Sumario

Ley 14/2000, 29 diciembre, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 29 junio 2001).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2001 establece determinados objetivos de pol�tica econ�mica, cuya consecuci�n hace necesaria la aprobaci�n de diversas medidas normativas que permiten una mejor y m�s eficaz ejecuci�n del programa econ�mico del Gobierno, en los distintos �mbitos en que aqu�l desenvuelve su acci�n. Este es el fin perseguido por la presente Ley que, al igual que en a�os anteriores, recoge distintas medidas referentes a aspectos tributarios, sociales, de personal al servicio de las Administraciones p�blicas, de gesti�n y organizaci�n administrativa, y de acci�n administrativa en diferentes �mbitos sectoriales.

II

Entre las disposiciones que deben contenerse en esta Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se encuentran las normas tributarias que no cuentan con habilitaci�n legislativa para su modificaci�n presupuestaria; por ello, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, el t�tulo de la Ley alude expresamente a las normas tributarias: �Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social� para el a�o 2001.

Las disposiciones tributarias contenidas en el T�tulo I de esta Ley vienen exigidas, en general, por tres circunstancias:

En primer lugar, por imperativo legal. Es el caso de la adaptaci�n de la normativa del Impuesto sobre el Valor A�adido a lo dispuesto en la Sexta Directiva del Consejo (77/388) en lo que se refiere al procedimiento especial para la devoluci�n del impuesto soportado con anterioridad al inicio de las operaciones que constituyen el objeto de la actividad del sujeto pasivo, como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Destacan tambi�n las modificaciones realizadas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el Impuesto General Indirecto Canario y los derechos y dem�s tributos a la importaci�n para adaptarlos a lo establecido en el Convenio de Viena sobre relaciones diplom�ticas y consulares, como consecuencia de la desaparici�n del r�gimen de matr�cula tur�stica el 1 de enero de 2001. Asimismo se incluyen otras modificaciones con el objeto de seguir adecuando nuestra normativa tributaria a los plazos de prescripci�n contenidos en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes.

En segundo lugar, por razones de tipo t�cnico, derivadas de la experiencia de aplicaci�n de las normas tributarias por la Administraci�n y los contribuyentes, as� como del impacto que la jurisprudencia y la doctrina van generando en la normativa tributaria. En particular, cabe destacar los nuevos supuestos de exenci�n por indemnizaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, la modificaci�n de algunos aspectos del R�gimen de Fusiones en el Impuesto sobre Sociedades y la equiparaci�n de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con los tipos de retenci�n existentes para residentes.

En relaci�n con el art�culo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, se aclara que los bienes de inversi�n adquiridos o importados deben entrar en funcionamiento de manera inmediata, como siempre fue la voluntad del legislador y de la norma, y se fija un per�odo de cinco a�os, o vida �til si fuera inferior, para el mantenimiento de las inversiones.

Finalmente, existen disposiciones a trav�s de las cuales se busca incentivar determinadas actuaciones. Es el caso de la aplicaci�n de la nueva deducci�n por tecnolog�as de la informaci�n y de comunicaci�n a empresarios personas f�sicas en r�gimen de estimaci�n objetiva, de la modificaci�n del Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte con el objeto de facilitar la renovaci�n de las flotas de las empresas de alquiler y de ense�anza de conductores o de las medidas que buscan adaptar los procedimientos tributarios a la sociedad de la informaci�n y, especialmente, a los medios telem�ticos de tramitaci�n de los mismos.

Por �ltimo, desde la perspectiva fiscal, conviene destacar la modificaci�n de la Ley General Tributaria en materia de interrupci�n de la prescripci�n para adecuarse a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, y los cambios introducidos en materia de tasas, entre los cuales merece destacarse el correspondiente a la tasa por reserva del dominio p�blico radioel�ctrico.

III

El T�tulo II de la Ley tiene por objeto el establecimiento de medidas relacionadas con el orden social.

Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Se reduce de cinco a cuatro a�os el plazo de prescripci�n del pago de las cuotas, del derecho de la Administraci�n de la Seguridad Social para determinar las deudas con la Seguridad Social, y de la acci�n para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social. Se da nueva regulaci�n a la devoluci�n de ingresos indebidos, estableciendo la inclusi�n en la cantidad a devolver del inter�s legal del dinero aplicado a los importes indebidamente ingresados, as� como el reembolso de los costes de las garant�as aportadas para suspender la ejecuci�n de la deuda, en cuanto �sta sea declarada improcedente por sentencia o resoluci�n administrativa. Asimismo se reduce el plazo de prescripci�n de los ingresos indebidos de cinco a cuatro a�os.

