Art韈ulo noventa

Las funciones de la Administraci髇 en materia tributaria se ejercer醤 con separaci髇 en sus dos 髍denes de gesti髇, para la liquidaci髇 y recaudaci髇, y de resoluci髇 de reclamaciones que contra aquella gesti髇 se susciten, y estar醤 encomendadas a 髍ganos diferentes.

Art韈ulo noventa y uno

La competencia por raz髇 de la materia de los distintos 髍ganos, sean de liquidaci髇 y recaudaci髇 o de resoluci髇 de recursos, se determinar� en sus respectivos Reglamentos.

Art韈ulo noventa y dos

La competencia territorial de las oficinas gestoras se regular� conforme a los principios siguientes:

• Primero. En funci髇 del lugar en que radiquen los factores productivos, las explotaciones econ髆icas o los bienes inmuebles sujetos a tributaci髇.
• Segundo. Seg鷑 el domicilio tributario del sujeto pasivo determinado en el art韈ulo cuarenta y cinco de esta Ley.
• Tercero. Teniendo en cuenta el lugar en que se utilice el dominio p鷅lico, se preste el servicio o se realice la actividad u obra.
• Cuarto. En atenci髇 al lugar donde se produzca el hecho o negocio determinante de la transmisi髇.

Art韈ulo noventa y tres

Por regla general la competencia en la gesti髇 tributaria se entender� atribuida en el orden territorial al 髍gano provincial, de no tenerla expresamente asignada el 髍gano central o el inferior.

Art韈ulo noventa y cuatro

La incompetencia podr� declararse de oficio o a instancia de parte, conforme a las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art韈ulo noventa y cinco

Uno. La actuaci髇 de los particulares, ante los 髍ganos incompetentes producir� efecto.

Dos. No obstante, si el 髍gano administrativo se estimara incompetente deber� adoptar una de las decisiones siguientes:

• a) Remitir directamente las actuaciones al 髍gano que considere competente, y
• b) Devolver la declaraci髇 o documentaci髇 presentada por el interesado, notific醤dole el 髍gano que considere competente y el plazo de presentaci髇 ante el mismo.

Art韈ulo noventa y seis

La colaboraci髇 de los administrados en la gesti髇 tributaria se llevar� a efecto por medio de las Entidades o grupos de contribuyentes encuadrados en la Organizaci髇 Sindical o en Colegios oficiales profesionales, y, en su defecto, en otros grupos oficialmente constituidos, y se prestar� especialmente en el r間imen de estimaci髇 objetiva de las bases tributarias y en la actividad administrativa de distribuci髇 individual de bases y cuotas, dentro de los l韒ites y en la forma que la reglamentaci髇 de cada tributo establezca.

Art韈ulo noventa y siete

Uno. Para el cumplimiento de las funciones anteriormente mencionadas la Ley de cada tributo podr� regular la actuaci髇 de dichos grupos y la constituci髇 y competencia espec韋ica de Juntas y Comisiones de composici髇 mixta de funcionarios y contribuyentes.

Dos. Estas Juntas y Comisiones tendr醤 el car醕ter de 髍ganos de la Administraci髇 financiera y se someter醤 al r間imen org醤ico establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto dicho r間imen no resulte alterado por los preceptos de esta Ley o la reglamentaci髇 propia de cada tributo.

Art韈ulo noventa y ocho

Uno. Dentro de cada grupo de contribuyentes o Colegio profesional la designaci髇 de sus representantes ser� realizada por la respectiva Asamblea o Junta de Gobierno, en la forma, por el plazo y con las garant韆s que reglamentariamente se determinen.

Dos. No podr醤 ser elegidos representantes:

• a) Quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso, salvo rehabilitaci髇, o en interdicci髇 civil.
• b) Los declarados responsables por infracciones de contrabando; y
• c) Quienes habitualmente no est閚 al corriente en el pago de sus deudas tributarias.

Art韈ulo noventa y nueve

Estos representantes, en el ejercicio de su colaboraci髇, tendr醤 los siguientes derechos y deberes:

• a) Recabar de los sujetos pasivos y Entidades privadas cuantas informaciones consideren precisas para el mejor cumplimiento de sus funciones.
• b) Proponer a la Administraci髇 la pr醕tica de las averiguaciones y pruebas que consideren oportunas.
• c) Cumplir sin cometido con la m醲ima lealtad hacia la Administraci髇 y hacia sus propios grupos o Colegios; y
• d) Guardar secreto profesional en los mismos t閞minos que los funcionarios de la Administraci髇 tributaria.

Art韈ulo cien

Uno. Las Juntas o Comisiones adoptar醤 sus acuerdos cuando coincidan en sus apreciaciones los representantes de los grupos y los Vocales funcionarios en votaciones separadas en las que se preste su conformidad la mayor韆 reglamentaria de los asistentes de cada clase.

Dos. Los miembros de las Juntas o Comisiones en minor韆 podr醤 recurrir estos acuerdos ante el Jurado tributario.

Art韈ulo ciento uno

La gesti髇 de los tributos se iniciar�:

• a) Por declaraci髇 o iniciativa del sujeto pasivo o retenedor, conforme a lo previsto en el art韈ulo 35 de esta Ley.
• b) De oficio, y
• c) Por actuaci髇 investigadora de los 髍ganos administrativos.

Art韈ulo ciento dos

Uno. Se considerar� declaraci髇 tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca espont醤eamente ante la Administraci髇 tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.

Reglamentariamente se determinar醤 los supuestos en que sea admisible la declaraci髇 verbal.

Dos. La presentaci髇 en una oficina tributaria de la correspondiente declaraci髇 no implica aceptaci髇 o reconocimiento de la procedencia del gravamen.

Tres. En ning鷑 caso podr� exigirse que las declaraciones tributarias se formulen bajo juramento.

Cuatro. Se estimar� declaraci髇 tributaria la presentaci髇 ante la Administraci髇 de los documentos en los que se contenga o que constituyan el hecho imponible.

Art韈ulo ciento tres

Uno. La actuaci髇 investigadora de los 髍ganos administrativos podr� iniciarse como consecuencia de una denuncia. El ejercicio de la acci髇 de denuncia es independiente de la obligaci髇 de colaborar con la Administraci髇 Tributaria conforme a los art韈ulos 111 y 112 de la presente Ley.

Dos. No se considerar� al denunciante interesado en la actuaci髇 investigadora que se inicie a ra韟 de la denuncia ni legitimado para interponer como tal recursos o reclamaciones.

Podr醤 archivarse sin m醩 tr醡ite aquellas denuncias que fuesen manifiestamente infundadas.

