• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • CAPÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LOS PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO
    • Artículo 1 Objeto y régimen jurídico
    • Artículo 2 Ámbito de aplicación
    • Artículo 3 Formas de ejercicio
    • Artículo 4 Principios del ejercicio del control interno
  • CAPÍTULO II. DE LOS DEBERES Y FACULTADES DEL ÓRGANO DE CONTROL
    • Artículo 5 De los deberes del órgano de control
    • Artículo 6 De las facultades del órgano de control
• TÍTULO II. DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
  • CAPÍTULO I. DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
    • Artículo 7 De las distintas fases de la función interventora
    • Artículo 8 Del contenido de la función interventora
  • CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE LOS DERECHOS E INGRESOS
    • Artículo 9 Fiscalización previa de derechos e ingresos
  • CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS
    • SECCIÓN 1. Disposiciones comunes
      • Artículo 10 Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora
      • Artículo 11 Fiscalización o intervención de conformidad
      • Artículo 12 Reparos
      • Artículo 13 Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos
      • Artículo 14 Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa
      • Artículo 15 Discrepancias
    • SECCIÓN 2. DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA DE LA APROBACIÓN O AUTORIZACIÓN DE GASTOS Y DE LA DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTO DE LA ENTIDAD LOCAL
      • Artículo 16 Régimen general
      • Artículo 17 Exención de fiscalización previa
    • SECCIÓN 3. DE LA INTERVENCIÓN PREVIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y DE LA INVERSIÓN
      • Artículo 18 Intervención de la liquidación del gasto
      • Artículo 19 Contenido de las comprobaciones
      • Artículo 20 Intervención de la comprobación material de la inversión
    • SECCIÓN 4. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO
      • Artículo 21 De la intervención formal del pago, objeto y contenido
      • Artículo 22 Conformidad y reparo
      • Artículo 23 De la intervención material del pago, objeto y contenido
    • SECCIÓN 5. DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA DE LAS ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
      • Artículo 24 Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
      • Artículo 25 Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija
      • Artículo 26 Especialidades en cuanto al régimen de los reparos
      • Artículo 27 Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija
    • SECCIÓN 6. DE LA OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
      • Artículo 28 De la omisión de la función interventora
• TÍTULO III. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
  • CAPÍTULO I. DEL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO
    • Artículo 29 Forma de ejercicio
    • Artículo 30 Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las actuaciones de control financiero
    • Artículo 31 Planificación del control financiero
  • CAPÍTULO II. DEL CONTROL PERMANENTE
    • Artículo 32 Ejecución de las actuaciones de control permanente
  • CAPÍTULO III. DE LA AUDITORÍA PÚBLICA
    • Artículo 33 Ejecución de las actuaciones de auditoría pública
    • Artículo 34 Colaboración en las actuaciones de auditoría pública
  • CAPÍTULO IV. DEL RESULTADO DEL CONTROL FINANCIERO
    • Artículo 35 De los informes del control financiero
    • Artículo 36 Personas destinatarias de los informes
• TÍTULO IV. INFORME RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN
  • Artículo 37 Informe resumen
  • Artículo 38 Plan de acción
• TÍTULO V. DEL RÉGIMEN DE CONTROL SIMPLIFICADO
  • Artículo 39 Ámbito de aplicación
  • Artículo 40 Régimen de control interno
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición Adicional Primera Régimen jurídico de los convenios celebrados entre la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades locales
  • Disposición Adicional Segunda Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia
  • Disposición Adicional Tercera Formación continua por parte de las personas encargadas del control
  • Disposición Adicional Cuarta Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por servicios de auditoría privada
  • Disposición Adicional Quinta Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  • Disposición Derogatoria Única Derogación normativa
• DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  • Disposición Transitoria Única Primer ejercicio de realización de auditorías de cuentas anuales
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición Final Primera Habilitación normativa
  • Disposición Final Segunda Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y régimen jurídico

1. La presente disposición tiene por objeto el desarrollo reglamentario del Título IV, referido al control interventor, de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con lo previsto en su disposición adicional tercera.