Dichas modificaciones obedecen al mandato de progresiva homogeneizaci�n de los procedimientos recaudatorios del Estado y de la Seguridad Social fijado por la disposici�n transitoria decimotercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En consonancia con la reforma anterior, se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, reduciendo igualmente de cinco a cuatro a�os, el plazo de prescripci�n de infracciones en materia de Seguridad Social.

Asimismo se introduce, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una nueva disposici�n adicional cuyo objeto es regular la cotizaci�n a la Seguridad Social, por los conceptos de recaudaci�n conjunta, respecto de los penados que realicen actividades laborales en instituciones penitenciarias, habida cuenta de la especificidad de este colectivo de atenci�n y sus dificultades de inserci�n laboral.

Como medida de car�cter menor, se faculta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deber�n presentar en soporte inform�tico los partes de baja y alta, en procesos de incapacidad laboral.

En lo referente a los reg�menes especiales de Seguridad Social, se clarifica el r�gimen de seguridad social del personal de los Cuerpos especiales de funcionarios t�cnicos del Estado al servicio de la Sanidad local, atribuy�ndoles la facultad de opci�n, por una sola vez, por su inclusi�n en el R�gimen General de Seguridad Social o en el R�gimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y disponiendo que de no ejercitarse la opci�n en el plazo establecido queden obligatoriamente incluidos en el R�gimen General.

Se modifica as� mismo el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, reduciendo el plazo de prescripci�n de la obligaci�n de reintegro de prestaciones indebidas de cinco a cuatro a�os en t�rminos similares a lo que la Ley establece para el R�gimen General de Seguridad Social. Igualmente se reduce de cinco a cuatro a�os el plazo de prescripci�n de la obligaci�n de pago de las cotizaciones a las Mutualidades de funcionarios.

De igual modo se modifica el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas reduciendo de cinco a cuatro a�os el plazo de prescripci�n de la obligaci�n de reintegro de prestaciones indebidas.

IV

El T�tulo III de la Ley contiene diversas medidas que afectan al personal al servicio de las Administraciones p�blicas.

En cuanto al r�gimen jur�dico general aplicable a los funcionarios p�blicos, se modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica. Se introduce una medida de particular importancia en el �mbito de la movilidad de los funcionarios, permitiendo a las Administraciones p�blicas trasladar a los funcionarios, por necesidades del servicio, a unidades, departamentos u organismos p�blicos distintos a los de destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, y la provincia o isla de destino.

Se introducen modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, a fin de clarificar la competencia de los Presidentes de las Corporaciones locales con relaci�n a las convocatorias de las pruebas de selecci�n y los concursos para la provisi�n de puestos de trabajo de la correspondiente entidad.

Se reforma la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Naci�n y de los Altos Cargos de la Administraci�n General del Estado, actualizando la relaci�n de obligaciones formales referidas a la documentaci�n que han de aportar los afectados por la Ley, sin merma del necesario control.

Se modifican tanto la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p�blicas, como la Ley Reguladora de las Bases de R�gimen local, al objeto de regular las retribuciones de los miembros de Corporaciones locales que prestan servicio a dichas entidades en r�gimen de dedicaci�n parcial.

Finalmente, se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, suprimiendo el requisito de acreditar el derecho a la asistencia jur�dica gratuita para poder causar derecho a la pensi�n de orfandad, equipar�ndose a lo previsto en la normativa de Seguridad Social; y se define el concepto de acto de servicio en forma similar al establecido en la normativa de Seguridad Social para el accidente de trabajo.

V

El T�tulo IV de la Ley se dedica a la regulaci�n de las medidas de gesti�n y organizaci�n administrativa.

En materia de gesti�n financiera, en primer lugar, se modifica un conjunto de normas incluidas en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. As�, a los solos y exclusivos efectos de la aplicaci�n de los preceptos de la citada Ley, se establece la definici�n de las denominadas fundaciones estatales, que son aqu�llas en cuya dotaci�n participa mayoritariamente la Administraci�n General del Estado, sus Organismos aut�nomos o las dem�s entidades del sector p�blico estatal, fij�ndose que su creaci�n requerir� autorizaci�n previa del Consejo de Ministros. En consonancia con la reforma anterior se modifican diversos preceptos de la Ley General Presupuestaria que regulan la inclusi�n de tales entidades en el r�gimen de contabilidad, de rendici�n de cuentas as� como su sujeci�n a auditor�a de cuentas por parte de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado.

