Sumario

Téngase en cuenta que el decreto al que modifica la presente disposición ha sido derogado por la disposición derogatoria del D. [LA RIOJA] 86/2015, 2 octubre, por el que se regula la adaptación del control del Potencial Vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 por el que se crea la Organización Común de Mercados de los productos agrarios («B.O.L.R.» 5 octubre).

La Constitución Española de 1978, en virtud del principio dispositivo por el cual las Comunidades Autónomas pueden asumir como competencias las materias previstas en el artículo 148, establece en el artículo 148.1.7 'Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía'.

En nuestro ámbito autonómico, y en atención al artículo 8.uno.19 del Estatuto de Autonomía de La Rioja aprobado mediante Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en las materias de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Por otro lado, el artículo 7.2.3.j) del Decreto 44/2012, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, atribuye a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, entre otras funciones específicas, 'el registro de viñedo y los instrumentos económicos de apoyo a la producción vitícola derivados de la Organización Común del Mercado del Vino, así como el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de ésta'.

En este contexto y dentro del amplio marco normativo comunitario y nacional, se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja número 26, de 25 de febrero de 2009, el Decreto 7/2009, de 13 de febrero, por el que se regula el control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que recoge la disposiciones que regulan el potencial de producción vitícola y que tiene por objetivo contribuir a la ordenación del viñedo y, en concreto, regular los aspectos relativos a plantaciones y replantanciones de viñedo, superficies ilegales de viñedo, variedades de vid y las reservas de derechos de replantación de viñedo.

En este Decreto se condiciona la plantación de los viñedos dedicados a la producción de uva de vinificación y de viñas madres de injertos a la previa autorización de la Consejería con competencias en agricultura, que solo podría obtenerse en caso de que el interesado disponga de derechos de replantación o derechos de nueva plantación por una superficie equivalente en términos de cultivo puro.

Este control previo es garantía de que el interesado dispone de los correspondientes derechos de plantación o replantación que hacen posible la plantación del viñedo, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 octies del Reglamento 1234/2007, por el que se crea la Organización Común de Mercados Agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos.

No obstante, en la práctica suele ser frecuente que se produzca la posibilidad de haber realizado una plantación sin la correspondiente autorización pero disponiendo de derechos de plantación. Ello hasta ahora ha supuesto la calificación del viñedo como ilegal, lo que implica la obligación de arranque, así como a la aplicación del régimen sancionador. Sin embargo, la normativa comunitaria únicamente califica la plantación como ilegal, con la consiguiente obligación de arranque y aplicación del régimen sancionador, cuando la plantación se ha realizado sin los correspondientes derechos de plantación o replantación. El propio artículo 38.1.f) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino, establece como infracción leve la plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar un derecho de replantación, lo que implica una diferenciación sustancial respecto de las infracciones previstas en los artículos 38.1.n y 39.1.m de la referida ley básica.Por ello, para los casos en que existe una plantación realizada con derechos de plantación o replantación pero sin autorización, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda derivado de la ausencia de autorización, parece apropiado no calificar el viñedo como ilegal dado que ello conlleva la obligación de arranque. Si bien, dada la trascendental función de la autorización - que con el cambio propuesto sigue siendo preceptiva- en el proceso de gestión de los derechos de viñedo, para que el viñedo no se califique como ilegal será necesario que se acredite de forma indubitada la existencia de derechos de plantación en el Registro de viñedo.

La actual modificación del Decreto de potencial vitícola actualiza el Anexo II sobre 'Portainjertos y variedades autorizadas', que en futuro podrá ser actualizada mediante Orden del titular de la Consejería competente.

Por último, se modifica el apartado 5 del artículo 32, en relación a los derechos de la reserva, con objeto de permitir que los adquirentes de derechos de la reserva puedan transmitir derechos -distintos de los adquiridos de la reserva- a sus hijos que sean jóvenes agricultores que se instalen por primera vez, coadyuvando a la política del Gobierno de La Rioja de fomentar la primera instalación de jóvenes agricultores.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de agosto de 2014, acuerda aprobar el siguiente,

DECRETO