Tres. Reglamentariamente se regular醤 los requisitos formales de las denuncias, as� como la especial tramitaci髇 de las mismas.�

Art韈ulo ciento cuatro

La Administraci髇 puede recabar declaraciones y la ampliaci髇 de 閟tas, as� como la subsanaci髇 de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesaria para la liquidaci髇 del tributo y su comprobaci髇.

Art韈ulo ciento cinco

Uno. En la reglamentaci髇 de la gesti髇 tributaria, se se馻lar醤 los plazos a los que habr� de ajustarse la realizaci髇 de los respectivos tr醡ites.

Dos. La inobservancia de plazos por la Administraci髇 no implicar� la caducidad de la acci髇 administrativa, pero autorizar� a los sujetos pasivos para reclamar en queja.

Art韈ulo ciento seis

Uno. En todo momento podr� reclamarse en queja contra los defectos de tramitaci髇 y en especial los que supongan paralizaci髇 del procedimiento, infracci髇 de los plazos se馻lados u omisi髇 de tr醡ites que puedan subsanarse antes de la resoluci髇 definitiva del asunto.

Dos. La estimaci髇 de la queja dar� lugar, si hubiera razones para ello, a la incoaci髇 de expediente disciplinario contra el funcionario responsable.

Art韈ulo ciento siete

1. Los sujetos pasivos y dem醩 obligados tributarios podr醤 formular a la Administraci髇 consultas debidamente documentadas respecto al r間imen, la clasificaci髇 o la calificaci髇 tributaria que en cada caso les corresponda.

2. La contestaci髇 tendr� car醕ter de mera informaci髇 y no de acto administrativo, no vinculando a la Administraci髇 salvo que:

• a) Por Ley se disponga lo contrario.
• b) Se trate de consultas formuladas en la forma que reglamentariamente se establezca, por quienes deseen invertir capital procedente del extranjero en Espa馻.

3. No obstante lo establecido en el apartado 2 anterior, el sujeto pasivo que tras haber formulado su consulta hubiese cumplido las obligaciones tributarias de acuerdo con la contestaci髇 del 髍gano competente no incurrir� en responsabilidad, siempre que re鷑a los siguientes requisitos:

• a) Que comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarios para la formaci髇 del juicio de la administraci髇.
• b) Que aqu閘los no se hubieren alterado posteriormente.
• c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaraci髇.

La exenci髇 de responsabilidad cesar� cuando se modifique la legislaci髇 aplicable y no impedir�, en ning鷑 caso, la exigencia de intereses de demora adem醩 de las cuotas, importes o recargos pertinentes.

4. Los interesados no podr醤 entablar recurso alguno contra la contestaci髇 aun cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ella.

5. La competencia para evacuar estas consultas ser� de los Organos directivos que tengan atribuida la facultad reglamentaria en el orden tributario o general o en el de los distintos tributos, su iniciativa, propuesta o interpretaci髇.

Art韈ulo ciento ocho

Ser醤 aplicables en el procedimiento de gesti髇 las normas contenidas en el art韈ulo ciento cincuenta y seis, sobre rectificaci髇 de errores materiales, aritm閠icos o de hecho.

Art韈ulo ciento nueve

Uno. La Administraci髇 comprobar� e investigar� los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y dem醩 circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible.

Dos. La comprobaci髇 podr� alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias y podr� comprender la estimaci髇 de las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere el art韈ulo cincuenta y dos de esta Ley.

Tres. La investigaci髇 afectar� al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Igualmente alcanzar� a los hechos imponibles cuya liquidaci髇 deba realizar el propio sujeto pasivo.

Art韈ulo ciento diez

La comprobaci髇 e investigaci髇 tributaria se realizar醤 mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad, principal o auxiliar del sujeto pasivo, as� como por la inspecci髇 de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o informaci髇 que hayan de facilitarse a la Administraci髇 o que sean necesarios para la determinaci髇 del tributo.

Art韈ulo ciento once

1. Toda persona natural o jur韉ica, p鷅lica o privada, estar� obligada a proporcionar a la Administraci髇 Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones econ髆icas, profesionales o financieras con otras personas.

De acuerdo con lo previsto en el p醨rafo anterior, en particular:

• a) Los retenedores estar醤 obligados a presentar relaciones de las cantidades satisfechas a otras personas en concepto de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y de actividades profesionales, art韘ticas o deportivas.
• b) Las Sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras Entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los de autor, vendr醤 obligados a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos en conocimiento de la Administraci髇 Tributaria.

  A la misma obligaci髇 quedan sujetas aquellas personas o Entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediaci髇 financiera en general, que legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gesti髇 o intervenci髇 en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captaci髇, colocaci髇, cesi髇 o mediaci髇 en el mercado de capitales.

• c) Las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Hacienda P鷅lica en per韔do ejecutivo, est醤 obligados a informar a los 髍ganos y agentes de recaudaci髇 ejecutiva y a cumplir los requerimientos que les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales.
  Letra c) del n鷐ero 1 del art韈ulo 111 introducida por el art韈ulo 110 de la Ley 33/1987, 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (獴.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 1988

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deber醤 cumplirse, bien con car醕ter general, bien a requerimiento individualizado de los 髍ganos competentes de la Administraci髇 Tributaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este art韈ulo no podr� ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, dep髎itos de ahorro y a plazos, cuentas de pr閟tamos y cr閐ito y dem醩 operaciones activas y pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Cr閐ito y cuantas personas f韘icas o jur韉icas se dediquen al tr醘ico bancario o crediticio, se efectuar醤 previa autorizaci髇 del Director general o, en su caso, del Delegado de Hacienda competente y deber醤 precisar las operaciones objeto de investigaci髇, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al per韔do de tiempo a que se refieren.

4. Los funcionarios p鷅licos, incluidos los profesionales oficiales, est醤 obligados a colaborar con la Administraci髇 de la Hacienda P鷅lica para suministrar toda clase de informaci髇 con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:

• a) El secreto del contenido de la correspondencia.
• b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administraci髇 para una finalidad exclusivamente estad韘tica.

El secreto del protocolo notarial abarcar� los instrumentos p鷅licos a que se refieren los art韈ulos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepci髇 de los referentes al r間imen econ髆ico de la sociedad conyugal.

5. La obligaci髇 de los dem醩 profesionales de facilitar informaci髇 con trascendencia tributaria a la Administraci髇 de la Hacienda P鷅lica no alcanzar� a los datos privados no patrimoniales que conozcan por raz髇 del ejercicio de su actividad, cuya revelaci髇 atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco alcanzar� a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestaci髇 de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podr醤 invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobaci髇 de su propia situaci髇 tributaria.