Se da nueva redacci�n a los preceptos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria que regulan los presupuestos de explotaci�n y de capital y los programas de actuaci�n, inversiones y financiaci�n -que pasan a denominarse programas de actuaci�n plurianuales- que deben elaborar y aprobar las Sociedades mercantiles estatales y las Entidades p�blicas empresariales. El objeto de la modificaci�n es hacer m�s �gil y eficiente el procedimiento de elaboraci�n y aprobaci�n de tales documentos, al tiempo que se actualiza la normativa sobre la materia.

Otras modificaciones precisan el alcance de las auditor�as de cuentas en el �mbito de la Seguridad Social. Tambi�n se modifican las normas aplicables a los cr�ditos ampliables incluidos en los presupuestos de la Seguridad Social, incluyendo en su �mbito a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, actualizando la referencia a las prestaciones, y eliminando de la consideraci�n de cr�dito ampliable al destinado al pago de productos farmac�uticos, con lo que se da car�cter permanente a la exclusi�n temporal que se viene incorporando en las �ltimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por �ltimo, y en lo que a las modificaciones del texto refundido de la Ley General Presupuestaria se refiere, se incluyen entre las obligaciones aplicables a los cr�ditos del presupuesto vigente en el momento de la expedici�n de las �rdenes de pago, las que resulten de la liquidaci�n de atrasos a favor del personal, que tengan su origen en resoluciones judiciales.

En lo atinente a la organizaci�n administrativa se incluyen normas relativas a la creaci�n de entidades, o la modificaci�n de los reg�menes jur�dicos de organismos p�blicos y sociedades mercantiles estatales, ya existentes. As� se crea el Organismo aut�nomo Instituto de Estudios Fiscales, se modifica la regulaci�n del Organismo aut�nomo Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, que pasa a denominarse Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, ampliando sus funciones; se da nueva regulaci�n a la entidad p�blica empresarial Red T�cnica Espa�ola de Televisi�n, que pasa a denominarse entidad p�blica empresarial Red.es, modificando sus funciones e incluyendo entre ellas la gesti�n y registro de los nombres y direcciones de dominio internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a, y, en fin, se modifica el r�gimen jur�dico de la Sociedad Estatal de Gesti�n Inmobiliaria de Patrimonio S. A. (SEGIPSA), para aumentar su eficacia como ente instrumental para la gesti�n de los bienes inmuebles del Patrimonio del Estado.

La necesidad de acometer la modernizaci�n del operador p�blico postal para afrontar, entre otros retos, el proceso de liberalizaci�n de los servicios postales, iniciado por la Uni�n Europea en 1997, ha determinado que en la presente Ley se prevea la transformaci�n de la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos en una sociedad an�nima estatal. Con esta f�rmula jur�dica, adoptada por la mayor�a de los pa�ses de nuestro entorno, se dota al operador p�blico postal de la estructura y del marco jur�dico apropiado que le permita operar con la suficiente flexibilidad en un mercado en progresiva liberalizaci�n.

La nueva �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que se crear� de acuerdo con lo previsto en esta Ley, asumir� desde su constituci�n todas las funciones desarrolladas en la actualidad por la entidad p�blica, en particular las derivadas de su condici�n de operador habilitado para la prestaci�n del servicio postal universal de conformidad con la disposici�n adicional primera de la Ley 24/1988, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales.

La transformaci�n de esta entidad en sociedad estatal an�nima supone la necesidad de abordar en esta regulaci�n legal algunos aspectos de su r�gimen jur�dico.

Entre ellos destaca, por su excepcionalidad, atendiendo a las especial�simas circunstancias concurrentes, el relativo al personal. Para que el muy considerable n�mero de funcionarios de Correos y Tel�grafos pasen a prestar sus servicios en la nueva sociedad, se ha previsto que pasen a la misma manteniendo sus derechos adquiridos, de acuerdo con un r�gimen jur�dico particular que, sin perjuicio de mantener su condici�n de funcionarios p�blicos, se adapta a la especial naturaleza de la organizaci�n en la que se integran, as� como a la singular excepcionalidad del proceso de transformaci�n que ahora se acomete.

