Sumario

El régimen jurídico aplicable a la revisión de actos en materia tributaria, cuya gestión haya sido delegada por una entidad local a la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de convenio, viene determinado por los artículos 105 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 7 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El artículo 106.3 de la precitada ley 7/1985, de 2 abril, dispone que: «Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.»

El artículo 108 del mismo texto legal dispone que: «Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta Ley.»

De igual sentido que el expuesto es la regulación -más completa-contenida en los artículos 7 y 14 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De hecho, el artículo 7.3 establece con meridiana claridad que: «Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa»

Al amparo de la citada normativa, nuestra Comunidad Autónoma gestiona por delegación, en virtud de los correspondientes convenios, tributos de las entidades locales de nuestro ámbito territorial, habiendo sido criterio constante aplicar a los actos dictados por delegación el régimen de recursos administrativos de nuestra Administración previstos en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria En virtud de las razones expuestas, con el objetivo de llevar a cabo una interpretación clarificadora, y haciendo uso de las competencias conferidas en los artículos 33.f) y 112 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPONGO