Sumario

Ley 39/1988, 28 diciembre, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 14 agosto 1989).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A,

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

En ocasiones determinadas reformas legislativas cuya necesidad es incuestionable y un�nimemente admitida, se ven sucesiva y reiteradamente aplazadas debido a circunstancias imprevistas que van marcando inexorablemente el ritmo de la din�mica socio-pol�tica del Estado. Este ha sido el caso de la reforma de las Haciendas Locales que por fin, y por virtud de esta Ley, se incorpora al campo del derecho positivo dando por resuelto el largo per�odo de transitoriedad en el que se ha venido desenvolviendo la actividad financiera del sector local.

La evoluci�n hist�rica de la Hacienda Local espa�ola, desde que �sta pierde definitivamente su car�cter patrimonialista durante la primera mitad del siglo XIX y se convierte en una Hacienda eminentemente fiscal, es la cr�nica de una instituci�n afectada por una insuficiencia financiera end�mica.

En poco m�s de un siglo muchas han sido las reformas legislativas que han intentado poner fin a esta situaci�n. Acaso el m�s claro exponente de los sucesivos fracasos de cuantas reformas han jalonado la evoluci�n hist�rica de la Hacienda Local espa�ola, se encuentre en la �ltima de ellas llevada a cabo por la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de R�gimen Local, en cuyas Bases 21 a 48 se conten�an las l�neas generales de lo que deb�a ser la nueva Hacienda Local, y que fueron desarrolladas por el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre. Pues bien, del resultado de esta reforma, que entr� en vigor el 1 de enero de 1977, da idea la necesidad de dictar el Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas urgentes de financiaci�n de las Corporaciones locales, cuya r�brica expresa claramente la situaci�n existente dos a�os y medio despu�s de la implantaci�n de la reforma.

A partir de esta fecha, la Hacienda Local espa�ola vuelve a entrar en una fase de deterioro financiero para cuya soluci�n han sido precisas diversas actuaciones legislativas de car�cter coyuntural y transitorio.

En este mismo tiempo se produce la gran reforma institucional y legislativa impulsada por la entrada en vigor de la Constituci�n de 27 de diciembre de 1978, que exige la adaptaci�n del Estado a la nueva estructura en ella dise�ada. Comienza entonces una enorme tarea legislativa de construcci�n del nuevo modelo de Estado que determina el establecimiento de prioridades sobre todo en el �mbito de la organizaci�n territorial, sustancialmente alterada al pasar de un modelo unitario y centralista a otro fuertemente descentralizado e inspirado en el principio de autonom�a. En este �mbito, la necesidad m�s urgente se centra en la construcci�n del llamado �Estado de las Autonom�as�, lo que induce el aplazamiento temporal de la organizaci�n del sector local incluyendo la reforma de las Haciendas Locales.

Se trata de una moratoria cuya necesidad se deriva de la din�mica propia del proceso de implantaci�n de las nuevas f�rmulas de convivencia pol�tica.

Consolidado el proceso auton�mico y sentadas las bases del nuevo sistema de organizaci�n territorial del Estado, llega el momento de acometer la tarea pendiente respecto del sector local y se pone en marcha la gran reforma que supone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local. Sin embargo esta Ley no culmina �ntegramente la ordenaci�n del sector local, por cuanto que un aspecto fundamental de este �ltimo, cual es el relativo a la actividad financiera s�lo pudo ser regulado en algunos de sus aspectos generales.

Tal ausencia de una ordenaci�n integral de la actividad financiera local en la Ley 7/1985 estaba fundada en razones objetivas de car�cter material, �ntegramente vinculadas al estado en que se encontraba el proceso de conformaci�n definitiva de determinados aspectos de la actividad financiera general. En esencia lo anterior tiene que ver con la transcendencia que, en la esfera local, tienen determinados aspectos materiales y formales de la actividad financiera estatal y, m�s concretamente, los aspectos relativos a la estructura del sistema tributario de Estado y a la ordenaci�n de la actividad presupuestaria general. Ambas cuestiones, que inciden decisivamente en la configuraci�n integral de r�gimen financiero local, estaban, en 1985, pendientes de definir en su t�rminos exactos, circunstancia por la cual dicho r�gimen financiero local no pudo ser �ntegramente ordenado en la fecha indicada.

