• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• PRE�MBULO
• CAP�TULO I.� Disposiciones generales
  • Art�culo 1 �Objeto
  • Art�culo 2 �Definiciones
  • Art�culo 3 ��mbito de aplicaci�n
  • Art�culo 4 ��mbito temporal de la responsabilidad medioambiental
  • Art�culo 5 �Da�os a particulares
  • Art�culo 6 �Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas
  • Art�culo 7 �Competencias administrativas
  • Art�culo 8 �Da�os transfronterizos
• CAP�TULO II.� Atribuci�n de responsabilidades
  • Art�culo 9 �Responsabilidad de los operadores
  • Art�culo 10 �Responsabilidad de los grupos de sociedades
  • Art�culo 11 �Pluralidad de responsables de un mismo da�o
  • Art�culo 12 �Muerte o extinci�n de las personas responsables
  • Art�culo 13 �Responsables solidarios y subsidiarios
  • Art�culo 14 �Inexigibilidad de la obligaci�n de sufragar los costes
  • Art�culo 15 �Recuperaci�n de costes
  • Art�culo 16 �Acciones frente a terceros
• CAP�TULO III.� Prevenci�n, evitaci�n y reparaci�n de da�os medioambientales
  • SECCI�N 1.� PREVENCI�N Y EVITACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
    • Art�culo 17 �Obligaciones del operador en materia de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os
    • Art�culo 18 �Potestades administrativas en materia de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os
  • SECCI�N 2.� REPARACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
    • Art�culo 19 �Obligaciones del operador en materia de reparaci�n
    • Art�culo 20 �Medidas de reparaci�n
    • Art�culo 21 �Potestades administrativas en materia de reparaci�n de da�os
  • SECCI�N 3.� DISPOSICIONES COMUNES
    • Art�culo 22 �Incumplimiento de las obligaciones de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n del da�o medioambiental
    • Art�culo 23 �Actuaci�n directa de la Administraci�n
• CAP�TULO IV.� Garant�as financieras
  • SECCI�N 1.� GARANT�A FINANCIERA OBLIGATORIA
    • Art�culo 24 �Constituci�n de una garant�a financiera obligatoria
    • Art�culo 25 �Responsabilidad cubierta por la garant�a
    • Art�culo 26 �Modalidades
    • Art�culo 27 �Sujetos garantizados
    • Art�culo 28 �Exenciones a la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera obligatoria
    • Art�culo 29 �Costes cubiertos
    • Art�culo 30 �L�mites cuantitativos de la garant�a
    • Art�culo 31 �Vigencia de la garant�a
    • Art�culo 32 �Limitaciones del �mbito temporal de la garant�a
    • Art�culo 33 �Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros
  • SECCI�N 2.� FONDO ESTATAL DE REPARACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
    • Art�culo 34 �Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales
• CAP�TULO V.� Infracciones y sanciones
  • Art�culo 35 �Sujetos responsables de las infracciones
  • Art�culo 36 �Infracciones
  • Art�culo 37 �Clasificaci�n de las infracciones
  • Art�culo 38 �Sanciones
  • Art�culo 39 �Graduaci�n de sanciones
  • Art�culo 40 �Prescripci�n de infracciones y de sanciones
• CAP�TULO VI.� Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental
  • Art�culo 41 �Iniciaci�n del procedimiento
  • Art�culo 42 �Interesados
  • Art�culo 43 �Acceso a la informaci�n
  • Art�culo 44 �Medidas provisionales
  • Art�culo 45 �Resoluci�n
  • Art�culo 46 �Terminaci�n convencional
  • Art�culo 47 �Ejecuci�n forzosa
  • Art�culo 48 �Recuperaci�n de costes por parte de la Administraci�n p�blica
  • Art�culo 49 �Normativa aplicable
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici�n adicional primera �Situaciones de emergencia
  • Disposici�n adicional segunda �Aplicaci�n de normativa medioambiental m�s exigente
  • Disposici�n adicional tercera �Limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo y de navegaci�n interior
  • Disposici�n adicional cuarta �Da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente
  • Disposici�n adicional quinta �Remisi�n de informaci�n al Ministerio de Medio Ambiente
  • Disposici�n adicional sexta �Declaraci�n de inter�s social de la ocupaci�n temporal de determinados bienes y derechos de titularidad privada
  • Disposici�n adicional s�ptima �Inexigibilidad de la garant�a financiera obligatoria a las personas jur�dicas p�blicas
  • Disposici�n adicional octava �Legitimaci�n del Ministerio Fiscal
  • Disposici�n adicional novena �Aplicaci�n del anexo II en los procedimientos judiciales y administrativos
  • Disposici�n adicional d�cima �Responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas
  • Disposici�n adicional und�cima �Evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley
  • Disposici�n adicional duod�cima �Revisi�n de los umbrales regulados en el art�culo 28 de la ley
  • Disposici�n adicional decimotercera �Responsabilidad medioambiental en el exterior
  • Disposici�n adicional decimocuarta �Compensaci�n de da�os por la rotura de la presa de Tous
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici�n transitoria �nica �Da�os anteriores a la entrada en vigor de la ley
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici�n final primera �T�tulos competenciales
  • Disposici�n final segunda �Incorporaci�n del derecho comunitario
  • Disposici�n final tercera �Autorizaci�n de desarrollo
  • Disposici�n final cuarta �Aplicaci�n de la garant�a financiera obligatoria
  • Disposici�n final quinta �Colaboraci�n entre Administraciones p�blicas
  • Disposici�n final sexta �Entrada en vigor
• ANEXO I .� Criterios a los que se refiere el art�culo 2.1.a)
• ANEXO II .� Reparaci�n del da�o medioambiental
  • 1. Reparaci�n de da�os a las aguas, a las especies silvestres y los h�bitat y la ribera del mar y de las r�as:
  • 2. Reparaci�n de da�os al suelo.
• ANEXO III .� Actividades a que hace referencia el art�culo 3.1
• ANEXO IV .� Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.a)
• ANEXO V .� Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.b)
• ANEXO VI .� Informaci�n y datos a que se refiere la disposici�n adicional quinta

Art�culo 1 Objeto

Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales, de conformidad con el art�culo 45 de la Constituci�n y con los principios de prevenci�n y de que �quien contamina paga�.

Art�culo 2 Definiciones

A efectos de la presente ley, se entender� por:

• 1. �Da�o medioambiental�:
  • a) Los da�os a las especies silvestres y a los h�bitat, es decir, cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservaci�n de esos h�bitat o especies. El car�cter significativo de esos efectos se evaluar� en relaci�n con el estado b�sico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I.

    Los da�os a las especies y a los h�bitat no incluir�n los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo establecido en las siguientes normas:

    • 1.� El art�culo 6.3 y 4 o el art�culo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitat naturales y de la fauna y flora silvestres.
    • 2.� La normativa, estatal o auton�mica, en materia de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el art�culo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservaci�n de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
  • b) Los da�os a las aguas, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecol�gico, qu�mico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterr�neas, como en el potencial ecol�gico de las masas de agua artificiales y muy modificadas.

    A tales efectos se estar� a las definiciones que establece la legislaci�n de aguas.

    No tendr�n la consideraci�n de da�os a las aguas los efectos adversos a los que le sea de aplicaci�n el art�culo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuaci�n en el �mbito de la pol�tica de aguas.

  • c) Los da�os a la ribera del mar y de las r�as, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos sobre su integridad f�sica y adecuada conservaci�n, as� como tambi�n aqu�llos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aqu�lla.
  • d) Los da�os al suelo, es decir, cualquier contaminaci�n del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al dep�sito, vertido o introducci�n directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.
• 2. �Da�os�: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente.

  Quedan incluidos en el concepto de da�o aquellos da�os medioambientales que hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.

• 3. �Riesgo�: Funci�n de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuant�a del da�o que puede provocar.
• 4. �Especies silvestres�: Las especies de la flora y de la fauna que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales o que est�n protegidas por la legislaci�n comunitaria, estatal o auton�mica, as� como por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio espa�ol, tanto con car�cter permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Cat�logo Nacional de Especies Amenazadas o en los cat�logos de especies amenazadas establecidos por las comunidades aut�nomas en sus respectivos �mbitos territoriales.

  Quedan excluidas de la definici�n anterior las especies ex�ticas invasoras, entendi�ndose por tales aqu�llas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su �rea de distribuci�n natural y que resultan una amenaza para los h�bitat o las especies silvestres aut�ctonas.

• 5. �H�bitat�: Las zonas terrestres o acu�ticas diferenciadas por sus caracter�sticas geogr�ficas, abi�ticas y bi�ticas, y que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, o que est�n protegidas por otras normas comunitarias, por la legislaci�n estatal o auton�mica, o por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte.
• 6. �Estado de conservaci�n�:
  • a) Con respecto a un h�bitat, la suma de influencias que act�an sobre �l y sobre sus especies t�picas que puedan afectar a largo plazo a su distribuci�n natural, a su estructura y a sus funciones, as� como a la supervivencia a largo plazo de sus especies t�picas en el �rea de distribuci�n natural de ese h�bitat en el territorio espa�ol.

    El estado de conservaci�n de un h�bitat se considerar� �favorable� cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

    • 1.� Que su �rea de distribuci�n natural y las zonas que abarque esa extensi�n sean estables o est�n en crecimiento.
    • 2.� Que concurran la estructura espec�fica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que �stas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible.
    • 3.� Que el estado de conservaci�n de sus especies t�picas sea favorable, tal como se define en la letra b).
  • b) Con respecto a una especie, la suma de influencias que act�an sobre ella que puedan afectar a su distribuci�n a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el �rea de distribuci�n natural de esa especie en el territorio espa�ol.

    El estado de conservaci�n de una especie se considerar� �favorable� cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

    • 1.� Que los datos de din�mica de poblaci�n para la especie de que se trate indiquen que se est� manteniendo a largo plazo como componente viable de sus h�bitat.
    • 2.� Que el �rea de distribuci�n natural de esa especie no se est� reduciendo ni sea probable que vaya a reducirse en un futuro previsible.
    • 3.� Que exista un h�bitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo.
• 7. �Aguas�: Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterr�neas, costeras y de transici�n definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, as� como los restantes elementos que forman parte del dominio p�blico hidr�ulico.
• 8. �Ribera del mar y de las r�as�: Los bienes de dominio p�blico mar�timo-terrestre regulados en el art�culo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• 9. �Suelo�: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por part�culas minerales, materia org�nica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempe�ar tanto funciones naturales como de uso. No tendr�n tal consideraci�n aquellos permanentemente cubiertos por una l�mina de agua superficial.
• 10. �Operador�: Cualquier persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada, que desempe�e una actividad econ�mica o profesional o que, en virtud de cualquier t�tulo, controle dicha actividad o tenga un poder econ�mico determinante sobre su funcionamiento t�cnico. Para su determinaci�n se tendr� en cuenta lo que la legislaci�n sectorial, estatal o auton�mica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administraci�n.

  Sin perjuicio de lo previsto en el art�culo 14.1.b), no quedan incluidos en este concepto los �rganos de contrataci�n de las Administraciones p�blicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la legislaci�n sobre contrataci�n p�blica en relaci�n con los contratos administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de contratista, que ser� quien tenga la condici�n de operador a los efectos de lo establecido en esta ley.

• 11. �Actividad econ�mica o profesional�: Toda aqu�lla realizada con ocasi�n de una actividad de �ndole econ�mica, un negocio o una empresa, con independencia de su car�cter p�blico o privado y de que tenga o no fines lucrativos.
• 12. �Emisi�n�: La liberaci�n en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de sustancias, de preparados, de organismos o de microorganismos.
• 13. �Amenaza inminente de da�os�: Una probabilidad suficiente de que se produzcan da�os medioambientales en un futuro pr�ximo.
• 14. �Medida preventiva� o �medida de prevenci�n�: Aqu�lla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisi�n que haya supuesto una amenaza inminente de da�o medioambiental, con objeto de impedir su producci�n o reducir al m�ximo dicho da�o.
• 15. �Medida de evitaci�n de nuevos da�os�: aqu�lla que, ya producido un da�o medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores da�os medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el da�o, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera.
• 16. �Medida reparadora� o �medida de reparaci�n�: Toda acci�n o conjunto de acciones, incluidas las de car�cter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales da�ados, o facilitar una alternativa equivalente a ellos seg�n lo previsto en el anexo II.
• 17. �Recurso natural�: Las especies silvestres y los h�bitat, el agua, la ribera del mar y de las r�as y el suelo.
• 18. �Servicios de recursos naturales�: Las funciones que desempe�a un recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del p�blico.
• 19. �Estado b�sico�: Aqu�l en que, de no haberse producido el da�o medioambiental, se habr�an hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el da�o, considerado a partir de la mejor informaci�n disponible.
• 20. �Recuperaci�n�, incluida la �recuperaci�n natural�: Trat�ndose de las aguas y de las especies silvestres y los h�bitat, el retorno de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales da�ados a su estado b�sico; trat�ndose de los da�os al suelo, adem�s, la eliminaci�n de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana.
• 21. �Costes�: Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicaci�n adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de da�o medioambiental o de amenaza de da�o medioambiental, cualquiera que sea su cuant�a. En particular, quedan comprendidos todos los gastos que comporte la correcta ejecuci�n de las medidas preventivas, las de evitaci�n de nuevos da�os y las reparadoras; los de evaluaci�n de los da�os medioambientales y de la amenaza inminente de que tales da�os ocurran; los dirigidos a establecer las opciones de acci�n posible y a elegir las m�s adecuadas; los generados para obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisi�n. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jur�dicos, y de actividades materiales y t�cnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas.
• 22. �Autoridad competente�: Aquella encargada de desempe�ar los cometidos previstos en la presente Ley, que designen en su �mbito respectivo de competencias la Administraci�n General del Estado, las comunidades aut�nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecuci�n de esta Ley, conforme a lo dispuesto en el art�culo 7.
• 23. �P�blico�: Cualquier persona f�sica o jur�dica, as� como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicaci�n.

Art�culo 3 �mbito de aplicaci�n

1. Esta ley se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Se presumir�, salvo prueba en contrario, que una actividad econ�mica o profesional de las enumeradas en el anexo III ha causado el da�o o la amenaza inminente de que dicho da�o se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intr�nseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo.

2. Esta ley tambi�n se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes t�rminos:

• a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n.
• b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n y de evitaci�n.

3. Esta Ley s�lo se aplicar� a los da�os medioambientales, o a la amenaza inminente de tales da�os, causados por una contaminaci�n de car�cter difuso, cuando sea posible establecer un v�nculo causal entre los da�os y las actividades de operadores concretos.

4. Esta ley no se aplicar� a los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas:

• a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrecci�n.
• b) Un fen�meno natural de car�cter excepcional, inevitable e irresistible.
• c) Las actividades cuyo principal prop�sito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo �nico prop�sito sea la protecci�n contra los desastres naturales.

5. Esta ley no se aplicar� a los siguientes da�os:

• a) A los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnizaci�n est�n establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a.
• b) A los riesgos nucleares, a los da�os medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilizaci�n est� regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ�a At�mica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo r�gimen de responsabilidad est� establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a.

Art�culo 4 �mbito temporal de la responsabilidad medioambiental

Esta ley no ser� de aplicaci�n a los da�os medioambientales si han transcurrido m�s de treinta a�os desde que tuvo lugar la emisi�n, el suceso o el incidente que los caus�.

El plazo se computar� desde el d�a en el que haya terminado por completo o se haya producido por �ltima vez la emisi�n, el suceso o el incidente causante del da�o.

Art�culo 5 Da�os a particulares

1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los da�os causados a la propiedad privada, a ning�n tipo de p�rdida econ�mica ni afecta a ning�n derecho relativo a este tipo de da�os o cualesquiera otros da�os patrimoniales que no tengan la condici�n de da�os medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se regir�n por la normativa que en cada caso resulte de aplicaci�n.

2. Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podr�n exigir reparaci�n ni indemnizaci�n por los da�os medioambientales que se les hayan irrogado, en la medida en la que tales da�os queden reparados por la aplicaci�n de esta ley. El responsable que hubiera hecho frente a esa doble reparaci�n podr� reclamar del perjudicado la devoluci�n o la compensaci�n que proceda.

3. En ning�n caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera procesos o procedimientos exonerar�n al operador responsable de la adopci�n plena y efectiva de las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n que resulten de la aplicaci�n de esta ley ni impedir�n las actuaciones administrativas encaminadas a ello.

Art�culo 6 Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas

1. Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 36.3, la responsabilidad establecida en esta ley ser� compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aqu�lla.

