Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana

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Sumario

La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento informal de Europa tanto en extensión como en población. A lo largo de sus más de 14 kilómetros de recorrido, esta vía pecuaria atraviesa los términos municipales de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Madrid y Getafe, contando con una población estimada de 8.628 habitantes y 2.466 edificaciones resultado de la ocupación de terrenos públicos iniciada en las décadas de los 50 y 60, e intensificada en épocas más recientes. La Cañada se caracteriza por una gran heterogeneidad edilicia, socioeconómica y sociocultural, pero con rasgos predominantes en forma de graves problemas de vivienda, como son el chabolismo o la infravivienda; la precariedad o carencia de servicios básicos como la electricidad, el agua, la recogida de basuras o el transporte público; o la ausencia de equipamientos básicos como centros sanitarios, educativos, deportivos o culturales; entre otras problemáticas.

En diciembre de 2020, nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un escrito conjunto, alertaron al Gobierno de España respecto a la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos básicos que experimentan los habitantes de la Cañada Real Galiana, calificándolo de catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales. La problemática estructural que caracteriza las difíciles condiciones de vida en este asentamiento, poblado por más de 8.000 personas, entre los cuales, un número en absoluto desdeñable de niñas y niños, se recrudeció como consecuencia de los problemas de acceso al suministro eléctrico de las viviendas desde principios de octubre de 2020. El balance generado por la ausencia de electricidad, principal fuente de energía en estos hogares, pone, aún más si cabe, en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo social tanto a las personas adultas como, particularmente, a los niños y niñas afectadas por esta situación. Así, tal y como se recoge en la referida comunicación, la salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad.

Dicho llamamiento es precedido por la Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, sobre la conclusión de su visita oficial a España desarrollada entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, en la que alertaba de la situación de extrema precariedad en la que viven las personas que residen en dicho asentamiento informal, haciendo referencia a las condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos más básicos, así como poniendo de manifiesto el insuficiente desarrollo de los compromisos adquiridos en el marco del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, el Ayuntamiento de Coslada, los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, y la Administración General del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana contiene una serie de compromisos de actuación en materia urbanística y de vivienda, fijándose unas premisas para el realojo de las personas y familias en el caso de que la capacidad del suelo fuese insuficiente para absorber la población censada en 2011. Se establecen, además, líneas de actuación para cada uno de los seis sectores en los que se divide la Cañada Real Galiana, habiendo determinado, por un lado, una solución de consolidación del sector 1 (correspondiente a los términos municipales de Coslada y Vicálvaro-Madrid) y, por otro, ante las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad del sector 6 (correspondiente al término municipal de Madrid), la necesidad de proceder a su desmantelamiento a través de la implementación de los mecanismos de realojo que resulten adecuados para su población.

Por su parte, en el caso de los sectores dos, tres, cuatro y cinco se comprometió el desarrollo de distintas ponencias técnicas con el fin de determinar las limitaciones territoriales, ambientales y urbanísticas existentes en el entorno de dichos sectores, situados en los términos municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid. Como resultado de dichas ponencias técnicas se ha concluido que el sector dos, ubicado junto a los desarrollos del Cañaveral y Los Cerros (distrito de Vicálvaro) pueda ser una zona urbanizable, y que de la ordenación de este sector quedaría terreno edificable para ofrecer una solución habitacional para el conjunto de la población que reside en dicho sector y en el sector tres, restando, por tanto, el diseño de un programa que resuelva la situación del resto de los sectores. De esta forma se requiere del impulso inmediato de actuaciones para los sectores cuatro, cinco y seis a través de programas de realojo para acometer las situaciones más críticas de vulnerabilidad social.

En septiembre de 2015, 193 países, entre ellos España, se comprometen con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». La Agenda 2030 compromete un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la pobreza, desigualdad, y hacer frente al cambio climático. Ello plasma una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, a nivel nacional e internacional. Por tanto, la adopción de los ODS ha abierto las puertas a una nueva era de desarrollo sostenible en la que la dignidad y el valor de cada persona es afirmado y respetado y en la que toda la ciudadanía tendrá la capacidad de desarrollarse y definir su propia vida.

Concretamente, el ODS 11 –Ciudades y comunidades sostenibles– focaliza la apuesta de la Agenda 2030 por lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, siendo una de sus metas asegurar, de aquí a 2030, el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Así, el ODS 11 se vincula estrechamente con el logro, a su vez, del ODS 1 –Poner fin a la pobreza en todas sus formas–, el ODS 3 –Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades–, el ODS 4 –Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad–, el ODS 5 –Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el ODS 6 –Garantizar el acceso al agua y al saneamiento, el ODS 7 –Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, y sostenible, o el ODS 10 –Reducir la desigualdad en y entre los países–, entre otros objetivos.