A efectos del art韈ulo 8.�, apartado 1, de la Ley org醤ica 1/1982, de 5 de mayo, se considerar� autoridad competente al Ministerio de Econom韆 y Hacienda, a los titulares de Organos y Centros directivos de la Secretar韆 de Estado de Hacienda y a los Delegados de Hacienda.

6. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administraci髇 Tributaria, en virtud de lo dispuesto en este art韈ulo, s髄o podr醤 utilizarse para los fines tributarios encomendados al Ministerio de Econom韆 y Hacienda y en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de delitos monetarios, de contrabando, contra la Hacienda P鷅lica y, en general, de cualesquiera delitos p鷅licos.

Cuantas autoridades y funcionarios tengan conocimientos de estos datos, informes o antecedentes estar醤 obligados al m醩 estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos de los delitos citados, en los que se limitar醤 a deducir el tanto de culpa o a remitir al Ministerio Fiscal relaci髇 circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delitos, sin perjuicio de que la Hacienda P鷅lica pueda iniciar directamente el procedimiento mediante querella, en su caso. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracci髇 de este particular deber de sigilo se considerar� siempre falta disciplinaria muy grave.

Art韈ulo ciento doce

1. Las Autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los Jefes o Encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los dem醩 Entes P鷅licos Territoriales, los Organismos aut髇omos y Sociedades estatales; las C醡aras y Corporaciones, Colegios y Asociaciones profesionales; las Mutualidades y Montep韔s; incluidos los laborales; las dem醩 Entidades p鷅licas, incluidas las Gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones p鷅licas, estar醤 obligados a suministrar a la Administraci髇 de Hacienda P鷅lica cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe 閟ta mediante disposiciones de car醕ter general o a trav閟 de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus Agentes apoyo, concurso, auxilio y protecci髇 para el ejercicio de sus funciones.

Participar醤, asimismo, en la gesti髇 o exacci髇 de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones documentales o pecuniarias establecidas por v韆 reglamentaria o por Ley, en el supuesto previsto en el art韈ulo 10, letra k.

2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los Partidos Pol韙icos, Sindicatos y las Asociaciones Empresariales.

3. Los Juzgados y Tribunales deber醤 facilitar a la Administraci髇, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales.

Art韈ulo ciento trece

1. El Ministro de Hacienda podr� acordar cuando las circunstancias lo aconsejen la publicaci髇 de las bases y cuotas tributarias referidas a uno o m醩 tributos concretos o a la totalidad de un grupo de contribuyentes sometidos a los mismos.

2. La Administraci髇 Tributaria, en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan, dar� publicidad a la identidad de las personas o Entidades que hayan sido sancionadas, en virtud de resoluci髇 firme; por infracciones tributarias graves de m醩 de 5.000.000 de pesetas, que no hayan dado lugar a la iniciaci髇 de sumario por presunto delito contra la Hacienda P鷅lica.

La expresada cuant韆 se entender� referida a cada per韔do impositivo y, si 閟te fuere inferior a doce meses, se referir� al a駉 natural en el caso de tributos peri骴icos o de declaraci髇 peri骴ica, y en cada concepto por el que un hecho imponible sea susceptible de liquidaci髇 en los dem醩 tributos.

La informaci髇 indicar�, junto con el nombre y apellidos o la denominaci髇 o raz髇 social del sujeto infractor, la cuant韆 de la sanci髇 que se le hubiere impuesto y el tributo a que se refiere.

Las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda P鷅lica ser醤 objeto de la misma publicidad que las infracciones tributarias graves.

Art韈ulo ciento catorce

Uno. Tanto en el procedimiento de gesti髇 como en el de resoluci髇 de reclamaciones, quien haga valer su derecho deber� probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.

Dos. Esta obligaci髇 se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administraci髇 tributaria.

Art韈ulo ciento quince

En los procedimientos tributarios ser醤 de aplicaci髇 las normas que sobre medios y valoraci髇 de prueba se contienen en el C骴igo Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo ciento diecis閕s

Las declaraciones tributarias a que se refiere el art韈ulo ciento dos se presumen ciertas, y s髄o podr醤 rectificarse por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se incurri� en error de hecho.

Art韈ulo ciento diecisiete

Uno. La confesi髇 de los sujetos pasivos versar� exclusivamente sobre supuestos de hecho.

Dos. No ser� v醠ida la confesi髇 cuando se refiera al resultado de aplicar las correspondientes normas legales.

Art韈ulo ciento dieciocho

Uno. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aqu閘las expresamente lo proh韇an.

Dos. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo seg鷑 las reglas del criterio humano.

Art韈ulo ciento diecinueve

La Administraci髇 tributaria tendr� el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa servicio, actividad explotaci髇 o funci髇 a quien figure como tal en un Registro fiscal u otros de car醕ter p鷅lico, salvo prueba en contrario.

Art韈ulo ciento veinte

Uno. Las liquidaciones tributarias ser醤 provisionales o definitivas.

Dos. Tendr醤 consideraci髇 de definitivas:

• a) Las practicadas previa comprobaci髇 administrativa del hecho imponible y de su valoraci髇, haya mediado o no liquidaci髇 provisional.
• b) Las giradas conforme a las bases firmes se馻ladas por los Jurados tributarios.T閚gase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 1 de la Ley 34/1980, 21 junio, de Reforma del Procedimiento Tributario (獴.O.E.� 27 junio), se suprimen los Jurados Tributarios, siendo sus funciones y competencias asignadas a los Tribunales Econ髆ico-Administrativos y a los 髍ganos gestores de la Administraci髇 Tributaria en los t閞minos previstos en la citada Ley. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en la Disposici髇 Transitoria de la mencionada Ley, todos aquellos expedientes que a la entrada en vigor de la misma hubieran sido declarados de la competencia de los Jurados Tributarios ser醤 resueltos por estos en el plazo m醲imo de un a駉, plazo durante el cual quedar醤 subsistentes dichos organismos con efectos exclusivamente transitorios; si los citados expedientes hiciesen referencia a tributos devengados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1977, de 15 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, los acuerdos que se dicten ser醤 motivados e impugnables, en todo caso, en v韆 contencioso-administrativa.
• c) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo que se se馻le en la Ley de cada tributo, sin perjuicio de la prescripci髇.

Tres. En los dem醩 casos tendr醤 car醕ter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.

Art韈ulo ciento veintiuno

Uno. La Administraci髇 no est� obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.

Dos. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deber� notificarse al sujeto pasivo, con expresi髇 concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven.

Art韈ulo ciento veintid髎

Cuando en una liquidaci髇 de un tributo la base se determine en funci髇 de las establecidas para otros, aqu閘la no ser� definitiva hasta tanto estas 鷏timas no adquieran firmeza.

Art韈ulo ciento veintitr閟

Cuando proceda la intervenci髇 de los Jurados tributarios y los sujetos pasivos impugnen su competencia, la Administraci髇 podr� practicar de oficio liquidaciones provisionales o cautelares teniendo en cuenta las bases tributarias que se hayan determinado en per韔dos anteriores y las declaradas por el propio contribuyente.

T閚gase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 1 de la Ley 34/1980, 21 junio, de Reforma del Procedimiento Tributario (獴.O.E.� 27 junio), se suprimen los Jurados Tributarios, siendo sus funciones y competencias asignadas a los Tribunales Econ髆ico-Administrativos y a los 髍ganos gestores de la Administraci髇 Tributaria en los t閞minos previstos en la citada Ley. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en la Disposici髇 Transitoria de la mencionada Ley, todos aquellos expedientes que a la entrada en vigor de la misma hubieran sido declarados de la competencia de los Jurados Tributarios ser醤 resueltos por estos en el plazo m醲imo de un a駉, plazo durante el cual quedar醤 subsistentes dichos organismos con efectos exclusivamente transitorios; si los citados expedientes hiciesen referencia a tributos devengados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1977, de 15 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, los acuerdos que se dicten ser醤 motivados e impugnables, en todo caso, en v韆 contencioso-administrativa.

Art韈ulo ciento veinticuatro

Uno. Las liquidaciones tributarias se notificar醤 a los sujetos pasivos con expresi髇:

• a) De los elementos esenciales de aqu閘las.
• b) De los medios de impugnaci髇 que puedan ser ejercidos, con indicaci髇 de plazos y organismos en que habr醤 de ser interpuestos; y
• c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Dos. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deber醤 acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria.

Tres. En los tributos de cobro peri骴ico por recibo, una vez notificada la liquidaci髇 correspondiente al alta en el respectivo registro, padr髇 o matr韈ula, podr醤 notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que as� lo adviertan.

Cuatro. Podr醤 disponerse por v韆 reglamentaria en qu� supuestos no ser韆 preceptiva la notificaci髇 expresa, siempre que la Administraci髇 as� lo advierta por escrito al presentador de la declaraci髇, documento o parte de alta.

Art韈ulo ciento veinticinco

Uno. Las notificaciones defectuosas surtir醤 efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se d� expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efect鷈 el ingreso de la deuda tributaria.

Dos. Surtir醤 efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que conteniendo el texto 韓tegro del acto hubieren omitido alg鷑 otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo en solicitud de que la Administraci髇 rectifique la deficiencia.

Art韈ulo ciento veintis閕s

Uno. Toda liquidaci髇 reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a 閟te en la obligaci髇 de satisfacer la deuda tributaria.

Dos. La recaudaci髇 de los tributos podr� realizarse:

• a) En per韔do voluntario; y
• b) Por v韆 de apremio.

Art韈ulo ciento veintisiete

El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contar� desde:

• a) La notificaci髇 directa al sujeto pasivo de la liquidaci髇 cuando 閟ta se practica individualmente.
• b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los tributos aludidos en el art韈ulo ciento veinticuatro, apartado tres, en cuanto son objeto de notificaci髇 colectiva y peri骴ica.

Art韈ulo ciento veintiocho

El procedimiento de apremio se iniciar� cuando, vencido el plazo de ingreso en per韔do voluntario, no se hubiere satisfecho la deuda tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en per韔do voluntario determinar� la exigibilidad del recargo de apremio establecido reglamentariamente y el devengo de los intereses de demora, hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria.

Art韈ulo ciento veintinueve

Las certificaciones de descubierto acreditativas de deudas tributarias expedidas por funcionarios competentes seg鷑 los Reglamentos ser醤 t韙ulo suficiente para iniciar la v韆 de apremio y tendr醤 la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.

Art韈ulo ciento treinta

Previa exhibici髇 del documento, individual o colectivo, acreditativo de la deuda tributaria, los Jueces de Instrucci髇 autorizar醤, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, la entrada en el domicilio del deudor, siempre que se manifieste por los 髍ganos de recaudaci髇 haber perseguido cuantos bienes sea posible trabar sin necesidad de aquella entrada.

Art韈ulo ciento treinta y uno

1. El embargo se efectuar� sobre los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria definida en el art韈ulo 58 de esta Ley m醩 los recargos, intereses y costas que con posterioridad al primitivo acto administrativo se hayan causado o se causen.

2. En el embargo se guardar� el orden siguiente:

• 1.� Dinero efectivo o en cuentas abiertas en Entidades de dep髎ito.
• 2.� Cr閐itos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
• 3.� Sueldos, salarios y pensiones.
• 4.� Bienes inmuebles.
• 5.� Establecimientos mercantiles e industriales.
• 6.� Metales preciosos, piedras finas, joyer韆, orfebrer韆 y antig黣dades.
• 7.� Frutos y rentas de toda especie.
• 8.� Bienes muebles y semovientes.
• 9.� Cr閐itos, derechos y valores realizables a largo plazo.

3. Las personas o Entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de los mismos, ser醤 responsables solidarios de la deuda hasta el l韒ite del importe levantado.

Art韈ulo ciento treinta y dos

El Estado, las Provincias y los Municipios tendr醤 derecho a que se practique anotaci髇 preventiva de embargo de bienes en el Registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por ejecutor competente, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo y con el alcance previsto en el art韈ulo cuarenta y cuatro de la Ley Hipotecaria.

Art韈ulo ciento treinta y tres

Uno. Se podr� acordar el embargo preventivo de mercanc韆s en cuant韆 suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.

Dos. Asimismo podr醤 intervenirse los ingresos de los espect醕ulos p鷅licos que no hayan sido previamente declarados a la administraci髇 tributaria.

Art韈ulo ciento treinta y cuatro

El procedimiento de apremio podr� concluir con la adjudicaci髇 de bienes a la Hacienda P鷅lica cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que se trate de bienes inmuebles.
• b) Que los bienes embargados no lleguen a enajenarse ni en primera ni en segunda subasta; y
• c) Que la adjudicaci髇 se acuerde por el importe del cr閐ito en descubierto, y sin que en ning鷑 caso pueda rebasar los dos tercios del tipo que hubiere servido de base a la segunda licitaci髇.