Entre las modificaciones de orden organizativo se incluye la adscripci�n del ente p�blico Radiotelevisi�n Espa�ola a la Sociedad de Participaciones Industriales, al objeto de que pueda elaborarse un plan estrat�gico para el Ente que permita compaginar la prestaci�n del servicio p�blico con el cumplimiento de los objetivos econ�micos y financieros que se establezcan en el citado plan estrat�gico. La adscripci�n es respetuosa con los principios de autonom�a, pluralidad y neutralidad que gobiernan la actuaci�n del ente, sus actuales sistemas de direcci�n y organizaci�n y, en particular, las funciones del Director general y el Consejo de Administraci�n del mismo.

Por �ltimo, se clarifican las competencias de los distintos �rganos administrativos, en materia de ordenaci�n del mercado de tabacos y de variedades de semillas y plantas de vivero, adapt�ndolas a la actual organizaci�n departamental.

VI

El T�tulo V de la Ley contiene previsiones relativas a diversos aspectos de la acci�n administrativa sectorial. Entre dichas medidas merecen destacarse las siguientes:

En primer lugar, y en cuanto a la acci�n administrativa en materia monetaria, se modifica la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducci�n del Euro. Se acorta el periodo de canje de billetes y monedas en pesetas por billetes y monedas en euros, adelantando del 30 de junio al 28 de febrero del 2002, la fecha a partir de la cual los billetes y monedas denominadas en pesetas dejar�n de tener curso legal. Asimismo se permite la distribuci�n de cantidades limitadas de moneda en euros antes del a�o 2002, con el fin de facilitar el tr�nsito a la nueva moneda.

En materia de Mercado de Valores, se modifica su Ley reguladora. Se suprime la exigencia de que los miembros de la Bolsa participen como accionistas en la Sociedad Rectora de la misma, con ello se facilita el acceso a la condici�n de miembros de la Bolsa, aumentando el grado de competencia, y de otro lado se facilita la incorporaci�n de las Bolsas espa�olas a las alianzas europeas o globales.

En lo atinente a la acci�n administrativa en materia de seguros, se modifica la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, estableciendo una nueva regulaci�n del procedimiento de reclamaciones ante la Direcci�n General de Seguros, disponiendo que con car�cter previo se formule dicha reclamaci�n ante el Defensor del Asegurado de la entidad aseguradora o, en caso de no existir esta figura, el servicio o departamento que asuma las funciones para resolver las reclamaciones que formulen los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualquiera de ellos. Asimismo se habilita al Gobierno para definir reglamentariamente los conceptos de veh�culo a motor y hecho de la circulaci�n a efectos del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulaci�n de Veh�culos a Motor, aprobada por Decreto 632/1968, de 21 de marzo.

En lo relativo a la acci�n administrativa en materia de hidrocarburos, se introduce en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, la tipificaci�n como infracci�n del incumplimiento por los concesionarios de las autopistas y por los titulares de estaciones de servicios de la obligaci�n de instalaci�n, conservaci�n, mantenimiento y actualizaci�n de los carteles informativos de las estaciones de servicio m�s pr�ximas o las ubicadas en �reas de servicio, en los que aparece el tipo, precio y marca del carburante, obligaci�n establecida en el art�culo 7 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban las medidas de liberalizaci�n, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de los hidrocarburos.

En cuanto hace referencia a la acci�n administrativa en materia de exportaci�n, se modifica el art�culo 1 de la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas Financieras de Est�mulo a la Exportaci�n, para permitir al Instituto de Cr�dito Oficial (ICO) realizar determinadas operaciones reguladas por dicha Ley. En materia de turismo se modifican determinados preceptos de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso tur�stico y normas tributarias, para acomodarla en mayor medida a la normativa comunitaria.

En lo concerniente a la acci�n administrativa en materia de puertos, se clarifica el r�gimen al que se encuentran sometidos los artefactos flotantes y dem�s instalaciones destinadas a la acuicultura existentes en las aguas del puerto, sujetando su establecimiento a autorizaci�n o concesi�n, y se regulan determinadas sanciones.