2. En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o sancionadores se aplicar�n las siguientes reglas:

• a) Esta ley se aplicar�, en todo caso, a la reparaci�n de los da�os medioambientales causados por los operadores de actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III, con independencia de la tramitaci�n de los restantes procedimientos.
• b) Esta ley se aplicar�, en todo caso, a la adopci�n de medidas de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os, por parte de todos los operadores de actividades econ�micas o profesionales, con independencia de la tramitaci�n de los restantes procedimientos.
• c) La adopci�n de las medidas de reparaci�n de da�os medioambientales causados por actividades econ�micas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III ser� exigible �nicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente se haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia.

Se adoptar�n, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para evitar la doble recuperaci�n de costes.

3. Si por aplicaci�n de otras leyes se hubiera conseguido la prevenci�n, la evitaci�n y la reparaci�n de da�os medioambientales a costa del responsable, no ser� necesario tramitar las actuaciones previstas en esta ley.

Art�culo 7 Competencias administrativas

1. El desarrollo legislativo y la ejecuci�n de esta ley corresponden a las comunidades aut�nomas en cuyo territorio se localicen los da�os causados o la amenaza inminente de que tales da�os se produzcan.

En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecuci�n de esta ley.

2. Si el da�o o la amenaza de que el da�o se produzca afecta a cuencas hidrogr�ficas de gesti�n estatal o a bienes de dominio p�blico de titularidad estatal, ser� preceptivo el informe del �rgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n que se deban adoptar respecto de dichos bienes.

3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislaci�n de aguas y en la de costas, corresponda a la Administraci�n General del Estado velar por la protecci�n de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os, aquella aplicar� esta ley en su �mbito de competencias.

4. Cuando est�n afectados los territorios de varias comunidades aut�nomas o cuando deban actuar aqu�llas y la Administraci�n General del Estado conforme al apartado anterior, las administraciones afectadas establecer�n aquellos mecanismos de colaboraci�n que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en esta ley, los cuales podr�n prever la designaci�n de un �nico �rgano para la tramitaci�n de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustar�n sus actuaciones a los principios de informaci�n mutua, de cooperaci�n y de colaboraci�n.

5. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Administraci�n actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deber� aquella recabar informe de �stas antes de resolver.

6. Con car�cter excepcional y cuando as� lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administraci�n General del Estado podr� promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar da�os medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboraci�n de las comunidades aut�nomas y de acuerdo con sus respectivas competencias.

Art�culo 8 Da�os transfronterizos

1. Cuando un da�o medioambiental o una amenaza inminente de que se produzca un da�o medioambiental afecte o pueda afectar a otro Estado miembro de la Uni�n Europea, la autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicar� de forma inmediata al Ministerio de Medio Ambiente.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraci�n con la autoridad competente afectada y a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, adoptar� las siguientes medidas:

• a) Facilitar� a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuanta informaci�n resulte relevante para que �stos puedan adoptar las medidas que estimen oportunas en relaci�n con el evento causante del da�o o de la amenaza de que el da�o se produzca.
• b) Establecer� los mecanismos de colaboraci�n con las autoridades competentes de otros Estados miembros para facilitar la adopci�n de todas las medidas encaminadas a la prevenci�n, a la evitaci�n y a la reparaci�n de da�os medioambientales.
• c) Tomar� en consideraci�n las recomendaciones que le formulen las autoridades competentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicar� a la autoridad competente afectada.
• d) Tomar� las medidas necesarias para que los operadores responsables del da�o medioambiental o amenaza inminente de da�o asuman los costes que hayan ocasionado a las autoridades competentes de los estados miembros afectados con sujeci�n a los criterios de reciprocidad que se establezcan en tratados internacionales o en la normativa de dichos estados.

3. Cuando una autoridad espa�ola competente por raz�n de la materia identifique un da�o o una amenaza inminente de da�o para su territorio, ocasionado por una actividad econ�mica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Uni�n Europea, informar� a la Comisi�n Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n. Asimismo podr�, adem�s, adoptar las siguientes medidas:

• a) Formular recomendaciones para la adopci�n de medidas preventivas o reparadoras, las cuales ser�n transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el da�o a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.
• b) Iniciar los tr�mites para la recuperaci�n de los costes ocasionados por la adopci�n de medidas preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las restantes disposiciones aplicables.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n pondr� en conocimiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda la informaci�n procedente de otros Estados miembros sobre da�os medioambientales transfronterizos.

Art�culo 9 Responsabilidad de los operadores

1. Los operadores de las actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuant�a, cuando resulten responsables de los mismos.

El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones y de las condiciones establecidos por las normas legales y reglamentarias o de los fijados en cualesquiera t�tulos administrativos cuya obtenci�n sea necesaria para el ejercicio de una actividad econ�mica o profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerar� a los operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 14.

2. Los operadores de cualesquiera actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de da�os medioambientales o la amenaza inminente de dichos da�os, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar.

3. Los operadores de actividades econ�micas o profesionales incluidas en esta ley est�n obligados a colaborar en la definici�n de las medidas reparadoras y en la ejecuci�n de las adoptadas por la autoridad competente.

4. La Administraci�n p�blica que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una actividad cuyo desarrollo diese lugar a da�os medioambientales, o a la amenaza de los mismos, colaborar� con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad medioambiental de la Administraci�n p�blica por las actuaciones del operador, salvo en el supuesto previsto en el art�culo 14.1.b).

Art�culo 10 Responsabilidad de los grupos de sociedades

En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un grupo de sociedades, seg�n lo previsto en el art�culo 42.1 del C�digo de Comercio, la responsabilidad medioambiental regulada en esta ley podr� extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie utilizaci�n abusiva de la persona jur�dica o fraude de ley.

Art�culo 11 Pluralidad de responsables de un mismo da�o

En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su participaci�n en la causaci�n del da�o o de la amenaza inminente de causarlo, la responsabilidad ser� mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra cosa.

Art�culo 12 Muerte o extinci�n de las personas responsables

En los casos de muerte o extinci�n de las personas responsables seg�n esta ley, sus deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias subsiguientes, se transmitir�n y se exigir�n conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.

Art�culo 13 Responsables solidarios y subsidiarios

1. Ser�n responsables solidarios del pago de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta ley los sujetos a los que se refiere el art�culo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Ser�n responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley y, en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos:

• a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jur�dicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de �stas.
• b) Los gestores o administradores de aquellas personas jur�dicas que hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.
• c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad causante del da�o, con los l�mites y las excepciones previstos en el art�culo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
• d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jur�dicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones.

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declarar�n y exigir�n en los procedimientos de ejecuci�n, en los t�rminos establecidos en la legislaci�n tributaria y de recaudaci�n de ingresos de Derecho p�blico.

Art�culo 14 Inexigibilidad de la obligaci�n de sufragar los costes

1. El operador no estar� obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os cuando demuestre que los da�os medioambientales o la amenaza inminente de tales da�os se produjeron exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas:

• a) La actuaci�n de un tercero ajeno al �mbito de la organizaci�n de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
• b) El cumplimiento de una orden o instrucci�n obligatoria dictada por una autoridad p�blica competente, incluyendo las �rdenes dadas en ejecuci�n de un contrato a que se refiere la legislaci�n de contratos de las Administraciones P�blicas.

Se except�an los supuestos en los que la orden o la instrucci�n se hayan dictado para hacer frente a una emisi�n o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador.

La aprobaci�n de proyectos por las Administraciones p�blicas, cuando as� lo exija la normativa aplicable, no tendr� la consideraci�n de orden o instrucci�n, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administraci�n contratante no podr�n considerarse como orden o instrucci�n obligatoria a los efectos de este apartado respecto de da�os medioambientales no previstos expresamente en la declaraci�n de impacto ambiental o instrumento equivalente.

Cuando los da�os medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administraci�n en un contrato de obras o de suministro de fabricaci�n, el operador no vendr� obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.

2. El operador no estar� obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que la emisi�n o el hecho que sea causa directa del da�o medioambiental constituya el objeto expreso y espec�fico de una autorizaci�n administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.

  Adicionalmente, ser� necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorizaci�n y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la emisi�n o el hecho causante del da�o medioambiental.

• b) Que el operador pruebe que el da�o medioambiental fue causado por una actividad, una emisi�n, o la utilizaci�n de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos cient�ficos y t�cnicos existentes en aquel momento.