Art韈ulo ciento treinta y cinco

En cualquier momento anterior al de la adjudicaci髇 de bienes podr醤 los deudores, sus causahabientes y, en su caso, los acreedores hipotecarios liberar los bienes embargados pagando la deuda tributaria y costas posteriores del procedimiento.

Art韈ulo ciento treinta y seis

Uno. El procedimiento de apremio no se suspender�, cualquiera que sea la impugnaci髇 formulada, si no se realiza el pago de la deuda tributaria, se garantiza con aval bancario suficiente o se consigna su importe conforme a lo establecido en el art韈ulo sesenta y tres de esta Ley.

Dos. No obstante, cuando se produzca reclamaci髇 por tercer韆 de dominio u otra acci髇 de car醕ter civil se suspender� el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos una vez que se haya llevado a efecto su embargo y anotaci髇 preventiva, en su caso, en el Registro p鷅lico correspondiente.

Art韈ulo ciento treinta y siete

Contra la procedencia de la v韆 de apremio s髄o ser醤 admisibles los siguientes motivos de oposici髇:

• a) Pago.
• b) Prescripci髇.
• c) Aplazamiento.
• d) Falta de notificaci髇 reglamentaria de la liquidaci髇.
• e) Defecto formal en la certificaci髇 o documento que inicie el procedimiento; y
• f) Omisi髇 de la providencia de apremio.

Art韈ulo ciento treinta y ocho

Salvo precepto de Ley en contrario, las Entidades facultadas para utilizar la v韆 administrativa de apremio har醤 efectivos sus cr閐itos tributarios a trav閟 de los servicios recaudatorios del Ministerio de Hacienda.

Art韈ulo ciento treinta y nueve

Las autoridades gubernativas prestar醤 la protecci髇 y el auxilio necesarios para el ejercicio de la gesti髇 recaudatoria.

Art韈ulo ciento cuarenta

Corresponde a la Inspecci髇 de los Tributos:

• a) La investigaci髇 de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administraci髇.
• b) La integraci髇 definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobaci髇 en los supuestos de estimaci髇 directa y objetiva singular y a trav閟 de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimaci髇 indirecta.
• c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobaci髇 e investigaci髇, en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.
• d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los dem醩 髍ganos de la Administraci髇, aquellas actuaciones inquisitivas o de informaci髇 que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicaci髇 de los tributos.
• A partir de: 1 enero 1998

  N鷐ero 1 del art韈ulo 140 renumerado por el apartado 1 del art韈ulo 28 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (獴.O.E.� 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con el del anterior art韈ulo 140.

Art韈ulo ciento cuarenta y uno

Uno. Los Inspectores de los tributos podr醤 entrar en las fincas, locales de negocio y dem醩 establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones prevenidas en el art韈ulo ciento nueve de esta Ley.

Dos. Cuando el due駉 o morador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo se opusieren a la entrada de los Inspectores, no podr醤 llevar a cabo 閟tos su reconocimiento sin la previa autorizaci髇 escrita del Delegado o Subdelegado de Hacienda; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier espa駉l o extranjero ser� preciso la obtenci髇 del oportuno mandamiento judicial.

Art韈ulo ciento cuarenta y dos

Uno. Los libros y la documentaci髇 del sujeto pasivo que tengan relaci髇 con el hecho imponible deber醤 ser examinados por los Inspectores de los tributos en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de aqu閘 en su presencia o en la de la persona que designe.

Dos. Trat醤dose de registros y documentos establecidos por normas de car醕ter tributario o de justificantes exigidos por 閟tas, podr� requerirse su presentaci髇 en las oficinas de la Administraci髇 para su examen.

Art韈ulo ciento cuarenta y tres

Los actos de inspecci髇 podr醤 desarrollarse indistintamente:

• a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado;
• b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas;
• c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible;
• d) En las oficinas p鷅licas a que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 145, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar.
  Letra d) del art韈ulo 143 redactada por el art韈ulo 5 de la Ley 10/1985, 26 abril, de Modificaci髇 Parcial de la Ley General Tributaria (獴.O.E.� 27 abril).Vigencia: 27 abril 1985

Art韈ulo ciento cuarenta y cuatro

Las actuaciones de la inspecci髇 de los tributos, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia econ髆ica para los sujetos pasivos, se documentar醤 en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.

Art韈ulo ciento cuarenta y cinco

Uno. En las actas de la Inspecci髇 que documenten el resultado de sus actuaciones se consignar醤:

• a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el car醕ter o representaci髇 con que comparece.
• b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribuci髇 al sujeto pasivo o retenedor.
• c) La regularizaci髇 que la inspecci髇 estime procedente de las situaciones tributarias.
• d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable tributario.

Dos. La inspecci髇 podr� determinar que las actas a que se refiere el apartado anterior sean extendidas bien en la oficina, local o negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, bien en las oficinas de la Administraci髇 Tributaria o del Ayuntamiento del t閞mino municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.

Tres. Las actas y diligencias extendidas por la Inspecci髇 de los Tributos tienen naturaleza de documentos p鷅licos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalizaci髇, salvo que se acredite lo contrario.

Art韈ulo ciento cuarenta y seis

Uno. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o suscribi閚dola no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento determinar� la incoaci髇 del oportuno expediente administrativo.

Dos. No ser� preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de inspecci髇 de los tributos cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible. si bien en este caso deber� notificarse a aqu閘 o a su representante la iniciaci髇 de las correspondientes actuaciones administrativas, otorg醤dole un plazo de quince d韆s para que pueda alear posibles errores o inexactitud acerca de dicha prueba preconstituida.

Tres. Las actas suscritas por personas sin autorizaci髇 suficiente se tramitar醤 seg鷑 el apartado uno de este art韈ulo.

Art韈ulo ciento cuarenta y siete

Uno. Los Jurados tributarios son 髍ganos que tienen por misi髇 general resolver con car醕ter subsidiario, en los casos en que se determine por Ley, las controversias que sobre cuestiones de hecho puedan plantearse entre la Administraci髇 y los contribuyentes con ocasi髇 de la aplicaci髇 de los tributos.

Dos. Son funciones especiales de los Jurados dentro del r間imen de estimaci髇 objetiva de las bases tributarias:

• a) Determinar las bases tributarias, o las cuotas en su caso, cuando las Juntas constituidas a estos efectos no lleguen a un acuerdo, no exista unanimidad entre los funcionarios que las constituyan o alguno de sus miembros recurra contra el acuerdo adoptado.
• b) Resolver los recursos interpuestos por aplicaci髇 indebida de las reglas de distribuci髇 y los de agravio comparativo, y
• c) Resolver los recursos de agravio absoluto cuando no existan pruebas suficientes.

