y profundización de la oferta de servicios financieros, dirigidos a la población con limitado o nulo acceso, preferentemente en las zonas rurales.

Desde la Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) de España se está implementando el Plan de Acciones Conjuntas en el ámbito del turismo entre la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España para el intercambio de experiencias exitosas en turismo sostenible e innovación.

En el ámbito de gobernabilidad democrática las principales intervenciones en el país se han centrado en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP), favoreciendo la igualdad y no discriminación en la administración pública para los aproximadamente 300.000 empleados públicos del Paraguay, proceso en el que participó el INAP en España a través de varias asistencias técnicas. También se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades de la administración pública en determinados sectores claves como seguridad ciudadana, administración fiscal, función pública, cooperación internacional (Cooperación Triangular con Uruguay); y descentralización y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales (Cooperación Triangular con Chile).

Con el Ministerio de Justicia se ha fortalecido también el acceso a la justicia a nivel comunitario, contribuyendo a que la población más vulnerable tenga acceso en su propia comunidad a una adecuada y oportuna atención a sus necesidades de derecho y se está trabajando en justicia restaurativa en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes de Paraguay. Asimismo, se han focalizado esfuerzos para fortalecer la cohesión social y la convivencia en un barrio degradado de Asunción (Cooperación Triangular con Chile). Desde la cooperación bilateral con el Ministerio Público y la Municipalidad de Asunción se está ejecutando un programa de prevención, protección y defensa de los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación sexual.

Otro de los sectores impulsados ha sido el apoyo a las políticas y servicios inclusivos para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, a través del proyecto Bridging the Gap. Este proyecto financiado por la Unión Europea en la modalidad de cooperación delegada y en consorcio con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) tiene como objetivo principal contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad.

También, destaca en este sector, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD II), liderado por la FIIAPP, financiado por la Comisión Europea y cuyo socio en Paraguay es la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). Este programa promueve la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y fortaleciendo las capacidades en Paraguay en los siguientes ámbitos: Observatorio Nacional de Drogas, capacitación en reducción de la demanda de drogas y reducción de la oferta de drogas, además del apoyo al diálogo político entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE en el marco del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre ambas regiones.

La contribución a la educación ha sido importante durante los últimos doce años, a través de la ejecución del Programa de Conversión de Deuda Paraguay-España (2007), por valor de 10 MM USD y dedicado íntegramente a proyectos en educación. Su dirección y administración ha recaído en el Comité Binacional, integrado, por la parte paraguaya, por la Dirección de Política de Endeudamiento y la Dirección General de Crédito Público (Ministerio de Hacienda) y, por la parte española, por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paraguay y el Ministerio de Economía y Empresa con la asistencia técnica de la OTC. En el ámbito de la educación, cabe mencionar también el Programa de Escuelas Taller que ha promovido la creación de cuatro Escuelas para apoyar la formación técnica y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para favorecer su empleabilidad. Tradicionalmente estas escuelas han estado centradas en oficios relacionados con la rehabilitación del patrimonio, si bien, la última Escuela Taller creada en Encarnación está más vinculada a la gastronomía y turismo. También, en este sector se han apoyado varias intervenciones enfocadas en mejorar la capacitación técnica y profesional de grupos vulnerables para favorecer la inserción socio-laboral, especialmente de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

En cuanto a agua limpia y saneamiento, Paraguay es uno de los países que ha recibido más apoyo del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) con un aporte de 100 MM de USD de donación, con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-como socio estratégico y 20 millones de USD de crédito con FONPRODE para un proyecto de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas. En total, se han construido más de 226 sistemas en comunidades rurales y 40 sistemas en comunidades indígenas. También, en esta línea se destaca la Facilidad de Inversión en América Latina LAIF (Latinoamerican Investment Facility) de la Unión Europea que, mediante diferentes cooperaciones técnicas, ha permitido elaborar el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Ypacaraí, ha revisado y redimensionado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bella Vista, ha apoyado el estudio del acuífero Patiño, ha actualizado el Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo y ha contribuido al desarrollo e implementación de soluciones de saneamiento.

En este sector y vinculado a la protección de los recursos hídricos se está ejecutando un proyecto con la Universidad de Sevilla y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para implementar un sistema de monitorización de agentes contaminantes en el Lago Ypacaraí mediante el uso de drones acuáticos.

La contribución a la Cultura y Desarrollo ha estado liderada por el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la AECID. Las actividades culturales españolas que se realizan tanto en la ciudad de Asunción como en el resto del país son prácticamente implementadas por Centro Cultural de España Juan de Salazar (CCEJS). En 2016 se cumplieron 40 años del CCEJS, inaugurado en 1976. Este es uno de los centros culturales de mayor trayectoria y prestigio en América, que ha logrado convertirse, sin duda alguna, en uno de los principales referentes culturales del país. Adicionalmente, mencionar que se realizan actividades puntuales en las casas regionales o algunas instituciones privadas como el Centro Español de Villarrica, el Centro Catalán o empresas privadas como Arcallana o Byspania. Con estas actuaciones se ha pretendido impulsar en Paraguay la cultura como factor de desarrollo integral al tiempo que se promueve la cultura española en el país y el fortalecimiento de las relaciones culturales entre ambos países.

Desde el Programa de Patrimonio para el Desarrollo, durante los últimos siete años, se han venido ejecutando intervenciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad en las Misiones de Jesús de Tavarangüé y Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y puesta en valor y rescate de recursos culturales en las Misiones Jesuíticas.

En lo que respecta a la igualdad de género, se han apoyado principalmente proyectos a través de ONGD españolas enfocados fundamentalmente en la lucha contra la violencia de mujeres y niñas y en el fortalecimiento del acceso de las mujeres a los recursos económicos y la promoción de la participación de las mujeres, organizaciones y redes de la sociedad civil en espacios de poder relacionados con el cumplimiento de los derechos sociales, civiles y políticos de las mujeres.

En el ámbito de la diversidad cultural, la Cooperación Española ha sido uno de los principales actores en el apoyo a los pueblos indígenas mediante tres estrategias complementarias: fortaleciendo la parte específica de la administración nacional dirigida a los indígenas (Instituto Paraguayo del Indígenas), fortaleciendo los servicios prestados por Ministerios sectoriales y a través del apoyo prestado a las propias comunidades indígenas a través de ONGD y organizaciones propias como la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) para fortalecer la participación en la construcción e implementación de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.

Con relación al medio ambiente hay que destacar el apoyo en la reglamentación de los Servicios Ambientales, en su modalidad de protección y recuperación de suelos y de mitigación de daños provocados por fenómenos naturales (Cooperación Triangular con Costa Rica) y la consolidación de la estrategia nacional de políticas públicas de lucha contra la desertificación y sequía y adaptación al cambio climático (Cooperación Triangular con Brasil).

Las intervenciones vivas en activo de la AECID en Paraguay se estiman en 36 intervenciones, con los diferentes instrumentos y modalidades, por un monto aproximado de 68.4 millones de euros en ejecución. A estos montos habría que añadir las intervenciones vivas del resto de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades.

Evolución AOD de España en Paraguay.

La evolución de la AOD de España en Paraguay durante el período 2012-2017 (33 MM de euros) y que marca parte de su ventaja comparativa, ha estado distribuida de la manera siguiente, de acuerdo a los sectores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD):

Los 19.6 MM Euros (61 %) destinados al sector de infraestructuras y servicios sociales se ha distribuido en los siguientes subsectores:

La Canalización de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España en Paraguay durante el período 2012-2017 ha sido a través de los siguientes organismos:

Programas Regionales y Multilaterales.

La Cooperación Española en Paraguay ha venido cooperando con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Sistema Iberoamericano y sus espacios de cooperación en conocimiento, cultura y cohesión social, en sus iniciativas de programas transversales, como el de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, así como a través de sus organismos especializados (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Organismos Internacional de la Juventud para Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social).

Con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se ha colaborado en el marco del Plan Iberoamericano de Alfabetización 2007-2015. A través de este Plan se han apoyado campañas impulsadas por el Ministerio de Educación para promover la gratuidad de la alfabetización, postalfabetización y educación básica bilingüe.

Se ha mantenido colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. En el marco de este programa se ha instalado una red de casi 1.600 Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia.

La Cooperación Española en Paraguay ha venido ejecutando varios programas regionales, como por ejemplo, ARAUCLIMA, dirigido a luchar contra el cambio climático con el objetivo de preservar el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible; el Programa Indígena, desde una perspectiva regional y local con un enfoque basado en derechos humanos que han promovido la inclusión y acceso a servicios públicos con pertinencia étnica por parte de colectivos en riesgo de exclusión social; las Escuelas Taller, que han contribuido a la cohesión social a través de la inserción laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad; Intercoonecta, que ha ofrecido formación a través de cooperación técnica intensiva en conocimiento, intercambio de buenas prácticas con la participación de todos los actores en una doble categoría de receptores y donantes, promoción y fortalecimiento de redes, laboratorios de ideas y proyectos de conocimiento para el desarrollo; la red de Centros Culturales y de Formación, que ha fomentado el acceso a la cultura, la participación ciudadana, la capacitación y la creación e innovación cultural, contribuyendo así a la consolidación del espacio cultural iberoamericano y el Programa Mercosur.

Dentro de los programas regionales liderados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP) destacan el programa EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) en el que se desarrollan diversas acciones contra el crimen organizado y se impulsa la creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado que ejercerá funciones de una fiscalía especializada. En cuanto al programa EUROCLIMA+, se puso en marcha, en marzo de 2019, el diálogo país junto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con vistas a apoyar la implementación de sus políticas climáticas, en especial de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) además de apoyar la coordinación intersectorial, interministerial, multinivel y multiactor, a nivel nacional, en temas de cambio climático.

Por parte de la Cooperación Española en Paraguay, en los últimos años también se han canalizado recursos a través de Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), principalmente pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y a Instituciones Financieras Internacionales. En este sentido, se ha de destacar la ejecución del Fondo de Agua y Saneamiento (FECASALC) a través de un acuerdo de cooperación delegada con el Banco Interamericano de Desarrollo; así como el Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PCSAN, financiado con 1,5 millones de € en el marco del Fondo de Desarrollo Sostenible (SDG-F), para cuya implementación se ha contado con un consorcio interagencial de Naciones Unidas (FAO, OMS-OPS, entre otras) y varias contrapartes del gobierno. Este programa ha tenido como meta que las comunidades seleccionadas reduzcan su vulnerabilidad al hambre y la malnutrición, fortaleciendo el derecho a la alimentación y el acceso a una nutrición adecuada, tomando en consideración las variaciones del clima. También, resaltar las aportaciones directas e indirectas que la AECID ha realizado a la labor que varias agencias del Sistema de Naciones Unidas están realizando en el país, a través de programas regionales y nacionales.

2.3 Principios de eficacia.

a) Apropiación.

Planes Nacionales y Sectoriales de Desarrollo.

Paraguay cuenta con un marco de políticas y planes de desarrollo vigentes que orientan al Estado en los distintos ámbitos de su actuación. A continuación, se hace referencia a algunas de las estrategias de desarrollo que se han considerado prioritarias y significativas del principio de apropiación.

En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PND) 2030, aprobado en Diciembre de 2014 por decreto del Poder Ejecutivo y actualizado en 2019 con metas intermedias fijadas para 2023 y metas finales a 2030 (coincidente con la Agenda 2030), se erige como el instrumento de planificación estratégica de largo plazo que contiene la política marco de desarrollo nacional y que integra todos los objetivos sectoriales. El PND 2030 se operativiza a través de políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas de los organismos y entidades del Estado. El PND facilita la coordinación de las acciones de desarrollo en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con diversos niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Para la construcción y validación del PND 2030 se realizó un amplio proceso de consulta en el que participaron más de 2.000 referentes del gobierno central, gobiernos sub-nacionales, sociedad civil, sector privado y académico. Las consultas se realizaron en talleres y reuniones en los diferentes departamentos del país. Uno de los actores clave de este proceso fue el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), integrado por agentes del sector privado, del mundo académico y de la sociedad civil. Asimismo, para la actualización del PND se ha realizado un amplio proceso de consulta que ha involucrado a referentes de todos los sectores de la sociedad y de los departamentos del país. Esta participación entre instituciones de gobierno y de la sociedad civil, ha permitido combinar las experiencias de los distintos sectores y la participación en sus ámbitos de acción, lo que ha servido para facilitar y promover el dialogo social como un camino para lograr los acuerdos que la sociedad requiere para lograr alcanzar un desarrollo sostenible.

En cuanto a su estructura, el PND 2030 se organiza en cuatro ejes estratégicos. Cada eje estratégico incorpora cuatro líneas transversales. De dicha combinación se identifican 16 objetivos que guían las políticas públicas y se implementan a través del vínculo entre la planificación operativa institucional y los presupuestos institucionales. En la siguiente tabla se visualizan los ejes, las líneas transversales y los objetivos como resultado de la interacción planteada.

Complementando el PND 2030, como políticas sectoriales que profundizan algunos temas esenciales de la estrategia de desarrollo nacional destacan el Plan Nacional de Derechos Humanos y el IV Plan Nacional de Igualdad, ambos orientados a lograr la igualdad de oportunidades de las personas para alcanzar el bienestar.

El Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) aprobado mediante Decreto en 2013 es el instrumento que establece las prioridades y orienta las acciones de las instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos humanos en el país. Su redacción contó con una amplia participación de los tres poderes del estado y la sociedad civil y representa una experiencia única de alineación de planes de derechos humanos con planes de desarrollo. Está estructurado en cuatro ejes estratégicos: 1) Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de derechos; 2) Educación y Cultura en Derechos Humanos; 3) Estado social de derecho, seguridad ciudadana y acceso a la justicia y 4) Seguridad humana.

El IV Plan Nacional de Igualdad (2018-2024), aprobado por Decreto en diciembre de 2018 tiene por objetivo lograr la igualdad real y efectiva eliminando cualquier forma de discriminación. En la construcción de este Plan se estableció un proceso de consulta con instituciones públicas y con organizaciones de la sociedad civil, principalmente redes feministas y articulación de mujeres. El IV Plan Nacional de Igualdad incorpora la visión de los ODS en su diseño. Está dividido en cinco ejes de derechos y en cuatro ejes transversales. Los ejes de derechos son: 1) La ley no discrimina a las mujeres; 2) Empoderamiento en la toma de decisiones; 3) Autonomía física; 4) Empoderamiento económico y 5) Acceso a la justicia. Los ejes transversales son: 1) Igualdad entre el hombre y la mujer según el artículo 48 de la Constitución Nacional; 2) Enfoque de derechos humanos; 3) Eliminación de estereotipos discriminatorios y 4) Enfoque intercultural y bilingüe.