3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador estar� obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido se recuperar�n en los t�rminos previstos en el art�culo 15.

Art�culo 15 Recuperaci�n de costes

1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 14.1, el operador no est� obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de da�os medioambientales, podr� recuperarlos ejerciendo las acciones de repetici�n frente a terceros a que se refiere el art�culo 16 o reclamando la responsabilidad patrimonial de las Administraciones p�blicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad p�blica que imparti� la orden o la instrucci�n.

Igualmente, la autoridad competente podr� exigir al tercero que sufrague los costes de las medidas que se hayan adoptado.

2. En los supuestos previstos en el art�culo 14.2, el operador tendr� derecho a recuperar los costes imputables a las medidas de reparaci�n de da�os medioambientales en los t�rminos establecidos en la normativa auton�mica, salvo lo dispuesto en el art�culo 34.

Art�culo 16 Acciones frente a terceros

1. El operador que hubiera adoptado medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n podr� ejercer acciones de repetici�n contra cualesquiera otras personas que, al amparo de �sta o de cualquier otra norma, sean causantes o responsables, con o sin culpa, del da�o medioambiental o de la amenaza de da�o medioambiental que haya motivado la adopci�n de aquellas medidas.

2. Cuando el da�o o la amenaza de da�o sean causados por el uso de un producto, el operador podr� reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los costes en que haya incurrido, siempre y cuando el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de su actividad a las condiciones establecidas para el uso del producto y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisi�n o el hecho causante del da�o medioambiental.

Art�culo 17 Obligaciones del operador en materia de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os

1. Ante una amenaza inminente de da�os medioambientales originada por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas.

2. Asimismo, cuando se hayan producido da�os medioambientales causados por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar en los mismos t�rminos las medidas apropiadas de evitaci�n de nuevos da�os, con independencia de que est� o no sujeto a la obligaci�n de adoptar medidas de reparaci�n por aplicaci�n de lo dispuesto en esta ley.

3. Para la determinaci�n de las medidas de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os se atender�, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas.

4. Los operadores pondr�n en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos los aspectos relativos a los da�os medioambientales o a la amenaza de tales da�os, seg�n lo dispuesto en el art�culo 9.2, as� como las medidas de prevenci�n y evitaci�n adoptadas.

De no desaparecer la amenaza de da�o a pesar de haberse adoptado las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os, el operador lo pondr� en conocimiento inmediato de la autoridad competente.

Art�culo 18 Potestades administrativas en materia de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os

La autoridad competente, cuando considere que existe amenaza de da�os o de producci�n de nuevos da�os, podr� adoptar en cualquier momento y mediante resoluci�n motivada dictada de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI, cualquiera de las siguientes decisiones:

• a) Exigir al operador que facilite informaci�n sobre toda amenaza inminente de producci�n de da�o medioambiental cuando existan indicios de que va a producirse.
• b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a prevenir y a evitar tales da�os y requerir su cumplimiento.
• c) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
• d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas de prevenci�n o de evitaci�n cuando concurran las circunstancias previstas en los art�culos 23 y 47.

Art�culo 19 Obligaciones del operador en materia de reparaci�n

1. El operador de cualquiera de las actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III que cause da�os medioambientales como consecuencia del desarrollo de tales actividades est� obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de reparaci�n que procedan de conformidad con lo dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.

2. El operador de una actividad econ�mica o profesional no enumerada en el anexo III que cause da�os medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad est� obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las medidas de evitaci�n y, s�lo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las medidas reparadoras.

En todo caso, quedan obligados a la adopci�n de medidas de reparaci�n los operadores que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de prevenci�n y de evitaci�n de da�os.

Art�culo 20 Medidas de reparaci�n

1. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 19, cuando se hayan producido da�os medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo:

• a) Adoptar� todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales da�ados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas. Asimismo, informar� a la autoridad competente de las medidas adoptadas.
• b) Someter� a la aprobaci�n de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en el cap�tulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los da�os medioambientales causados elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas.

2. Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitar� al operador para que �ste pueda optar entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecuci�n.

3. Cuando se hayan producido varios da�os medioambientales, de manera tal que resulte imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la resoluci�n fijar� el orden de prioridades que habr� de ser observado.

A tal efecto, la autoridad competente tendr� en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y la gravedad de cada da�o medioambiental, as� como las posibilidades de recuperaci�n natural.

En todo caso, tendr�n car�cter preferente en cuanto a su aplicaci�n las medidas destinadas a la eliminaci�n de riesgos para la salud humana.

Art�culo 21 Potestades administrativas en materia de reparaci�n de da�os

La autoridad competente, ante un supuesto de da�o medioambiental, podr� adoptar en cualquier momento y mediante resoluci�n motivada dictada de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI cualquiera de las decisiones que se indican a continuaci�n:

• a) Exigir al operador que facilite informaci�n adicional relativa a los da�os producidos.
• b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de todas las medidas de car�cter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores da�os medioambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores da�os en los servicios.
• c) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias de acuerdo con lo previsto en el anexo II.
• d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparadoras que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
• e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras cuando concurran las circunstancias previstas en los art�culos 23 y 47.

Art�culo 22 Incumplimiento de las obligaciones de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n del da�o medioambiental

1. La autoridad competente velar� para que el operador adopte las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los da�os medioambientales, as� como para que observe las dem�s obligaciones establecidas en esta ley, en los t�rminos en ella previstos.

Para ello ejercer� las potestades que le atribuyen �sta y cualquier otra norma del ordenamiento jur�dico.

2. En caso de incumplimiento total o parcial de los deberes de los operadores de llevar a cabo las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los da�os medioambientales, la autoridad competente dictar� resoluci�n motivada, de conformidad con lo establecido en el cap�tulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicaci�n del r�gimen sancionador que corresponda como consecuencia del referido incumplimiento.

Art�culo 23 Actuaci�n directa de la Administraci�n

1. Por requerirlo la m�s eficaz protecci�n de los recursos naturales, y de los servicios que �stos prestan, la autoridad competente podr� acordar y ejecutar por s� misma las medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n previstas en esta ley, atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:

• a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a ello sin peligro de que se produzcan da�os medioambientales.
• b) Que haya diversos operadores responsables y no sea posible una distribuci�n eficaz en el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecuci�n de las medidas.
• c) Que se requieran estudios, conocimientos o medios t�cnicos que as� lo aconsejen.
• d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones p�blicas o en los de propiedad privada de terceros que hagan dif�cil o inconveniente su realizaci�n por el operador responsable.
• e) Que la gravedad y la trascendencia del da�o as� lo exijan.

2. En casos de emergencia, la autoridad competente podr� actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitaci�n o de prevenci�n de los da�os medioambientales o para exigir su adopci�n.

Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autoridad competente, previa la instrucci�n del correspondiente procedimiento, dictar� resoluci�n fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas en aplicaci�n de este art�culo y el obligado u obligados a satisfacerlos, la cual ser� susceptible de ejecuci�n forzosa.

3. La autoridad competente recuperar� del operador o, cuando proceda, del tercero que haya causado el da�o o la amenaza inminente de da�o, los costes en que haya incurrido por la adopci�n de tales medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n.

No obstante, la autoridad competente podr� acordar no recuperar los costes �ntegros cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable. Para tomar este acuerdo ser� necesaria la elaboraci�n de una memoria econ�mica que as� lo justifique.

Art�culo 24 Constituci�n de una garant�a financiera obligatoria

1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deber�n disponer de una garant�a financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

2. La cantidad que como m�nimo deber� quedar garantizada y que no limitar� en sentido alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, ser� determinada por la autoridad competente seg�n la intensidad y extensi�n del da�o que la actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

3. La Autoridad competente deber� justificar la fijaci�n de la cuant�a que determine, utilizando para ello el m�todo que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, previa consulta a las comunidades aut�nomas. El referido m�todo se basar� en criterios t�cnicos que garanticen una evaluaci�n homog�nea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparaci�n asociados a cada uno de ellos y asegure una delimitaci�n uniforme de la definici�n de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o para cada instalaci�n.

T�ngase en cuenta que el presente art�culo no es de aplicaci�n a la administraci�n de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho p�blicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector p�blico auton�mico, los consorcios sujetos al ordenamiento auton�mico y a las sociedades con capital mayoritariamente p�blico, seg�n dispone sendos art�culos 36 del DLey [BALEARES] 3/2009, 29 mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 30 mayo) y de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 24 noviembre). DL 3/2009 29 May. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears) Ley 6/2009, de 17 Nov. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica)

Art�culo 25 Responsabilidad cubierta por la garant�a

1. La cuant�a garantizada estar� destinada espec�fica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades medioambientales del operador que se deriven de su actividad econ�mica o profesional.