Tres. Ser醤 funciones extraordinarias de los Jurados cualesquiera otras que se les encomiende por Ley.

Art韈ulo ciento cuarenta y ocho

Uno. Los Jurados tributarios se constituir醤, guardando entre sus Vocales la debida paridad, entre funcionarios de la Administraci髇 tributaria y representantes de las entidades sindicales, Asociaciones profesionales, C醡aras y dem醩 instituciones oficialmente reconocidas que aseguren la pericia de aqu閘los en las cuestiones sometidas a su juicio.

Dos. El Jurado ser� 鷑ico para todos los tributos, sin perjuicio de su organizaci髇 en secciones. El Ministro de Hacienda determinar� reglamentariamente su composici髇 y la competencia territorial de los que hayan de actuar adem醩 del Jurado Central.

Art韈ulo ciento cuarenta y nueve

Uno. Salvo en los supuestos previstos en la letra a) del apartado dos del art韈ulo ciento cuarenta y siete, ser� requisito esencial para la intervenci髇 de los Jurados un acto administrativo previo de declaraci髇 de competencia, que en la esfera central ser� dictado por el Director general del Ramo correspondiente y en la esfera territorial por los Delegados o Subdelegados de Hacienda.

Dos. La declaraci髇 de competencia deber� ser solicitada por la Administraci髇 o por los contribuyentes interesados. En todo caso, antes de dictarse la declaraci髇 de competencia, se dar� traslado de la petici髇 a los contribuyentes o a la correspondiente oficina, seg鷑 los casos, para que aleguen cuanto crean oportuno sobre la procedencia o improcedencia de la declaraci髇.

Tres. El acto de declaraci髇 de competencia ser� motivado y notificado a las partes interesadas.

Cuatro. Los contribuyentes podr醤 impugnar este acto en v韆 econ髆ico-administrativa.

Art韈ulo ciento cincuenta

Uno. Una vez firme el acto de declaraci髇 de competencia, se remitir� a la Secretar韆 de los Jurados el expediente original y cuantos antecedentes e informes considere precisos la Administraci髇 en relaci髇 con los hechos o supuestos de hecho sometidos al conocimiento del Jurado.

Dos. Los Jurados podr醤 acordar la pr醕tica de las informaciones, comprobaciones y pruebas que estimen pertinentes para el esclarecimiento y determinaci髇 de los hechos sometidos a su juicio. Para la realizaci髇 de estas actuaciones, los Jurados gozar醤 de las mismas prerrogativas y poderes que esta Ley concede a la Inspecci髇 de los Tributos.

Tres. En todo caso, ser� inexcusable en estos expedientes:

• a) El informe de la Administraci髇 en relaci髇 con los hechos sometidos al conocimiento del Jurado; y
• b) La puesta de manifiesto del expediente a los interesados, una vez emitido el anterior informe o por haberse aportado al expediente cualquier elemento de juicio desconocido por ellos, para alegaciones y pruebas, en su caso.

Art韈ulo ciento cincuenta y uno

Uno. Los Jurados tributarios adoptar醤 sus acuerdos en conciencia, inspir醤dose en criterios de equidad.

Dos. Los acuerdos se tomar醤 por mayor韆 absoluta de votos, siendo de calidad el voto del Presidente.

Tres. Los Jurados mantendr醤 reservado el fundamento de sus acuerdos o de los votos que con este car醕ter se emitan, cuando lo soliciten de los Jurados territoriales.

Cuatro. Los acuerdos ser醤 notificados reglamentariamente a los interesados y a la Administraci髇.

Cinco. Cuando los acuerdos sean firmes, se remitir醤 los expedientes originales a las oficinas gestoras.

Art韈ulo ciento cincuenta y dos

Uno. Los fallos de los Jurados territoriales podr醤 ser recurridos en alzada ante el Central cuando as� se establezca legal o reglamentariamente.

Dos. Los acuerdos de los Jurados territoriales en 鷑ica instancia y los del Central, dictados sobre las cuestiones de hecho propias de su competencia, no ser醤 susceptibles de recurso alguno, ni siquiera el contencioso-administrativo, salvo las excepciones que en el apartado siguiente se indican:

Tres. Podr醤 recurrirse en v韆 contencioso-administrativa los siguientes acuerdos de los Jurados:

• a) Los adoptados con quebrantamiento o vicio de cualquiera de los tr醡ites del procedimiento, posteriores al acto de declaraci髇 de competencia, que hayan producido indefensi髇 al contribuyente o hayan lesionado los derechos de la Administraci髇.
• b) Los acuerdos que se hayan extendido a cuestiones de Derecho; y
• c) Los acuerdos que resuelvan recursos interpuestos por aplicaci髇 indebida de las reglas de distribuci髇.

Cuatro. No ser醤 recurribles por cuestiones de hecho resueltas en virtud de fallo firme de un Jurado las liquidaciones tributarias practicadas por la Administraci髇.

Art韈ulo ciento cincuenta y tres

Uno. Corresponder� al Ministro de Hacienda la declaraci髇 de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos siguientes:

• a) Los dictados por 髍gano manifiestamente incompetente.
• b) Los que son constitutivos de delito; y
• c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formaci髇 de la voluntad de los 髍ganos colegidos.

Dos. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior podr� iniciarse:

• a) Por acuerdo del Organo que dict� el acto o de superior jer醨quico; y
• b) A instancia del interesado.

Tres. En el procedimiento ser醤 o韉os aquellos a cuyo favor reconoci� derechos el acto.

Art韈ulo ciento cincuenta y cuatro

Ser醤 revisables por resoluci髇 del Ministro de Hacienda y, en caso de delegaci髇, del Director general del Ramo, en tanto no haya prescrito la acci髇 administrativa, los actos dictados en v韆 de gesti髇 tributaria, cuando se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

• a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen manifiestamente la Ley, y
• b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible 韓tegramente ignorados por la Administraci髇 al dictar el acto objeto de la revisi髇.

Art韈ulo ciento cincuenta y cinco

Uno. Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes tendr醤 derecho a la devoluci髇 de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasi髇 del pago de las deudas tributarias, aplic醤dose el inter閟 legal

Dos. Por v韆 reglamentaria se regular� el procedimiento que debe seguirse, seg鷑 los distintos casos de ingresos indebidos, para el reconocimiento del derecho a la devoluci髇 y la forma de su realizaci髇, que podr� hacerse, seg鷑 precept鷄 el art韈ulo sesenta y ocho de esta Ley, mediante compensaci髇.