Con el objetivo de que el PND 2030 se pudiera implementar en los gobiernos departamentales y distritales, se diseñó la Estrategia del Desarrollo Local Participativo. Con base en esta estrategia en el transcurso de los años 2015 y 2016, se ejecutaron una serie de formaciones para la conformación de Consejos de Desarrollo Distrital y Departamental (CDD) y la elaboración de Planes de Desarrollo Local de manera participativa con los actores departamentales y distritales. La misión de estos Consejos ha sido reunir en el seno de un mismo organismo a los diferentes actores distritales, a los representantes de instituciones públicas y a la sociedad civil organizada para garantizar la participación ciudadana y de las organizaciones civiles en la construcción de las Estrategias de Desarrollo Local. En total, se han conformado 244 Consejos de Desarrollo Distritales y 17 Consejos de Desarrollo Departamentales, que han producido igual número de Planes de Desarrollo Local, a nivel de distritos y de departamentos, todos ellos elaborados a la luz del PND 2030.

Diálogo con el Gobierno y la Sociedad Civil Paraguaya.

El diálogo con el Gobierno para impulsar la cooperación se ha establecido en distintos niveles, desde el nivel nacional al sectorial, en el que destaca la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la VI Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Científica, Técnica y Cultural. En este espacio de diálogo, en el que se evalúa periódicamente el programa de cooperación hispano-paraguayo en su conjunto, participan por la parte paraguaya representantes del Comité Técnico Interinstitucional (compuesto por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social) y, por la parte española, la Embajada de España y la AECID en Paraguay representada por la OTC y el CCEJS.

Igualmente, el diálogo de políticas se ha sustentado en la interacción directa con las autoridades nacionales que se han generado en torno a los Comités de Seguimiento que han acompañado las más de 100 intervenciones financiadas por la CE en los últimos años y que han servido para evaluar la marcha de los distintos proyectos y orientar la cooperación para que sea más eficiente, eficaz y alineada.

Hay que destacar también la participación de la Cooperación Española en las diferentes Mesas de Coordinación Sectoriales con otros donantes, que cuentan con la participación del Gobierno del Paraguay. Destacan entre estos espacios, la participación de la Cooperación Española en la Mesa de Gobernabilidad, Mesa de Agua, Mesa de Salud, Mesa de Educación y Trabajo. Estas Mesas tienen la finalidad de generar espacios de debate y gestión para resolver de manera articulada las diferentes problemáticas sectoriales, así como coordinar las intervenciones de los diferentes actores de la cooperación presentes en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) paraguaya son un socio preferente en la implementación de diferentes intervenciones de la cooperación española, lo que genera un diálogo fluido en diferentes espacios de coordinación. Destaca la articulación y diálogo con la Coordinadora de ONG del Paraguay, Pojoaju, a través de diferentes procesos en los que se ha participado. También, los foros de intercambio que se establecen regularmente con organizaciones de la sociedad civil paraguaya y las ONGDs socias españolas en torno a diferentes temáticas de la cooperación y el desarrollo.

b) Alineamiento.

El alineamiento busca fomentar el liderazgo de los países socios sobre sus propios procesos de desarrollo y asegurar que los donantes sigan las agendas y prioridades de desarrollo de los países socios. En este sentido, el PND 2030 se constituye en el referente al que deben alinear las estrategias de desarrollo de los diferentes donantes y la Cooperación Española a través del MAP 2020-2023.

En los últimos años, los mecanismos de coordinación con los actores de la cooperación internacional se han fortalecido a través de la creación en 2016 de dos instancias; el Comité Técnico Interinstitucional (CTI), conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Hacienda (MH) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), como entidad coordinadora, que ha permitido mejorar la gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable y la Comisión ODS Paraguay 2030, para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los ODS. Estos espacios han permitido un diálogo más estratégico entre la Cooperación Española y el Gobierno paraguayo sobre objetivos, lineamientos, formas de implementación de la cooperación y alineamiento a las estrategias de desarrollo nacionales y sectoriales.

En cuanto al uso de los sistemas nacionales para canalizar los flujos de la cooperación, el PND 2030 reconoce explícitamente que la baja capacidad de ejecución por parte de las instituciones nacionales de los fondos de cooperación que recibe Paraguay representa un obstáculo en la utilización eficiente y estratégica de los recursos de la cooperación no reembolsable. En este sentido, para solventar las dificultades que supone la ejecución siguiendo los procedimientos nacionales, ambos gobiernos han concordado en la necesidad de encontrar mecanismos fluidos de gestión, que permitan garantizar el aprovechamiento óptimo de la Cooperación Hispano-Paraguaya. Desde el año 2014, como fórmula más eficiente para canalizar las subvenciones de Estado se ha resuelto que sean concedidas a organizaciones de sociedad civil que actúan como gestoras de los fondos de cooperación. En el marco de este MAP, se promoverá también que los organismos multilaterales actúen como instancias colaboradoras, favoreciendo de esta forma las alianzas multi-bilaterales. Esta estrategia permitirá seguir apoyando las políticas públicas del país, pero administrando los recursos desde una entidad externa con capacidad técnica y de ejecución.

c) Armonización.

El grupo principal de donantes tradicionales en Paraguay asciende actualmente a cinco países, entre los que se encuentran España y Alemania, además de Estados Unidos, Japón y Corea. Adicionalmente, además de la Delegación de la Unión Europea, trabajan también con sede en el país varias de las agencias y fondos de Naciones Unidas e Instituciones Financieras Internacionales. Todos estos actores de la cooperación internacional han realizado esfuerzos de cara a lograr una mayor armonización de la cooperación y evitar la fragmentación de las intervenciones.

España participa activamente en los diferentes mecanismos de coordinación y armonización con los actores de la cooperación que hay en el país a través de las Mesas Sectoriales de Cooperación, que en la mayoría de los casos cuentan también con la participación del Gobierno paraguayo. La existencia de estos espacios facilita que en algunos temas haya un buen nivel de coordinación y una relación de socios estratégicos, que ha permitido llevar a cabo acciones conjuntas.

A pesar de que aún no se ha actualizado la Programación Conjunta de la Unión Europea con Paraguay que venció en 2018, y que, por tanto, se ha prorrogado tácitamente hasta la aprobación de la nueva Programación, los mecanismos de armonización entre los socios europeos son amplios. De manera concreta, los Estados Miembros de la Unión Europea se coordinan a través del Grupo de Jefes de Cooperación que se reúne periódicamente para intercambio de información sobre los diferentes programas de cooperación y el establecimiento de sinergias de iniciativas de cooperación.

En cuanto a los actores de la Cooperación Española, el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno (GEC), es el espacio institucionalizado para el diálogo y concertación entre los actores españoles de cooperación con presencia en el país, para coordinar y dotar de coherencia las intervenciones de la CE en Paraguay.

Adicionalmente, existe un mecanismo de coordinación de la AECID con la Coordinadora de ONG españolas en Paraguay (COEPY) que ha permitido un diálogo estratégico en torno al contexto país, al V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y a la revisión final externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.

2.4 Conclusiones.

Para los análisis reflejados en esta etapa se ha tomado en cuenta la revisión de documentos clave como los que se relacionan a continuación:

• Documentos estratégicos: Entre los que destaca el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay (PND 2030) y las leyes, planes y estrategias sectoriales donde se establecen los desafíos y oportunidades de desarrollo del país. También, los documentos de programación país de las principales instancias de cooperación que actúan a nivel nacional, con especial atención a la Unión Europea, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, el BID y el BM.
• Documentos metodológicos: Principalmente el Manual para el Establecimiento, Implementación, Seguimiento y Evaluación de los MAP que contiene las principales directrices en cuanto a estructura y contenidos para la elaboración del MAP, así como las Guías de la AECID sobre la incorporación de enfoques transversales.
• Documentos de análisis: Fundamentalmente los análisis sectoriales que la OTC realizó a finales del 2018 a través de consultores locales para conocer el contexto del país en relación a determinados objetivos de desarrollo. Asimismo, documentos de análisis del país de diversos organismos internacionales y nacionales. También, se han tomado en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Revisión Final Externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.

El análisis de todos estos documentos ha permitido, por una parte, tener un diagnóstico de los principales avances, problemas y desafíos que enfrenta el país para lograr alcanzar un desarrollo sostenible, tal y como se ha detallado en el epígrafe 2.1 relativo al «Contexto del País». Concretamente, se ha podido constatar como en los últimos años, se han producido importantes avances en el desarrollo del país que se ha traducido en un importante descenso de los indicadores de pobreza y hambre. Sin embargo, a pesar de los progresos en varios indicadores aún quedan desafíos por afrontar relacionados, por ejemplo, con el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la igualdad de género, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la diversificación de la matriz productiva, que permitan mejorar el acceso a servicios básicos y reducir aún más los niveles de pobreza y de desigualdad económica y social, generando oportunidades económicas en todos los estratos sociales.

Por otra parte, del análisis realizado se ha podido determinar en qué sectores la Cooperación Española tiene una mayor ventaja comparativa en Paraguay, como resultado de la experiencia acumulada en las diferentes intervenciones que ha realizado a lo largo de los años y, especialmente, en el marco del anterior MAP 2012-2018, y que aparecen reflejadas en el epígrafe 2.2 relativo a los «Antecedentes de la CE en Paraguay». Asimismo, en el marco de las reuniones iniciales mantenidas para el establecimiento del MAP, las autoridades paraguayas han destacado la importancia de mantener la coherencia con lo que ha venido siendo la Cooperación Hispano-Paraguaya durante los últimos años ya que es donde atesora un mayor conocimiento, tal y como se refleja también en la Revisión Final Externa del MAP 2012-2018.

Estos análisis realizados (en la Etapa 1) han sido la base para definir la Estrategia de Intervención (en la Etapa 2) donde se concretan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas, las Líneas de Acción, los Resultados Intermedios, los indicadores de medición, el rol que va a desempeñar cada actor, los riesgos, los recursos y los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del presente MAP 2020-2023.

3
Resultados de desarrollo: Estrategia de desarrollo sostenible

3.1 ODS, metas y líneas de acción priorizadas.

La Estrategia de Desarrollo establecida en el Marco de Asociación País Paraguay-España 2020-2023 que se desarrollará a continuación ha sido fruto de un proceso participativo en el cual se han establecido varios espacios de negociación con el Gobierno de Paraguay, especialmente representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), que han demostrado un alto nivel de compromiso y apropiación. También, se ha efectuado un amplio proceso de consulta y diálogo con instituciones públicas sectoriales, entidades de la sociedad civil española y paraguaya, sector privado, universidades y organismos internacionales de cooperación establecidos en el país. Un actor especialmente relevante en el diálogo ha sido la Delegación de la Unión Europea (DUE) en Paraguay, con quien se han establecido varios espacios de coordinación y concertación.

En primer lugar, la Estrategia de Desarrollo ha tomado como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas definidas en la Agenda de Naciones Unidas 2030 y las Líneas de Acción (LA) definidas en el V Plan Director (PD) de la Cooperación Española (CE). Concretamente, el V PD ha establecido las LA en las que se enmarcan las actuaciones de la CE en consonancia con las metas establecidas en los ODS.

Tomando este marco estratégico, se ha procedido a seleccionar los ODS, Metas y LA en las que se va a enfocar la CE en Paraguay en los próximos 4 años, en base a un análisis en el que se han tenido en cuenta los siguientes 4 factores:

• 1) Las prioridades de desarrollo de Paraguay fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y en las estrategias sectoriales de desarrollo acorde al principio de alineamiento y apropiación.
• 2) Las prioridades fijadas para los Países Renta Media (PRM) en el V Plan Director de la CE 2018-2021, ya que Paraguay está clasificado en esa categoría. Según el PD, en los PRM la cooperación se centrará en las siguientes estrategias; a) apoyo en su transición hacia modelos productivos sostenibles; b) garantía de servicios sociales de calidad; c) fomento de la diversidad y la inclusión y d) construcción institucional.
• 3) La ventaja comparativa de la Cooperación Española en Paraguay, sobre la base de los sectores prioritarios en los que se ha intervenido en el MAP 2012-2018, ya que es donde presenta un mayor conocimiento y experiencia y así aparece reflejado dentro de las recomendaciones de la Revisión Final Externa del MAP Paraguay-España 2012-2018.
• 4) Los resultados del análisis de contexto social, económico, medioambiental, político, administrativo, institucional y de género llevado a cabo en la etapa de análisis (epígrafe 2.1) y que indican las áreas donde se concretan los mayores desafíos de desarrollo del país, y por tanto, dónde debe enfocarse la CE.

Este ejercicio de análisis en base a los factores expuestos, ha llevado a una priorización de ODS, Metas y Líneas de Acción que han sido analizados y validados de manera participativa en dos Talleres de Análisis, uno con el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno (GEC) y otro con la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya. En estos talleres se ha valorado si los ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas se consideran: a) pertinentes, es decir, si responden adecuadamente a las necesidades y desafíos del país; b) si responden al alineamiento con las políticas nacionales y sectoriales de desarrollo de Paraguay; y c) si están armonizadas con las intervenciones de otros donantes para evitar solapamientos y duplicidades en las acciones de cooperación.

Como resultado de estos procesos de análisis, negociación, diálogo y consenso con los actores españoles y paraguayos de la cooperación se han seleccionado 8 ODS, 15 Metas y 18 Líneas de Acción en los que se concentrará la cooperación hispano-paraguaya en el marco del MAP Paraguay-España 2020-2023 y que contribuirán a las dimensiones de la Agenda 2030 de NNUU.

Cuadro 1. ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas (MAP 2020-2023)

3.2 Personas, Prosperidad, Planeta y Paz.

El MAP focalizará su contribución a los ODS, Metas y Líneas de Acción priorizadas, teniendo como principales marcos de referencia, por una parte, las dimensiones de la Agenda 2030, y, por otra parte, los lineamientos de desarrollo incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 en coherencia con el principio de alineamiento.

Concretamente, a través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, organismos de la AGE, Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades, ONGD, Fundaciones y sector privado) se contribuirá a las 4 dimensiones de la Agenda 2030 de la manera que se detalla a continuación:

• Las personas.