2. La garant�a regulada en esta secci�n ser� ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa o de otros hechos cualesquiera y, en consecuencia, no quedar� reducida o agotada por gastos, reclamaciones o exigencias no relacionadas con dichas responsabilidades medioambientales, ni podr� aplicarse a ning�n fin distinto del que ha justificado su constituci�n. Asimismo, la cuant�a garantizada ser� independiente de la que pueda respaldar actividades que sean objeto de autorizaciones diferentes, otorgadas tanto por la autoridad medioambiental como por otras. Tampoco podr�n ser objeto de pignoraci�n o hipoteca, total o parcial.

Art�culo 26 Modalidades

La garant�a financiera podr� constituirse a trav�s de cualquiera de las siguientes modalidades, que podr�n ser alternativas o complementarias entre s�, tanto en su cuant�a, como en los hechos garantizados:

• a) Una p�liza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en Espa�a. En este caso, corresponder�n al Consorcio de Compensaci�n de Seguros las funciones a que se refiere el art�culo 33.
• b) La obtenci�n de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en Espa�a.
• c) La constituci�n de una reserva t�cnica mediante la dotaci�n de un fondo �ad hoc� con materializaci�n en inversiones financieras respaldadas por el sector p�blico.

La garant�a financiera que se suscriba podr� contemplar las condiciones limitativas o delimitativas del da�o previstas en este cap�tulo u otras que reglamentariamente se determinen.

Art�culo 27 Sujetos garantizados

Tendr� la consideraci�n de sujeto garantizado el operador de la actividad econ�mica o profesional, pudiendo asimismo figurar como sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y los profesionales que colaboren con dicho operador en la realizaci�n de la actividad autorizada.

Art�culo 28 Exenciones a la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera obligatoria

Quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera obligatoria:

• a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar da�os cuya reparaci�n se eval�e por una cantidad inferior a 300.000 euros.
• b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar da�os cuya reparaci�n se eval�e por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante la presentaci�n de certificados expedidos por organismos independientes, que est�n adheridos con car�cter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gesti�n y auditor�a medioambientales (EMAS), bien al sistema de gesti�n medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996.
• c) La utilizaci�n de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales.
• A partir de: 7 julio 2011

  Letra d) del art�culo 28 introducida por el n�mero uno del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).

Art�culo 29 Costes cubiertos

El contenido de la garant�a que se preste a trav�s de las modalidades contempladas en el art�culo 26 deber� contemplar la cobertura de los siguientes costes:

• a) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en el art�culo 17, siempre que el da�o que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminaci�n.
  A partir de: 7 julio 2011

  Letra a) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
• b) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en los art�culos 19 y 20, siempre que el da�o que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminaci�n. En la medida que dichos da�os afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus h�bitat o a las riberas del mar y de las r�as, las gastos garantizados se limitan a los encuadrados dentro del concepto de �reparaci�n primaria� definido en el apartado 1.a) del anexo II.
  A partir de: 7 julio 2011

  Letra b) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).

Art�culo 30 L�mites cuantitativos de la garant�a

1. La cobertura de la garant�a financiera obligatoria nunca ser� superior a 20.000.000 de euros. A partir de: 7 julio 2011 N�mero 1 del art�culo 30 redactado por el n�mero tres del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio; correcci�n de errores �B.O.E.� 13 julio).

2. La cuant�a que se determine se aplicar� como l�mite por evento y anualidad, y se podr� admitir que quede a cargo del operador, en concepto de franquicia, una cantidad que no supere el 0,5 por ciento de la cuant�a a garantizar que en cada caso se fije. A los anteriores efectos, se considerar� que constituye un mismo y �nico evento el conjunto de reclamaciones de da�os medioambientales que se deriven de una misma emisi�n, suceso o incidente, a�n cuando aqu�llas se produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea el n�mero de afectados, siendo aplicable a dicha unidad de evento o evento en serie, como l�mite, la cuant�a por evento y anualidad del seguro establecida en la garant�a.

3. Asimismo, podr� admitirse que los costes relacionados con las obligaciones de prevenci�n y evitaci�n de nuevos da�os previstas en el art�culo 17 queden sublimitados espec�ficamente. En todo caso, dicho subl�mite habr� de ser, al menos, del diez por ciento de la cuant�a que en cada caso se fije.

Art�culo 31 Vigencia de la garant�a

1. La garant�a deber� quedar constituida desde la fecha en que surta efectos la autorizaci�n necesaria para el ejercicio de la actividad. El operador deber� mantener la garant�a en vigor durante todo el periodo de actividad. La autoridad competente establecer� los correspondientes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garant�as, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios operadores deber�n proporcionar a la autoridad competente la informaci�n necesaria.

2. El agotamiento de las garant�as o su reducci�n en m�s de un 50 por ciento determinar� la obligaci�n del operador de reponerlas en un plazo de seis meses desde la fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado de certidumbre razonable el importe de la obligaci�n garantizada.

Art�culo 32 Limitaciones del �mbito temporal de la garant�a

1. Podr� limitarse el �mbito temporal de la garant�a, de forma que queden incluidas aquellas responsabilidades en las que se den conjuntamente las siguientes circunstancias:

• a) Que el comienzo de la emisi�n causante de la contaminaci�n o bien el comienzo de la situaci�n de riesgo inminente de contaminaci�n sea identificado y se demuestre que ha ocurrido dentro del periodo de la garant�a.
• b) Que la primera manifestaci�n constatable de la contaminaci�n se haya producido dentro del periodo de la garant�a o dentro del plazo de tres a�os a contar desde la terminaci�n de la misma. Se entiende por primera manifestaci�n el momento en que se descubra por primera vez la existencia de una contaminaci�n, tanto si entonces se considera peligrosa o da�ina como si no es as�.
• c) Que la reclamaci�n al operador por la contaminaci�n haya tenido lugar dentro del periodo de garant�a o dentro del plazo de tres a�os a contar desde la terminaci�n de la misma.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerar� hecho generador la contaminaci�n que se produzca de forma accidental y aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se haya generado por ninguna de las siguientes causas:

• a) De forma intencionada.
• b) Como consecuencia normal y prevista de la posesi�n de edificios, instalaciones o equipos al servicio de la actividad autorizada.
• c) Como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el �mbito geogr�fico para el que la actividad ha sido autorizada.
• d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no pod�a ser ignorado por el mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia medioambiental, como en cualquier otra materia.
• e) Por mala utilizaci�n consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparaci�n o reposici�n de las instalaciones o mecanismos y sus componentes.
• f) Por abandono o falta prolongada de uso de instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de sus condiciones de protecci�n o seguridad.
• g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos, sabotaje y actos de terrorismo o de bandas armadas.

Art�culo 33 Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros

1. El Consorcio de Compensaci�n de Seguros administrar� y gestionar�, de forma independiente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que realiza, un Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales que se constituir� con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.

El Fondo estar� destinado a prolongar la cobertura del mismo para las responsabilidades aseguradas en la p�liza original, y en sus mismos t�rminos, por aquellos da�os que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas durante el periodo de vigencia del seguro, se manifiesten o reclamen despu�s del transcurso de los plazos de manifestaci�n o reclamaci�n admitidos en la p�liza, y se reclamen en el transcurso, como m�ximo, de un n�mero de a�os igual a aquel durante el cual estuvo vigente la p�liza de seguro, contados desde que �sta termin� y con el l�mite de 30 a�os.

2. Con cargo al mismo Fondo, adem�s, el Consorcio atender� las obligaciones que, en los t�rminos y con los l�mites de esta secci�n, correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una p�liza de seguro, y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontr�ndose en situaci�n de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidaci�n intervenida o �sta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensaci�n de Seguros.

3. Las responsabilidades del Fondo se corresponder�n en cada caso con los importes que, seg�n cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto en el art�culo 24 y, en el caso de las mencionadas en el primer apartado de este art�culo, quedar�n limitadas, adem�s, al importe total constituido en el mismo.

Art�culo 34 Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales

1. Se crea un Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales destinado a sufragar los costes derivados de medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal cuando sea de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 7.3, en conexi�n con los art�culos 14.2 y 15.2.

