Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos a los órganos de la Administración de Justicia

Primera Objeto del convenio

El objeto del presente convenio consiste en facilitar el acceso de forma electrónica por parte de los Juzgados y Tribunales y la Fiscalía General del Estado, durante la tramitación de los procedimientos judiciales, a la información obrante en la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, a través del Punto Neutro Judicial, así como el establecimiento del sistema para la transmisión electrónica de dicha información.

Este acceso se realizará en el marco de lo establecido en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en virtud del cual:

Segunda Procedimiento de acceso a la información

1. Para agilizar el acceso a la información por parte de los órganos de la Administración de Justicia, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina desarrollarán los servicios web que sean precisos, con las características técnicas y de seguridad que en cada momento se determinen en función del estado de la tecnología, de manera que se ofrezcan cuantos datos resulten necesarios para el funcionamiento de los órganos de la Administración de Justicia, que se determinen en el presente convenio o por acuerdo de la Comisión Mixta de Seguimiento.

2. Hasta que se ofrezca toda la información mencionada a través de servicios web, la TGSS mantendrá la conexión actual (CEXSIL) y el INSS la conexión e-SIL, asegurándose que la transmisión de los datos debe realizarse por canales cifrados que garanticen la confidencialidad de la información, poniendo a disposición de los órganos de la Administración de Justicia los datos que se enuncian a continuación, sin perjuicio de su ampliación por acuerdo de la Comisión Mixta de Seguimiento:

• a) Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la siguiente información del Fichero General de Afiliación:
  • – AT065 – Consulta de Afiliado.
  • – ACC95 – Vida Laboral de Empresa.
  • – ACC69 – Consulta CCC principal y secundarios asociados a un CIF.

  Y la siguiente información del Fichero General de Recaudación:

  • – RCUS6 – Informe Deuda Vigente y Cobros.
• b) Por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, las siguientes transacciones:
  • – LBP64 (Registro de Prestaciones Sociales Públicas).
  • – LBP65 (Registro de Prestaciones Sociales Públicas).
  • – IN461 (Consulta resumida de expedientes de IT).
  • – IN462 (Consulta resumida de expedientes de pago directo de Maternidad/Paternidad).
  • – IN463 (Consulta resumida de Pago Delegado).
  • – IN464 (Consulta resumida de expedientes de pago directo por Riesgo durante el embarazo y Riesgo durante la lactancia natural).
  • – IN465 (Consulta resumida de expedientes de pago directo por Cuidado de menor afectado por enfermedad grave).
• c) Por parte del Instituto Social de la Marina se cede la información referida a los Trabajadores del Mar, a la que se accede a través de los sistemas informáticos de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, señaladas en los apartados anteriores, con excepción de las consultas relativas a los expedientes de pago directo gestionados por el Instituto Social de la Marina. Asimismo, quedan excluidos los accesos a los datos gestionados por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su modalidad de pago directo.
• d) En consecuencia, se facilitará a los jueces y tribunales, y Fiscalía, toda la información correspondiente al Sistema de la Seguridad Social disponible en las bases de datos corporativas con excepción de aquellas que directamente poseen las entidades gestoras o colaboradoras de las prestaciones y que no están disponibles en un entorno global informatizado.

Tercera Compromisos de las partes

1. Para el efectivo funcionamiento de este convenio el Consejo General del Poder Judicial se compromete:

• a) La administración de usuarios, incluyendo la gestión de claves de acceso y de su distribución siguiendo el protocolo de seguridad que tiene establecido al efecto en el PNJ.
• b) Con objeto de respetar los protocolos de seguridad pactados entre las partes, el Consejo suministrará a la TGSS y al INSS, la identificación de los usuarios que soliciten una determinada información y mantendrá un registro de accesos que facilite la comprobación que se determine en las posibles auditorías.
• c) Para la utilización del servicio WEB de consulta, el CGPJ se identificará de forma segura utilizando los certificados digitales que se determinen.

2. Asimismo, para la gestión de este acceso a la información se deberá cumplir con lo siguiente:

• a) La administración del sistema se basará en la asignación de perfiles de autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los mismos. En este sentido, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina asignarán un perfil a dos usuarios autorizadores con nivel 4 a las personas que perteneciendo al Consejo General del Poder Judicial designe éste, quienes a su vez darán de alta tantos códigos de usuario como sean necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.