2. Las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que conforman el sector público local se ajustarán a los preceptos contenidos en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en el presente decreto foral y en las normas reguladoras aprobadas por las entidades locales en desarrollo de las anteriores disposiciones.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El control al que se refiere el título IV de la Norma Foral 10/2003, será ejercido sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local por los órganos de intervención con la extensión y los efectos que se determinan en los artículos siguientes.

2. Este decreto foral será de aplicación a las siguientes entidades:

• a) La propia entidad local.
• b) Los organismos autónomos locales.
• c) Las entidades públicas empresariales locales.
• d) Las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.
• e) Otras entidades de derecho público o privado adscritas siempre que sus actos estén sujetos al poder de decisión de la entidad local.

Una entidad se considera adscrita cuando cumpla con los requisitos establecidos para tal categoría en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Se entiende que una entidad está sujeta al poder de decisión cuando la entidad local ostenta más de la mitad de los votos en los órganos de gobierno.

3. El órgano interventor ejercerá también el control establecido en la normativa aplicable sobre las entidades colaboradoras y personas beneficiarias de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local.

4. El control de la entidad local respecto a los consorcios adscritos cuyos actos no estén sujetos al poder de decisión de la entidad local se ejercerá mediante auditoría de las cuentas anuales.

Artículo 3 Formas de ejercicio

1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero. En ambos se incluirá el control de eficacia y eficiencia referido en el artículo 68 de la Norma Foral 10/2003.

2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la entidad local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

En los consorcios adscritos sujetos al poder de decisión de la entidad local la función interventora se realizará en aquellos casos en los que así se determine por el Pleno de la entidad local a la que esté adscrito.

3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública.

Véase O Foral 3584 /2020, 16 abril, de la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno efectuado por intervenciones de las entidades locales de Bizkaia como consecuencia del COVID-19 («B.O.B.» 17 abril).LE0000663817_20200417

Artículo 4 Principios del ejercicio del control interno

1. El órgano interventor de la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado, responsabilidad limitada y procedimiento contradictorio.

2. El órgano interventor de la entidad local ejercerá el control interno con plena autonomía respecto a los órganos y entidades a las que controla. A tales efectos, el personal funcionario que lo realice, tendrá independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.

3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello la entidad local deberá habilitar los medios necesarios y suficientes. El ejercicio del control interno del sector público local podrá llevarse a cabo directamente por el órgano interventor o mediante órganos delegados. Asimismo, podrá servirse de la colaboración, bajo la supervisión y dirección del órgano interventor, de medios ajenos a la propia entidad local contratados al efecto cuando se refiera al ejercicio del control financiero.

4. El órgano interventor de la entidad local dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables.

5. El órgano interventor sólo es responsable en los casos en que con dolo, culpa o negligencia grave no haya salvado su responsabilidad acerca de la improcedencia o ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la hacienda local y en cuyo proceso de formación, emisión y supervisión haya participado previamente.

Artículo 5 De los deberes del órgano de control

1. Las personas que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

2. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente a la persona que gestione directamente la actividad económico-financiera controlada.

Artículo 6 De las facultades del órgano de control

1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes.

2. Las personas que ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en las entidades locales o en sus entidades dependientes o adscritas deberán prestar la debida colaboración y apoyo al órgano encargado de la realización del control.

3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.

4. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera el órgano interventor de la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrá recabar directamente de los distintos órganos de la entidad local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.

Asimismo, los órganos interventores podrán recabar a través de la Presidencia de la entidad local, el asesoramiento e informe de los servicios de asistencia local y de los órganos competentes de la Diputación Foral.

5. Las entidades locales deberán garantizar y adoptar las medidas necesarias para la defensa jurídica y protección del personal de los órganos interventores en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno.

6. El personal funcionario actuante en el control financiero podrá revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control.

7. La intervención local podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la hacienda local.

Artículo 7 De las distintas fases de la función interventora

1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:

• a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos, acuerden y ordenen devoluciones de ingresos indebidos y acuerden movimientos de fondos y valores.
• b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión, y en general, de la aplicación de los fondos públicos.
• c) La intervención formal de la ordenación del pago.
• d) La intervención material del pago.

2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades formal y material. La modalidad formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la modalidad material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 8 Del contenido de la función interventora

1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa en los términos señalados en los apartados siguientes. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones intervenidas.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que la persona o entidad acreedora ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.