Dicho Fondo ser� gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y se dotar� con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

2. Las comunidades aut�nomas podr�n participar en la financiaci�n y gesti�n del Fondo estatal de reparaci�n de da�os medioambientales, a trav�s de cualquiera de los instrumentos de colaboraci�n previstos en el t�tulo I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

En tales supuestos, el �mbito de cobertura de dicho Fondo podr� ampliarse a otros da�os medioambientales, en los t�rminos que prevean los referidos instrumentos de colaboraci�n.

Art�culo 35 Sujetos responsables de las infracciones

Podr�n ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en este cap�tulo las personas f�sicas y jur�dicas privadas que sean operadores de actividades econ�micas o profesionales y que resulten responsables de los mismos.

Art�culo 36 Infracciones

1. Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los art�culos siguientes, as� como las que, en su caso, establezca la legislaci�n auton�mica de desarrollo de esta ley.

2. Si un mismo hecho u omisi�n fuera constitutivo de dos o m�s infracciones, se tomar� en consideraci�n �nicamente aquella que comporte mayor sanci�n.

3. No podr�n sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasar� el tanto de la culpa a la jurisdicci�n competente y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.

De no haberse estimado la existencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondr� en conocimiento de la autoridad competente, que podr� continuar el expediente sancionador teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

4. La tramitaci�n de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este cap�tulo no postergar� la exigencia de las obligaciones de adopci�n de medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n previstas en esta ley, que ser�n independientes de la sanci�n que, en su caso, se imponga.

Art�culo 37 Clasificaci�n de las infracciones

1. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en muy graves y en graves.

2. Son muy graves las siguientes infracciones:

• a) No adoptar las medidas preventivas o de evitaci�n exigidas por la autoridad competente al operador en aplicaci�n del art�culo 17, cuando ello tenga como resultado el da�o que se pretend�a evitar.
• b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 18 a la hora de poner en pr�ctica las medidas preventivas o de evitaci�n a que est� obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el da�o que se pretend�a evitar.
• c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicaci�n de los art�culos 19 y 20, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
• d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 21 al poner en pr�ctica las medidas reparadoras a que est� obligado el operador, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
• e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un da�o medioambiental o de una amenaza inminente de da�o producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como consecuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente.
• f) El incumplimiento de la obligaci�n de concertar en los t�rminos previstos en esta ley las garant�as financieras a que est� obligado el operador, as� como el hecho de que no se mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligaci�n.

3. Son graves las siguientes infracciones:

• a) No adoptar las medidas preventivas o de evitaci�n exigidas por la autoridad competente al operador en aplicaci�n del art�culo 17, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
• b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 18 al poner en pr�ctica las medidas preventivas o las de evitaci�n a que est� obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
• c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 19, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
• d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicaci�n del art�culo 21 a la hora de poner en pr�ctica las medidas reparadoras a que est� obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
• e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un da�o medioambiental o de una amenaza inminente de da�o producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de infracci�n muy grave.
• f) No facilitar la informaci�n requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo con retraso, de acuerdo con lo previsto en los art�culos 18 y 21.
• g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad competente para la ejecuci�n de las medidas reparadoras, preventivas o de evitaci�n, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 9.
• h) La omisi�n, la resistencia o la obstrucci�n de aquellas actuaciones que fueren de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Art�culo 38 Sanciones

1. Las infracciones tipificadas en el art�culo 37 dar�n lugar a la imposici�n de todas o algunas de las siguientes sanciones:

• a) En el caso de infracci�n muy grave:
  • 1.� Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.
  • 2.� Extinci�n de la autorizaci�n o suspensi�n de �sta por un per�odo m�nimo de un a�o y m�ximo de dos a�os.
• b) En el caso de las infracciones graves:
  • 1.� Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.
  • 2.� Suspensi�n de la autorizaci�n por un periodo m�ximo de un a�o.

2. Si se ocasionaran da�os medioambientales o se agravaran los ya producidos como consecuencia de la omisi�n, retraso, resistencia u obstrucci�n por parte del operador en el cumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracci�n, el operador estar� obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n reguladas en esta ley, con independencia de la sanci�n que corresponda.

3. Anualmente las autoridades competentes dar�n a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, as� como la identidad de los operadores responsables.

Art�culo 39 Graduaci�n de sanciones

En la imposici�n de sanciones las Administraciones p�blicas deber�n guardar la debida adecuaci�n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci�n y la sanci�n aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el art�culo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art�culo 40 Prescripci�n de infracciones y de sanciones

1. Las infracciones muy graves prescribir�n a los tres a�os y las graves a los dos a�os.

El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse desde el d�a en el que la infracci�n se hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalizaci�n.

2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescribir�n a los dos a�os y las impuestas por faltas muy graves a los tres a�os.

El plazo de prescripci�n de las sanciones comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aquel en el que adquiera firmeza la resoluci�n por la que se impone la sanci�n.

Art�culo 41 Iniciaci�n del procedimiento

1. Los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en esta ley se iniciar�n bien de oficio, bien a solicitud del operador o de cualquier otro interesado.

2. Cuando la iniciaci�n de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental sea instada por un interesado distinto del operador, la solicitud se formalizar� por escrito y especificar� en todo caso el da�o o la amenaza de da�o a los recursos naturales protegidos por esta ley. La solicitud especificar�, asimismo y cuando ello fuera posible, los siguientes aspectos:

• a) La acci�n u omisi�n del presunto responsable.
• b) La identificaci�n del presunto responsable.
• c) La fecha en la que se produjo la acci�n u omisi�n.
• d) El lugar donde se ha producido el da�o o la amenaza de da�o a los recursos naturales.
• e) La relaci�n de causalidad entre la acci�n o la omisi�n del presunto responsable y el da�o o la amenaza de da�o.

Art�culo 42 Interesados

1. Tendr�n la condici�n de interesados a los efectos de lo previsto en esta ley:

• a) Toda persona f�sica o jur�dica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el art�culo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
• b) Cualesquiera personas jur�dicas sin �nimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
  • 1.� Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protecci�n del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
  • 2.� Que se hubieran constituido legalmente al menos dos a�os antes del ejercicio de la acci�n y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
  • 3.� Que seg�n sus estatutos desarrollen su actividad en un �mbito territorial que resulte afectado por el da�o medioambiental o la amenaza de da�o.
• c) Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de da�os medioambientales.
• d) Aquellos otros que establezca la legislaci�n de las comunidades aut�nomas.

2. Los interesados podr�n formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar la informaci�n que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad competente a la que se dirijan.

3. La autoridad competente dar� audiencia a los titulares de los terrenos a que se refiere el apartado 1 c), al operador y a los dem�s interesados para que �stos aleguen lo que estimen conveniente o aporten la documentaci�n adicional que consideren oportuna.

Art�culo 43 Acceso a la informaci�n

El p�blico podr� solicitar a la Administraci�n p�blica la informaci�n de la que disponga sobre los da�os medioambientales y sobre las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n de tales da�os.

Art�culo 44 Medidas provisionales

1. Durante la tramitaci�n de los procedimientos se podr�n adoptar con car�cter provisional todas aquellas medidas preventivas y de evitaci�n de nuevos da�os que sean necesarias para que no se agrave la situaci�n, ni se causen da�os medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana.

2. Con la misma finalidad, se podr�n adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciaci�n del procedimiento, con los l�mites y condiciones establecidos en el art�culo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las medidas provisionales podr�n consistir en imponer al operador la realizaci�n de las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, ser�n susceptibles de ejecuci�n forzosa, as� como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aun a costa del responsable.

Art�culo 45 Resoluci�n

1. La autoridad competente resolver� motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha responsabilidad.

En todo caso podr�n ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas.

2. En la resoluci�n se determinar�n, al menos, los siguientes extremos:

• a) Descripci�n de la amenaza o del da�o medioambiental que se ha de eliminar.
• b) Evaluaci�n de la amenaza o del da�o medioambiental.
• c) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n.
• d) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de reparaci�n que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n. Dicha definici�n se realizar� con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por el operador.
• e) Identificaci�n del sujeto que debe aplicar las medidas.
• f) Plazo conferido para su ejecuci�n.
• g) Cuant�a y obligaci�n de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad competente.
• h) Identificaci�n de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administraci�n p�blica.

