Sumario

Pre�mbulo

Es criterio un�nime en todos los pa�ses industrializados, que la legislaci�n en materia de patentes influye decisivamente en la organizaci�n de la econom�a, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovaci�n tecnol�gica, principio al que no puede sustraerse nuestro pa�s, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte, una Ley de Patentes, que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigaci�n, constituye un elemento necesario dentro de la pol�tica espa�ola de fomento de la investigaci�n y el desarrollo tecnol�gico.

La actual legislaci�n de patentes, que data del a�o 1929, no responde a los anteriores objetivos, pues, por una parte, ha sufrido un proceso de obsolescencia que la invalida para regular el desarrollo de la tecnolog�a que exige nuestro actual sistema productivo, y por otra, la protecci�n que otorgan las actuales patentes, concedidas mediante un procedimiento �sin examen de la novedad de la invenci�n�, da lugar a patentes conocidas con el nombre de �d�biles� que no constituyen incentivos suficientes para proteger los resultados de la investigaci�n.

Pero, aparte de los anteriores motivos, existen otros factores relevantes que exigen la adopci�n de una nueva Ley de Patentes, como son la existencia de un derecho europeo de patentes constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro pa�s no puede desconocer en atenci�n, no s�lo a la creciente internacionalizaci�n de las patentes, sino a las exigencias de armonizaci�n de las legislaciones nacionales que impone la adhesi�n a la Comunidad Econ�mica Europea.

Las caracter�sticas principales de la nueva Ley de Patentes son las siguientes:

En primer t�rmino, hay que destacar que el proyecto contempla dos categor�as de t�tulos de propiedad industrial: las patentes de invenci�n y los modelos de utilidad.

Se mantienen los modelos de utilidad por ser una instituci�n que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnolog�a, como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de protecci�n, en m�s de un 80 por 100, por nacionales, pero se reduce su duraci�n de veinte a diez a�os, debido a que s�lo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad inventiva menor que el de las patentes de invenci�n.

Se suprimen las patentes de introducci�n por considerarse una figura anacr�nica, que no est� demostrando contribuyan eficazmente al desarrollo tecnol�gico espa�ol, y que son totalmente incompatibles con la regulaci�n de patentes en el derecho europeo.

Con la finalidad de promover la investigaci�n en el seno de la empresa espa�ola se regulan las invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados. La inclusi�n de la regulaci�n de las invenciones dentro de la Ley de Patentes responde a la realidad actual del propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas.

Se regula la patentabilidad de las invenciones siguiendo la del Derecho europeo, introduci�ndose en Espa�a la patentabilidad de los productos qu�micos, farmac�uticos y alimentarios, si bien, en cuanto se refiere a los productos qu�micos y farmac�uticos, en atenci�n a los problemas que su implantaci�n r�pida pueda ocasionar a los correspondientes sectores industriales, se aplaza su implantaci�n hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin que en ning�n caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.

La Ley otorga una mayor protecci�n a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que conllevan, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en el establecimiento de nuevas acciones, para sus titulares, muy especialmente la acci�n de cesaci�n del acto il�cito. Se incrementa la protecci�n a las patentes de procedimiento para la obtenci�n de productos nuevos, mediante la introducci�n del principio de inversi�n de la carga de la prueba, modific�ndose las normas del derecho procesal que establecen que la carga de la prueba incumbe a quien afirma; se refuerzan tambi�n los procedimientos judiciales, regul�ndose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la instauraci�n de diligencias previas de comprobaci�n de hechos, y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado del juicio, cuya obtenci�n est� condicionada a que los titulares de patentes exploten las invenciones en nuestro pa�s.

Asimismo, y dentro de este orden de reforzar el sistema de patentes, y conseguir que las patentes que se concedan en nuestro pa�s sean patentes �fuertes� se establece un nuevo sistema de concesi�n, mediante la nueva introducci�n en el procedimiento de un �informe sobre el estado de la t�cnica�, que tiene adem�s el car�cter de un paso previo para la instituci�n de un sistema de concesi�n con �examen previo de novedad� como el que rige en la mayor parte de los pa�ses industrializados, y que tambi�n se regula en la Ley, para el momento en que se decida su implantaci�n.T�ngase en cuenta que la disposici�n adicional primera de la Ley 10/2002, 29 abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporaci�n al Derecho espa�ol de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protecci�n jur�dica de las invenciones biotecnol�gicas (�B.O.E.� 30 abril), ha sustituido la denominaci�n del servicio �Informe sobre el Estado de la T�cnica para Informaci�n Tecnol�gica� que ofrece la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, por la �Informe Tecnol�gico de Patentes�.

Todo lo anterior implicar� la constituci�n en el Registro de la Propiedad Industrial de un gran Fondo de Documentos de Patentes de todo el mundo, poni�ndose adem�s un especial �nfasis en poder disponer de la literatura de patentes redactada en espa�ol. Una gran parte de los documentos de patentes en espa�ol no son tenidos en cuenta por las Oficinas de Patentes extranjeras, cuando examinan la novedad de las invenciones. La formaci�n de este Fondo de documentos permitir�, adem�s, la creaci�n, en su d�a, de un Centro Internacional de Documentos de Patentes de habla espa�ola.El Registro de la Propiedad Industrial se denominar� en lo sucesivo Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, conforme establece la disposici�n adicional primera de la Ley 21/1992, 16 julio, de Industria (�B.O.E.� 23 julio).

La Ley tiene en cuenta que una Ley espa�ola de Patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnol�gico de nuestro pa�s, partiendo de su situaci�n industrial, por lo que se ha prestado una especial atenci�n a la protecci�n de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotaci�n de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnolog�a, pero siempre respetando el Convenio de la Uni�n de Par�s de 20 de mayo de 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en Espa�a.

Con dicha finalidad se regula la explotaci�n de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulaci�n de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales.

Se establece un r�gimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotaci�n de las patentes en Espa�a, modificando la poco eficiente regulaci�n de las licencias de explotaci�n en el derecho actual. Y por primera vez se regulan en nuestro pa�s las licencias obligatorias por dependencia de patentes y por motivos de inter�s p�blico.

La importancia de las funciones que la Ley atribuye al Registro de la Propiedad Industrial exigir� un especial dinamismo en la actuaci�n futura de este Organismo, que requerir� nuevos medios materiales, humanos y financieros para la implantaci�n del informe sobre el estado de la t�cnica y en su d�a del examen previo.

En resumen, la Ley instaura un nuevo Derecho de patentes en Espa�a, que implica un cambio sustancial de la regulaci�n existente, lo que obliga a la inclusi�n de numerosas disposiciones transitorias, dirigidas a la implantaci�n del nuevo sistema de una forma progresiva, pero eficaz.