La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 20 de este decreto foral. La intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija se realizará de acuerdo con el artículo 27.

4. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida al órgano interventor para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago.

5. La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano interventor para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor de la persona o entidad perceptora y por el importe establecido.

Artículo 9 Fiscalización previa de derechos e ingresos

1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local, la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el apartado siguiente.

2. El control posterior de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local, la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el primer apartado, la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

4. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos o movimiento de fondos o valores a favor de las entidades locales, sus organismos autónomos o, en su caso, consorcios adscritos, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.

Artículo 10 Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 13 y 14 de este decreto foral.

A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.

Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 6.4 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al órgano gestor.

3. En ningún caso el desarrollo y adaptaciones normativas que realicen las entidades locales podrán reducir los plazos establecidos en este artículo.

Artículo 11 Fiscalización o intervención de conformidad

El órgano interventor hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla cuando como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la legalidad.

Artículo 12 Reparos

1. Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.

2. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los casos establecidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 10/2003.

3. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 70.3 citado, procederá la formulación de un reparo suspensivo en los casos siguientes:

• a) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
• b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de la persona o entidad perceptora.
• c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la tesorería de la entidad local o a terceras personas.

El Pleno de la corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la consideración de esenciales.

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días. Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento descrito en el artículo 15.

5. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales ni el resto de los incluidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 10/2003, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento descrito en el artículo 15.

El órgano interventor remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados conforme a lo previsto en este apartado.

Artículo 13 Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos

1. Previo informe del órgano interventor y a propuesta de la Presidencia, el Pleno de la entidad local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.

2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:

• a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

  Cuando se tramiten anticipadamente gastos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o cuya financiación sea afectada se comprobará la existencia de condición suspensiva de la efectiva existencia de crédito o de consolidación de los recursos que han de financiar el gasto correspondiente.

  Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 22 de la Norma Foral 10/2003.

  Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos del artículo 19 de la Norma Foral 10/2003 y del Marco conceptual de la contabilidad pública del plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia.

• b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

  En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

• c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta de la Presidencia previo informe del órgano interventor.

En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas.

3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de otra plena con posterioridad.

Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este decreto foral. En este sentido, el control financiero permanente a llevar a cabo se incluirá en el plan anual de control financiero elaborado por el órgano interventor de acuerdo con el artículo 31 de este decreto foral.

Artículo 14 Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa

1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 13.2 del presente decreto foral, el órgano interventor procederá a formular reparo en la forma y con los efectos previstos en esta sección 1.ª

2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.

Artículo 15 Discrepancias

1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora planteará a la Presidencia de la entidad local una discrepancia.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

• a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
• b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán a la Presidencia o al Pleno de la corporación local, según corresponda, y, en su caso, a través de las personas responsables de los organismos autónomos locales, y consorcios en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de intervención.

La resolución de la discrepancia por parte de la Presidencia o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.

4. El órgano competente para resolver la discrepancia podrá solicitar informe sobre la misma al departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia. La solicitud se realizará a través de la Presidencia de la entidad local y previamente a la resolución.

A tales efectos, la Presidencia remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia junto con el expediente completo al departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración y comunicará la remisión al órgano interventor y demás partes interesadas.

El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia, sin perjuicio de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios, deberá informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes desde la solicitud, siempre que se cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia.

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la entidad local sean contrarios al informe del órgano interventor o al emitido por el departamento competente en materia de tutela financiera de acuerdo con el párrafo anterior, se incluirán en el informe referido en el apartado 6 de este artículo.

5. El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia gestionará una base de datos sobre los informes emitidos en relación con las propuestas de resolución de discrepancias sometidas a su valoración, con objeto de unificar criterios y realizar el seguimiento de su aplicación.

A la base de datos tendrán acceso tanto los órganos de control interno de las entidades locales, que podrán utilizar la información facilitada como elemento de motivación en otros expedientes, así como, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para el ejercicio de sus competencias.

6. Con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local y por el Pleno contrarias a los reparos efectuados o a los informes emitidos por el departamento competente en materia de tutela financiera de acuerdo con el apartado 4 de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función interventora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. La Presidencia de la entidad local podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

7. Una vez informado el Pleno de la entidad local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, todas las resoluciones y acuerdos referidos en el apartado 6 anterior, y en su caso, los informes justificativos de la resolución adoptada.