  El Gobierno paraguayo se ha comprometido en su Plan Nacional de Desarrollo a que todas las personas puedan participar en la construcción y en los beneficios de una sociedad próspera, cohesionada y equitativa. No obstante, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para que la población paraguaya salga de la pobreza, el 24,2% de la población se encontraba en situación de pobreza en 2018 (17) . Para paliar esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo paraguayo, en su eje estratégico de «reducción de pobreza y desarrollo social» se compromete a cubrir las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, ciudadanas y comunidades con el objetivo de reducir la pobreza en todas sus formas y erradicando la pobreza extrema. Para ello, el gobierno se propone brindar servicios sociales de calidad, así como promover el desarrollo y ordenamiento del territorio, rural y urbano, de forma participativa, garantizando la incorporación plena e igualitaria de mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo.

  En alineamiento con este eje, la CE concentrará sus intervenciones en apoyar los esfuerzos de las instituciones y sociedad civil paraguaya en favorecer la igualdad de oportunidades y la plena y efectiva participación e inserción de las mujeres en la economía, la política y la sociedad. Además, se contribuirá a garantizar la cobertura de salud universal a través de la mejora de la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud y la promoción del acceso a la salud sexual reproductiva, con especial énfasis en la lucha contra la mortalidad materno-infantil. Se continuará trabajando en mejorar las capacidades de la administración pública, nacional y subnacional, para que puedan cumplir eficazmente con su responsabilidad institucional de brindar servicios sociales de calidad a la población.

  Asimismo, se fomentará el acceso de la población a actividades culturales como factor intrínseco del desarrollo, así como la conservación, recuperación y gestión del patrimonio cultural y los centros históricos incluyendo un enfoque turístico, como motor de desarrollo local. Por último, se apoyará un planeamiento y desarrollo territorial que incorpore mecanismos de participación, inclusión y sostenibilidad, propiciando el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de servicios públicos a la ciudadanía.

  Se velará porque todas las intervenciones que se realicen respeten el enfoque de derechos humanos, promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, e integren a los colectivos más vulnerables del país, con especial énfasis a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas.

• La prosperidad.

  Si bien la economía paraguaya ha tenido un importante crecimiento en los últimos años debido principalmente a su modelo económico basado en las grandes exportaciones de sector agropecuario, tiene grandes retos que afrontar para que el crecimiento obtenido sea sostenible y equitativo para toda la población. Uno de los desafíos más significativo que debe enfrentar es el alto nivel de informalidad de la economía, lo que impacta directamente en la calidad del empleo y en la desigualdad entre hombres y mujeres. Otros importantes desafíos son la desigualdad en la distribución de la riqueza entre personas y regiones del país y la escasa diversificación de la economía.

  Para afrontar dichos retos, el Gobierno paraguayo ha establecido en su Plan Nacional de Desarrollo en el eje estratégico de «Crecimiento económico inclusivo», la creación de oportunidades económicas diversas y la promoción de la igualdad de acceso a las mismas con enfoque multicultural poniendo el foco de atención en el empleo productivo. Para ello, se compromete a impulsar esfuerzos para: a) fomentar la producción; b) apostar por la competitividad y formalización de la economía; c) potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas; d) generar empleo decente; y e) desarrollar cadenas de valor sostenibles.

  Alineado con estas prioridades, la CE en Paraguay impulsará acciones para promover el empleo digno y de calidad con enfoque de género, apostando específicamente por mejorar la formación y las competencias técnicas y profesionales para favorecer la inserción laboral, especialmente de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de actividades económicas para diversificar las fuentes de empleo y generar ingresos sostenibles para poblaciones vulnerables, se promoverá el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector productivo y de servicios y, asimismo, se apoyará el desarrollo de las MIPYMES (agrarias y de servicios), apostando a la incorporación de prácticas innovadoras en el encadenamiento de valor para mejorar la productividad, la competitividad y la inserción en el mercado.

  Como elemento clave de la estrategia de mejoramiento de ingresos en el sector rural, se focalizarán acciones en el fortalecimiento de la agricultura familiar y su vinculación a cadenas de valor, apoyando a los productores rurales para que aumenten la producción y la productividad de sus cultivos de manera sostenible y mejoren su capacidad de comercialización en los mercados nacionales.

  Asimismo, en el marco del actual MAP, se fomentará el compromiso de Paraguay por el cumplimiento de las normas y obligaciones recogidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y la puesta en práctica de las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE y los Principios Rectores de NNUU sobre Empresas y DDHH de la resolución 17/4 el 16 de junio de 2011 y, de igual forma, se promoverá que los contratos que se liciten a partir de la vías de financiación contenidas en este MAP establezcan la aplicación de tales compromisos por parte de las empresas adjudicatarias de los mismos. En este sentido, se contemplará la posibilidad de requerir a las entidades que reciban financiación o apoyo oficial la adecuación de sus actuaciones a las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE y el desarrollo de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos en este marco.

• El planeta.

  Paraguay tiene una extraordinaria riqueza ambiental y diversidad biológica de importancia global. Cuenta con recursos naturales, bosques, agua, suelo fértil y una amplia biodiversidad. Esta disponibilidad de recursos naturales le otorga un enorme potencial de desarrollo sostenible. Sin embargo, uno de los mayores retos es conciliar las necesidades de crecimiento económico e industrialización con el aprovechamiento sostenible de los suelos y bosques, la diversidad biológica y la producción agropecuaria. En este sentido, se debe destacar que la actividad del sector privado y los patrones de consumo tienen un alto impacto en el medio ambiente y los ecosistemas terrestres, que al mismo tiempo son una fuente de producción agrícola muy importante para la población más vulnerable del país.

  Por ello, el gobierno paraguayo ha propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en la línea transversal de «sostenibilidad ambiental» mejorar la calidad de vida de la población en asentamientos humanos, con viviendas mejoradas, acceso universal al agua potable, a servicios básicos de saneamiento y a sistemas de gestión de residuos, con planificación y control sobre las zonas de explotación de recursos naturales, para reducir la pérdida del patrimonio natural y de la biodiversidad nativa.

  De manera alineada con las políticas públicas, la CE continuará aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y periurbanas con el objetivo de lograr el acceso universal y equitativo. Asimismo, se promoverá la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos. También, se impulsará el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles que contemplen aspectos de adaptación, mitigación y resiliencia atendiendo a los efectos del cambio climático. Por último, se continuará trabajando en apoyar la conservación del patrimonio natural paraguayo.

• La paz.

  Paraguay ha tenido importantes avances en la protección y promoción de los derechos humanos. De ahí, que el país fuera elegido por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2015-2017. Sin embargo, pese a los avances, el país sigue presentando ciertas debilidades, sobre todo en relación a las desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales. Persisten, por ejemplo, desafíos que deben superarse, en especial aquellos relacionados con la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, la trata de seres humanos y el trabajo infantil, la escasa inclusión de los colectivos excluidos (la población LGTBI, personas con discapacidad y pueblos indígenas, entre otros), la dificultad de acceso a la justicia y de asistencia jurídica, sobre todo para la población más vulnerable de las áreas rurales y periurbanas, y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

  Para enfrentar estos retos, el gobierno paraguayo ha impulsado varios mecanismos como la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que establece las prioridades y orienta las acciones de las instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos humanos en el país. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo en el eje estratégico «político-institucional» se establece el compromiso del Estado paraguayo en la protección y promoción de los derechos humanos y la mejora del sistema de justicia.

  Por todo ello, la CE de manera alineada con las prioridades del gobierno, promoverá el Estado de Derecho, favoreciendo que la población mejore su acceso a las instituciones y servicios de justicia y garantizando que los ciudadanos, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos. Asimismo, se enfocarán esfuerzos en la prevención de todas las formas de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres y niñas, así como la prevención de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

3.3 Contribución a los 16 ODS: Marco de Resultados.

Estructura del Marco de Resultados.

El Marco de Resultados (Ver Anexo 1) refleja el marco de trabajo común entre la CE y Paraguay en materia de cooperación, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el referente para el seguimiento de los resultados definidos por el conjunto de actores de la CE presentes en el país, junto con los socios paraguayos. Este marco servirá para incentivar la colaboración, la división del trabajo y la creación de alianzas estratégicas, para mejorar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas mutua.

El Marco de Resultados representa una cadena lógica de resultados con diferentes niveles: Resultados de Desarrollo (Nivel 1), definidos por el país socio a partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) y con un impacto-efecto a largo plazo. En este nivel la CE podrá contribuir de manera indirecta ya que su logro depende de muchos otros factores.

Resultados Intermedios (Nivel 2) definidos por los actores de la CE en Paraguay conjuntamente con los socios locales a partir de las Líneas de Acción de la Cooperación Española priorizadas. Suponen logros directos en base a las intervenciones del conjunto de actores de la CE. Por tanto, la programación de cada actor de la CE deberá tener como referencia su contribución a los resultados intermedios del presente MAP, en cuanto a su contenido y vigencia temporal.

El Marco de Resultados, además de reflejar los Resultados de Desarrollo y los Resultados Intermedios a los que se pretende contribuir con el Marco de Asociación País, establece también la correlación entre los instrumentos de planificación de Naciones Unidas (Agenda de Desarrollo Sostenible 2030), Paraguay (PND 2030) y España (V Plan Director de la Cooperación Española).

Correlación entre los instrumentos de planificación establecidos en el MAP

En los Resultados Intermedios (RI) aparecen reflejados los indicadores que la CE se compromete a medir periódicamente, concretándose para cada RI definido el nivel de participación de cada uno de los actores y su contribución a la medición de indicadores.

Metodología para la construcción de los Resultados Intermedios.

La definición de los Resultados Intermedios a los que la CE va a contribuir ha sido fruto de un proceso consensuado con los actores de cooperación españoles y paraguayos.

De esta forma, para construir los RI, una vez seleccionados los ODS, Metas y Líneas de Acción prioritarias, se procedió a realizar un amplio proceso participativo con talleres por cada uno de los ODS seleccionados. Se ha utilizado un formato multiactor, seleccionándose para cada taller ODS, la participación de instituciones representativas de gobierno, sociedad civil, sector privado, sector académico, organismos bilaterales y multilaterales. En el total de los talleres han participado más de 70 instituciones.

Metodológicamente, en el marco de los mencionados talleres, los actores participantes identificaron las estrategias de intervención que serían necesarias para contribuir a las Líneas de Acción priorizadas por cada ODS. Tomando como base las estrategias de intervención donde se identificaron mayores convergencias entre las instituciones participantes, se procedió a construir los Resultados Intermedios y los indicadores de medición respectivos para contribuir al cumplimiento de la Línea de Acción, Meta y ODS seleccionados.

Hay que destacar que para la construcción de los RI, también se ha tenido en cuenta los «objetivos estratégicos» de las intervenciones en activo de la CE. Asimismo, se ha utilizado como guía el documento «Directorio de resultados-tipo de la Cooperación Española» de la AECID/DGPOLDES que establece resultados e indicadores tipo por ámbito de actuación, adaptándolo a las particularidades de las actuaciones que se llevarán a cabo en Paraguay.

En total, se han establecido 22 Resultados Intermedios, con sus correspondientes indicadores que se corresponden con las 18 Líneas de Acción seleccionadas, que a su vez se vinculan con 15 Metas y 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS 2: Hambre Cero

En Paraguay, el alto índice de concentración de las tierras y la escasa tecnificación de la agricultura de pequeña escala, entre otros factores, redundan en la escasa productividad y sostenibilidad de la agricultura familiar campesina. El alcance limitado que han tenido, hasta la fecha, las políticas públicas de desarrollo rural no han facilitado adecuadamente el acceso de las familias campesinas a recursos y servicios, haciendo que sus actividades productivas resulten poco competitivas en las condiciones actuales del mercado. Una de las consecuencias de esta situación es el paulatino pero incesante desplazamiento de la población campesina, sobre todo de los/as jóvenes, a las periferias de las ciudades, donde a menudo terminan alimentando el círculo de la pobreza y la exclusión.

Un importante avance que ha tenido el país para paliar esta situación ha sido la recién aprobada Ley de Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina (mayo 2019), que vincula la reactivación productiva de la agricultura familiar con el combate a la inseguridad alimentaria en las áreas rurales, donde se registra la mayor prevalencia de población subalimentada (según datos de la FAO, en 2018 el 11% de la población paraguaya está subalimentada). Otro hito relevante previsto en la Ley es la creación de un Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, que representa una oportunidad para reforzar las políticas públicas en el ámbito, canalizando recursos técnicos y financieros de forma más eficaz.

Dentro del ODS 2, el trabajo de la CE se concentrará en contribuir a la siguiente Meta y Línea de Acción:

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala.

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y la productividad de sus explotaciones agrarias.

Las acciones en esta línea estarán enfocadas en que los productores rurales mejoren la capacidad de producción, transformación y comercialización de manera sostenible con un enfoque de cadenas de valor, es decir, concentrando esfuerzos en la producción misma, así como en la generación de valor agregado a lo largo de todo el proceso productivo, hasta la comercialización con el consumidor final.

Para ello, a través de las intervenciones se promoverán el aumento y la diversificación de la producción de alimentos variados, nutritivos y sanos, tanto para el consumo de las familias campesinas como para la producción de excedentes para la venta. También, se facilitarán canales de acceso a productos y servicios técnicos (tales como programas de asistencia técnica y tecnología apropiada) y servicios financieros (líneas de crédito). Se ha de especificar que las tecnologías y prácticas agrícolas que se promuevan en el marco de las intervenciones serán respetuosas con el medio ambiente y fomentarán la adaptación de la producción al cambio climático.

Asimismo, se incentivará la constitución y/o el fortalecimiento del asociativismo entre productores (organizaciones de productores y cooperativas), desde la producción hasta la comercialización, fomentando la generación de valor añadido en todo el proceso. Concretamente, para promover y mejorar los procesos de comercialización se impulsarán iniciativas como por ejemplo, la participación en ferias comerciales, la constitución de redes de comercialización, el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para facilitar la venta de la producción, etc.

En esta línea, se fomentará la inclusión productiva en condiciones de igualdad para todos los grupos meta (especialmente para las mujeres y los jóvenes), la formalidad laboral y el trabajo decente.