3. La autoridad competente deber� resolver y notificar en el plazo m�ximo de 3 meses. En casos cient�fica y t�cnicamente complejos, la autoridad podr� prorrogar este plazo hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha prorroga. A efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela administrativa y judicial, transcurrido el plazo mencionado, se entender� desestimada la solicitud o caducar� el procedimiento cuando �ste se haya iniciado de oficio, sin perjuicio de la obligaci�n inexcusable de la autoridad competente de resolver.

Dicho plazo podr� suspenderse por el tiempo que medie entre el requerimiento al operador para que presente la propuesta de medidas reparadoras a que se refiere el art�culo 20.1 b) o, en su caso, para que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario.

4. Las resoluciones de la autoridad competente ser�n recurribles con arreglo a lo previsto en el t�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y dem�s normativa aplicable.

Art�culo 46 Terminaci�n convencional

1. En cualquier momento del procedimiento podr�n suscribirse acuerdos entre la autoridad competente para resolver y el operador o los operadores responsables con el fin de establecer el contenido de la resoluci�n final en cuanto se refiere a los siguientes extremos:

• a) El contenido y alcance de las medidas que se deban adoptar por el responsable o responsables.
• b) La forma de su ejecuci�n.
• c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecuci�n.
• d) Los medios de direcci�n o control administrativo.
• e) Las garant�as de cumplimiento y cuantas contribuyan a asegurar la efectividad y la viabilidad de las medidas.
• f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad competente, a costa de los responsables.

2. Los acuerdos deber�n garantizar en todo caso los objetivos de esta Ley.

3. Podr�n proponer el acuerdo la autoridad competente y los operadores responsables.

El inicio de las negociaciones suspender� el plazo para resolver por un periodo m�ximo de dos meses, transcurrido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo la autoridad competente deber� continuar la tramitaci�n del procedimiento hasta su terminaci�n.

4. Si estuvieran personados otros interesados, se les notificar� el inicio de las negociaciones y se les dar� audiencia por un plazo de quince d�as h�biles. Igualmente se les notificar� el acuerdo.

5. Si se alcanzara un acuerdo, �ste se incorporar� a la resoluci�n salvo que, atendiendo en particular a las alegaciones de otros interesados, el �rgano competente para resolver entienda necesario su rechazo o modificaci�n por razones de legalidad, en cuyo caso dictar� la resoluci�n que proceda manteniendo en lo posible los t�rminos del acuerdo.

Tambi�n podr�n iniciarse nuevas negociaciones para modificar el acuerdo en lo que resulte necesario.

6. Los acuerdos ser�n vinculantes para los firmantes. La autoridad competente velar� por su cumplimiento.

Art�culo 47 Ejecuci�n forzosa

1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de realizar las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os medioambientales ser�n objeto de ejecuci�n forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecuci�n podr� ser instada por los interesados.

2. La autoridad competente proceder� a la ejecuci�n subsidiaria, especialmente cuando el da�o medioambiental sea grave o la amenaza de da�o sea inminente.

3. Cuando se estimara conveniente por no comportar retrasos que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados, la autoridad competente podr� imponer sucesivamente hasta un m�ximo de cinco multas coercitivas, cada una de ellas por un importe m�ximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en ejecuci�n.

Art�culo 48 Recuperaci�n de costes por parte de la Administraci�n p�blica

1. Cuando la autoridad competente haya adoptado por s� misma las medidas de prevenci�n, de evitaci�n de nuevos da�os o de reparaci�n de acuerdo con lo establecido en los art�culos 23 y 47 exigir� al operador responsable la obligaci�n de satisfacer los costes generados.

2. La autoridad competente dispondr� de un plazo de cinco a�os para exigir al operador responsable la obligaci�n de satisfacer los gastos a los que se refiere el apartado anterior. Dicho plazo se empezar� a contar a partir de la m�s tard�a de las siguientes fechas:

• a) Aqu�lla en que haya terminado la ejecuci�n de las medidas.
• b) Aqu�lla en que haya identificado al responsable.

3. El c�mputo del plazo se interrumpir� por las siguientes causas:

• a) Por cualquier acci�n de la autoridad competente realizada con conocimiento formal del responsable, conducente a exigirle por los mismos hechos cualquier g�nero de responsabilidad conforme a �sta o a cualquier otra ley.
• b) Por instrucci�n de proceso penal por los mismos hechos generadores de la responsabilidad regulada en esta ley.
• c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al art�culo 44.
• d) Por cualquier actuaci�n de reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado.

4. La resoluci�n que imponga la obligaci�n de pagar los costes y cualquier otro acto, incluso acordado como medida provisional, que imponga el pago de cantidad l�quida, se ejecutar� de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Art�culo 49 Normativa aplicable

En lo no previsto en esta ley, los procedimientos que se instruyan en su aplicaci�n se regir�n por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la legislaci�n aplicable a cada Administraci�n p�blica competente.

Disposici�n adicional primera Situaciones de emergencia

Lo dispuesto en esta ley se aplicar� sin perjuicio de la legislaci�n de protecci�n civil para situaciones de emergencia; de la regulaci�n contenida en los art�culos 24, 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; de las previsiones sobre emergencias sanitarias contenidas en la Ley Org�nica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud p�blica; y de la legislaci�n auton�mica aplicable en materia de protecci�n civil y de emergencias sanitarias.

Disposici�n adicional segunda Aplicaci�n de normativa medioambiental m�s exigente

1. Esta ley se aplicar� sin perjuicio de normas comunitarias sobre responsabilidad medioambiental m�s exigentes.

2. El Estado o las comunidades aut�nomas, en el �mbito de sus respectivas competencias, podr�n mantener o adoptar disposiciones m�s exigentes sobre la prevenci�n, la evitaci�n y la reparaci�n de determinados da�os medioambientales o en relaci�n con determinadas actividades.

3. Esta ley no impedir� la atribuci�n de responsabilidades a sujetos distintos de los operadores, por aplicaci�n de otras normas medioambientales.

4. Las comunidades aut�nomas podr�n someter otras actividades u otros sujetos al r�gimen de responsabilidad establecido en esta ley.

5. Los da�os medioambientales producidos por las actividades cuyo principal prop�sito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los desarrollos legislativos posteriores a que hacen referencia los apartados anteriores.

Disposici�n adicional tercera Limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo y de navegaci�n interior

Esta ley se entender� sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976 sobre limitaci�n de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho mar�timo o con el Convenio de Estrasburgo sobre limitaci�n de responsabilidad en la navegaci�n interior de 1988, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a, as� como con la legislaci�n nacional de desarrollo de ambos instrumentos internacionales.

Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entender� sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en su normativa de desarrollo, en relaci�n con el sistema de seguimiento y de informaci�n sobre tr�fico mar�timo de mercanc�as peligrosas.

Disposici�n adicional cuarta Da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente

Los da�os no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberaci�n de organismos modificados gen�ticamente se reparar�n mediante la indemnizaci�n por da�os y perjuicios que, en su caso, corresponda con arreglo a la legislaci�n civil.

Disposici�n adicional quinta Remisi�n de informaci�n al Ministerio de Medio Ambiente

1. Las Administraciones p�blicas facilitar�n al Ministerio de Medio Ambiente los datos e informaci�n recogidos en el anexo VI para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria aplicable.

2. El Ministerio de Medio Ambiente har� p�blica la informaci�n enviada a la Comisi�n.

Disposici�n adicional sexta Declaraci�n de inter�s social de la ocupaci�n temporal de determinados bienes y derechos de titularidad privada

1. Se declara de inter�s social la ocupaci�n temporal de los bienes y derechos de titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparaci�n de los da�os medioambientales o para prevenir o evitar su producci�n. Las Administraciones p�blicas podr�n declarar la urgencia de dicha ocupaci�n cuando las circunstancias concurrentes lo justifiquen.

2. Para la ejecuci�n de la ocupaci�n temporal prevista en esta disposici�n y para la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios que con ella se produzcan, se estar� a lo establecido en la legislaci�n sobre expropiaci�n forzosa en materia de indemnizaci�n por ocupaci�n temporal.

Disposici�n adicional s�ptima Inexigibilidad de la garant�a financiera obligatoria a las personas jur�dicas p�blicas

1. El art�culo 24 no es de aplicaci�n a la Administraci�n General del Estado, ni a los organismos p�blicos vinculados o dependientes de aqu�lla. Tampoco ser� de aplicaci�n a las entidades locales, ni a los organismos aut�nomos ni a las entidades de derecho p�blico dependientes de las mismas.

