Sumario

El Departamento de Justicia, con el fin de garantizar la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en el marco de la actual situación de contención del gasto público, y así garantizar y hacer plenamente eficaz el derecho constitucional de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, establece los módulos de compensación económica por las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2013 y determina el importe de la subvención para atender los gastos colegiales.

El Departamento de Justicia reconoce el esfuerzo que ha supuesto para el conjunto de la abogacía catalana la necesidad de racionalizar y ajustar el gasto del servicio al contexto presupuestario y financiero existente en los últimos años. No obstante, la partida presupuestaria destinada a la subvención de la asistencia jurídica gratuita, aprobada por la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012, prorrogada para el 2013, continúa resultando deficitaria y, en consecuencia, es necesario adoptar las medidas imprescindibles para adecuar el gasto del servicio a la disponibilidad presupuestaria, hecho que obliga a revisar los módulos de compensación económica establecidos para el año 2012.

Visto lo que establecen la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012, prorrogada para el 2013, y el Decreto 17/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012 mientras no entren en vigor los del 2013;

Vistos los artículos 26, 28 y 30 del Decreto 252/1996, de 5 de julio, de creación de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, de regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y de la subvención para las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores;

Visto el informe del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña de 18 de marzo de 2013;

Visto la informe propuesta de la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de 20 de marzo de 2013, que informa sobre la presente Resolución y se pronuncia sobre las alegaciones formuladas por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, se dan por reproducidas las consideraciones que contiene como fundamentos de la presente Resolución;

Visto el informe del Departamento de Economía y Conocimiento de 25 de marzo de 2013;

Visto el informe de la Intervención delegada del Departamento de Justicia de 11 de abril de 2013;

Visto lo que dispone el artículo 16 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno,

Resuelvo:

–1 Aprobar los módulos de compensación económica establecidos en el anexo de esta Resolución por las actuaciones profesionales llevadas a cabo a partir del día 12 de abril de 2013.

–2 Mantener para el año 2013 la vigencia del contenido del Acuerdo firmado entre el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña y el Departamento de Justicia para el año 2010 y sus anexos 2, 3, 4 y 5, y de los criterios interpretativos establecidos en el apartado 2.b) de la Resolución JUS/2058/2011, de 29 de julio, por la que se establecen los módulos de compensación económica por las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2011 (DOGC núm. 5951, de 29.8.2011), modificada por la Resolución de la consejera de Justicia, de 16 de enero de 2012, por la que se estimó parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (DOGC núm. 6077, de 29.2.2012).

–3 Las entregas de los anticipos trimestrales de las subvenciones por las actuaciones del turno de oficio de abogados derivadas del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita se harán mediante abonos mensuales con cargo a la partida presupuestaria D/482.0011.00/2110, destinada a subvencionar el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, aprobada por la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012, prorrogada para el 2013 en los términos establecidos en el Decreto 17/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012 mientras no entren en vigor los del 2013, y, si procede, por la que apruebe la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2013. La regularización del anticipo se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido y previa justificación del gasto.

–4 Establecer el importe de la subvención que el Departamento de Justicia otorgará para atender los gastos de gestión colegial de la asistencia jurídica gratuita para el año 2013 en 2.201.026,98 euros, que el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña distribuirá entre los diferentes colegios de abogados y el mismo Consejo.

–5 Dado que de la aplicación de esta resolución tienen que derivar obligaciones de carácter económico, su efectividad queda condicionada a la existencia de la correspondiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente.

–6 Que se publique esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y que se notifique al Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.

Información sobre los recursos a interponer

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el consejero de Justicia en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ambos plazos se computarán desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución se podrá entender desestimado y se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente de aquél en que se produzca el acto presunto desestimatorio del recurso ante el órgano antes mencionado.