Resolución de 4 de mayo de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística, O.A., para la realización de la Encuesta Europea de Violencia de Género

Primera Objeto del convenio

El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística para la realización de la II edición de la Encuesta Europea de Violencia de Género para España.

Segunda Compromisos y actuaciones de las Instituciones firmantes

Compromisos que asume el INE:

El INE se compromete a proporcionar a la DGVG el apoyo y asesoramiento metodológico necesario para el desarrollo de la encuesta, concretado en lo siguiente:

• 1. Realización del diseño muestral. De acuerdo con el borrador del Proyecto Técnico de la Encuesta que se acuerde por ambas partes conforme a lo establecido en la cláusula sexta, el INE realizará las tareas descritas en los siguientes apartados:
  • a) Definición del tipo de muestreo, y afijación de la muestra.
  • b) Selección de la muestra de unidades primarias y de personas, de acuerdo con la afijación establecida.
  • c) Cálculo de los factores de elevación utilizando la información auxiliar disponible.
  • d) Cálculo de los errores del muestreo, utilizando el procedimiento más adecuado al tipo de muestreo realizado en la encuesta.
• 2. En la ejecución de las diferentes etapas de las encuestas, el INE se compromete a proporcionar el asesoramiento técnico que le solicite la DGVG y a facilitar la documentación metodológica que tenga disponible.

  Compromisos que asume la DGVG:

La DGVG se compromete a desarrollar todas las etapas necesarias para elaborar la Encuesta Europea de Violencia de Género, siguiendo las directrices marcadas por Eurostat y ateniéndose a las especificaciones metodológicas establecidas en el Proyecto de la Encuesta y en los documentos técnicos correspondientes.

Asimismo, en las publicaciones que realice hará mención expresa a este convenio.

Tercera Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes

El presente convenio no dará lugar a obligaciones ni compromisos económicos a asumir por las partes.

Cuarta Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control

Ambas partes se comprometen a resolver, de mutuo acuerdo, todas las incidencias que puedan surgir a lo largo del desarrollo del presente convenio relativas a la interpretación, resolución y efectos del mismo, a través de una Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control cuya composición, funciones y calendario de reuniones serán los siguientes:

Composición:

En representación de la DGVG:

Tres personas de la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres.

La presidencia y la secretaría corresponderá a la persona titular y adjunta de la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres.

En representación del INE:

Tres personas de la Subdirección General de Metodología y Diseño de Muestras.

Funciones:

Además de la función genérica de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio y de sus compromisos adquiridos por las partes, la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del convenio.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

Calendario:

La Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, pudiéndose incorporar a las reuniones los expertos que cada institución considere en función de la materia a tratar. Las reuniones podrán celebrarse a distancia, según lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En lo no establecido expresamente en la presente cláusula, la Comisión de Seguimiento Evaluación y Control se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, por lo dispuesto para el funcionamiento de los órganos colegiados de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Quinta Vigencia del convenio

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público manteniendo su vigencia por un periodo de cuatro años. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de diez días hábiles desde su formalización. En cualquier momento antes de finalizar su vigencia el convenio se podrá prorrogar expresamente por un periodo de hasta cuatro años adicionales. Transcurridos estos ocho años el convenio quedará extinto y en caso de que se quisiese seguir con los compromisos del mismo será necesario suscribir uno nuevo.

Sexta Régimen de modificación

El contenido del presente convenio se modificará por acuerdo unánime de los firmantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público mediante la suscripción de la oportuna adenda de modificación, formalizada durante el periodo de vigencia.

Asimismo, las partes acordarán en el seno de la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control algunos detalles relativos a la ejecución del contenido del convenio, en particular los aspectos relativos al proyecto Técnico de la Encuesta, sin que en ese caso se requiera una modificación del convenio, sino el simple acuerdo entre partes, siempre que no resulte afectado el contenido mínimo y esencial del convenio, que no puede ser objeto de modificación en la Comisión de Seguimiento.

Séptima Incumplimiento de las obligaciones y compromisos

En caso de que cualquiera de las partes firmantes del presente convenio incumpla las obligaciones y compromisos asumidos, podrá ser requerida por la otra parte para que en el plazo que se determine en la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control cumpla con las obligaciones y compromisos pendientes. Si transcurrido el plazo persistiera el incumplimiento, la parte que dirigió el requerimiento notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, conforme a lo establecido por el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava Régimen de extinción y resolución

De acuerdo con lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o bien por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución del presente convenio:

• – El transcurso del plazo de vigencia.
• – El mutuo acuerdo de las partes signatarias.
• – El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
• – La decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
• – Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

La resolución del convenio, en caso de no producirse de mutuo acuerdo, habrá de ser solicitada a la otra parte de forma fehaciente con un plazo mínimo de un mes.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existieran actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.

La resolución del convenio producirá los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Novena Régimen jurídico y jurisdicción aplicables

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regula por los artículos 47 a53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las partes se comprometen a resolver de común acuerdo cualquier conflicto que pudiera surgir sobre su interpretación, modificación, resolución y efectos.

En caso de que no fuera posible serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.