Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Exposici�n de Motivos

I

Los objetivos de pol�tica econ�mica, plasmados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, requieren para su mejor ejecuci�n la adopci�n de un conjunto de medidas de distinta naturaleza y alcance que se configuran como instrumentos eficaces al servicio de la acci�n pol�tica del Gobierno en los distintos �mbitos sectoriales en que �sta se desenvuelve.

A este fin, la presente Ley establece determinadas reformas en el �mbito tributario, de la Seguridad Social y en las normas reguladoras del r�gimen del personal al servicio de las Administraciones P�blicas y atiende a necesidades concretas, tanto en el �mbito de la actuaci�n administrativa como en el de la organizaci�n y gesti�n.

II

En el �mbito tributario las modificaciones que se introducen giran en torno a los siguientes ejes: mantenimiento de la presi�n fiscal global al servicio del cumplimiento de las condiciones de convergencia para el ingreso en la tercera fase de la Uni�n Econ�mica y Monetaria; fomento del ahorro a largo plazo, mediante la mejora del tratamiento tributario del ahorro-previsi�n; impulso de la competitividad de la peque�a y mediana empresa mediante la adopci�n de buena parte de las recomendaciones adoptadas en el seno de la Comisi�n Interministerial encargada de analizar la problem�tica espec�fica de este sector de vital importancia y, finalmente, incorporaci�n de determinadas disposiciones tendentes a profundizar en las medidas preventivas del fraude fiscal y, sobre todo, de ciertas conductas elusivas.

Para el cumplimiento de los citados objetivos se introducen diferentes modificaciones en los tributos del Estado.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas con la finalidad, ya indicada, de fomentar el ahorro-previsi�n, se incrementan los l�mites para la aplicaci�n de la reducci�n en la base del Impuesto de las aportaciones a planes de pensiones, que quedan fijadas en un 20 por 100 de los rendimientos y con un l�mite global de 1.100.000 pesetas; asimismo, se posibilita la deducci�n en los ejercicios siguientes del exceso de las aportaciones efectuadas a un plan de pensiones cuando se supere el l�mite porcentual legalmente establecido.

Al objeto de potenciar la competitividad de las peque�as y medianas empresas se modifican sustancialmente los reg�menes de determinaci�n de los rendimientos empresariales, con la supresi�n del r�gimen de coeficientes e introducci�n de una nueva modalidad de estimaci�n directa, denominada simplificada. Por su parte, en el �mbito de la estimaci�n objetiva se posibilita una mayor aproximaci�n al rendimiento realmente obtenido, de suerte que, de un lado, tenga en cuenta el esfuerzo inversor desarrollado por cada sujeto pasivo y, de otro, incluya los incrementos netos de patrimonio por transmisiones onerosas de elementos afectos, cuando el importe anual de las mismas no supere 500.000 pesetas. Asimismo, y para limitar la progresividad, se establece la aplicaci�n del tipo del 30 por 100 a los incrementos de patrimonio que formen parte del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en la parte del incremento comprendida entre cero y 15.000.000 de pesetas, con lo que se armoniza esta medida con la adoptada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en el Impuesto sobre Sociedades.

En el marco del Impuesto sobre el Patrimonio y con el fin de mejorar la normativa aplicable a las peque�as y medianas empresas se establece la exenci�n para los bienes y derechos comunes a ambos c�nyuges cuando se encuentren afectos a la actividad empresarial, siempre que se cumplan los requisitos actualmente exigibles al titular de la actividad.

En el �mbito del Impuesto sobre Sociedades se introducen diversas modificaciones de variada naturaleza, entre las que merece destacarse la modificaci�n del �mbito de aplicaci�n de las exenciones subjetivas, al objeto de acomodarse a la nueva configuraci�n de los entes p�blicos, dada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.

