Sumario

Ley 10/1990, 15 octubre, del Deporte rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 20 julio 1991).

Pre�mbulo

El deporte, en sus m�ltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilizaci�n y convocatoria.

El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su pr�ctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea h�bitos favorecedores de la inserci�n social y, asimismo, su pr�ctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilizaci�n activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contempor�nea.

La importancia del deporte fue recogida en el conjunto de principios rectores de la pol�tica social y econ�mica que recoge el cap�tulo tercero del t�tulo I de la Constituci�n, que en su art�culo 43.3 se�ala: �Los poderes p�blicos fomentar�n la educaci�n sanitaria, la educaci�n f�sica y el deporte. Asimismo, facilitar�n la adecuada utilizaci�n del ocio�.

La respuesta al deber constitucional de fomentar el deporte lleg�, en primer t�rmino, a trav�s de la Ley 13/1980, de extraordinaria importancia en su momento y que hoy es preciso sustituir, no tanto por el tiempo transcurrido desde su publicaci�n como por las exigencias derivadas de la interpretaci�n pautada del proceso auton�mico, y por la propia evoluci�n del fen�meno deportivo.

El objetivo fundamental de la nueva Ley es regular el marco jur�dico en que debe desenvolverse la pr�ctica deportiva en el �mbito del Estado, rechazando, por un lado, la tentaci�n f�cil de asumir un protagonismo p�blico excesivo y, por otro lado, la propensi�n a abdicar de toda responsabilidad en la ordenaci�n y racionalizaci�n de cualquier sector de la vida colectiva. No es necesario recurrir para ello al discurso sobre la naturaleza jur�dica de la actividad deportiva, toda vez que la pr�ctica del deporte es libre y voluntaria y tiene su base en la sociedad. Basta la alegaci�n del mandato, expl�cito en el art�culo 43 de la Constituci�n e impl�cito en todo su texto, para explicar y justificar que una de las formas m�s nobles de fomentar una actividad es preocuparse por ella y sus efectos, ordenar su desarrollo en t�rminos razonables, participar en la organizaci�n de la misma cuando sea necesario y contribuir a su financiaci�n.

Si la atribuci�n de competencias sobre deporte o promoci�n del deporte se halla expl�cita en los diferentes Estatutos de Autonom�a -y, por ello, esta Ley no trata de realizar operaciones de redistribuci�n que no le corresponden-, no es menos cierto, en primer lugar, que semejante atribuci�n ha de ponerse en conexi�n estricta con los �mbitos territoriales de las respectivas Comunidades Aut�nomas, y en segundo lugar, que el deporte constituye una materia -por emplear t�rminos constitucionales- sobre la que, sin duda, inciden varios t�tulos competenciales. En este sentido, son varias las actuaciones coordinadas y de cooperaci�n entre la Administraci�n del Estado y la de las Comunidades Aut�nomas para aquellas competencias concurrentes que sin duda propiciar�n una pol�tica deportiva m�s din�mica y con efectos multiplicadores.

Respecto de lo primero, parece claro que la faceta competitiva de �mbito estatal e internacional que es inherente al deporte justifica la actuaci�n del Estado. Como el Tribunal Constitucional asegur� en su d�a, la gesti�n de los intereses propios de las Comunidades Aut�nomas no posibilita �ciertamente, la afectaci�n de intereses que son propios del deporte federado espa�ol en su conjunto�, de forma que es absolutamente necesario conectar la intervenci�n p�blica con el �mbito en el que se desenvuelve el deporte. Ello permite, en definitiva, deslindar los respectivos campos de actuaci�n del Estado y de las Comunidades Aut�nomas. Y, desde luego, as� lo hace la presente Ley que advierte en diversos preceptos del acotamiento de sus objetivos derivados de las exigencias constitucionales y que se corresponden con las competencias de la Administraci�n del Estado, dejando a salvo las que corresponden leg�timamente a las Comunidades Aut�nomas.

Respecto de lo segundo, tambi�n es claro que la actividad deportiva constituye una evidente manifestaci�n cultural, sobre la que el Estado no debe ni puede mostrarse ajeno por imperativo de la propia Constituci�n, aunque s�lo sea para facilitar la necesaria comunicaci�n entre los diferentes �mbitos auton�micos. Y, sin desconocer que los t�tulos competenciales de educaci�n, investigaci�n, sanidad o legislaci�n mercantil avalan la actuaci�n estatal en la materia, en su faceta supraauton�mica. Todo ello con absoluto respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Aut�nomas en sus Estatutos de Autonom�a, que ha propiciado en determinados territorios la promulgaci�n de legislaci�n deportiva propia en ese �mbito. Con base en esta realidad se declaran supletorios los correspondientes art�culos.