Cabe mencionar que se llevarán a cabo acciones de mejora de la infraestructura vial con la rehabilitación de caminos vecinales, lo que abrirá nuevas oportunidades de comercialización y mejorará la conexión de los productores con los mercados, especialmente en las áreas rurales.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en esta línea de acción se impulsarán fundamentalmente a través de Subvenciones a ONGD en las diferentes convocatorias de las administraciones públicas. También se podrá contar con cooperación reembolsable para apoyar iniciativas de mejora de la infraestructura productiva. Asimismo, se puede contemplar en esta línea, acciones de cooperación técnica, aprovechando las sinergias en relación con el sistema institucional y socioeconómico de España (intercambio de conocimientos y experiencias, transferencia de tecnología, vinculación entre empresas, entre otras).

ODS 3: Salud y Bienestar

En el ámbito de la salud existe déficits importantes tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios, especialmente en las redes integradas de salud compuestas por los servicios de atención primaria integrados con los hospitales de referencia.

Estas deficiencias son particularmente llamativas es en el área de la Salud Sexual y Reproductiva. A pesar de que el país ha realizado avances importantes para la reducción de la mortalidad materno-infantil, sin embargo, sigue estando entre los países con las cifras más elevadas en Latinoamérica. Concretamente, la mortalidad materna, a un nivel de 100 muertes por 100.000 nacidos, es más del doble que el promedio en los países del Cono Sur. De manera similar, la tasa de mortalidad infantil, de 16,4 muertes por 1.000 nacidos vivos (18) sigue siendo significativamente superior al promedio de esta región. Las altas disparidades regionales hacen que esta tasa sea un 50% superior en las áreas con mayor pobreza. También, sobresalen las elevadas cifras de embarazo adolescente, que tienden al aumento año tras año. A la vez, los índices de mortalidad por cáncer de útero y mama son de los más elevados de la región, debido al alcance limitado de los programas de prevención.

Las situaciones descritas son consecuencia de la escasa cobertura y eficacia de los servicios sanitarios, cuya capacidad se ve mermada por un alto nivel de centralización, la alta fragmentación del sistema de salud pública y una gestión sanitaria poco eficiente.

Ante estas problemáticas, el trabajo de la CE se enfocará en una Meta y dos Líneas de Acción:

Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud.

En este ámbito, la CE brindará esfuerzos y recursos para que el sistema público de atención primaria en salud (APS), y la red integrada que conforma con los hospitales y el sistema de referencia mejore, en calidad y eficiencia, el servicio de atención integral, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, entre otros). Las intervenciones se centrarán principalmente en los territorios priorizados de forma consensuada con la autoridad pública competente, aunque también se podrán desarrollar acciones para tal efecto en el nivel central.

Para ello, se implementarán programas de fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para ofrecer una adecuada atención médica, y de los gestores sanitarios para mejorar la gerencia de los servicios de salud. Análogamente, se prestará asistencia técnica para la definición e implementación de protocolos para la mejora de la atención médica y la gestión sanitaria, especialmente para los usuarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

También, se contribuirá a mejorar la gestión de la información y la generación de evidencias para la toma de decisiones, a través del apoyo para la puesta en marcha de un sistema de información sanitaria que unifique estadísticas sanitarias y registros administrativos, de forma interoperable con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

Finalmente, se acompañarán los procesos paulatinos de descentralización de los servicios sanitarios, propiciando la delegación de competencias en la toma de decisiones – con los recursos necesarios – del nivel central a los niveles locales (regiones sanitarias departamentales y municipios).

Se debe destacar que la Red EAMI, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), mantendrá la actual cooperación activa con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) de Paraguay, lo que permitirá incrementar la calidad, la eficiencia y el impacto en el sector de los medicamentos y dispositivos médicos.

L.A.3.8.B. Reforzar la salud sexual y reproductiva.

En este contexto, la CE plantea dar continuidad a las acciones que se han venido desarrollando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, desde el año 2014, en el marco de los programas de salud sexual y reproductiva (SSR) y, especialmente, del Programa para la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal en los Servicios Públicos de Salud y del Programa Nacional para la Prevención de los Cánceres de Cuello Uterino y Mama (PNPCACUM).

Por un lado, se impulsará la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados, con particular atención a los adolescentes y a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. En este sentido, será importante garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de planificación familiar, por medio de la puesta en marcha de consultorios amigables para los adolescentes, que brinden servicios integrales de información, asistencia sanitaria y psicológica en el área de la salud sexual y reproductiva.

Por el otro lado, se mejorarán el acceso a – y la calidad de – los mecanismos públicos de salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino y de mama en el país. En este ámbito, tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID con la ONGD «Fundación Religiosos para la Salud – FRS», firmado a finales de 2018.

En esta línea, también se contribuirá a que las mujeres estén mejor atendidas durante el embarazo, parto y puerperio para prevenir la mortalidad materna e infantil. Se focalizarán esfuerzos en la formación de personal sanitario en atención prenatal y neonatal, con énfasis en la mejora de la capacidad de respuesta en caso de emergencias obstétricas. Otro aspecto de especial atención, serán las acciones de sensibilización a las mujeres para que cumplan con los controles prenatales pautados durante el embarazo.

De esta forma, se contribuirá al aumento de acceso y calidad de los servicios nacionales de salud a través del fortalecimiento de las redes integradas, con especial énfasis en el sistema de referencia y contrareferencia; cuidados primarios y cuidados quirúrgicos y especializados esenciales que se proveen en los hospitales de referencia, imprescindibles para reducir la mortalidad materna e infantil.

Instrumentos de cooperación:

Ambas líneas de acción se abordarán principalmente desde la cooperación bilateral de la AECID. Asimismo, a través de la cooperación técnica, el sistema público de salud español y la cooperación descentralizada pueden ofrecer importantes asistencias técnicas en este campo.

También, las ONGD podrán participar en acciones en este sector a través de las diferentes convocatorias de subvenciones de las diferentes administraciones públicas españolas.

ODS 4: Educación de calidad

Paraguay presenta un alto índice de subempleo e informalidad laboral (alrededor del 65% de la población ocupada total, que llega a sobrepasar el 80% en las áreas rurales). En este contexto, la fragilidad del sistema educativo y de formación profesional, junto a ciertas deficiencias en la calidad del mismo, frenan la profesionalización de la fuerza laboral, con evidentes implicaciones en las perspectivas de empleabilidad, el índice de desempleo y el nivel de formalización de la economía.

Ante este escenario, se hace necesario apostar por la reforma del sistema de formación profesional, mejorando su orientación a la profesionalización y orientándolo al incremento de la empleabilidad y el emprendimiento formalizado. Cabe mencionar que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entidad nacional rectora en este sector, está realizando esfuerzos significativos para la modernización del sistema de formación profesional, a través de políticas activas de empleo, el fomento del emprendimiento y el pilotaje de experiencias de formación profesional dual.

En este ámbito, la Cooperación Española ha focalizado su trabajo en el Programa de Escuelas Taller que, desde el año 1992, ha impulsado la creación de cinco escuelas (Asunción, Encarnación, Concepción, San Pedro Ycuamandiyú y San Juan Bautista) orientadas a la formación técnica y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para favorecer su inserción socio-laboral, centrándose principalmente en oficios relacionados con la rehabilitación del patrimonio y, más recientemente, en oficios relacionados con el sector de hostelería y con gestión de agua y saneamiento.

Análogamente, en el ámbito del ODS 4, la CE en Paraguay ha promovido activamente la cultura como motor de transformación social en pos del desarrollo, desarrollando un amplio y diversificado programa cultural a través del CCEJS.

En este objetivo se enfocarán esfuerzos en dos Metas y dos Líneas de Acción:

Meta 4.4. Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad.

En esta línea de acción, se actuará para que los grupos en situación de vulnerabilidad (especialmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad) puedan acceder a oportunidades de formación profesional que proporcionen competencias técnicas orientadas a la empleabilidad y el emprendimiento.

Para ello, se promoverá la mejora de la formación profesional en educación técnica, que proporcione a las personas provenientes de entornos vulnerables las competencias adecuadas para favorecer su inserción laboral en condiciones decentes. Esto podrá incluir la formación de formadores, la mejora de las currículas y de los marcos de cualificaciones y competencias profesionales, y la dotación de equipamiento didáctico, especialmente en el seno de las Escuelas Taller.

Asimismo, se focalizarán esfuerzos para mejorar la sostenibilidad institucional de las Escuelas Taller impulsando la transferencia e integración de este programa dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Ciencia, Gobernaciones y Municipalidades, fomentando de esta forma la apropiación del programa en el sistema nacional de formación profesional. Con ello, se pretende institucionalizar un Programa Nacional de Escuelas Taller en Paraguay que permita apoyar y replicar el modelo de formación técnica y profesional en nuevas Escuelas que se pongan en marcha.

Cabe resaltar que los esfuerzos que realice la CE, se enfocarán principalmente en mejorar la accesibilidad de los servicios de formación profesional para los grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En este sentido, las intervenciones serán orientadas a la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas procedentes de las áreas rurales, para favorecer su acceso a un empleo digno.

Para fortalecer la vinculación entre la formación laboral y el acceso al empleo se promoverá el establecimiento de convenios que incluyan programas de prácticas en empresas, como corolario y complemento de la formación teórica. Para ello, se fomentará el involucramiento de empresas, fundaciones empresariales y, en general, con las áreas de responsabilidad social corporativa de entidades del sector privado, en función de la puesta en marcha de experiencias de APPD (alianzas público-privadas para el desarrollo).

En este ámbito tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID con la ONGD Plan Internacional, firmado a finales de 2018, para mejorar el acceso a la formación profesional y al empleo digno mediante enfoque inclusivo y diferencial.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se abordará principalmente desde la cooperación bilateral de la AECID, la cooperación técnica y el Programa de Escuelas Taller. Asimismo, se podrá intervenir en este sector a través de las subvenciones a ONGD de las diferentes convocatorias abiertas y promoviendo alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 4.7. Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes.

L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas.

A través de las actividades desarrolladas por el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Paraguay, la CE contribuirá a que la población tenga acceso a actividades culturales y formativas inclusivas, con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural. Esto parte del supuesto que la mejora de la oferta cultural del país podrá favorecer el respeto a la diversidad, el desarrollo de las capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la cultura de paz.

Para ello, por un lado se prevé seguir alimentando una programación diversificada de iniciativas culturales con componentes de innovación cultural, interculturalidad y/o de inclusión social; y por el otro, actuar para mejorar la formación del personal (de entidades públicas y privadas) que se dedica a la gestión cultural para que se pueda mejorar la difusión de la cultura en el país.

De esta forma, se espera que un número cada vez mayor de personas pueda acceder a la oferta cultural promovida tanto por el CCEJS como por otros espacios y contribuir a generar un entorno social favorable para el desarrollo sostenible e inclusivo.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se abordará principalmente desde los instrumentos del CCEJS de la AECID, en los que destaca el programa ACERCA, orientado a la formación de actores y gestores culturales de instituciones públicas y privadas, para contribuir a la mejora de la oferta cultural. También, en esta línea se podrán promover alianzas público-privadas para el desarrollo.

ODS 5: Igualdad de género

En lo que se refiere al ámbito de la igualdad y empoderamiento de las mujeres, Paraguay enfrenta importantes desigualdades de género, siendo las brechas generalmente mayores en el ámbito rural. Aunque el IV Plan Nacional de Igualdad 2018-2024 ofrece un marco legal adecuado para impulsar las acciones en el ámbito de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, sin embargo, aún queda un largo camino para garantizar la plena incorporación de la igualdad de género en la agenda política y en la sociedad.

Un aspecto a destacar es que Paraguay es uno de los países en Latinoamérica con menor representación de mujeres, con sólo 16,8% de mujeres presentes en los espacios de representación en el último periodo parlamentario. Son varias las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito de la participación política, resultando de alguna manera relegadas de los espacios de toma de decisiones.

Otro aspecto alarmante se refiere a los altos niveles de violencia contra las mujeres por razones de género, con las consecuentes altas tasas de feminicidio que enfrenta el país. Con la promulgación de la Ley No. 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, se han puesto de manifiesto los esfuerzos nacionales para dotarse de un marco legal de protección a las mujeres y para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la vida. Sin embargo, hasta el momento actual, la ley no cuenta con planes operativos definidos y carece de un marco programático y presupuestario claro que favorezca su operativización.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, se enfocarán esfuerzos en dos Metas y tres Líneas de Acción:

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.

Las intervenciones en este ámbito estarán orientadas esencialmente a dos propósitos. En primer lugar, el fomento de un marco legal, institucional y operativo más efectivo en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (VVG), para lo cual la CE se focalizará en fortalecer las capacidades de las instituciones públicas que tienen obligaciones en materia de prevención, incluidos los gobiernos departamentales y locales, a través de asistencia técnica para la elaboración y puesta en marcha de estrategias y/o planes de prevención y erradicación de la VG; el diseño e implementación de protocolos de atención integral y protección a VVG; y la mejora de la detección y derivación de casos de VVG a las instancias correspondientes para ofrecer una atención integral.

En segundo lugar, la CE se centrará en habilitar el acceso a mejores servicios de atención integral para las mujeres VVG. Para ello, se actuará directamente con el sector público, activando servicios de información y atención integral y fortaleciendo las capacidades de los funcionarios competentes en atención a víctimas de violencia de género y en la aplicación de procedimientos probatorios. También, se llevarán a cabo intervenciones con la sociedad civil, reforzando la estructura institucional y las capacidades de las organizaciones e instancias (asociaciones, redes, OSC, ONG, etc.) dedicadas a la prevención y atención de las VVG. Todo esto, en el entendido de que la mejora de los procedimientos de atención psicosocial, metodologías y técnicas forenses aplicables a la investigación de violencia de género podrá contribuir de forma significativa a la disminución de la impunidad y el establecimiento de una hoja de ruta que garantice el acceso a la justicia y el resarcimiento de las víctimas.

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.

En esta línea de acción, desde la CE se impulsará la integración efectiva de la perspectiva de género en dos niveles: por un lado, en las instancias responsables de la implementación de políticas públicas y por el otro, en la sociedad civil y sus organizaciones.

En relación al primer nivel, se brindará asistencia técnica a las entidades públicas receptoras de las intervenciones para que incorporen planes y políticas de fomento de la igualdad de género, con financiación a cargo de los presupuestos públicos. Este esfuerzo será dirigido principalmente a las instancias del poder ejecutivo, tanto del nivel central como del nivel descentralizado (gobiernos departamentales y municipales), en zonas geográficas priorizadas conjuntamente con el gobierno nacional.