Asimismo, se simplifican los criterios que determinan la aplicaci�n de las deducciones para evitar la doble imposici�n internacional y se introducen modificaciones concretas en el r�gimen aplicable a los procesos de fusi�n, escisi�n y aportaci�n de ramas de actividad que tienen por meta principal configurar adecuadamente el r�gimen previsto para este tipo de operaciones.

Con el prop�sito ya apuntado de potenciar la actividad de las peque�as y medianas empresas, se permite la amortizaci�n acelerada del inmovilizado material y se modifica la regulaci�n del pago fraccionado a efectos de establecer un plazo espec�fico para el ejercicio de la opci�n para la determinaci�n del pago fraccionado cuando el ejercicio econ�mico de la sociedad no coincida con el a�o natural.

En el Impuesto sobre el Valor A�adido las medidas adoptadas atienden, principalmente, al fomento de la competitividad de las empresas. As� se hace posible la modificaci�n de la base imponible en supuestos de imposible recuperaci�n de las cuotas repercutidas no cobradas mediante el cumplimiento de ciertos requisitos y se modifican los l�mites y restricciones para permitir el derecho a deducir las cuotas soportadas en la adquisici�n de bienes de inversi�n susceptibles de ser utilizados de manera no exclusiva en el �mbito de las actividades empresariales, mediante la deducci�n de un porcentaje determinado de las cuotas satisfechas.

Los reg�menes de determinaci�n de la base imponible aplicables a las peque�as y medianas empresas son, asimismo, objeto de reforma con la finalidad ya indicada. Las modificaciones afectan al r�gimen simplificado, al r�gimen de la agricultura, ganader�a y pesca y a los reg�menes especiales aplicables al comercio minorista.

En el r�gimen simplificado se facilita que los sujetos pasivos deduzcan las cuotas soportadas por la adquisici�n de los bienes de inversi�n; se logra de esta forma una mejor coordinaci�n con el r�gimen de estimaci�n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. En relaci�n con el r�gimen especial de la agricultura, ganader�a y pesca, se incorporan las modificaciones necesarias para coordinar tambi�n su aplicaci�n con el r�gimen de signos, �ndices y m�dulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas respecto de las actividades agr�colas que resulten igualmente comprendidas en el mismo. En cuanto a los reg�menes del comercio minorista, se reduce el �mbito subjetivo de aplicaci�n del r�gimen especial de determinaci�n proporcional de las bases imponibles para aquellos empresarios que no rebasen una determinada cifra en sus operaciones.

Finalmente, se modifica la regla de c�lculo de la prorrata, al objeto de integrar en el denominador de la misma las subvenciones y transferencias no vinculadas al precio y que, como consecuencia de ello, no han sido integradas en la base imponible del Impuesto.

En el �mbito de los Impuestos Especiales se introduce una nueva figura, el Impuesto sobre la Electricidad, que tiene como objetivo b�sico la obtenci�n de los ingresos necesarios para compensar la supresi�n del recargo en concepto de �coste espec�fico asignado a la miner�a del carb�n�, que gira en la actualidad sobre la facturaci�n el�ctrica y se expresa como el 4,864 por 100 de la misma, en consonancia con el proceso de transparencia en la facturaci�n el�ctrica que se quiere impulsar. Asimismo, la creaci�n de este Impuesto permitir� la adaptaci�n a la propuesta de Directiva comunitaria por la que se reestructura la imposici�n de los productos energ�ticos.

En el Impuesto sobre Primas de Seguros se establece la obligaci�n de presentar una declaraci�n resumen anual.

La modificaci�n de la Ley 20/1991, de 7 de junio, en lo relativo al Impuesto General Indirecto Canario, obedece, de una parte, a la necesidad de armonizar los puntos de conexi�n previstos en este Impuesto con las modificaciones introducidas en la normativa del Impuesto sobre el Valor A�adido en materia de servicios de telecomunicaci�n y, de otra, a la adecuaci�n de los cambios normativos introducidos en el �mbito de los reg�menes especiales del Impuesto sobre el Valor A�adido, simplificado y de la agricultura y ganader�a, para potenciar la actuaci�n y transparencia de las peque�as y medianas empresas.

