Artículo 121

La Hacienda de las Provincias estará constituida por los recursos expresados en el artículo 2 de esta Ley en los términos y con las especialidades que se recogen en el presente título.

Artículo 122

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia provincial, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de la presente Ley.

Artículo 123

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I de la presente Ley.

Artículo 124

1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.

2. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas mínimas y su tipo no podrá ser superior al 40 por 100.

3. La gestión del recargo se llevará a cabo, juntamente con el impuesto sobre el que recae, por la Entidad que tenga atribuida la gestión de éste.

4. El importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta la fórmula de gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 125

1. Durante el quinquenio 1989-1993, la Participación de las Provincias en los Tributos del Estado se determinará con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Para el quinquenio citado en el apartado anterior, las Provincias dispondrán de un porcentaje de participación en los Tributos del Estado que se determinará en función de la financiación inicial definitiva para 1989 fijada en la disposición adicional undécima, y se aprobará, tanto provisional como definitivamente con el mismo método e iguales cauces formales que los establecidos para la Participación de los Municipios en los Tributos del Estado en el número 2 del artículo 112 de esta Ley.

3. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluirán los créditos correspondientes a la Participación de las Provincias en los Tributos del Estado, que se determinarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de esta Ley.

Artículo 126

1. El importe de la Participación de las Provincias en los Tributos del Estado se distribuirá entre las mismas conforme se establezca por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la base de los siguientes criterios:

• A) El número de habitantes de derecho de la respectiva Provincia o Isla según los últimos Padrones Municipales oficialmente aprobados.
• B) La superficie.
• C) Número de habitantes de derecho de los Municipios menores de 20.000 habitantes en relación al total de habitantes de la Provincia o Isla.
• D) La inversa de la renta per cápita.
• E) Otros criterios que se estimen procedentes.

2. En ningún caso, las Provincias e Islas podrán percibir por esta distribución, singularmente consideradas, cantidad inferior a la que por todos los conceptos hubieran percibido como participación ordinaria y extraordinaria en los ingresos del Estado en el ejercicio en que entre en vigor la presente Ley.

Artículo 127

Cuando una Provincia, con la utilización de los recursos financieros regulados en la presente Ley, no pudiera ejercer adecuadamente las competencias a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los Presupuestos Generales del Estado podrán establecer, con especificación de su destino y distribución, una asignación complementaria, cuya finalidad será la de cubrir insuficiencias financieras manifiestas.

Artículo 128

1. Se comprenderán entre las subvenciones acordadas por el Estado y las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 40 de esta Ley, en favor de las Diputaciones, las destinadas a financiar los Planes Provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que las Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado.

Artículo 129

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público provincial según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 45.

Artículo 130

1. Cuando las Diputaciones Provinciales gestionen servicios propios de las Comunidades Autónomas, éstas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, otorgando al respecto las correspondientes dotaciones económicas. Las Diputaciones Provinciales podrán mejorar estos módulos y niveles utilizando sus propias disponibilidades presupuestarias.

2. Cuando las Diputaciones Provinciales asuman por cuenta de los Ayuntamientos de su ámbito territorial la recaudación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, regulados en Tesorería con el exclusivo objeto de anticipar a los Ayuntamientos, anualmente, hasta el 75 por 100 del importe de las presumibles recaudaciones por dichos tributos.

Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán quedar canceladas antes de finalizar cada ejercicio, no deberán suponer carga financiera alguna para las Diputaciones y no se computarán a los efectos de los límites previstos en el artículo 52 de esta Ley. A partir de: 1 enero 1999 Párrafo 2.º del número 2 del artículo 130 redactado por el número 2 del artículo 59 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).