En lo que ata�e a la acci�n administrativa en materia de agricultura se declaran de inter�s general determinadas obras de infraestructuras hidr�ulicas con destino a riego. En materia de cultura se fija el r�gimen de ayuda aplicable transitoriamente a los productores de las pel�culas espa�olas de largometraje estrenadas comercialmente en Espa�a hasta el 31 de diciembre del a�o 2001.

En lo que hace referencia a la acci�n administrativa en materia de telecomunicaciones, se modifica la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, fijando entre las funciones de la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones la de resolver los conflictos en materia de interconexi�n de redes si los operadores obligados a permitir la interconexi�n no lo hicieran voluntariamente, as� como se modifican determinados preceptos de la Ley 11/1998, en conformidad con la Directiva 1999/05/CE sobre equipos radiol�ctricos y equipos terminales de telecomunicaci�n y reconocimiento mutuo de conformidad.

Finalmente, en materia de medio ambiente, se declaran de inter�s general determinadas obras hidr�ulicas; y en lo referente a la acci�n administrativa en materia de sanidad, se modifica la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, estableciendo el criterio aplicable a las especialidades farmac�uticas, excluidas con car�cter general de financiaci�n p�blica, pero que tienen indicaciones incluidas en la misma, cuando se produzca la fijaci�n o revisi�n del precio a las que se refiere la propia Ley.

Por otra parte y mediante su incorporaci�n expresa al art�culo 24.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de autopistas en r�gimen de concesi�n, la presente ley quiere explicitar la idea de que en el an�lisis del equilibrio econ�micofinanciero del negocio concesional deben tenerse en cuenta los par�metros objetivos del plan econ�mico financiero de modo tal que, finalmente, resulten compensados no solo el inter�s de la empresa explotadora sino tambi�n el inter�s general que alcanza al usuario como pagador del peaje a lo largo del plazo concesional y financiador �ltimo de la obra y, a tal efecto, establece un nuevo sistema de revisi�n de tarifas y peajes de las autopistas en r�gimen de concesi�n de titularidad estatal que viene a actualizar y completar el cabal significado y funcionamiento de este tipo de concesiones, al conciliar el inter�s p�blico en general, representado por la Administraci�n concedente, con los propios del concesionario y de los usuarios cuya representaci�n debe ostentar tambi�n la Administraci�n.

As�, estas f�rmulas, mediante el seguimiento de los factores que determinan el rendimiento de la concesi�n, distribuir�n equitativamente entre concesionario y usuarios los eventuales beneficios no previstos en el plan econ�mico-financiero que pudieran derivarse de la favorable evoluci�n del mercado, al tiempo que introducir�n un mayor grado de eficiencia en el citado negocio concesional, porque incorporan un criterio m�s directamente relacionado con dicho negocio, como es el de la diferencia entre las intensidades medias diarias de tr�fico real y de tr�fico previsto en los respectivos planes econ�mico-financieros, para la revisi�n de las tarifas de modo tal que, respetando el equilibrio econ�mico-financiero, se pueda tambi�n conseguir una adaptaci�n m�s flexible a las diferentes coyunturas macroecon�micas.

En consecuencia, parece necesario que, de manera inmediata, el r�gimen de revisi�n de tarifas y peajes en las concesiones de autopistas incorpore las razones de inter�s p�blico en cuya virtud el c�lculo del equilibrio econ�mico-financiero ha de tener en cuenta no s�lo los perjuicios econ�micos imprevistos para las sociedades concesionarias y no imputables a ellas, sino tambi�n otras circunstancias favorables como, entre otras, el crecimiento econ�mico, el aumento del tr�fico por carretera y de la renta de los ciudadanos que han dado lugar a incrementos extraordinarios en la rentabilidad de las explotaciones concesionales.

VII

Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones que, por razones de t�cnica legislativa, no se consideran susceptibles de inclusi�n en los t�tulos anteriormente aludidos.

Entre ellas destaca la ampliaci�n del �mbito temporal de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las V�ctimas del Terrorismo, extendi�ndose a los hechos acaecidos entre el 9 de octubre de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, al tiempo que se dispone que cuando en virtud de sentencia firme se reconozca una indemnizaci�n en concepto de responsabilidad civil por hechos producidos con posterioridad al 10 de octubre de 1999, superior a la cantidad global percibida por los conceptos contemplados en la legislaci�n que resultase aplicable, la Administraci�n General del Estado abonar� al interesado la diferencia.