En relación al nivel de la sociedad civil, se llevarán a cabo acciones de fortalecimiento general a las organizaciones de mujeres, para que consoliden sus capacidades de defensa de los derechos humanos y contribuyan a un marco de mayor exigibilidad jurídica. En este ámbito, se podrá apoyar a las organizaciones para que elaboren, consensuen y presenten propuestas e iniciativas en materia de protección y exigibilidad de los derechos, desde una perspectiva de corresponsabilidad en las dinámicas del desarrollo. También, será posible realizar programas y acciones educativas y de sensibilización en distintos espacios de la sociedad, al respecto de los diferentes tipos de discriminación que afectan a las mujeres y las implicaciones que ellas conllevan para el conjunto de la sociedad paraguaya.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones de la vida pública.

Coherentemente con las intervenciones y los objetivos descritos en la línea anterior (5.5.A), en esta línea de acción se desarrollarán iniciativas dirigidas a reforzar a las mujeres y sus organizaciones en términos de liderazgo, representación y participación en los espacios de toma de decisiones y en la vida pública. Para ello, se apoyarán acciones de sensibilización, incidencia y formación que permitan a las mujeres desarrollar su liderazgo individual y colectivo.

Asimismo, se promoverán acciones específicas para que las instituciones públicas, las organizaciones sociales y políticas del país implementan medidas dirigidas al fomento de la paridad de género en sus órganos de gobierno.

Garantizar el aumento del liderazgo, el empoderamiento y la participación de las mujeres en la vida social y política es fundamental para mejorar la igualdad en el país.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en las tres líneas de acción se implementarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, subvenciones a ONGD, Cooperación Delegada de la Unión Europea, así como a través de diferentes programas impulsados por el Centro Cultural de España Juan de Salazar de la AECID. En este ODS también se podrán considerar las becas de formación MAEUC-AECID.

Asimismo, a través de la cooperación técnica, el Ministerio de Justicia puede ofrecer asistencias técnicas a través de la experiencia y los expertos de las oficinas de atención a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Pese al crecimiento sostenido de los últimos años, aún persisten en Paraguay importantes brechas para alcanzar la cobertura total de agua potable y saneamiento digno. Según el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (2018), el 78% de los hogares en Paraguay tiene acceso agua limpia mientras que el 83% cuenta con infraestructura de saneamiento mejorado, sólo el 11% tiene acceso a servicios de alcantarillado sanitario y tan sólo el 2% de las aguas cloacales son tratadas.

Existe una importante cantidad de la población paraguaya que aún bebe agua extraída de pozos, aguas superficiales e incluso agua de lluvia sin ninguna garantía acerca de su calidad. El déficit de agua y saneamiento afecta principalmente a las poblaciones en situación de pobreza, las comunidades dispersas, los asentamientos y a los pueblos indígenas en las zonas marginales periurbanas y en las áreas rurales.

Paraguay cuenta con una red hidrográfica muy importante y extensa en todo su territorio. La Ley 3239/07 de Recursos Hídricos aporta el marco legal de regulación del sector con el objetivo de que se consolide una gestión integral adecuada del agua para que se convierta en un recurso social, económico y ambientalmente sustentable. Ante el progresivo degrado que están sufriendo los recursos hídricos, es urgente la ejecución efectiva de esta ley, para lo que se deben encaminar esfuerzos de manera más directa para mejorar la conservación y mantenimiento de este rico patrimonio natural que adecuadamente gestionado puede generar importantes beneficios ambientales y económicos al país.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, la CE se compromete a contribuir a las siguientes metas:

• Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable.
• Meta 6.2. Lograr el acceso equitativo a servicios básicos de saneamiento e higiene.

En el marco de estas dos Metas se trabajará con la siguientes dos Líneas de Acción del V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021:

• L.A 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable.
• L.A 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento.

El Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española cuenta con presencia en el país desde 2009 con proyectos encaminados a ampliar el acceso a agua y saneamiento, fundamentalmente en el área rural. El Banco Interamericano de Desarrollo-BID- es el socio estratégico para la ejecución de los proyectos. Las intervenciones se complementan con créditos del FONPRODE de la AECID. En total, se han construido más de 226 sistemas en comunidades rurales y 40 sistemas en comunidades indígenas.

En el marco de este MAP, a través de fondos del FCAS y FONPRODE, se continuará la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura en agua y saneamiento en área rural y periurbana, con perspectiva de género y enfoque de derechos, a través de la construcción de infraestructuras de calidad y adaptadas a las condiciones de los territorios.

Asimismo, se velará por el adecuado funcionamiento, calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento creados. Para ello, se capacitará en operación y mantenimiento a los miembros de las Juntas de Saneamiento constituidas en las comunidades para asegurar la sostenibilidad de los sistemas establecidos; y se seguirán fortaleciendo o creando nuevas Juntas de Saneamiento para la gestión y administración de los sistemas construidos, velando por la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en agua y saneamiento se realizarán fundamentalmente a través del Fondo de Agua y Saneamiento (FCAS) y con créditos de FONPRODE en consorcio con el BID como socio estratégico para la ejecución. También en esta línea se pueden contemplar la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea y las alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hídricos.

L.A 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos.

En esta línea, se promoverá la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos con un enfoque de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) que tenga en cuenta los intereses ambientales, sociales y económicos, en una perspectiva multinivel.

Para ello, se desarrollarán procesos de formación en GIRH y gestión medioambiental, dirigida al personal técnico y político de los gobiernos locales e instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos y, también, se capacitará y sensibilizará a la sociedad civil en el uso responsable del agua y en la adopción de prácticas de protección del medio ambiente.

En este ámbito, también se plantea la elaboración de un plan de manejo de la cuenca hidrográfica del río Pilcomayo y la puesta en marcha de sistemas de monitoreo que brinden datos y evidencias sobre el estado de los recursos hídricos para la priorización de acciones de preservación.

Concretamente, en este sector cabe destacar que, a finales de 2018, se ha aprobado un proyecto en Paraguay financiado a través de la convocatoria de acciones de innovación de la AECID, que tiene por objetivo establecer un sistema de monitoreo de la situación hídrica del lago Ypacaraí (Departamento Central), orientado a la toma de decisiones oportunas para la preservación del lago por parte de los actores políticos locales y las autoridades de los municipios de la cuenca del lago.

Instrumentos de cooperación:

Las intervenciones en esta línea de acción se desarrollarán fundamentalmente a través de Subvenciones a ONGD cooperación técnica y Cooperación Interuniversitaria. También, se promoverán en esta línea alianzas público-privadas para el desarrollo y la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Uno de los retos relevantes que enfrenta el país en el ámbito del desarrollo económico es la escasa diversificación de la matriz productiva, lo cual repercute en una capacidad limitada de generar oportunidades laborales formales y empleos decentes (sobre todo en las zonas rurales) e implica un importante coste de oportunidad en la creación y retención de valor en las cadenas productivas.

De ahí que el tejido productivo en Paraguay se caracterice por un porcentaje muy relevante de micro y pequeñas empresas escasamente profesionalizadas, con bajo desarrollo en innovación y con insuficientes rendimientos. Una de las principales barreras que dificulta la puesta en marcha de emprendimientos y la innovación en las microempresas es el bajo acceso a capital inicial, que podría darse a través de fondos semillas, rotatorios o créditos; así como la inclusión financiera apenas incipiente de la población vulnerable.

En este sentido, cabe mencionar que el nuevo Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE), inaugurado en 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al igual que el Viceministerio de MIPYMES dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están poniendo a disposición un número creciente de productos y servicios para impulsar el ecosistema emprendedor y crear un entorno favorable al desarrollo de las actividades económicas.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, la CE enfocará sus esfuerzos en la siguiente Meta y Línea de Acción:

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas.

En esta línea de acción, se promoverá el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector tanto productivo como de servicios, dirigidos a la diversificación de la actividades económicas y a la generación de ingresos, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros) y con particular atención en el área rural.

Para ello, se impulsará la puesta en marcha de emprendimientos formalizados por iniciativa de personas provenientes de entornos vulnerables para favorecer su inclusión productiva. Para impulsar el desarrollo y consolidación de los emprendimientos, se mejorará el acceso a los productos crediticios existentes y se propiciará la creación de nuevos productos financieros que faciliten el flujo de capitales para las personas que están emprendiendo actividades económicas. Para favorecer la viabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos económicos, se propiciarán alianzas con el Centro de Entrenamiento del Emprendedor y el sistema nacional de formación profesional del MTESS.

También, se buscará estimular la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) de producción y servicios, así como su inserción en el mercado, para que, a través de la innovación y la incorporación de tecnología en el encadenamiento de valor, aumenten su productividad y rentabilidad, especialmente en el área rural. Asimismo, se fortalecerá el acceso de las MIPYMES a programas de créditos en condiciones flexibles para impulsar el desarrollo de su actividad empresarial.

En este sentido, será especialmente importante alentar una mayor cohesión y acercamiento entre el sector público y sector privado, especialmente mejorando la disponibilidad y el acceso para los grupos en situación de vulnerabilidad a productos y servicios públicos (asistencia técnica, procesos de formalización, simplificación y desburocratización, entre otros) ofertados por el MTESS y el Viceministerio de MIPYMES del MIC, como instancia articuladora de las instituciones y organizaciones encargadas de la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el sector servicios, se promoverán especialmente las iniciativas económicas dirigidas a impulsar actividades en el sector turísitico, como motor de crecimiento socioeconómico y fuente importante para promover el empleo, la innovación y el desarrollo sostenible e inclusivo.

Se hará especial énfasis en promover los emprendimientos y MIPYMES lideradas por mujeres, especialmente jefas de hogares en situación de pobreza.

En este ámbito, tendrá especial relevancia el Convenio de la AECID firmado a finales de 2018 con la organización Plan Internacional, cuyo objetivo principal es mejorar las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de jóvenes rurales.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación técnica y Subvenciones a ONGD. También se contará con cooperación reembolsable del FONPRODE de la AECID, que tiene como uno de sus fines el apoyo a programas de microfinanzas y al tejido productivo social. En esta línea de acción se promoverán especialmente las alianzas con el sector privado, tratando de impulsar como instrumento las alianzas público-privadas para el desarrollo.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

En lo que respecta al desarrollo territorial, Paraguay está viviendo un proceso de concentración urbana significativa y de deterioro ambiental, en el contexto de altos niveles de desequilibrio en la distribución de bienes y recursos.

Concretamente, el diagnóstico territorial de Paraguay muestra algunos elementos clave que han definido la organización territorial del país, tales como: las formas históricas de valorización del territorio, con el avance y conquista escasamente ordenada de los espacios vacíos; el progreso geopolítico y económico de los países vecinos; el modelo productivo agropecuario con un alto porcentaje de concentración de la propiedad de la tierra en las manos de una minoría; y, finalmente, las fragilidades en la gestión del territorio desde el sector público.

Como resultado de la combinación de todos estos elementos, actualmente el mapa del Paraguay muestra un territorio polarizado, fenómeno que se consolida año a año, debido a la concentración de población en algunos lugares, especialmente en el área metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, y al despoblamiento (con la consecuente reducción de oportunidades) en las áreas rurales remotas, con bajos niveles de conectividad o con baja capacidad de poner en valor sus recursos.

El proceso de urbanización y la consecuente presión demográfica y social que éste conlleva sobre las áreas urbanas pueden considerarse, en buena medida, una consecuencia de las debilidades de planificación territorial y de las lagunas normativas y regulatorias en el ámbito. Estos factores dificultan, a su vez, la lucha contra la informalidad, la gobernabilidad urbana y el acceso continuado a los servicios públicos.

Este contexto afecta también al patrimonio histórico y cultural que va deteriorándose paulatinamente y sólo en mínima parte se rescata para fines culturales y comerciales.

Por otra parte, se ha de resaltar que, desde hace algunos años, las autoridades nacionales han venido impulsando un esfuerzo positivo para la mejora de la planificación territorial, exigiendo la preparación de planes de desarrollo locales (distritales, departamentales, etc.) como requisito fundamental para la puesta en marcha de políticas públicas y la movilización de recursos presupuestarios. No obstante, dichos planes carecen a menudo de la calidad y pertinencia necesarias y, además, no siempre responden adecuadamente a las necesidades del conjunto de la población, debido a que los mecanismos de consulta se implementan de forma aleatoria y contando con una participación escasamente representativa del conjunto de la sociedad local.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, desde la CE se enfocarán esfuerzos en dos Metas y dos Líneas de Acción:

Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible.

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado.

Ante el escenario descrito, la cooperación española brindará recursos técnicos y financieros para que la planificación y la gestión del desarrollo territorial, tanto urbano como rural, se lleve a cabo incorporando mecanismos de participación, integración y sostenibilidad. Para lograrlo, se apoyará a las instituciones y actores clave en favor de una gobernanza territorial que incorpore a la sociedad civil y sea inclusiva con grupos en situación de vulnerabilidad, reforzando la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados.

Concretamente, se podrá ayudar a las instancias públicas competentes – principalmente los gobiernos municipales y departamentales – en la elaboración y/o actualización de los planes de desarrollo territorial (distritales, departamentales y/o sectoriales), asegurando que el proceso se lleve a cabo de forma participativa entre gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y otros, en una visión de corresponsabilidad en el desarrollo. Asimismo, la CE podrá ayudar a velar por la incorporación de una perspectiva de inclusión y sostenibilidad en dichos planes. Esto podrá reflejarse, por ejemplo, en las infraestructuras y espacios públicos que se construyan o adecúen a los criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Con el objetivo de que en la gestión del territorio se incorpore a la ciudadanía, se apoyarán acciones y se impulsarán espacios para fomentar la participación de la sociedad civil en la gobernanza territorial, principalmente promovidas desde el Centro Cultural Español Juan de Salazar.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral, cooperación técnica y subvenciones a ONGD. También, se podrán impulsar la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea. Asimismo, se podrá contar con cooperación reembolsable del FONPRODE de la AECID y alianzas público-privadas para el desarrollo.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

L.A.11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

La CE actuará para que la recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico y cultural favorezca el desarrollo económico local y la inclusión social teniendo en cuenta los efectos positivos tanto directos como indirectos que genera el incremento de flujos turísticos.

Para ello, se trabajará por conservar el valor intrínseco del patrimonio histórico y cultural de manera integral con intervenciones de recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio considerando además la creación de empleo, formación profesional, turismo y regeneración de espacios urbanos y rurales. Asimismo, se procederá a la transferencia de conocimientos y mejora de capacidades del personal funcionarial asignado a la gestión y conservación del patrimonio cultural e histórico. También, se focalizarán esfuerzos en la mejora de la accesibilidad de los conjuntos patrimoniales, sobre todo para las personas con discapacidad.