Por todo ello la tantas veces citada Ley 7/1985, en su t�tulo VIII s�lo pudo regular las l�neas generales del nuevo modelo de Hacienda Local a causa de los impedimentos para llevar a cabo la regulaci�n completa de la actividad financiera local. En estos momentos, sin embargo, culminados los procesos de conformaci�n definitiva de los aspectos de la actividad financiera general con trascendencia en el �mbito local, si resulta posible llevar a cabo tal regulaci�n, actuaci�n �sta que constituye el objeto de la presente Ley.

II

Se trata pues de una Ley complementaria de la Ley 7/1985, la cual, en su t�tulo VIII, plasm� el modelo previsto en la Constituci�n, en cuyos art�culos 137 y 142 se consagran los principios generales b�sicos con arreglo a los cuales se debe dise�ar el sistema post-constitucional de financiaci�n de las Entidades locales dotando a las mismas de autonom�a para la gesti�n de sus respectivos intereses en el primero de los preceptos citados e imponiendo el principio de suficiencia financiera en el segundo de ellos. Son, pues, dos las notas caracterizadoras de la presente Ley: la primera de ellas, de car�cter formal, est� constituida por la atribuci�n a la misma del car�cter de complementaria, respecto de la Ley 7/1985; la segunda, de car�cter material, est� constituida por la ordenaci�n de un sistema financiero encaminado a la efectiva realizaci�n de los principios de autonom�a y suficiencia financiera.

As� la primera de las notas caracterizadoras indicadas impone que los preceptos de esta Ley disfruten de la misma naturaleza que la de los que la Ley 7/1985 dedica a la regulaci�n de las Haciendas Locales los cuales son, a su vez, consecuencia de la delimitaci�n competencial llevada a cabo para esta materia por la Constituci�n; por ello, dichos preceptos son de aplicaci�n en todo el territorio nacional, bien por tratarse de normas b�sicas dictadas al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n, bien por tratarse de normas relativas a materias de la competencia exclusiva del Estado, como son el sistema tributario local y la participaci�n de las Entidades locales en los tributos del Estado, seg�n resulta de los art�culos 133 y 142, respectivamente, de la Constituci�n. Al mismo tiempo se respetan, sin embargo, los l�mites impl�citos en los reg�menes financieros forales o especiales y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Respecto de la segunda de las notas caracterizadoras indicadas, la presente Ley tiene por objeto, desde un punto de vista material, la efectiva realizaci�n de los principios de autonom�a y suficiencia financiera consagrados en la Constituci�n y recogidos en el T�tulo VIII de la Ley 7/1985. El principio de autonom�a, referido al �mbito de la actividad financiera local, se traduce en la capacidad de las Entidades locales para gobernar sus respectivas Haciendas. Esta capacidad implica algo m�s que la supresi�n de la tutela financiera del Estado sobre el sector local involucrando a las propias Corporaciones en el proceso de obtenci�n y empleo de sus recursos financieros y permiti�ndoles incidir en la determinaci�n del volumen de los mismos y en la libre organizaci�n de su gasto, tal y como ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en su labor integradora de la norma fundamental.

Por su parte, la suficiencia financiera no s�lo adquiere su consagraci�n institucional, sino que, adem�s, encuentra en la presente Ley los mecanismos necesarios para poder convertirse en realidad material. A tal fin, y siguiendo el mandato del legislador constituyente, se ponen a disposici�n de las Entidades locales, entre otras, dos v�as fundamentales e independientes de financiaci�n, cuales son los tributos propios y la participaci�n en tributos del Estado, que por primera vez, van a funcionar integradamente con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos econ�micos que garantice la efectividad del principio de suficiencia financiera.

Ahora bien, no s�lo se dotan de contenido los principios de autonom�a y suficiencia, sino que se articulan entre s� de tal suerte que ambos se supeditan mutuamente. En efecto, el principio de autonom�a coadyuva a la realizaci�n material de la suficiencia financiera en la medida en que �sta depende en gran parte del uso que las Corporaciones locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas Haciendas y, en particular, de su capacidad para determinar dentro de ciertos l�mites el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonom�a local, pues, sin medios econ�micos suficientes, el principio de autonom�a no pasa de ser una mera declaraci�n formal. El sistema dise�ado no solo busca, pues, la efectividad de los principios de autonom�a y suficiencia financiera en el �mbito del sector local, sino que adem�s pretende que sean los propios poderes locales los que asuman la responsabilidad compartida con el Estado y con las respectivas Comunidades Aut�nomas de hacer efectivos esos dos principios constitucionales.