  A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas para acceder al sistema informático pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.

• b) A los usuarios administradores de nivel 4 se le asignarán los perfiles correspondientes de SILCON que les permitan la creación, modificación y baja de usuarios, así como el seguimiento de éstos y los perfiles asignados.

  Los autorizadores de nivel 4 dispondrán también de las transacciones que se ceden en este convenio citadas en la cláusula segunda con el exclusivo fin de su cesión a los usuarios de los Juzgados y Tribunales.

• c) Los usuarios administradores/autorizadores de nivel 4 y, subsidiariamente, el Consejo General del Poder Judicial son responsables de la asignación de perfiles de autorización a los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades de gestión y vigilarán la correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
• d) Todos los usuarios autorizados a acceder al sistema deberán quedar identificados y autentificados, de forma que en todo momento pueda conocerse el usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida en el sistema. Para ello en el momento de autorizar un usuario se cumplimentarán todos los campos exigidos.
• e) Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
• f) Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un nuevo puesto de trabajo en distinto Órgano o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del código de usuario. Por otra parte, se establecerán controles en cuanto al tiempo de inactividad de los usuarios que pasarán a la situación de cancelados una vez transcurridos tres meses sin acceder a los Ficheros citados en este convenio. También se dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
• g) El seguimiento y control de los accesos de los usuarios adscritos se llevará a cabo por sus responsables en el Consejo General del Poder Judicial, para lo cual la Gerencia de Informática de la Seguridad Social facilitará las herramientas informáticas necesarias.

La TGSS para facilitar la labor descrita en el párrafo anterior pondrá a disposición del CGPJ el programa de auditoría que se describe en el anexo I.

Asimismo, el INSS pondrá a disposición del CGPJ el programa de auditoría del anexo II.

Cuarta Financiación

El presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes.

Quinta Protección de datos

Los datos personales que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán incorporados a las actividades de tratamiento responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo.

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento.

Sexta Confidencialidad

Todos los usuarios identificados, así como sus responsables de todas las partes deben tener el conocimiento de que la copia de programas y/o uso de datos de carácter personal en tareas impropias son operaciones ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas, incluyendo la vulneración del principio y deber de confidencialidad regulados por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como a responsabilidades de cualquier otra naturaleza, incluso penales.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Séptima Comisión Mixta de Seguimiento

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes, correspondiendo en primer lugar al Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente convenio y ejercerá las siguientes funciones:

• a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente convenio.
• b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente convenio.
• c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
• d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del convenio.
• e) Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
• f) Aprobar la utilización en un futuro de otros sistemas o redes de comunicaciones que resulten más eficaces que el Punto Neutro Judicial.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada Ley.

Octava Vigencia y eficacia del convenio

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 h) 1.º de la Ley 40/2015, el presente convenio tendrá una vigencia de 4 años desde su inscripción en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación, inscripción que se realizará en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

Novena Modificación, suspensión, resolución y extinción del convenio

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, por acuerdo unánime, mediante la firma de una adenda al mismo.

En el caso de que alguna de las partes detecte incumplimientos de las obligaciones de los usuarios o accesos irregulares o no autorizados, se procederá a acordar la suspensión de la vigencia del convenio y se iniciarán las oportunas comprobaciones tendentes a constatar las circunstancias en las que se hayan producido los hechos de que se trate y a remover los obstáculos que pudieran impedir su normal funcionamiento, previa puesta en conocimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento, en la que se resolverá, en su caso, la procedencia de alzar la suspensión o de resolver el convenio.

El uso indebido por parte de los usuarios de los órganos judiciales de los datos a los cuales hayan accedido comportará, en su caso, las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, sin perjuicio de la actuación de la autoridad de control en materia de protección de datos competente.

«El Organismo cesionario será responsable frente al cedente con motivo de las reclamaciones que éste reciba del propietario de los datos personales por un uso indebido de los mismos para fines ajenos a los previstos en el presente convenio, en los términos que se derivan del régimen legal correspondiente. El Organismo cedente podrá repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento de conformidad con el régimen legal correspondiente.»

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre:

• 1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
• 2. Son causas de resolución:
  • a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
  • b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
  • c) La denuncia del convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones suscritas.
  • d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

    En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

    Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

  • e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
  • f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio.
  • g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

En particular, la resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima Régimen Jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el capítulo VI del título preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.