Art韈ulo ciento cincuenta y seis

La Administraci髇 rectificar� en cualquier momento de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho y los aritm閠icos, siempre que no hubieren transcurrido cinco a駉s desde que se dict� el acto objeto de rectificaci髇.

Art韈ulo ciento cincuenta y siete

Las resoluciones que decidan los procedimientos instruidos al amparo de los art韈ulos ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis ser醤 susceptibles de los recursos que se regulan en la secci髇 tercera del presente cap韙ulo.

Art韈ulo ciento cincuenta y ocho

No ser醤 en ning鷑 caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.

Art韈ulo ciento cincuenta y nueve

Fuera de los casos previstos en los art韈ulos ciento cincuenta y tres al ciento cincuenta y seis, la Administraci髇 tributaria no podr� anular sus propios actos declarativos de derecho, y para conseguir su anulaci髇 deber� previamente declararlos lesivos para el inter閟 p鷅lico e impugnarlos en v韆 contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha jurisdicci髇.

Art韈ulo ciento sesenta

Uno. El recurso de reposici髇 ser� potestativo y se interpondr� ante el 髍gano que en v韆 de gesti髇 dict� el acto recurrido, el cual ser� competente para resolverlo, salvo que se atribuya su competencia a la autoridad superior.

Dos. La reposici髇 somete a conocimiento del 髍gano competente, para su resoluci髇, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso.

Tres. Se entender� t醕itamente desestimada a efectos de ulterior recurso cuando, en el plazo que reglamentariamente se establezca, no se haya practicado notificaci髇 expresa de la resoluci髇 reca韉a.

Art韈ulo ciento sesenta y uno

El recurso de reposici髇 interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volver醤 a contarse inicialmente a partir del d韆 en que se entienda t醕itamente desestimado o, en su caso, desde la fecha en que se hubiere practicado la notificaci髇 expresa de la resoluci髇 reca韉a.

Art韈ulo ciento sesenta y dos

Contra la resoluci髇 de un recurso de reposici髇 no puede interponerse de nuevo este recurso.

Art韈ulo ciento sesenta y tres

El conocimiento de las reclamaciones tributarias, con la sola excepci髇 de aquellas cuya resoluci髇 est� reservada al Ministro de Hacienda, corresponder� a los 髍ganos de la jurisdicci髇 econ髆ico-administrativa.

Art韈ulo ciento sesenta y cuatro

Las impugnaciones en v韆 econ髆ico-administrativa de los actos de gesti髇 tributaria se ordenan en las siguientes modalidades:

• a) Reclamaci髇 econ髆ico-administrativa en una o en dos instancias; y
• b) Recurso extraordinario de revisi髇.

Art韈ulo ciento sesenta y cinco

Son reclamables en v韆 econ髆ico-administrativa los siguientes actos de gesti髇 tributaria:

• a) Las liquidaciones provisionales o definitivas, con o sin sanci髇.
• b) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes o derechos sujetos al tributo.
• c) Los que declaren la competencia o incompetencia de los Jurados tributarios conforme al art韈ulo ciento cuarenta y nueve de esta Ley.T閚gase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 1 de la Ley 34/1980, 21 junio, de Reforma del Procedimiento Tributario (獴.O.E.� 27 junio), se suprimen los Jurados Tributarios, siendo sus funciones y competencias asignadas a los Tribunales Econ髆ico-Administrativos y a los 髍ganos gestores de la Administraci髇 Tributaria en los t閞minos previstos en la citada Ley. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en la Disposici髇 Transitoria de la mencionada Ley, todos aquellos expedientes que a la entrada en vigor de la misma hubieran sido declarados de la competencia de los Jurados Tributarios ser醤 resueltos por estos en el plazo m醲imo de un a駉, plazo durante el cual quedar醤 subsistentes dichos organismos con efectos exclusivamente transitorios; si los citados expedientes hiciesen referencia a tributos devengados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1977, de 15 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, los acuerdos que se dicten ser醤 motivados e impugnables, en todo caso, en v韆 contencioso-administrativa.
• d) Los que dicten los Jurados tributarios en los casos previstos en el art韈ulo ciento cincuenta y dos, apartado tres, de la presente Ley.T閚gase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 1 de la Ley 34/1980, 21 junio, de Reforma del Procedimiento Tributario (獴.O.E.� 27 junio), se suprimen los Jurados Tributarios, siendo sus funciones y competencias asignadas a los Tribunales Econ髆ico-Administrativos y a los 髍ganos gestores de la Administraci髇 Tributaria en los t閞minos previstos en la citada Ley. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en la Disposici髇 Transitoria de la mencionada Ley, todos aquellos expedientes que a la entrada en vigor de la misma hubieran sido declarados de la competencia de los Jurados Tributarios ser醤 resueltos por estos en el plazo m醲imo de un a駉, plazo durante el cual quedar醤 subsistentes dichos organismos con efectos exclusivamente transitorios; si los citados expedientes hiciesen referencia a tributos devengados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1977, de 15 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, los acuerdos que se dicten ser醤 motivados e impugnables, en todo caso, en v韆 contencioso-administrativa.
• e) Los que con car醕ter previo reconozcan o denieguen reg韒enes de exenci髇 o bonificaci髇 tributaria.
• f) Los que establezcan el r間imen tributario aplicable a un sujeto pasivo en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
• g) Los que impongan sanciones tributarias independientes de cualquier clase de liquidaci髇.
• h) Los que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de deudas tributarias, en defecto o en lugar del sujeto pasivo.
• i) Los que reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligaci髇, sean definitivos o de tr醡ite, y siempre que, en este 鷏timo caso decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, que pongan t閞mino a la v韆 de gesti髇 o impidan su continuaci髇; y
• j) Los que expresamente se declaren impugnables en las correspondientes disposiciones.

Art韈ulo ciento sesenta y seis

Podr醤 impugnar en v韆 econ髆ico-administrativa, dentro de los plazos que reglamentariamente se establezcan los actos de gesti髇 tributaria:

• a) Los sujetos pasivos y responsables en su caso.
• b) Cualquiera otra persona cuyos intereses leg韙imos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gesti髇.
• c) El Interventor general de la Administraci髇 del Estado y quienes por delegaci髇 ejerzan sus funciones; y
• d) Los Directores generales del Ministerio de Hacienda a quienes corresponda la materia respectiva sobre que verse la reclamaci髇, mediante la interposici髇 de los recursos de alzada ordinarios o extraordinarios.