El fen�meno deportivo, actividad libre y voluntaria, presenta estos aspectos claramente diferenciados:

La pr�ctica deportiva del ciudadano como actividad espont�nea, desinteresada y l�dica o con fines educativos y sanitarios.

La actividad deportiva organizada a trav�s de estructuras asociativas.

El espect�culo deportivo, fen�meno de masas, cada vez m�s profesionalizado y mercantilizado.

Estas realidades diferentes requieren tratamientos espec�ficos.

La Ley pretende unos objetivos que est�n relacionados directamente con los aspectos del deporte antes se�alados:

Fomentar la pr�ctica deportiva y ordenar su funcionamiento, cuando �sta trasciende del �mbito auton�mico.

Reconocer y facilitar la actividad deportiva organizada a trav�s de estructuras asociativas.

Regular el espect�culo deportivo, consider�ndolo como una actividad progresivamente mercantilizada.

Al referirse a los contenidos que deben contribuir a desarrollar los objetivos se�alados, es preciso afirmar que la Ley es un texto que regula el deporte, y que menciona en los principios generales el tratamiento reconocido a la educaci�n f�sica. Esta forma parte de la educaci�n integral de la persona y, por lo tanto, como parte sustancial del sistema educativo, deben ser las leyes y la normativa de car�cter educativo las que regulen, sin discriminaci�n ni marginalidad, dicha materia.

Sin duda, un T�tulo importante de la Ley es el que hace referencia al asociacionismo deportivo.

En un primer nivel, la Ley propone un nuevo modelo de asociacionismo deportivo que persigue, por un lado, el favorecer el asociacionismo deportivo de base, y por otro, establecer un modelo de responsabilidad jur�dica y econ�mica para los clubes que desarrollan actividades de car�cter profesional. Lo primero se pretende lograr mediante la creaci�n de clubes deportivos elementales, de constituci�n simplificada. Lo segundo, mediante la conversi�n de los clubes profesionales en Sociedades An�nimas Deportivas, o la creaci�n de tales Sociedades para los equipos profesionales de la modalidad deportiva que corresponda, nueva forma jur�dica que, inspirada en el r�gimen general de las Sociedades An�nimas, incorpora determinadas especificidades para adaptarse al mundo del deporte.

La Ley presta, asimismo, una atenci�n espec�fica a las Federaciones deportivas espa�olas y a las Ligas profesionales como formas asociativas de segundo grado. Por primera vez se reconoce en la legislaci�n la naturaleza jur�dico-privada de las Federaciones, al tiempo que se les atribuyen funciones p�blicas de car�cter administrativo. Es en esta �ltima dimensi�n en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la Administraci�n del Estado puede ejercer sobre las Federaciones y que la Ley, cautelarmente, ha establecido con un absoluto y exquisito respeto de los principios de autoorganizaci�n que resultan compatibles con la vigilancia y protecci�n de los intereses p�blicos en presencia.

Las Agrupaciones de clubes y los Entes de Promoci�n Deportiva se regulan como asociaciones de �mbito estatal e implantaci�n supra-auton�mica. Las primeras con el exclusivo objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no contempladas por las Federaciones deportivas espa�olas. Los segundos, como promotores y organizadores de actividades f�sicas y deportivas con finalidades exclusivamente l�dicas, formativas o sociales.

En correspondencia con la imposici�n de una forma especial jur�dico-societaria en el desarrollo del deporte profesionalizado, se establece la obligatoriedad de constituci�n, en el seno de las estructuras federativas, de Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los clubes que participen en competiciones oficiales de car�cter profesional. La Ley no autoriza una quiebra del n�cleo federativo, pues es �ste el genuino catalizador de las labores de promoci�n del deporte, pero reconoce personalidad jur�dica y autonom�a organizativa y funcional a las Ligas profesionales hasta el grado y con la intensidad que ese modo de pr�ctica deportiva aconseja. De ah� que se permita a las Ligas la organizaci�n de sus propias competiciones en coordinaci�n con la respectiva Federaci�n deportiva espa�ola y de acuerdo con los criterios que, en garant�a exclusiva de los compromisos internacionales, pueda establecer, en su caso, la Administraci�n del Estado.