Las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Producci�n, los Servicios y la Importaci�n en las ciudades de Ceuta y Melilla regulado por la Ley 8/1991, de 25 de marzo, tienen por causa la adaptaci�n de esta norma a las �ltimas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor A�adido.

En materia de tasas, se debe destacar la creaci�n de nuevas tasas por diversas actividades y servicios prestados por la Administraci�n y la actualizaci�n de otras ya existentes, todo ello con el prop�sito de aproximar gradualmente el importe exigido al coste del servicio prestado.

Dentro del apartado de otras normas tributarias se modifica la Ley Org�nica 12/1995, de Represi�n del Contrabando, al objeto de clasificar las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves y establecer criterios espec�ficos en la materia para la graduaci�n de las sanciones.

En el �mbito de la Ley General Tributaria se introducen modificaciones que permitan la adopci�n de medidas cautelares que garanticen el cobro de deudas tributarias a�n no liquidadas y se establecen mecanismos espec�ficos para la pr�ctica de notificaciones en determinados supuestos, habida cuenta de la dificultad existente para su realizaci�n por los cauces ordinarios. De otra parte se faculta al Tribunal de Cuentas para acceder a los datos tributarios cuando ello sea preciso para la fiscalizaci�n de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.

En lo concerniente a las devoluciones de oficio en los Impuestos sobre la Renta de las Personas F�sicas, sobre Sociedades y sobre el Valor A�adido, se consagra el abono autom�tico del inter�s de demora previsto en el art�culo 58.2.c) de la Ley General Tributaria una vez transcurrido el plazo legalmente previsto, anticipando, as�, la aplicaci�n de esta medida de especial inter�s para los contribuyentes.

Finalmente, interesa destacar el establecimiento de un r�gimen de incentivos fiscales espec�fico con ocasi�n de la celebraci�n del �A�o Santo Jacobeo 1999�, y de la designaci�n de Santiago de Compostela como Capital Europea de la Cultura del a�o 2000, que persigue potenciar al m�ximo la participaci�n de la iniciativa privada en el desarrollo de estos acontecimientos.

III

En el orden social, se adoptan en el t�tulo II medidas relativas al procedimiento de la Seguridad Social y a la acci�n protectora de la misma, modificando al efecto el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Las modificaciones relativas al procedimiento tienen por objeto unificar el sistema de recaudaci�n del Estado y de la Seguridad Social, de conformidad con la directriz fijada en la disposici�n transitoria decimotercera del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. As�, se modifican los plazos para el pago de las deudas por cuotas reclamadas por la Seguridad Social, se clarifica el plazo de prescripci�n de cinco a�os para el reintegro de prestaciones indebidas y se modifican las condiciones de actuaci�n de la Seguridad Social en los procesos concursales, merecen el otorgamiento a semejanza de lo establecido para la Hacienda P�blica, el derecho de abstenci�n y la posibilidad de suscribir acuerdos o convenios en el curso del proceso concursal.

En materia de acci�n protectora del sistema de Seguridad Social, las medidas adoptadas persiguen un mejor control de cumplimiento de los requisitos necesarios para generar el derecho a la prestaci�n. As�, respecto a la protecci�n por desempleo se establece para la reanudaci�n del derecho a la prestaci�n los mismos plazos y efectos que para el inicio del mismo derecho y se clarifican los supuestos en los que el trabajador genera derecho a dicha prestaci�n durante la tramitaci�n de recursos contra sentencias que declaren la improcedencia del despido. La nueva regulaci�n de la extinci�n del subsidio por incapacidad temporal busca evitar que los efectos de la declaraci�n de invalidez permanente se retrotraigan a una fecha en la que no conste la existencia de lesiones definitivas. En materia de pensi�n de orfandad se ampl�an los supuestos para devengar el derecho a su percepci�n con arreglo a la l�nea iniciada en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidaci�n y Racionalizaci�n del Sistema de Seguridad Social, y se reconoce dicha pensi�n cuando el hijo del causante realice un trabajo lucrativo siempre que los ingresos que obtenga en c�mputo anual resulten inferiores al 50 por 100 del salario m�nimo interprofesional.