Art韈ulo ciento sesenta y siete

No estar醤 legitimados:

• a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les est� reconocido.
• b) Los particulares cuando obren por delegaci髇 de la Administraci髇 o como agentes mandatarios de ella.
• c) Los denunciantes, salvo en lo concerniente a la participaci髇 a que se refiere el art韈ulo ciento tres, apartado dos, de esta Ley; y
• d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.

Art韈ulo ciento sesenta y ocho

Uno. Los Tribunales que resuelvan reclamaciones econ髆ico-administrativas podr醤 acordar, de oficio o a instancia de parte, el recibimiento a prueba y disponer la pr醕tica de cuantas estimen pertinentes para la m醩 acertada decisi髇 del asunto. Podr醤 tambi閚 acordarla de oficio aun cuando haya concluido la fase probatoria.

Dos. El resultado de estas diligencias de prueba se pondr� de manifiesto a los interesados para que puedan alegar cuanto estimen conveniente.

Art韈ulo ciento sesenta y nueve

Las reclamaciones tributarias atribuyen al 髍gano competente para decidirlas en cualquier instancia la revisi髇 de todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gesti髇 y el de reclamaci髇 ante el 髍gano inferior, hayan sido o no planteadas por los interesados, a quienes se les expondr� para que puedan formular alegaciones.

Art韈ulo ciento setenta

Uno. Cuando interpuesta una reclamaci髇, se produzcan nuevos actos administrativos id閚ticos al impugnado en cuanto a la norma aplicable, podr� pedir el interesado su acumulaci髇 ante el Tribunal que est� conociendo de la reclamaci髇, cualquiera que sea la instancia o el tr醡ite en que se encuentre.

Dos. El Tribunal tramitar� el incidente y acordar� sobre la procedencia de la acumulaci髇, sin que contra su decisi髇 quepa recurso alguno.

Art韈ulo ciento setenta y uno

Uno. El recurso extraordinario de revisi髇 podr� interponerse por los interesados o por la representaci髇 del Estado contra los actos de gesti髇 y las resoluciones de reclamaciones econ髆ico-administrativas firmes, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que al dictarlas se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
• b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resoluci髇 de la reclamaci髇, ignorados al dictarse o de imposible aportaci髇 entonces al expediente.
• c) Que en la resoluci髇 hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resoluci髇, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociese la declaraci髇 de falsedad; y
• d) Que la resoluci髇 se hubiese dictado, como consecuencia de prevaricaci髇, cohecho, violencia u otra maquinaci髇 fraudulenta y se haya declarado as� en virtud de sentencia judicial firme.

Dos. Ser� competente el Tribunal Econ髆ico-Administrativo Central para conocer el recurso extraordinario de revisi髇.

Tres. El recurso se interpondr�:

• a) Cuando se trate de la causa a) del apartado uno anterior, dentro de los cuatro a駉s siguientes a la fecha de notificaci髇 de la resoluci髇 impugnada; y
• b) En los dem醩 casos el plazo ser� de tres meses, a contar del descubrimiento de los documentes o desde que qued� firme la sentencia judicial.

Primera

El Ministro de Hacienda establecer� reglamentariamente los casos en que proceda suprimir mediante f髍mulas de redondeo por exceso o defecto las fracciones inferiores a una peseta en las liquidaciones y pago de la deuda tributaria y rectificar las bases liquidables de igual forma, convirti閚dolas en m鷏tiplos de diez pesetas. Sobre la cuota o la base as� determinadas se liquidar醤, en su caso, los recargos que procedan.

Segunda

Todas las exacciones y recargos que tengan la misma base imponible o recaigan sobre las cuotas de un mismo tributo o se exijan por raz髇 de su aplicaci髇 podr醤 ser refundidos en un tipo 鷑ico o bien suprimidos, sin perjuicio de las participaciones que en el producto correspondan a las entidades a cuyo favor se hallen establecidos. Acordada la refundici髇 a que hace referencia el p醨rafo anterior, no se percibir� cantidad alguna en concepto de gastos de administraci髇 y cobranza, y ser� aplicable a la distribuci髇 de las participaciones el r間imen de entregas a cuenta.

Tercera

El Ministro de Hacienda podr� determinar, en los supuestos en los que el devengo est� actualmente establecido por per韔dos trimestrales, que en lo sucesivo se devenguen semestralmente.

Cuarta

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, y, a partir de la expresada fecha, sus preceptos ser醤 aplicables a todos los tributos. Por excepci髇, la norma contenida en la letra b) del art韈ulo sesenta y cuatro, entrar� en vigor el d韆 uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.

Quinta

Quedan excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de esta Ley los conceptos a que se refieren los apartados cuarto y sexto del art韈ulo segundo de la Ley de veintis閕s de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, reguladora de Tasas y Exacciones parafiscales.

Primera

Por el Ministro de Hacienda, en el plazo de dos a駉s y previo dictamen del Consejo de Estado, se propondr醤 al Gobierno los proyectos de Decreto en los que se refunden las disposiciones vigentes para cada tributo. Dicha refundici髇 acomodar� las normas legales tributarias a los principios, conceptos y sistem醫ica que se contienen en la Ley General Tributaria y procurar� regularizar, aclarar y armonizar las leyes tributarias vigentes que quedar醤 derogadas al entrar en vigor los textos refundidos.

Segunda

Hasta la entrada en vigor de los textos refundidos a que se refiere la disposici髇 transitoria primera, tendr醤 plena eficacia las disposiciones que, sin rango de Ley, regulan los supuestos para los que esta Ley General Tributaria exige normas del expresado rango. Hasta la entrada en vigor de los antedichos textos, las presunciones establecidas con anterioridad a esta Ley General Tributaria tendr醤 el car醕ter que les corresponda, no obstante lo dispuesto en el apartado uno del art韈ulo ciento dieciocho de esta Ley.

Tercera

En cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo quince de esta Ley, el Gobierno propondr� a las Cortes, antes del uno de enero de mil novecientos sesenta y seis, la pr髍roga de las exenciones o bonificaciones que no tengan limitada su vigencia a un plazo determinado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad a la presente Ley.

Cuarta

Seguir醤 rigi閚dose por el texto refundido de la Ley de Contrabando y Defraudaci髇 de once de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres y por la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, sobre importaci髇 de veh韈ulos autom髒iles en r間imen temporal, las infracciones calificadas y sancionadas en las mismas y cometidas antes del uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.

Antes de dicha fecha, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, adaptar� a la Ley General Tributaria los preceptos de las leyes antes citadas, habida cuenta de la especialidad de las materias que regulan.