Para la salvaguardia del patrimonio, se buscará positivamente crear y formalizar alianzas estratégicas entre diversos actores y sectores, en una perspectiva de corresponsabilidad y utilizando herramientas como las alianzas público-privadas para el desarrollo.

Instrumentos de cooperación:

Este tipo de intervenciones se realizarán fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación reembolsable y cooperación técnica. Para ello, se podrá contar -entre otros-con la asistencia técnica del Ministerio de Fomento de España.

También, destaca en esta línea el programa ACERCA de la CE que tiene entre sus componentes el apoyo a la gestión sostenible del patrimonio cultural y natural.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Paraguay es considerado un país de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres y niños/as víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En este campo, son notorios los esfuerzos del gobierno para resolver este problema mediante la creación de una Unidad Especializada de Trata de las personas y el nombramiento de una fiscalía específica para este tema, que goza de reconocimiento internacional. En 2013, se adoptó una Ley Integral de Trata de personas que tiene por objetivo prevenir y sancionar este delito, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En este contexto, para poder implementar el marco legal vigente y que las instituciones puedan actuar eficientemente se deben fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional.

El sistema judicial de Paraguay se enfrenta a varios problemas para cumplir su objetivo de administrar justicia de forma puntual, transparente e imparcial, por ejemplo, el país tiene un número de jueces relativamente bajo –únicamente 8 por cada 100 000 habitantes (19) . Asimismo, deben ser superadas algunas barreras de acceso de a la justicia, como, por ejemplo, barreras geográficas (proximidad), económicas o culturales. A pesar de los recientes esfuerzos por facilitar el acceso a la justicia, el sistema aún se percibe como distante y receptivo únicamente a las necesidades de unos pocos privilegiados (OCDE, 2018).

En lo que se refiere a los procesos de gestión eficiente y transparencia de las instituciones públicas, en los últimos años, se han llevado a cabo importantes avances, como la adopción de la primera ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Sin embargo, desarrollar un gobierno más abierto, transparente, capaz de rendir cuentas y participativo, con el fin de garantizar que las políticas reflejen de forma adecuada las necesidades de la población, sigue siendo un importante desafío a los que se enfrenta el país.

El desafío de la gestión transparente y basada en resultados se encuentra actualmente como una de las prioridades políticas en la agenda nacional. De cara a ello, uno de los graves déficits del país es que en la mayoría de sectores la información es heterogénea y desactualizada, siendo difícil contar con datos fehacientes y evidencias para sustentar y fundamentar el diseño y monitoreo de programas y políticas públicas. Por ello, otro reto que el país está enfrentando es la consolidación de la cultura estadística, para que las autoridades nacionales electas y los equipos técnicos puedan contar con información oportuna para la correcta toma de decisiones.

Para contribuir a mejorar las situaciones descritas, se enfocarán esfuerzos en tres Metas y cuatro Líneas de Acción:

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia.

L.A. 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de seres humanos.

En este ámbito, se promoverá que las instituciones responsables de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mejoren sus capacidades para prevenir y dar una respuesta integral y eficaz a las víctimas de trata de seres humanos.

Para ello, se podrá actuar principalmente en tres niveles. En primer lugar, la puesta en marcha de nuevos servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de trata. En segundo lugar, la mejora de capacidades del personal funcionarial de las institucionales nacionales responsables de la lucha contra la trata de personas. Y finalmente, el establecimiento de espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional para abordar los problemas de la trata de seres humanos de una forma integral y más eficaz.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se articulará fundamentalmente a través de cooperación bilateral de la AECID y la cooperación técnica con expertos de instituciones de la región (cooperación triangular). Destaca el papel que puede desempeñar la cooperación técnica española. Específicamente, el Ministerio de Justicia cuenta con una amplia experiencia y expertos en instrumentos legales para la protección y asistencia de víctimas de trata de seres humanos.

Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia.

L.A. 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los derechos humanos.

En esta línea de acción, la CE se concentrará en la mejora del acceso a las instituciones y/o servicios de justicia, especialmente para la población de las áreas rurales y periurbanas.

Para ello, por un lado, se apoyará la puesta en marcha de nuevos servicios de justicia a nivel comunitario. Por el otro, se apoyará a las autoridades competentes de los gobiernos locales y departamentales para la ampliación de la prestación de servicios de acceso a la justicia, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la negociación y la mediación, que sirvan para garantizar una respuesta oportuna a las demandas legales de los ciudadanos.

Asimismo, en esta línea se apoyará específicamente la implementación de la Mediación Penal Juvenil como una herramienta de la Justicia Restaurativa en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes infractores evitando de esta forma las penas privativas de libertad.

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos.

La CE trabajará para que la población paraguaya, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, con particular atención a las mujeres, personas con discapacidad e indígenas, mejoren sus conocimientos sobre el ejercicio y exigibilidad de sus derechos legales, desde una perspectiva de corresponsabilidad de titulares de derechos y de obligaciones para la consolidación del Estado de Derecho.

En este componente, se realizarán intervenciones conjuntas con las instituciones públicas, para que incorporen un enfoque de derechos humanos en sus planes estratégicos; así como acciones dirigidas a la población paraguaya en su conjunto, tales como acciones de educación y campañas de información y sensibilización, en aras de generar un entorno favorable para el ejercicio pleno de la ciudadanía y una cultura de paz

Instrumentos de cooperación:

En esta meta y sus respectivas dos líneas de acción se trabajará tanto desde la cooperación bilateral como las subvenciones a ONGD y la cooperación técnica, propiciando los intercambios con expertos de instituciones españolas, especialmente del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y de la región (cooperación triangular).

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

En esta línea, se contribuirá a que las instituciones públicas, tanto a nivel central como regional (departamental y municipal), mejoren sus capacidades para planificar y ejecutar los recursos públicos de manera eficiente y en función de resultados, ofreciendo servicios públicos de calidad y rindiendo cuentas.

La asistencia brindada por la cooperación en este sector podrá contemplar el apoyo a las instituciones nacionales, centrales y descentralizadas, para la elaboración de planes estratégicos y operativos, con los respectivos presupuestos, orientados a resultados, mejorando la trazabilidad de las inversiones y su vinculación con productos concretos e impactos medibles. Para ello, también será pertinente impulsar el diseño y puesta en marcha de sistemas de monitoreo y seguimiento para los programas y políticas públicas, vinculados al sistema estadístico nacional, para que puedan brindar información relevante y evidencias de cara a la toma de decisiones.

En esta misma línea, por tanto, también resultará pertinente enfocar los esfuerzos de la cooperación en el acompañamiento del proceso – actualmente incipiente – de reforma y modernización del sistema estadístico nacional, para que el futuro Instituto Nacional de Estadística tenga la capacidad de vincular y procesar de manera interoperable los registros administrativos de las distintas instituciones públicas a nivel nacional y local. Asimismo, la CE realizará esfuerzos para que los indicadores de los planes de políticas sectoriales sean formulados de forma armonizada con los indicadores de la Agenda 2030, de manera a facilitar el trabajo de monitoreo y reporte del país en el marco de los mecanismos de informes voluntarios en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las NNUU.

Adicionalmente a lo mencionado, la CE entiende que el funcionamiento eficiente de los sistemas de gestión del sector público depende también, en buena medida, del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. De ahí que se promoverán iniciativas que mejoren los procesos de desconcentración y descentralización de las políticas y servicios públicos, como elemento fundamental para mejorar la calidad de vida en los territorios.

En esta línea de acción se plantea, además, otro propósito de largo alcance: la construcción de políticas e instituciones públicas más inclusivas y responsables. Para ello, se focalizarán esfuerzos para la incorporación sistemática del enfoque de derechos humanos integrando la perspectiva de discapacidad, interculturalidad y género en las instituciones y sus planes estratégicos y operativos, en aras de promover una sociedad con más cohesión y reducir los riesgos y costes vinculados con la exclusión. En este sentido, se podrán fortalecer e, incluso, crear, instancias gubernamentales, así como organizaciones sociales de personas con discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, para promover su participación en la vida política y ciudadana.

Igualmente, en relación con los puntos anteriores, para que los procesos impulsados tengan retroalimentación y generen evidencias, desde la CE se promoverá el diseño, establecimiento, incorporación y utilización de indicadores estadísticos sobre discapacidad en los sistemas estadísticos nacionales.

Instrumentos de cooperación:

Esta línea se puede apoyar especialmente a través de cooperación bilateral de la AECID, cooperación técnica con misiones de expertos de instituciones públicas de España y de la región (cooperación triangular). También se podrá profundizar en esta línea a través de subvenciones a ONGD en las convocatorias de las diferentes administraciones públicas. La Cooperación Delegada será otro instrumento que se podrá utilizar para impulsar esta línea de acción.

4
Implementación de la estrategia

4.1 Alianzas: cuadro de asociación.

La CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores (públicos, privados y agentes sociales) comprometidos con los ODS de forma que se puedan coordinar y armonizar las diferentes intervenciones.

El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar relaciones horizontales y sinergias entre organismos homólogos de España y Paraguay, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles. Esta alianza entre diferentes actores de la CE con instituciones públicas y agentes sociales de Paraguay será un proceso continuo durante toda la vigencia del MAP que reforzará el protagonismo y liderazgo del país, con el objetivo final de reforzar la democracia por medio del fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Para ello, la CE desde su capacidad de poner en relación a organismos públicos, privados y agentes sociales frente a un objetivo común, impulsará las alianzas multiactor como medio para contribuir a los ODS y metas seleccionadas desde las capacidades de los diferentes actores involucrados.

En el Cuadro de Asociación (Ver Anexo 2) se muestran los actores de la CE, clasificados según su nivel de participación, y las instituciones socias en Paraguay que intervendrán por cada una de las líneas de acción priorizadas en el presente MAP.

Teniendo en cuenta los ámbitos sectoriales en los que se trabajará en el MAP se prevé que se pueden establecer alianzas estratégicas con numerosas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Específicamente, tendrán especial incidencia en el desarrollo del Marco de Asociación los siguientes actores españoles, paraguayos, multilaterales y regionales:

• a) Principales Actores de CE en el MAP:

  Administración General del Estado y entidades del sector público institucional:

  El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) es el órgano responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política de cooperación internacional para el desarrollo. De esta Secretaria dependen la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), responsable de la planificación, seguimiento y evaluación de políticas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), responsable de la gestión y ejecución de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

  La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Asunción, que se abrió hace casi 30 años, está a cargo del seguimiento de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo financiados por la AECID, así como del apoyo y coordinación con todos los actores de la Cooperación Española presentes en Paraguay.

  Uno de los ámbitos de especial diferenciación y valor añadido de la CE es la Cultura para el Desarrollo, con una larga y reconocida trayectoria en Paraguay a través del Centro Cultural Español Juan de Salazar (CCEJS) de la AECID.

  La OTC y el CCEJS llevarán a cabo diversas actuaciones y programas orientados al cumplimiento de los ODS y metas establecidas en el presente MAP, que contribuirán a mejorar la inclusión de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, al fortalecimiento de instituciones y políticas públicas tanto a nivel nacional como local y al fortalecimiento de organizaciones y colectivos de la sociedad civil para la promoción y ejercicio de los derechos y la diversidad como dimensión fundamental para un desarrollo humano sostenible.

  Por su parte, la Oficina Económica y Comercial de España en Asunción (OFECOM) tiene entre sus principales objetivos la internacionalización de la economía española y la prestación de servicios y asistencia a las empresas y emprendedores en Paraguay. Igualmente, es responsable de las relaciones institucionales económicas y comerciales y de generar información económica y comercial sobre Paraguay. La OFECOM está a cargo del Programa de Conversión de Deuda en Educación firmado con Paraguay que finalizaría previsiblemente a finales de 2020.

  Adicionalmente, la CE se apoyará en la AGE para la prestación de asistencias técnicas en varias de las líneas de acción priorizadas. Destacan el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que podrá colaborar en mejorar la calidad de los servicios sanitarios de salud, así como los Servicios Autonómicos de Salud por estar descentralizada la provisión de servicios de salud (ODS 3). Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España podrá apoyar en el próximo periodo, mediante el Servicio Público de Empleo Estatal, al fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo paraguayos (ODS 4). El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contribuirá a través de diversos intercambios al fomento de las actividades culturales que se realizan desde el CCEJS de la AECID (ODS 4) y a las acciones de recuperación del patrimonio histórico y cultural (ODS 11). El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia pueden ser excelentes aliados para mejorar la inclusión de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad paraguaya y para orientar acciones que contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres y niñas (ODS 5). El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá compartir su experiencia, buenas prácticas y conocimientos para apoyar el desarrollo de actividades económicas sostenibles y para fomentar el desarrollo de iniciativas de turismo sostenible y de innovación turística (ODS 9), y, asimismo, el Ministerio de Economía y Empresa podrá apoyar a las MIPYMES a mejorar su competitivad e inserción en el mercado incorporando iniciativas innovadoras y tecnología en la cadena de valor (ODS 9). Además, el Ministerio de Interior podrá contribuir con asistencia técnica a la lucha contra la violencia de género y contra la trata de seres humanos en Paraguay (ODS 5 y ODS 16). Adicionalmente, el Ministerio de Fomento será un aliado estratégico en los temas relacionados con el planeamiento urbano y la conservación del patrimonio (ODS 11).

  Una contribución relevante es la que puede brindar el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para diversas líneas del ODS 16, como la contribución a la mejora de la protección de las víctimas de trata de seres humanos, el fortalecimiento del acceso de la población a las instituciones de justicia y en el apoyo a procesos de justicia restaurativa (ODS 16). Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de Estadística a través de sus programas de asistencias técnicas podrán fortalecer los sistemas de gestión del sector público paraguayo (ODS 16).

  Hay que mencionar también la labor que realizan la Fundación Carolina con sus programas de formación para el fortalecimiento de la administración pública, la Red EAMI, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), mediante los Programas Iberoamericanos de Formación Técnica Especialista (PIFTE) que desarrollan en colaboración con la AECID; así como la Fundación Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) que a través de sus programas de cooperación delegada contribuirán al fortalecimiento de las instituciones paraguayas.

  Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL).

  Como parte de la Cooperación Española en Paraguay, está la cooperación al desarrollo que realizan las CCAA y EELL, que es reconocida por su importante valor añadido como expresión de la diversidad de sensibilidades y pluralidad de intereses existentes en España.