En suma, la presente Ley establece un nuevo sistema de recursos de las Haciendas Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de �stas, a la vez que procede a una nueva ordenaci�n del r�gimen presupuestario y de gasto p�blico de los Entes locales.

III

La estructuraci�n del sistema de recursos de las Entidades locales constituye el reto m�s dif�cil que ha tenido que afrontar el legislador a la hora de abordar la reforma de las Haciendas Locales. La necesidad de superar la tradicional insuficiencia financiera del sector local mediante la utilizaci�n de los dos mecanismos constitucionalmente previstos para ello, esto es, los tributos y la participaci�n en los tributos del Estado, as� como la oportunidad de modernizar y racionalizar el aprovechamiento de la materia imponible reservada a la acci�n tributaria local, han sido los criterios inspiradores del nuevo sistema contenido en la presente Ley.

En el �mbito de la Hacienda Municipal, la reforma del sistema de recursos de estas Entidades se ha llevado a cabo partiendo de las fuentes de financiaci�n propias y tradicionales de las mismas y actuando sobre ellas seg�n su naturaleza y la necesidad de su reestructuraci�n y adaptaci�n al nuevo modelo, lo que permite su clasificaci�n, a estos efectos, en tres grupos diferenciados: Los recursos no tributarios, los recursos tributarios y la participaci�n en tributos del Estado.

Respecto de los recursos no tributarios, esto es, los ingresos de derecho privado, el rendimiento de las operaciones de cr�dito, el producto de las multas y sanciones y la prestaci�n personal y de transporte, la reforma llevada a cabo por la presente Ley no ha incidido tanto en aspectos sustantivos como en los de �ndole formal, derivados de la adaptaci�n de su r�gimen jur�dico a la nueva organizaci�n del sector local surgida de la Constituci�n de 1978.

Se hace preciso resaltar, sin embargo, en cuanto a la regulaci�n de las operaciones de cr�dito, determinados aspectos que la nueva Ley presenta y que constituyen una novedad. As�, se admite la posibilidad, con las debidas cautelas y condicionamientos, de que las Entidades locales accedan al cr�dito en dos supuestos con finalidad diferente a la financiaci�n de los gastos de inversi�n, cuales son la cobertura del d�ficit en la liquidaci�n de sus presupuestos y la financiaci�n, en casos extremos, por razones de necesidad y urgencia, de gastos corrientes por la v�a de los expedientes de modificaci�n presupuestaria. Tambi�n es una innovaci�n, en esta materia, la posibilidad de concertar operaciones de tesorer�a con vencimiento posterior a la fecha de cierre de un ejercicio y la posibilidad, asimismo, de que las Diputaciones Provinciales formalicen operaciones excepcionales para anticipar a los Ayuntamientos el importe de la recaudaci�n de los tributos cuya cobranza les encomienden.

Por otra parte, la Ley regula asimismo la posibilidad de impedir o limitar, con car�cter general, el acceso al cr�dito de las Corporaciones Locales cuando lo requieran razones de pol�tica econ�mica o, con car�cter particular, cuando la situaci�n econ�mico-financiera de una Corporaci�n en concreto as� lo demande o la operaci�n que pretenda realizar resulte inviable desde un punto de vista econ�mico.

En el campo de los recursos tributarios, la reforma ha introducido cambios verdaderamente sustanciales tendentes a racionalizar el sistema tributario local, a modernizar las estructuras de los tributos locales y a perfeccionar el aprovechamiento de la materia imponible reservada a la tributaci�n local, procurando, a la vez, facilitar la gesti�n del sistema dise�ado.

La racionalizaci�n del sistema tributario local exig�a superar una situaci�n en la que �ste estaba integrado por una larga lista de tasas y contribuciones especiales, y por un conjunto de hasta diez figuras impositivas distintas, desconectadas entre s� y carentes de una justificaci�n com�n.

Partiendo de la situaci�n descrita, se han llevado a cabo las siguientes acciones; la primera, delimitar la materia imponible reservada a la tributaci�n local; en segundo lugar, y en funci�n de tal delimitaci�n, se han creado las figuras impositivas m�s adecuadas para el mejor y m�s racional aprovechamiento de esa materia imponible, y por �ltimo, se ha procedido a la supresi�n de muchos de aquellos tributos que hasta la presente reforma incid�an directa o indirectamente en la materia imponible sujeta a las nuevas figuras impositivas.

Esta triple actuaci�n se ha traducido en la creaci�n de tres grandes impuestos, a saber, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econ�micas y el Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica.

La implantaci�n del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles ha supuesto la supresi�n de la Contribuci�n Territorial R�stica y Pecuaria, la Contribuci�n Territorial Urbana y el Impuesto Municipal sobre Solares.

Por su parte, la implantaci�n del Impuesto sobre Actividades Econ�micas ha determinado la supresi�n de las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesional y Artistas, as� como del Impuesto Municipal sobre la Radicaci�n, sustituyendo el nuevo Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica al hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre Circulaci�n de Veh�culos.

Asimismo, del conjunto de la reforma resulta la creaci�n del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que completa el sistema Impositivo local, y la sustituci�n del hasta ahora vigente Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos por otro impuesto de la misma naturaleza y an�loga denominaci�n, as� como la abolici�n del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y del Impuesto Municipal sobre la Publicidad.

En el �mbito estricto de las tasas, la exacci�n de �stas se limita a la prestaci�n de servicios p�blicos y a la realizaci�n de actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo, cuando uno y otra, por su propia naturaleza o por disposici�n legal o reglamentaria, no sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, siempre que su demanda no sea voluntaria. Para los dem�s casos de prestaci�n de servicios o de realizaci�n de actividades administrativas de competencia municipal, as� como por la utilizaci�n privativa o el aprovechamiento especial del dominio p�blico municipal, se instrumenta un sistema de precios p�blicos, como recurso no tributario, que dota al r�gimen financiero municipal de mayor dinamismo y de m�s capacidad de adaptaci�n a la realidad econ�mica.

Finalmente, la participaci�n de los Municipios en los tributos del Estado se ha configurado de forma tal que su funcionamiento se coordina con el de los tributos propios de aqu�llos de tal suerte que ambos conjuntamente deben garantizar la suficiencia financiera de estas Entidades locales. Tal configuraci�n se manifiesta, formalmente, al considerar a la participaci�n de los Municipios en los tributos del Estado como un derecho constitucional de aqu�llos y, materialmente, al estar constituida por un porcentaje sobre la recaudaci�n l�quida del Estado, que partiendo de una financiaci�n inicial definitiva cuya cifra se concreta, se incrementa cada a�o, como m�nimo, en la misma medida en que se incremente el gasto del sector estatal. De esta forma, la participaci�n de los Municipios en los tributos del Estado deja de ser el objeto de interminables negociaciones pol�ticas anuales y se convierte en un mecanismo financiero de funcionamiento autom�tico, perfectamente integrado en el sistema general.

El importe global de la participaci�n en los tributos del Estado, durante el quinquenio 1989-1993, se distribuye entre los municipios con arreglo a su poblaci�n, al esfuerzo fiscal y al n�mero de unidades escolares por ellos costeadas. Con independencia de ello se prev� la financiaci�n espec�fica y excepcional de ciertos municipios mediante asignaciones complementarias fijadas con arreglo a criterios de necesidad e insuficiencia financiera manifiesta. De esta forma, con la participaci�n de los municipios en los tributos del Estado se cumple, respecto de los municipios, la funci�n b�sica de financiaci�n gen�rica de dichas Entidades, sin perjuicio de preverse la cobertura financiera necesaria, de naturaleza espec�fica, con el fin de resolver situaciones extraordinarias de necesidad.

Por �ltimo, tambi�n se prev� la financiaci�n de las Entidades supramunicipales concretadas en las comarcas, Entidades municipales asociativas y �reas metropolitanas, cre�ndose, adem�s, en favor de estas �ltimas, un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de dichas Entidades. Igualmente se regula la financiaci�n de las Entidades locales de �mbito territorial inferior al municipio.

IV

En el �mbito provincial, la estructura del sistema de recursos de estas Entidades es muy similar a la dise�ada para los municipios constando de los mismos grupos, esto es, recursos no tributarios, recursos tributarios y participaci�n en los tributos del Estado. Los recursos no tributarios est�n constituidos por los ingresos patrimoniales y dem�s de Derecho privado, las subvenciones y dem�s prestaciones de Derecho p�blico, el rendimiento de las operaciones de cr�dito y el producto de las multas y sanciones. Su regulaci�n se ha llevado a cabo siguiendo los mismos criterios que han inspirado la configuraci�n de estos recursos en el �mbito municipal.

En cuanto a los recursos tributarios, su configuraci�n se ha realizado teniendo en cuenta la implantaci�n en Espa�a del Impuesto sobre el Valor A�adido, que supuso un cambio profundo en la imposici�n estatal indirecta respecto de la cual la tributaci�n provincial ten�a gran incidencia a trav�s, fundamentalmente, del Canon sobre la Producci�n de Energ�a El�ctrica y de los recargos sobre el Impuesto General sobre el Tr�fico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabricaci�n.

A consecuencia de lo anterior, los recursos tributarios de las provincias se estructurar�n en tasas, contribuciones especiales y el recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Econ�micas. En el �mbito de las tasas, la reforma se produce en los mismos t�rminos que respecto de las tasas municipales, dando entrada, de igual modo, a un sistema de precios p�blicos como recursos no tributarios.

Respecto de la participaci�n en tributos del Estado, el mecanismo se configura y estructura con arreglo a los mismos principios que han inspirado la instrumentaci�n de la participaci�n de los municipios, previ�ndose su distribuci�n entre las provincias con arreglo a diversos criterios socioecon�micos y garantiz�ndose que cualquiera que sea la aplicaci�n de los mismos, cada provincia percibir�, cuando menos, lo que viniera recibiendo a la entrada en vigor de la Ley.

V

La presente Ley, tambi�n ofrece un adecuado tratamiento de los reg�menes especiales cuya singularidad, por diversas razones, debe mantenerse respecto del r�gimen general. As�, los Consejos Insulares de las Islas Baleares dispondr�n de los mismos recursos que los previstos con car�cter general para las provincias. Las Entidades locales canarias conservan su sistema peculiar de financiaci�n en los t�rminos previstos en la legislaci�n reguladora del r�gimen econ�mico-fiscal especial del archipi�lago. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondr�n de los recursos previstos en sus respectivos Estatutos y su participaci�n en los tributos del Estado se regir� por las normas aplicables a la participaci�n de las provincias en dichos tributos, estableci�ndose, por otra parte, una bonificaci�n especial del 50 por 100 de las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales que se devenguen en ambas ciudades. Finalmente, los municipios de Madrid y Barcelona dispondr�n de un r�gimen especial previsto en esta Ley y del que �sta ser� supletoria.

VI

En cuanto al r�gimen presupuestario y contable de las Entidades locales, la Ley tiende a acercar el mismo, al m�ximo posible, a los preceptos de la Ley General Presupuestaria, de los que, salvo en contados casos, las Haciendas locales estaban al margen.

El proceso de acercamiento se inici� en el a�o 1979 con el Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas urgentes de Financiaci�n de las Corporaciones Locales, y prosigui� con la Orden de 14 de noviembre de 1979, por la que se aprob� la estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales y con el Real Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero, m�s tarde convenido en Ley 40/1981, de 28 de octubre, sobre R�gimen Jur�dico Local.

Pese a estas normas, el r�gimen presupuestario y contable de municipios y provincias sigui� sustancialmente influido por el texto refundido de R�gimen Local de 24 de junio de 1955 y, muy en especial, por la Instrucci�n de Contabilidad de las Corporaciones Locales anexa al Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952, lo que provocaba diferencias sensibles de comportamiento entre la Administraci�n del Estado y la Local, en perjuicio de �sta, que se ve�a privada de medidas cada vez m�s �giles y flexibles de las que aqu�lla se beneficiaba.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R�gimen Local, en el corto espacio que dedica a las Haciendas locales, establece dos premisas fundamentales que orientan claramente la futura normativa presupuestaria y contable de las Corporaciones Locales: de un lado, la existencia de un presupuesto �nico integrado por el de la propia Entidad y los de todos los Organismos y Empresas locales dependientes de aqu�lla con personalidad jur�dica propia y, de otro, la declaraci�n de que tanto la estructura de los presupuestos como el plan de cuentas ser�n determinados o establecidos por la Administraci�n del Estado. Ello permite el que se vea facilitada la acomodaci�n del r�gimen presupuestario y contable de las Corporaciones Locales a los preceptos de la Ley General Presupuestaria.

En la Ley reguladora de las Haciendas Locales el Presupuesto �nico se configura como un Presupuesto General integrado por el de la propia Entidad local, los de sus Organismos aut�nomos y por los estados de previsi�n de las Sociedades mercantiles de capital p�blico local. Si bien cada parte del Presupuesto General conserva una cierta autonom�a que permite su ejecuci�n y liquidaci�n independiente y, en el caso de las Sociedades, la utilizaci�n �nica de un sistema de contabilidad patrimonial, la Ley impone un estado de consolidaci�n que lleva a conocer, en su conjunto, las previsiones de gastos e ingresos anuales, tanto corrientes como de capital, de todos los servicios de la Entidad, cualquiera que sea su forma de gesti�n.

Aunque se difiere para un momento posterior la regulaci�n concreta de la estructura presupuestaria, se deja ya prescrito que los ingresos ser�n objeto de clasificaci�n econ�mica y los gastos de la econ�mico-funcional; que las Corporaciones podr�n establecer la clasificaci�n org�nica atendiendo a su propia estructura organizativa; que la partida presupuestaria viene definida, al menos, por la conjunci�n de las clasificaciones funcional y econ�mica; y que el control fiscal y contable de los gastos se realizar� sobre la partida presupuestaria as� definida.

Uno de los aspectos en que la acomodaci�n a la Ley General Presupuestaria ser� m�s perceptible es el relativo a las transferencias de cr�ditos.

Frente a la situaci�n hasta ahora existente en esta materia en las Corporaciones locales, la agilidad de tr�mites que la nueva Ley contempla es evidente al no ser necesaria ni la intervenci�n del pleno ni la publicidad oficial respecto a la medida adoptada, salvo en el supuesto de que las transferencias provoquen modificaciones en los cr�ditos asignados a cada grupo de funci�n.

En la ejecuci�n de los Presupuestos de gastos se establecen para las Corporaciones locales las cuatro fases preceptivas en los Presupuestos del Estado: Autorizaci�n, disposici�n, obligaci�n y pago. Desaparece as� el vac�o que al respecto se hac�a visible en las Haciendas locales hasta ahora limitadas en sus normas, exclusivamente, a la ordenaci�n del gasto y del pago lo que provocaba, en muchas ocasiones, dudas y vacilaciones respecto a la contabilizaci�n de operaciones y liquidaci�n de los presupuestos.

En relaci�n con la contabilidad, la Ley se limita a dictar unas disposiciones generales declarando la competencia del Ministerio de Econom�a y Hacienda para desarrollar la materia, si bien se determinan los fines que la contabilidad local debe perseguir y los estados y cuentas que, en consecuencia, se deben formar y rendir. En consonancia con la existencia de un Presupuesto General, se establece, para el mismo, la formaci�n de una Cuenta General integrada, como aqu�l, por la de la propia Entidad, las de sus Organismos aut�nomos, y las de las Sociedades Mercantiles de capital p�blico local.

Sin embargo, la situaci�n, medios y organizaci�n interna de los Ayuntamientos de escasa poblaci�n parecen obligar a plantearse la necesidad de un tratamiento especial simplificado para los mismos que afecta tanto a la materia presupuestaria como a la contable, esta �ltima en su doble faceta de contabilidad y de rendici�n de cuentas. La Ley contempla el problema y prev� la soluci�n oportuna a la expresada situaci�n en el triple aspecto indicado.

En cuanto a la fiscalizaci�n interna en las Corporaciones locales, ven�a centrada hasta ahora en el llamado control de legalidad, ignor�ndose, pr�cticamente, los otros controles que, incluso por precepto constitucional, son exigibles en las Administraciones P�blicas. De ah� la necesidad, como la Ley lo hace, de regular no s�lo el control interno en su faceta interventora sino tambi�n en sus acepciones de control financiero y control de eficacia.