2. Las comunidades aut�nomas determinar�n la aplicabilidad del art�culo 24 a su administraci�n y a sus organismos p�blicos dependientes.

Disposici�n adicional octava Legitimaci�n del Ministerio Fiscal

1. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal estar� legitimado en cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicaci�n de esta ley.

A los efectos de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, la autoridad competente pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambiental derivados de esta ley.

2. Las Administraciones p�blicas adoptar�n las medidas oportunas para que sus autoridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fiscal el auxilio t�cnico, material o de cualquier otra naturaleza que �ste pueda requerir para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos a los que se refiere el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el art�culo 4.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org�nico del Ministerio Fiscal.

Disposici�n adicional novena Aplicaci�n del anexo II en los procedimientos judiciales y administrativos

Las normas del anexo II o las dispuestas con car�cter complementario por la normativa auton�mica con el mismo objetivo se aplicar�n en la determinaci�n de la obligaci�n de reparaci�n de da�os medioambientales, con independencia de que tal obligaci�n se exija en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento administrativo.

Disposici�n adicional d�cima Responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas

De conformidad con lo previsto en el art�culo 2.1 de esta ley y en la disposici�n adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci�n de Impacto Ambiental, en las obras p�blicas de inter�s general la autoridad competente no podr� exigir la adopci�n de las medidas previstas en esta ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluaci�n de su impacto de acuerdo con la informaci�n existente, y se haya cumplido con las prescripciones establecidas en la declaraci�n de impacto ambiental.

La normativa auton�mica aplicable en la materia determinar� la aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado anterior a la declaraci�n de impacto ambiental o figura equivalente de las obras p�blicas cuya titularidad corresponda a las comunidades aut�nomas.

Disposici�n adicional und�cima Evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley

El Ministerio de Medio Ambiente elevar� al Consejo Asesor de Medio Ambiente con una periodicidad bienal, un informe en el que se eval�e la ejecuci�n de la presente ley y, la necesidad, en su caso, de poner en marcha las medidas legislativas o administrativas que fueran necesarias para mejorar la eficacia del r�gimen de responsabilidad medioambiental; en particular se revisar� la eficacia de la excepci�n establecida en el apartado b) del art�culo 28.

Para la elaboraci�n del referido informe, el Ministerio consultar� preceptivamente a las comunidades aut�nomas y recabar� de �stas la informaci�n que precise.

Disposici�n adicional duod�cima Revisi�n de los umbrales regulados en el art�culo 28 de la ley

Los umbrales establecidos en el art�culo 28 de esta ley para determinar los operadores que quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�as financieras ser�n estudiados y revisados por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de la aplicaci�n del m�todo al que se refiere el art�culo 24 para la fijaci�n de la cobertura de las referidas garant�as. Antes de 31 de diciembre de 2015 el Gobierno presentar� un informe proponiendo el mantenimiento o, en su caso, la modificaci�n, al alza o a la baja, de los citados umbrales.

Disposici�n adicional decimotercera Responsabilidad medioambiental en el exterior

1. Los operadores que realicen actividades econ�micas o profesionales reguladas en esta Ley en Estados que no formen parte de la Uni�n Europea estar�n obligados a prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales en aplicaci�n de lo establecido en los acuerdos, principios, objetivos y normas internacionales que, en esta materia, Espa�a suscriba, pudiendo resultar de aplicaci�n, en virtud de los mismos, cuantas medidas de prevenci�n, evitaci�n y reparaci�n de da�os que se regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en ella prevista.

2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior y que sean beneficiarios de instrumentos p�blicos de apoyo a la inversi�n espa�ola en el exterior estar�n obligados a la devoluci�n de todas las ayudas p�blicas de apoyo a la inversi�n en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad origen del da�o medioambiental y no podr�n recibir ayudas similares durante un per�odo de dos a�os, adem�s de la sanci�n de que puedan ser objeto en virtud de la aplicaci�n de los acuerdos suscritos por Espa�a a los que se hace referencia en el apartado anterior.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no eximir� del cumplimiento de cualquier otra obligaci�n legal existente en el Estado en el que se realice la actividad causa del da�o medioambiental.

Disposici�n adicional decimocuarta Compensaci�n de da�os por la rotura de la presa de Tous

1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous a que se refiere la moci�n aprobada por el Pleno del Senado de 8 de mayo de 2007 tendr�n derecho a percibir, de acuerdo con los criterios y en las condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997, las compensaciones a que hubieran tenido derecho si hubieran figurado en las listas de afectados incorporadas al proceso. En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados hubieran fallecido, el derecho a la compensaci�n se transmitir� a sus sucesores testamentarios o leg�timos.

2. Los beneficiarios de esta compensaci�n deber�n renunciar, con car�cter previo a su percepci�n, expresamente y por escrito, a todas las acciones legales que hayan entablado o pudieran tener derecho a iniciar en cualesquiera v�as administrativas o jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a obtener una indemnizaci�n por los da�os a que se refiere esta disposici�n.

3. El Ministerio de Medio Ambiente dictar� las disposiciones e instrucciones oportunas para asegurar el cumplimiento efectivo de este precepto.

Disposici�n transitoria �nica Da�os anteriores a la entrada en vigor de la ley

1. Esta ley no se aplicar� a los siguientes da�os:

• a) Los causados por una emisi�n, un suceso o un incidente producido antes del 30 de abril de 2007.
• b) Los causados por una emisi�n, un suceso o un incidente que se haya producido despu�s del 30 de abril de 2007, cuando �stos se deriven de una actividad espec�fica realizada y concluida antes de dicha fecha.

2. La irretroactividad de esta ley en los t�rminos descritos en el apartado anterior no impedir� que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:

• a) Que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicaci�n.
• b) Que se impongan medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os conforme a lo dispuesto en la misma.
• c) Que se obligue a la reparaci�n respecto a la parte de los da�os no excluidos en el apartado 1.

Disposici�n final primera T�tulos competenciales

1. Esta ley tiene el car�cter de legislaci�n b�sica de protecci�n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades aut�nomas de establecer normas adicionales de protecci�n de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n, salvo las siguientes disposiciones:

• La disposici�n adicional octava, que constituye legislaci�n procesal dictada al amparo del art�culo 149.1.6.� de la Constituci�n.
• La secci�n 1.� del cap�tulo IV, que constituye legislaci�n b�sica de seguros dictada al amparo del art�culo 149.1.11.�
• La secci�n 2.� del cap�tulo IV, dictada al amparo del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.

2. No son b�sicos: El plazo fijado en el art�culo 45.3; los plazos fijados en el art�culo 46.3 y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la disposici�n adicional s�ptima, que ser�n s�lo de aplicaci�n a la Administraci�n General del Estado, a sus organismos p�blicos y a las agencias estatales.

Disposici�n final segunda Incorporaci�n del derecho comunitario

Esta ley incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales.

Disposici�n final tercera Autorizaci�n de desarrollo

1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, dictar en su �mbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecuci�n del cap�tulo IV y de los anexos de la presente ley.

En particular, el Gobierno aprobar� mediante real decreto, antes del 31 de diciembre de 2008 y previa consulta de las comunidades aut�nomas, el desarrollo de las previsiones del cap�tulo IV y la definici�n del m�todo de evaluaci�n del da�o a efectos de lo dispuesto en el art�culo 24.

2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, modificar los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria.

Disposici�n final cuarta Aplicaci�n de la garant�a financiera obligatoria

1. La fecha a partir de la cual ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinar� por orden del Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, y previa consulta a las comunidades aut�nomas y a los sectores afectados.

La orden establecer� un calendario espec�fico para las actividades que hubieran sido autorizadas con anterioridad a su publicaci�n.

2. Las �rdenes ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobar�n a partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboraci�n se tomar� en consideraci�n el informe de la Comisi�n Europea al que se refiere el art�culo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, as� como la capacidad de los mercados financieros para disponer de una oferta de garant�as completa y generalizada a precios razonables.

Disposici�n final quinta Colaboraci�n entre Administraciones p�blicas

La Administraci�n General del Estado promover� la suscripci�n de instrumentos de colaboraci�n y cooperaci�n con las comunidades aut�nomas con el fin de elaborar protocolos de actuaci�n que garanticen una actuaci�n coordinada y eficaz de las Administraciones p�blicas competentes para ejecutar la presente ley.

Disposici�n final sexta Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. No obstante, sus efectos se retrotraen al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus cap�tulos IV y V.