Tal aspiración contrasta con la realidad que vive, a día de hoy, la Cañada Real Galiana, donde la exclusión y la ausencia de servicios públicos se ciernen sobre las personas y familias que residen en este asentamiento, generando una situación de extrema precariedad para todos sus habitantes que contraviene el compromiso de España con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las obligaciones derivadas de los distintos tratados internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos ratificados por España.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 es responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso, seguimiento y cooperación para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y que dicho real decreto establece, en su artículo 6.2.b) la función de colaboración con todas las Administraciones públicas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

El mandato de colaboración con todas las Administraciones públicas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previsto en dicho real decreto resulta coherente con la importancia concedida al papel que desempeñan las autoridades locales en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 al establecer que «los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales». Una colaboración que se enmarca en los denominados procesos de localización de la Agenda 2030, en base a los cuales, las Entidades Locales integrarían los principios y objetivos de dicha agenda internacional en el ciclo completo de las políticas públicas de nivel local y atenderían, de forma prioritaria, las necesidades de aquellos colectivos y grupos de población que se encuentran en peor situación para no dejar a nadie atrás.

En coherencia con todo lo anterior, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 coordinó el proceso que desembocó en la aprobación el 8 de junio de 2021 en Consejo de Ministros de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que establece ocho retos país y ocho políticas aceleradoras del desarrollo sostenible, concretadas en distintas prioridades de actuación entre las que se encuentra la promoción de la Agenda Urbana Española en contribución al logro del ODS11, así como dirigidas a impulsar la consecución de los dieciséis objetivos restantes de la Agenda 2030, con particular foco en las situaciones de extrema vulnerabilidad social para no dejar a nadie atrás. La implementación de dichas prioridades invoca y requiere, por tanto, de la coordinación y cooperación con los distintos niveles de la Administración pública, a través de iniciativas enmarcadas en el ámbito de la localización de la Agenda 2030.

A tal efecto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de su Secretaría de Estado para la Agenda 2030, ha desplegado una línea de trabajo dirigida a apoyar los esfuerzos de las Entidades Locales en materia de impulso de políticas locales para el desarrollo sostenible y de localización de la Agenda 2030, que tiene reflejo presupuestario en su Programa 921Y, y que, asimismo contempla la atención directa de aquellas situaciones que claramente alejen a España del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible conforme a los señalamientos realizados por los órganos de las Naciones Unidas, incluidos sus procedimientos especiales. Unas actuaciones que continuarán siendo desplegadas en ejercicios sucesivos y que, atendiendo a estrictos criterios de urgencia y gravedad social, requieran del concurso de la Administración General del Estado en su abordaje.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española reconoce al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Asimismo, el artículo 149.1.13.ª reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y el artículo 149.1.23.ª la competencia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Al amparo de dichos preceptos, y conforme al artículo 18 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de juventud, así como de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Con fecha 22 de abril de 2021, el Reino de España remite su respuesta al llamamiento urgente de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de diciembre de 2020, señalando las distintas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en la Cañada Real Galiana y, señalando que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 promovería un grupo de trabajo interministerial que permitiera abordar de forma comprehensiva todas las problemáticas existentes en la Cañada Real Galiana. En respuesta a dicho compromiso, el 28 de septiembre de 2021 se constituye el grupo de trabajo de la Administración General del Estado conformado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, y coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid. Este grupo de trabajo se configura como un espacio de colaboración sostenida entre las instancias de la Administración General del Estado implicadas, así como con las distintas administraciones de ámbito autonómico y local implicadas de manera directa en ofrecer soluciones definitivas a la situación de extrema precariedad social que padecen las personas y familias que habitan dicho asentamiento.

En coherencia con todo lo expuesto, el presente real decreto se dicta en justificación de la situación de extremada y urgente necesidad de ofrecer soluciones de emergencia a familias en situación de particular precariedad social residentes en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana, comprendidos en los términos municipales de los municipios de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, cuya situación de vulnerabilidad se verá intensificada ante la inminente llegada del invierno, a través de esta subvención que posibilitará la puesta en marcha de programas de realojo e inclusión social, contribuyendo asimismo a los fines previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dichos programas constituyen, por tanto, actuaciones con evidente y manifiesto interés público, social, económico y humanitario que motivan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo dispuesto en el 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las competencias en materia de bienestar social y de impulso de la Agenda 2030 que, por razones de interés público, resulta necesario asegurar. Constituye una medida proporcional y necesaria.

Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, no solo de esta norma sino de las propias dotaciones presupuestarias y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.

En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª, 13.ª y 23.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como la competencia en materia de bases y coordinación de la actividad económica, y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con el informe y con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES