Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Política Territorial y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para el funcionamiento del Plan de Empleo 2021-2022 en Melilla

Primera Objeto

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y la MUFACE, en desarrollo del Plan de Empleo 2021-2022, mediante la puesta en común de medios personales y materiales tendentes al desarrollo de los proyectos señalados en la cláusula segunda.

Su objeto final es doble:

• 1. La mejora de la empleabilidad de los trabajadores contratados. Este objetivo general se desglosaría en los siguientes objetivos específicos:
  • 1.1 Potenciar procesos de capacitación de jóvenes y personas con escasa cualificación profesional, que favorezcan su desarrollo personal y su plena integración laboral.
  • 1.2 Favorecer la formación y práctica laboral que mejore la empleabilidad de los trabajadores una vez finalizado el programa.
  • 1.3 Ofrecer la posibilidad de acceder a un primer empleo a jóvenes titulados universitarios y de formación profesional que carecen de experiencia laboral necesaria y que disponen de especiales dificultades en su incorporación al mercado de trabajo.
  • 1.4 Contratar trabajadores sin cualificación y/o de edad avanzada, que tienen muy difícil acceder a un puesto de trabajo en Melilla.
  • 1.5 Dado el carácter social de los Planes, priorizar la contratación de personas y colectivos en situaciones de exclusión.
  • 1.6 Mejorar las condiciones sociales y económicas de las personas desfavorecidas.
• 2. La realización de funciones y trabajos de interés general y social en varias áreas: en el área educativa; en el área sanitaria, con el fin de mejorar su servicio o realizar tareas internas coyunturales; y en el área de colaboración con entidades y organismos públicos, tareas que redunden en el mejor funcionamiento de los mismos, la mejor conservación del patrimonio y la mejor atención a la ciudadanía.

Segunda Obligaciones de las partes

A. Obligaciones del Ministerio de Política Territorial (Delegación del Gobierno en Melilla):

El Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Melilla, con cargo al presupuesto finalista concedido en el marco de la Orden de 19 de diciembre de 1997 y de los programas a desarrollar durante el ejercicio 2021-2022, actuará mediante el Proyecto que a continuación se relaciona:

Proyecto: Digitalización de expediente y gestión telemática de prestaciones de la mutualidad

Perfil de los trabajadores

La prestación laboral enmarcada en la ejecución del programa para el fomento de empleo promovido por la Delegación del Gobierno se realizará bajo la exclusiva dependencia laboral de ésta, bajo su potestad de dirección y organización, sin vínculo alguno de los trabajadores con la MUFACE.

Por último, el Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Melilla, informará a los trabajadores de los riesgos existentes en su puesto y les proporcionará la formación adecuada en materia de riesgos laborales, así como la vigilancia de la salud individual y colectiva, todo ello en el marco de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Cuarta del presente Convenio concretará qué actividades específicas se van a llevar a cabo en este Proyecto así como la ocupación de los trabajadores a contratar.

B. Obligaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado:

La MUFACE colaborará facilitando las instalaciones y bienes muebles e inmuebles en aras a desarrollar todas las actuaciones propias del proyecto recogido en este Convenio.

Corresponde a la MUFACE autorizar expresamente a qué locales/zonas puede acceder el personal citado en el punto A de la cláusula segunda. Este personal deberá seguir cuantas indicaciones le sean requeridas en materia de seguridad.

Asimismo, la MUFACE aportará el material y el equipamiento específico necesario para el desarrollo de la labor asignada al trabajador contando con los recursos propios disponibles, sin que esto suponga un compromiso financiero para el Departamento, y proporcionará las condiciones necesarias para realizar en su seno las tareas que, de acuerdo con su categoría laboral y plan de trabajo, faciliten su inserción socio-laboral, supervisando la obra o servicio prestado.

Para los trabajos en que sean necesarios, la MUFACE facilitará los equipos de protección individual, utensilios y productos necesarios.

Tercera Publicidad

Las partes suscriptoras del presente Convenio se comprometen a dar la publicidad y difusión necesaria del mismo, para su general conocimiento y cumplimiento. Se aplicará la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de comunicación digital para la Administración General del Estado, actualizado el Manual de Imagen Institucional por resolución de 28 de febrero de 2020.

Cuarta Comisión de seguimiento

Para el adecuado seguimiento, vigilancia, control e interpretación de lo establecido en el presente Convenio, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por dos miembros designados por la titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Melilla y dos miembros en representación de la MUFACE que serán designados por el Director Provincial de la Entidad en Melilla.

La Comisión Mixta de Seguimiento tiene por finalidad la resolución de los problemas y discrepancias entre las partes en relación con la interpretación o ejecución del mismo. Igualmente, conocerá de cuantos posibles supuestos de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes pudieran plantearse.

Dicha Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio, y siempre que las circunstancias de su desarrollo así lo aconsejen, a instancia de una o ambas partes. En estas convocatorias se facilitará información en especial de los diferentes usuarios que han participado en las acciones.

La Comisión de Seguimiento tiene capacidad para hacer propuestas a los firmantes sobre la modificación, vigencia o resolución del Convenio. No obstante, las modificaciones del Convenio requerirán de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El mecanismo para la toma de decisiones será por unanimidad. Si no existiese, cada parte informará a su institución para la resolución que proceda.

La Comisión de Seguimiento se regirá en su funcionamiento por lo previsto en el presente Convenio y supletoriamente por lo dispuesto subsección 1.ª, sección III, capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta Naturaleza y régimen jurídico aplicable

Este Convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose por las cláusulas del presente Convenio y supletoriamente por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En todo caso, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Seguimiento para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo.

Sexta Financiación

Las actividades a desarrollar por este Convenio no supondrán ningún compromiso financiero para la MUFACE.

El Ministerio de Política Territorial, a través de la Delegación del Gobierno en Melilla, asumirá la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social del personal empleado en los programas a desarrollar, con cargo al presupuesto finalista que se pudiera conceder, en el marco de la Orden de 19 de diciembre de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, y de los programas a ejecutar durante el ejercicio correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro:

El importe total asumido por el Ministerio de Política Territorial en el presente Convenio será por tanto de 25.886,61 euros, que se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos de dicho Ministerio: 22.03.56.921P.131 (relativa a las retribuciones del personal laboral eventual) y 22.03.56.921P.16000 (relativa a las cuotas de la Seguridad Social), que proceden a su vez de la subvención otorgada a la Delegación del Gobierno en Melilla por el Servicio Público de Empleo Estatal para la contratación de desempleados y desempleadas participantes en el Plan del Empleo 2021-2022, por un total de 10.991.251,43 euros, financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.000X.400.00 del Presupuesto de Gastos de dicho organismo.

Séptima Modificación del Convenio

Cualquier modificación del contenido de este Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. En cualquier caso, la modificación del contenido de este Convenio deberá formalizarse mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava Vigencia del Convenio

Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre), este Convenio resultará eficaz con la inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, fecha en que comenzará a computarse su duración, y mantendrá su vigencia durante el periodo de un año. Asimismo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena Causas de extinción

Además de la expiración del plazo de vigencia previsto en la cláusula octava y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto, el presente Convenio quedará extinguido por la concurrencia de las causas de resolución contempladas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En ningún caso la resolución del Convenio conllevará ningún tipo de indemnización para ninguna de las partes.

En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se estén desarrollando o pendientes, en un plazo improrrogable acordado por las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, trascurrido el cual el Convenio será objeto de liquidación en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Décima Régimen de Protección de Datos personales

Las entidades firmantes manifiestan y garantizan que la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal recabados para la gestión de las prácticas derivadas del mismo, se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos –Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril–, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación.

Ambas partes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta que la que motiva el desarrollo del presente Convenio, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte.

En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.