  Las CCAA durante el período del MAP 2012-2017 aportaron a Paraguay aproximadamente 4.2 millones de euros, destacando la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Junta de Extremadura, tanto por su trayectoria de cooperación con el país como por el volumen de recursos destinado. Gran parte de estos fondos fueron canalizados a través de ONGD.

  La Cooperación Descentralizada impulsada por las administraciones locales es un actor que en el marco del MAP puede desarrollar una importante labor para favorecer los procesos de desarrollo basados en el territorio, apoyando desde su experiencia el fortalecimiento de la gobernanza multinivel, la participación ciudadana y la provisión de bienes y servicios que dependen en buena medida de la gestión de los gobiernos locales. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puede ser un importante aliado para fortalecer las capacidades de gestión de las Gobernaciones y Municipios paraguayos.

  Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.

  Las ONGD españolas -agrupadas en la Coordinadora de ONGD españolas de Paraguay (COEPY)- son uno de los principales actores de la CE en el país y canalizan en alianza con sus socios paraguayos aproximadamente el 64% de la AOD española en Paraguay, contribuyendo con ello al desarrollo del país y al fortalecimiento de la sociedad civil paraguaya con la que mantienen una estrecha relación de cooperación.

  Las ONGD españolas serán un actor clave en el presente MAP para el fortalecimiento de la sociedad civil paraguaya y la promoción de la participación ciudadana y de los derechos humanos, en el marco de la gobernabilidad democrática de Paraguay.

  Los principales instrumentos de financiación de la cooperación con ONGD, además de los fondos propios de las organizaciones y del sector privado, son las respectivas convocatorias anuales o periódicas de la AECID, de comunidades autónomas o de entidades locales españolas, así como de otros socios para el desarrollo como la Unión Europea.

  Universidades y centros docentes y de investigación.

  Las universidades españolas se constituyen en un socio del presente MAP por su papel en la generación y transmisión de conocimiento a través de la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología. La Universidad de Sevilla en consorcio con la Universidad Loyola Andalucía han sido beneficiarios de la primera subvención que se está ejecutando en el país, en la convocatoria de acciones de innovación para el desarrollo de la AECID y que estará vigente en el marco del presente MAP.

  La CE continuará promoviendo y profundizará en las alianzas con universidades y centros de investigación para dar respuestas innovadoras a los retos globales de la Agenda 2030.

  Destacan las asociaciones científicas de profesionales sanitarios, como la Asociación Española de Cirujanos con quien AECID firmó un convenio de colaboración técnica en 2018 o la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia, entre otras, que contribuirán al intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales sanitarios, y a la formación médica especializada.

  Sector privado.

  Las empresas son un actor cada vez más relevante en el marco de la cooperación al desarrollo. Paulatinamente, ha ido ganando peso la idea de que la intervención coordinada del sector público, las ONGD y las empresas constituyen la mejor manera de garantizar la eficacia de la cooperación y el cumplimiento de los ODS. Por ello, se promoverá que las empresas españolas en Paraguay estén presentes en el MAP a través de sus fundaciones y los programas de RSC, fomentando las alianzas multiactor público-privadas para el desarrollo.

  Las empresas podrán jugar un rol fundamental desde su ventaja comparativa en el fortalecimiento de las MIPYMES paraguayas y en mejorar su capacidad de insertarse en los mercados y ser más competitivas e innovadoras.

  El trabajo con las empresas se coordinará con la Oficina Económica y Comercial de España en Asunción (OFECOM) y la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Servicios en Paraguay, asociación civil y sin ánimo de lucro, orientada a estimular las relaciones comerciales y el intercambio económico entre ambos países y que dentro de su misión destacan aspectos como el fomento de «modelos de gestión socialmente responsables» y la «promoción de buenas prácticas empresariales».

  Por último, los sindicatos, son agentes sociales y actores reconocidos por el sistema de cooperación español. El MAP promoverá su participación en la creación de trabajo digno y en la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible que contribuya a reducir las desigualdades, fomente la gobernabilidad democrática y la erradicación de la pobreza.

  Los actores de la CE que se han relacionado tendrán diferentes roles en el MAP según el nivel de participación que tengan en cada una de las líneas de acción en la que intervengan. De esta forma, según el Cuadro de Asociación anexo, los roles que podrán desempeñar se dividen en:

  • a. Actor líder del sector que será el enlace principal en el diálogo sobre políticas públicas con el gobierno, representará a los demás actores y contribuirá a la medición de los indicadores de resultados. Mayoritariamente, la OTC desempeñará el rol de líder en la mayoría de las intervenciones.
  • b. Actores que participan y contribuyen a la medición de indicadores, referido a aquellos actores que podrán coordinar temas específicos, participar en el diálogo sobre políticas públicas y contribuir a la medición de indicadores de resultados (aunque en el diálogo con el gobierno estarán representados por el actor líder). Este rol estará desempeñado principalmente por las ONGD y el CCEJS.
  • c. Actores que podrán participar en el proceso del MAP, pero que no adquieren el compromiso en la medición de indicadores. Fundamentalmente, en esta categoría entrarán las instituciones de la AGE, las CCAA y EELL, el sector privado y las universidades.
• b) Socios principales en Paraguay.

  Los principales socios en Paraguay serán el gobierno e instituciones públicas a través de diferentes Ministerios, Direcciones Generales, Secretarias sectoriales y organismos autárquicos acorde a las líneas de acción definidas. Concretamente, en el sector de Salud y Bienestar (ODS 3) se articularán acciones principalmente con el MSPyBS, cuya función establecida por ley le confiere la competencia de la política nacional de salud. En el sector de formación para la empleabilidad (ODS 4), a nivel nacional se coordinarán las intervenciones principalmente con el MTESS, que a través del SNPP y SINAFOCAL son las instancias rectoras de los programas de formación y capacitación laboral. Las acciones en el objetivo de igualdad de género (ODS 5) se coordinarán principalmente con el Ministerio de la Mujer que es la institución rectora, normativa y articuladora de políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y cuyo rol es fundamental para lograr la transversalidad del enfoque de género en las políticas públicas.

  En el sector de agua y saneamiento (ODS 6) se coordinará con el MOPC como entidad rectora y con SENASA en el ámbito rural ya que es el organismo que tiene la competencia de atender las necesidades de agua potable y saneamiento en comunidades rurales. Asimismo, con el MADES se abordarán aspectos inherentes a la gestión integral de los recursos hídricos. Con el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de MYPIMES y con el MTESS, a través del Centro del Entrenamiento del Emprendededor, se articularán las iniciativas de apoyo al desarrollo de iniciativas empresariales (ODS 9). Con la Secretaria Nacional de Cultura y la de Turismo se coordinarán las acciones culturales y las actuaciones en el patrimonio histórico y cultural apoyando iniciativas que promuevan el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y accesible (ODS 11 y ODS 4). Las intervenciones que se llevarán a cabo en el área de trata, acceso a la justicia y promoción de los derechos de las personas (ODS 16) se coordinarán principalmente con el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. La Secretaria de la Función Pública y la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social serán las principales instancias con las que se articularán las iniciativas de fortalecimiento de los sistemas de gestión pública (ODS 16). En este mismo sector, la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad será un actor fundamental para la coordinación de todas las acciones de fortalecimiento de las políticas y estrategias de apoyo a la discapacidad (ODS 16).

  Además, en todas las Líneas de Acción se coordinará con la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda que son las instancias rectoras de la cooperación en Paraguay.

  Dentro de los socios, tendrán un papel fundamental los Gobiernos Departamentales y Municipales con los que se coordinarán las intervenciones en los territorios.

  La sociedad civil paraguaya, a través de numerosas ONGD y Fundaciones, ha sido desde el inicio de la cooperación en el país un socio fundamental en las acciones de desarrollo con el que se seguirán estrechando vínculos para contribuir en el apoyo al país hacia el desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza y el ejercicio pleno de los derechos.

  También se trabajará con el sector privado paraguayo y con diferentes Universidades, entre las que destacan la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Iberoamericana, Universidad Columbia del Paraguay y Universidad San Carlos, entre otras.

• c) Organismos Multilaterales/Regionales/Unión Europea.

  En el desarrollo del MAP se estrecharán lazos con los actores multilaterales, regionales y con la Unión Europea. Dentro de los organismos multilaterales, la AECID ha colaborado con varias Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Paraguay y en el marco del MAP se continuará potenciando el trabajo con el Sistema de Naciones Unidas. En concreto, se tratará de promover alianzas estratégicas con varios organismo multilaterales que enfoquen su trabajo en los ODS en los que se concentrará la CE en los próximos años. Uno de los posibles socios que se ha identificado es ONU Mujeres para realizar acciones que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, a fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades (ODS 5). Con UNICEF, se prevén potenciar alianzas estratégicas para proteger a las niñas de la violencia de género y de la trata (ODS 5 y ODS 16). Con la OIT se podrán establecer colaboraciones para contribuir a fortalecer los instrumentos y programas de formación profesional orientados a la empleabilidad y los servicios públicos de empleo (ODS 4) a partir de la experiencia que España atesora en este sector. Con OPS/OMS y con UNFPA habría posibilidad de establecer una alianza en el marco del programa que ambas agencias tienen de apoyo a la salud sexual y reproductiva (ODS 3). PNUD podría convertirse en un aliado estratégico para impulsar la implementación de los ODS en el país a nivel nacional y territorial (ODS 16) y con la FAO se podrían desarrollar iniciativas conjuntas de mejora de la productividad de las familias campesinas paraguayas (ODS 2). ONU-Habitat se identifica como un posible socio para coordinar acciones en relación a la planificación territorial (ODS 11) y PNUMA podría ser un socio estratégico para las acciones relativas a agua, saneamiento y gestión de recursos hídricos (ODS 6). Con UNESCO se podrán establecer acciones conjuntas en el área de la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural (ODS 11). Asimismo, con el ACNUDH se ha identificado que se podrán establecer alianzas para las acciones relativas a la promoción de los derechos humanos (ODS 16)

  En el ámbito de la cooperación con Instituciones Financieras de Desarrollo-IFDs, se seguirá potenciando la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el sector de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas (ODS 6) y para la mejora y rehabilitación de caminos vecinales (ODS 9). También, se explorarán fórmulas de cooperación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para apoyar a las familias campesinas (ODS 2) y con el Banco Mundial (BM) para colaborar en el logro de diferentes objetivos. Con la Unión Europea se seguirán profundizando las relaciones de cooperación en el apoyo a las políticas de igualdad de género y de derechos de las personas con discapacidad (ODS 5 y ODS 16) y, en general, con acciones que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales y al desarrollo tecnológico del país.

  A nivel regional con la Secretaria General Iberoamericana-SEGIB y con la Organización de Estados Iberomericanos-OEI, se continuará trabajando y estableciendo sinergias durante la vigencia de este MAP.

  Otros socios con los que se establecerán alianzas estratégicas a nivel regional son los organismos de intervenciones de cooperación triangular con los que se fortalecerán lazos, como por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Brasil con quién se trabajará en la consolidación de la estrategia nacional de políticas públicas de lucha contra la desertificación, sequía y adaptación al cambio climático o con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Fútbol Más de Chile para la mejora de la cohesión social.

• d) Alcance territorial.

  En cuanto al ámbito territorial de aplicación del MAP, se trabajará en todo el territorio nacional ya que el análisis del país refleja la existencia de desigualdades y personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional, cuyas problemáticas serán abordadas desde el presente MAP, a partir del apoyo para el desarrollo e implementación de políticas públicas y la reducción de desigualdades de género, territoriales y sociales para la construcción de resiliencia. No obstante, durante el transcurso del MAP se tratará de establecer alguna priorización geográfica de acuerdo a los criterios establecidos por las partes firmantes de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación Técnica, Científica y Cultural.

4.2 Modalidades e instrumentos.

Se contribuirá a la consecución de los ODS en Paraguay a través de diferentes modalidades e instrumentos de cooperación, adaptados a los Países de Renta Media en consonancia con las necesidades y demandas del país. Concretamente, la Cooperación Bilateral, en sus modalidades de subvenciones dinerarias y en especie, continuará siendo una seña de identidad de la Cooperación Española en Paraguay, a través de la que se apoyarán iniciativas estratégicas enmarcadas en los ODS priorizados en el MAP.

De manera complementaria, se utilizarán los Programas de Cultura y Desarrollo, entre los que destaca el Programa ACERCA impulsado por el CCEJS de la AECID orientado a la formación para el desarrollo en el sector cultural y el Programa de Patrimonio para el Desarrollo que se destinará a la puesta en valor y rescate de recursos culturales y patrimoniales.

También se impulsarán iniciativas bilaterales a través de los Fondos y Programas Temáticos entre los que destacan el Programa INTERCOONECTA para impulsar la formación a través de cooperación técnica, el Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (COOTEC) para la prestación de asistencias técnicas, el Programa Escuelas Taller para apoyar la inserción laboral de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, el Programa Indígena con el que se contribuirá a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y el Programa ARAUCLIMA, con el que se dirigirán esfuerzos para luchar contra el cambio climático y fomentar un desarrollo sostenible.

Dentro de los instrumentos de la Cooperación Bilateral destaca el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe de la AECID (FECASALC), que canaliza el mayor volumen financiero de la CE en Paraguay. A través de este fondo se continuará fortaleciendo el sector de agua y saneamiento, en comunidades rurales y pequeñas ciudades con el apoyo del BID como socio estratégico.

Se continuarán promoviendo las Becas AECID-MAEUEC y las Becas de la Fundación Carolina para la participación de funcionarios paraguayos en los cursos y talleres de los Centros de Formación de la Cooperación Española. En el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria, las universidades españolas colaborarán con sus pares paraguayas en una amplia gama de proyectos académicos y de investigación.

Se continuará utilizando el instrumento de Conversión de Deuda para el fortalecimiento del sector de la Educación con un programa que data del año 2007 y que, en principio, se prevé que finalizará en 2020.

En el marco del MAP se pretende dar un decidido impulso a la cooperación financiera reembolsable, a través de diversos instrumentos financieros (préstamos o créditos) dirigida al apoyo al desarrollo del tejido social y productivo. Esta modalidad de cooperación se canalizará fundamentalmente, a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID, ampliando el volumen de operaciones y diversificando los sectores de actuación a ámbitos como ciudades sostenibles, entre otros.

Otra de las modalidades, que ha representado una de las más utilizadas para la CE en Paraguay, serán las Subvenciones a ONGD en las convocatorias abiertas y concurrentes de Convenios, Proyectos y Acciones de Innovación reguladas por sus correspondientes órdenes de base.

Una modalidad que apenas se ha utilizado en los anteriores periodos y que se tratará de potenciar en el MAP, será la Cooperación con el sector privado de acuerdo a la importancia que se le otorga a las empresas en la Agenda 2030 para la consecución de los ODS. Concretamente, se potenciarán las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), fórmula en la que las empresas junto con el sector público se asocian con un enfoque estratégico de aprovechamiento mutuo de capacidades en la búsqueda común del desarrollo sostenible.

Dentro de las modalidades de cooperación con la Unión Europea, en el marco del MAP se seguirán impulsando acciones de Cooperación Delegada (CD). También, con la Unión Europea, se seguirá trabajando con fondos de la Facilidad de Inversión en América Latina-LAIF (Latinoamerican Investment Facility) que tiene como objetivo fomentar inversiones para financiar infraestructuras claves para el desarrollo tecnológico. Se prevé que en los próximos años los fondos provenientes de LAIF se puedan asociar a operaciones de crédito a través de los diferentes instrumentos financieros de los que dispone la Cooperación Española.

Asimismo, se seguirá profundizando en acciones de Cooperación Sur-Sur y Triangular junto con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil de países de América Latina y Caribe. Uruguay, Chile y Brasil, son los países con los que se prevé que habrá más acciones de cooperación en esta modalidad. También, se promoverá la contribución conjunta de Paraguay y España al desarrollo de terceros países, compartiendo su experiencia y capacidades.

En la modalidad de Cooperación Multilateral, que presenta importantes ventajas para abordar los Bienes Públicos Globales, se continuarán canalizando recursos a través de Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), principalmente pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas, Organismos Regionales y a Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

4.3 Recursos.

El MAP Paraguay-España cuenta con una estimación presupuestaria para el periodo 2020-2023 de aproximadamente 142 millones de euros para ser ejecutados en intervenciones enmarcadas en los 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados (Ver Anexo 3, Matriz de previsión de recursos).

Esta previsión se ha realizado en un escenario de prudencia, tomando como base los niveles actuales de la AOD española y proyectándolos para el total del periodo MAP. Se incluyen tanto la previsión de los fondos que se canalizarán a través de los instrumentos de la cooperación no reembolsable como los fondos de la cooperación reembolsable del FONPRODE, que contribuyen a dos intervenciones en activo en el ODS 6 y ODS 9. Además, en esta estimación presupuestaria, se incluyen también 45 millones de Euros que recientemente se han aprobado en una operación en la que se ha asociado crédito del FONPRODE con recursos de donación de la Facilidad de Inversión LAIF de la Unión Europea y que en el transcurso del presente Marco de Asociación se formalizarán con el gobierno paraguayo y se concretará la distribución dentro de los ODS que le correspondan.

La previsión presupuestaria contempla la cooperación bilateral de la AECID, proveniente tanto de fondos regulares como de los fondos de programas específicos, como el Programa de Patrimonio para el Desarrollo, el Programa de las Escuelas Taller, el Programa de Pueblos Indígenas y los fondos asignados al CCEJS. También, enmarcado en la cooperación bilateral, el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) destinará una gran cantidad de recursos al objetivo de agua limpia y saneamiento (ODS 6).

Dentro de las previsiones, se incluyen también los fondos asignados a las subvenciones a ONGD, tanto vía convenios, como las convocatorias anuales de proyectos y de acciones de innovación. También, se recoge las estimaciones de las intervenciones en cooperación delegada y cooperación multilateral.

Además, contempla las intervenciones de la cooperación descentralizada (CCAA y EELL), a partir de las proyecciones de las inversiones realizadas entre 2014-2017.

Los recursos financieros citados son estimativos. En todo caso, no implican compromisos financieros ya que dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones; su asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.

A continuación, en el siguiente gráfico se puede observar la previsión del porcentaje de asignación de recursos económicos por cada uno de los ODS para el periodo 2020-2023. Como se puede comprobar, la mayor cantidad de fondos serán dedicados al objetivo de agua limpia y saneamiento (ODS 6) y supondrán prácticamente el 50% de la inversión de los próximos 4 años.

Cuadro 2. Porcentaje de distribución de recursos por ODS (MAP 2020-2023)

4.4 Riesgos.

Los riesgos identificados atañen, de forma transversal, al conjunto de las líneas de acción definidas en el MAP. De ahí que se haya decidido identificar una matriz única de riesgos, sin asociarlos necesariamente con un único efecto o una única línea estratégica de la Cooperación Española.

Los riesgos han sido tipificados en cuatro categorías:

• – Políticos y sociales.
• – Financieros.
• – Organizativos y programáticos.
• – Otros factores externos.

Por cada riesgo, se ha establecido el nivel de probabilidad de ocurrencia. En los casos de probabilidad baja o media, se han identificado algunas medidas de mitigación, orientadas a su neutralización o a la reducción de su impacto potencial. No se ha identificado ningún riesgo con alta probabilidad de ocurrencia, dado que, de haberse identificado, sería conveniente desestimar la línea programática de acción de la Cooperación Española.

Finalmente, cabe mencionar que la tabla a continuación complementa el análisis de riesgos descrito en el documento de la ETAPA 1 de Análisis, en el que se describen los factores que podrían afectar, a nivel macro, el cumplimiento de los resultados esperados.

5
Seguimiento, evaluación, rendición mutua de cuentas y transparencia

5.1 Seguimiento.

En consonancia con la metodología establecida en el Manual para el establecimiento, seguimiento y evaluación de los MAP, el sistema de seguimiento para el MAP 2020-2023 de Paraguay será un sistema articulado, por un lado, con los sistemas de seguimiento del país socio y, por otro, con los sistemas de seguimiento de las intervenciones de los diferentes actores de la CE.

De manera específica, el sistema de seguimiento del MAP, se centrará en el seguimiento de los resultados intermedios previstos en el Marco de Resultados a través de la medición de los indicadores propuestos en la matriz. Por lo tanto, es condición necesaria que todas las intervenciones de la CE estén orientadas a los resultados intermedios establecidos en el MAP. De esta forma, se partirá del seguimiento de las intervenciones que cada actor desarrolla en el país ligadas a los resultados intermedios a los que la CE va a contribuir con productos específicos, concretos y medibles. De acuerdo al Marco de Resultados elaborado, los actores de la CE que aparecen ligados a un resultado intermedio se comprometen a participar en el seguimiento y a contribuir con la medición de indicadores.

Para ello, una vez firmado el MAP, la OTC en coordinación con el GEC y la CSE elaborará una ficha por cada indicador definido en el Marco de Resultados que establecerá la información necesaria para permitir llevar a cabo la medición del indicador. Estas fichas unificadas serán usadas por cada actor de la CE para una correcta medición. Los datos de las mediciones se volcarán en una tabla en la que se reflejarán los logros obtenidos por cada indicador, la unidad métrica y la valoración del avance. Para poder valorar el avance, se establecerá una Línea de Base en el primer año del MAP en la que se indiquen las metas previstas de los indicadores de los resultados intermedios contemplados.

A continuación, se muestra en la tabla los Resultados Intermedios por cada ODS, y los actores responsables de la medición en el marco del seguimiento del MAP.

Cuadro 3. Resultados Intermedios por ODS (MAP 2020-2023)

El sistema de seguimiento brindará una visión de los aspectos más relevantes vinculados a la ejecución del MAP y permitirá verificar si el MAP de Paraguay se ejecuta conforme a lo previsto y contribuye al logro de los Resultados propuestos. Para ello, será necesario en base a los riesgos en la implementación del MAP identificados en el apartado 4.4, u otros que puedan surgir, identificar cambios que se hayan podido producir en el entorno, puntos críticos y posibles obstáculos que puedan influir en la implementación del MAP para, en su caso, poder establecer medidas encaminadas a reorientar algunas actuaciones.

El mecanismo de seguimiento establecido, permitirá construir una asociación más sólida entre los socios identificados con los resultados de desarrollo propuestos, y su contribución efectiva, a través de la participación en el sistema de seguimiento, permitirá la revisión y reconstrucción de la lógica de intervención de forma continua durante todo el proceso.

Toda la información generada durante el seguimiento se procesará y se plasmará en un Informe de Seguimiento que se elaborará con una periodicidad anual. Este informe contendrá una descripción del contexto, la valoración sobre los avances conseguidos en los resultados de la CE, el nivel de contribución a las metas y resultados, la valoración de la eficacia y calidad de la cooperación, la gestión interna de las intervenciones y las propuestas de correcciones y orientaciones de las intervenciones del MAP.

Metodológicamente, para elaborar este informe se activarán un conjunto de reuniones con instituciones contrapartes, ONGD españolas y sus socias locales y actores estratégicos en relación a cada una de las Líneas de Acción y ODS priorizados. En estas reuniones se analizarán los avances conseguidos, las dificultades encontradas y se elaborarán recomendaciones que orienten los esfuerzos de la CE en función de los objetivos definidos en el MAP. Todos los insumos obtenidos en estas reuniones se reflejarán en el Informe Anual de Seguimiento.

Este Informe será coordinado por la OTC y el documento final será validado por los miembros del GEC y la CSE. Posteriormente, será remitido a AECID y DGPOLDES para su revisión con el resto de actores implicados (Plataforma de Consulta en Sede). Si hubiese consideraciones pertinentes, se incorporarán al documento y será finalmente validado por la SECIPIC.

Gráfico ilustrativo del proceso de seguimiento del MAP

5.2 Evaluación.

Conforme a las pautas indicadas en el Manual para el establecimiento, seguimiento y evaluación de los MAP, se llevará a cabo una evaluación final del MAP Paraguay, ejercicio que se realizará bajo el liderazgo y acompañamiento de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES). El liderazgo metodológico corresponderá a la División de Evaluación de la SGCID, y en Paraguay el proceso será coordinado por la AECID-OTC en articulación con el GEC, la CSE y las instituciones responsables del Gobierno paraguayo.

Se tratará de una evaluación externa, para garantizar los principios básicos de la evaluación y se promoverá que sea conducida por un equipo mixto. La definición de las necesidades de información será realizada de una manera participativa entre los actores de la Cooperación Española en Paraguay y sus interlocutores paraguayos.

En la evaluación se valorará de manera crítica y objetiva el MAP y, específicamente, el marco de resultados, incluyendo el diseño, la puesta en práctica y la estructura de gestión. Se realizará una valoración global del MAP así como de las programaciones de cada actor de la CE, focalizándose en dos aspectos esenciales: a) la consecución de los resultados intermedios de la CE y b) los aspectos internos y externos que han facilitado o dificultado el logro de las previsiones del MAP.

La evaluación final contribuirá a la generación de aprendizajes, tanto de cara a la elaboración del próximo MAP como en lo que respecta a la mejora del funcionamiento y planificación estratégica de la CE.

La evaluación irá seguida de una Respuesta de Gestión. La OTC será responsable de coordinar la elaboración del borrador de respuesta de gestión de la evaluación que será posteriormente consensuada y aprobada en el seno del GEC y la CSE. La respuesta de gestión se pronunciará críticamente sobre el contenido del informe de evaluación y pondrá de manifiesto los elementos resultantes de las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se consideren especialmente relevantes para la elaboración del siguiente MAP.

Adicionalmente en el seno del GEC y la CSE se fomentará la difusión de los resultados, conclusiones y aprendizajes de los ejercicios de evaluación que los diferentes actores de CE lleven a cabo durante el periodo de vigencia del MAP, y que servirán también de insumos para la evaluación final del MAP.

5.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

Durante la vigencia del MAP 2020-2023 se establecerán diferentes mecanismos de rendición de cuentas y transparencia entre la Cooperación Española y Paraguay. Destaca la Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya que se constituirá como el espacio de coordinación de la Cooperación Española con el Gobierno de Paraguay para la revisión periódica del MAP, con la interlocución de las instituciones públicas implicadas.

Otro importante espacio de rendición de cuentas será el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno conformado por los actores de la CE con presencia en Paraguay y que tendrá el objetivo de asegurar la comunicación, coordinación, coherencia y complementariedad de la CE en el país a lo largo de todo el ciclo de la asociación estratégica con Paraguay. Asimismo, muchas de las intervenciones de la CE dispondrán de sus propios Comités de Seguimiento bilaterales que tendrán la finalidad de generar espacios de debate y gestión.

Complementariamente, la Cooperación Española participará activamente en espacios de coordinación junto con otros países y organismos internacionales con el fin de garantizar la transparencia de sus acciones y la búsqueda de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Concretamente, los espacios identificados son la Mesa de Cooperantes convocada por la STP que se continuará constituyendo en el espacio de diálogo entre el Estado Paraguayo y representantes de los países y organismos internacionales presentes en el país. Además, se continuarán celebrando las reuniones de trabajo de Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE, lideradas por el jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la UE (DUE) y, por último y en un nivel temático y/o sectorial, las distintas mesas sectoriales de donantes, convocadas y lideradas por el gobierno, en las que la OTC participará activamente junto con las agencias de otros países donantes, organismos internacionales, sector público y privado para coordinar las intervenciones de los diferentes actores de la cooperación presentes en el país.

La información generada a través del sistema de seguimiento también contribuirá a aumentar la transparencia y mejorar la rendición mutua de cuentas a través de la difusión de los resultados. En este sentido, según el Examen de Pares del CAD 2016, «un mayor foco en el seguimiento de los indicadores de resultados recogidos en los MAP servirán a España para avanzar en la aplicación de todas las dimensiones de la rendición de cuentas, incluyendo la rendición de cuentas sobre los resultados». Por ello, como forma de rendición de cuentas y transparencia, los informes de seguimiento sobre el alcance de los resultados intermedios establecidos en el MAP, y el informe de evaluación final serán difundidos a través de la OTC, tanto a instituciones y organizaciones socias como a la sociedad civil. Los documentos serán también publicados en la web de la AECID.

Por último, la OTC en Paraguay implementará una estrategia de comunicación para garantizar la oportuna información sobre los desafíos, oportunidades y resultados de la cooperación española en Paraguay. Esta estrategia estará vinculada con la estrategia de comunicación de la DGPOLDES.

En términos de socialización y difusión, se redactarán comunicaciones electrónicas y material gráfico con información actualizada sobre las actuaciones de la Cooperación Española en Paraguay y el trabajo desarrollado por las entidades socias. Esta información se disponibilizará en las redes sociales y en la web tanto de la Cooperación Española como del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 9 de noviembre de 2020, fecha de su firma.