Se incluye en este t�tulo un cap�tulo relativo a las ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, en el que se modifica la regulaci�n establecida en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, al objeto de mejorar y ampliar el �mbito de protecci�n a una serie de supuestos que la propia din�mica de los hechos viene demandando en el entorno del colectivo de personas afectadas por el hecho terrorista.

Por �ltimo, en materia de pensiones p�blicas, se modifica el R�gimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, al efecto de adecuar la normativa reguladora de la prestaci�n de inutilidad para el servicio a la legislaci�n de Clases Pasivas del Estado y a las normas que rigen el estatuto jur�dico del personal militar.

IV

El T�tulo III recoge diversas modificaciones de la normativa relativa al personal al servicio de las Administraciones P�blicas.

Por lo que se refiere a los funcionarios p�blicos, se modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, en materia de permisos por razones de guarda legal, y por criterios de eficacia m�nima se limita a sesenta y cinco a�os la edad de jubilaci�n de los miembros de la polic�a local y de los servicios de extinci�n de incendios de las Comunidades Aut�nomas y Corporaciones Locales.

Asimismo, se introduce la posibilidad de establecer plazas de facultativos y t�cnicos en la Direcci�n General de la Guardia Civil de modo similar a lo dispuesto para el Cuerpo Nacional de Polic�a, con el fin de poder asumir determinadas tareas espec�ficas. Tambi�n se dispone la creaci�n de cuatro plazas de magistrados de enlace para desempe�ar las funciones de cooperaci�n judicial en el �mbito de la Uni�n Europea.

En materia de Clases Pasivas, se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en lo relativo a la revalorizaci�n de las pensiones, a efectos de establecer para las Clases Pasivas del Estado una regulaci�n id�ntica en esta materia a la establecida para la Seguridad Social por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidaci�n y Racionalizaci�n del Sistema de Seguridad Social. En el r�gimen del personal militar, se establece un tratamiento individualizado de los derechos pasivos de los militares de empleo, dada la peculiar idiosincrasia de este colectivo.

Y por �ltimo, destacan como novedades en este t�tulo la modificaci�n de la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, a fin de limitar a un plazo m�ximo de treinta meses el subsidio econ�mico que por incapacidad temporal se pueda reconocer por la Mutualidad de Funcionarios de la Administraci�n del Estado (MUFACE), medida que se hace extensiva al personal dependiente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

V

En el t�tulo IV se recogen diversas normas de gesti�n financiera y patrimonial as� como de organizaci�n y procedimiento.

Por lo que respecta a la gesti�n financiera se introducen modificaciones en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de R�gimen de las Haciendas Locales, al objeto de incentivar a las entidades locales a cumplir las obligaciones que contraigan en las operaciones de cr�dito que conciertan; se acuerda la sustituci�n del tipo de inter�s b�sico del Banco de Espa�a, dado su desfase, por el tipo de inter�s legal del dinero determinado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se modifica la Ley General Presupuestaria en aspectos concretos y limitados necesitados de una inmediata reforma.

Se regula tambi�n el control financiero en las representaciones de Espa�a en el exterior dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores para permitir que la estructura y procedimientos de control de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado pueda adaptarse a las necesidades de la gesti�n en el exterior, ya sea mediante la creaci�n de Intervenciones Delegadas o la sustituci�n de la funci�n interventora por el control financiero permanente. Tambi�n se dispone que las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social puedan establecer el sistema de pagos a justificar y el sistema de anticipos de caja fija.

En el �mbito de la gesti�n patrimonial, se regula el r�gimen patrimonial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con el fin de atribuirle una mayor operatividad en aras de una mayor eficacia en la gesti�n. De otra parte, se modifica la Ley 23/1982, de 18 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, con el fin de equiparar el r�gimen de protecci�n de los bienes integrantes de los Reales Patronatos a los del Patrimonio Nacional. Se modifica igualmente la Ley de Patrimonio del Estado con el fin de que las operaciones de permuta puedan realizarse de una manera m�s �gil.

En lo referente a la organizaci�n y procedimiento, se procede a la creaci�n de diversos organismos aut�nomos. El Instituto para la Reestructuraci�n de la Miner�a del Carb�n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que se configura como instrumento de ejecuci�n de la pol�tica de reestructuraci�n de la miner�a del carb�n; la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad del Estado, que tiene como objeto desarrollar las directrices del Ministerio del Interior en materia de patrimonio inmobiliario y la Agencia Espa�ola del Medicamento, a la que se atribuyen las competencias en materia del medicamento, antes correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo. Se regula tambi�n el r�gimen jur�dico de la �Empresa de Transformaci�n Agraria, Sociedad An�nima� (TRAGSA), y la prestaci�n de servicios t�cnicos y administrativos necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisi�n y recepci�n para las comunicaciones electr�nicas, inform�ticas y telem�ticas por la F�brica Nacional de Moneda y Timbre.

VI

El t�tulo V recoge una serie de medidas que permiten una m�s eficaz acci�n administrativa en los diversos campos en que �sta se manifiesta.

En materia de transportes destaca la incorporaci�n a nuestro ordenamiento jur�dico de lo dispuesto en la Directiva CEE 91/440, de 29 de julio de 1990. As� se reconoce a las Agrupaciones Internacionales de Empresas Ferroviarias establecidas en pa�ses de la Uni�n Europea el derecho de acceso y tr�nsito a nuestras infraestructuras ferroviarias. Las medidas de acci�n administrativa en materia de energ�a se concretan en la modificaci�n de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci�n del Sector Petrolero. En materia educativa se dispone la liberalizaci�n con car�cter progresivo de los libros de texto y material did�ctico complementario. En el �mbito de la sanidad se modifica la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para acomodarla a la nueva estructura organizativa que la Agencia del Medicamento supone y al objeto, entre otros, de permitir la sustituci�n de especialidades farmac�uticas bioequivalentes por especialidades farmac�uticas gen�ricas. Tambi�n se establece un plazo para la liberalizaci�n para las especialidades farmac�uticas no financiadas con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.

Respecto de la acci�n administrativa en el exterior, debe destacarse la creaci�n de tres fondos destinados al fomento de la inversi�n de la empresa espa�ola en el exterior. Para ello se constituye el Fondo para Garant�as de Operaciones de Financiaci�n de Inversiones en el Exterior, que tiene por objeto la emisi�n de garant�as parciales y condicionales en las operaciones de cr�dito para proyectos de inversi�n de las empresas espa�olas en el exterior. El Fondo para Inversiones en el Exterior tiene por misi�n promover, a trav�s de inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de empresas situadas fuera de nuestro pa�s, la internacionalizaci�n y la actividad exterior de las empresas espa�olas. Por �ltimo, el Fondo para Operaciones de Inversi�n en el Exterior de la Peque�a y Mediana Empresa se dirige a la internacionalizaci�n y la inversi�n en el exterior de las peque�as y medianas empresas espa�olas. El nacimiento de estos tres Fondos responde a planteamientos concretos del cuerpo empresarial recogidas como compromiso gubernamental en el marco del Plan 2000. Por �ltimo, se introducen modificaciones tanto en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, a fin de elevar la cuant�a de las aportaciones anuales m�ximas y de ampliar las contingencias por las que se satisfar�n las prestaciones correspondientes, como en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de Seguros Privados.