Corolario del reconocimiento de la naturaleza privada de las Federaciones deportivas y de su papel de organismo colaborador de la Administraci�n, es la declaraci�n directa y gen�rica de utilidad p�blica que la Ley efect�a. El sello de oficialidad que, por habilitaci�n estatal, ostentan las Federaciones deportivas espa�olas, encuentra aqu� su manifestaci�n m�s visible y, al tiempo, justifica la tutela y control del Estado sobre las mismas.

Otro aspecto que es preciso mencionar expresamente es el que hace referencia al deporte de alto nivel, y sobre todo a las medidas de protecci�n a los deportistas que por sus especiales cualidades y dedicaci�n, representan a la naci�n espa�ola en las competiciones de car�cter internacional. Ninguno de los pa�ses de nuestro entorno cultural ha dejado de lado la labor de tutela de este tipo de pr�cticas deportivas, extremando incluso las atenciones aconsejables a dichos deportistas. Y todas las medidas que la Ley plantea han venido siendo reclamadas desde anta�o por los agentes deportivos, y en la actualidad, por los representantes del espectro pol�tico espa�ol, a trav�s de una moci�n aprobada un�nimemente en el Congreso de los Diputados.

La Ley impulsa la necesidad de establecer instrumentos de lucha y prevenci�n contra el consumo de sustancias prohibidas o el uso de m�todos ilegales destinados a aumentar artificialmente el rendimiento de los deportistas, y esto tanto por el perjuicio que representa para la salud del deportista como por la desvirtuaci�n del propio fen�meno deportivo. Medidas de prevenci�n y control, definici�n de las sustancias prohibidas y m�todos no reglamentarios. La creaci�n de una �Comisi�n anti-dopaje� y la obligatoriedad de someterse a controles por parte de los deportistas federados, son aspectos incluidos en el texto.

La creciente preocupaci�n social por el incremento de la violencia en los

espect�culos deportivos o en torno a los mismos, justifica que la Ley incorpore determinadas medidas para luchar contra el fen�meno de la violencia en este �mbito. Con ello la Ley pretende, por una parte, adoptar los preceptos del Convenio Europeo sobre la violencia, elaborado por el Consejo de Europa y ratificado por Espa�a en 1987; y por otra, incluir algunas recomendaciones y medidas propuestas por la Comisi�n Especial sobre la violencia en los espect�culos deportivos y aprobadas por el Senado un�nimemente. Entre ellas destaca la creaci�n de una Comisi�n Nacional contra la Violencia en estos espect�culos y la tipificaci�n de las infracciones administrativas relativas a las medidas de seguridad, as� como las sanciones correspondientes a tales infracciones.

La Ley contempla tambi�n otros aspectos que, de manera sucinta, es preciso enumerar: La definici�n de las competiciones deportivas, la regulaci�n de las ense�anzas que hoy en d�a son soporte de numerosas situaciones profesionales, la incorporaci�n a la Ley de los criterios fundamentales del r�gimen disciplinario deportivo, la apertura de la v�a de la conciliaci�n extrajudicial en el deporte en concordancia con la nueva Ley del Arbitraje, la creaci�n de la Asamblea General del Deporte, incorpor�ndose igualmente el Comit� Ol�mpico Espa�ol como asociaci�n privada cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento ol�mpico y difusi�n de sus ideales, declar�ndolo de utilidad p�blica a efectos de las finalidades que le son propias.

Por �ltimo, es preciso se�alar tambi�n las novedades que suponen las Disposiciones Adicionales. Por un lado, se contempla la posibilidad de una excepci�n en la transformaci�n en Sociedades An�nimas Deportivas para aquellos clubes que, estando participando ya en competiciones deportivas profesionales, hayan demostrado una buena gesti�n con el r�gimen asociativo, manteniendo un patrimonio neto positivo durante los cuatro �ltimos ejercicios. A estos clubes se les impone, en el caso de que opten por su transformaci�n en Sociedad An�nima Deportiva, un r�gimen espec�fico y personal de responsabilidad de los directivos que garantice la estabilidad econ�mica de los clubes. Por otro lado, se modifica la Ley del IVA para favorecer el asociacionismo deportivo de base, recogiendo el esp�ritu de la directiva europea y equiparando el r�gimen fiscal de los clubes aficionados espa�oles a sus hom�nimos comunitarios.