8. El informe anual referido en el apartado 6 anterior deberá diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores.

9. La Diputación Foral de Bizkaia tendrá acceso a los informes del apartado 7 remitidos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tras la formalización del oportuno convenio entre ambas entidades.

Artículo 16 Régimen general

1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, consorcios adscritos, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto.

Entre los actos sometidos a la intervención previa se consideran incluidos:

• a) Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.
• b) Los convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga, siempre que tenga contenido económico.

2. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente.

Artículo 17 Exención de fiscalización previa

No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a):

• a) Los gastos de material no inventariable.
• b) Los contratos menores.
• c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

Artículo 18 Intervención de la liquidación del gasto

1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones están sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.

2. El órgano interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.

En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Artículo 19 Contenido de las comprobaciones

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de este decreto foral, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:

• a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
• b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:
  • 1) Identificación de la persona o entidad acreedora.
  • 2) Importe exacto de la obligación.
  • 3) Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
• c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.

Artículo 20 Intervención de la comprobación material de la inversión

1. En ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones, antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación el órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, y verificará la efectiva realización de las mismas y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. Para llevar a cabo la intervención de la comprobación material de la inversión podrá utilizar procedimientos de muestreo.

2. La intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interventor o por la persona en quien delegue. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.

3. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando ésta sea obligatoria de acuerdo con el apartado 1, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

4. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la misma.

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la inversión.

5. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la inversión y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.

En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.

6. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por la persona responsable del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las inversiones, en la que se expresará haberse hecho cargo de las mismas, y que se han ejecutado con arreglo a las condiciones previamente establecidas.

Artículo 21 De la intervención formal del pago, objeto y contenido

Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la tesorería de la entidad local. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos.

El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.

La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se verificará mediante el examen del propio plan de disposición de fondos o del informe que al respecto emita la tesorería de la entidad.

En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas de la persona o entidad acreedora, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan. La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a estos acuerdos de minoración.

Artículo 22 Conformidad y reparo

Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a las cajas pagadoras.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

Artículo 23 De la intervención material del pago, objeto y contenido

1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:

• a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la tesorería de la entidad.
• b) Situar fondos a disposición de las personas facultadas legalmente para realizar pagos.
• c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la tesorería.

Dicha intervención incluirá la verificación de la competencia del órgano para la realización del pago, la correcta identidad de la persona o entidad perceptora y la coincidencia del importe a pagar con el de la obligación previamente reconocida.

2. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad de la persona o entidad perceptora, o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

Artículo 24 Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar

La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fondos a disposición de los órganos pagadores de la entidad local y sus organismos autónomos se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:

• a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.
• b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
• c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
• d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, la Presidencia de la entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.
• e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la tesorería aprobado por la Presidencia de la entidad, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la tesorería, cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en la norma de ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan en los términos establecidos en el artículo 21.

Artículo 25 Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija

La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución modificación o reposición de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:

• a) Que se adapta a lo regulado en la Norma de Ejecución Presupuestaria para su constitución, modificación o reposición.
• b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.

Artículo 26 Especialidades en cuanto al régimen de los reparos

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores de la presente sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo, excepto en los supuesto previstos en los apartados d) y e) del artículo 24.

Artículo 27 Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija

1. Sin perjuicio de las regulaciones específicas sobre esta materia que pueda establecer la Norma de Ejecución Presupuestaria, en la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente manera:

• a) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a la persona o entidad acreedora determinada por el importe debido.
• b) La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se realizará examinando las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, pudiendo utilizarse procedimientos de muestreo.
• c) Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
• d) El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.

2. Con ocasión de la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

Artículo 28 De la omisión de la función interventora

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este decreto foral, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda la Presidencia de la entidad local decidir si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la función interventora se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, la Presidencia de la entidad local deberá someter a decisión del Pleno si continúa el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.

Este informe que no tendrá naturaleza de ejercicio de función interventora, salvo el reparo emitido cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago, se incluirá en la relación referida en el apartado 6 del artículo 15 de este decreto foral y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

• a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
• b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.
• c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
• d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.
• e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el órgano interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

3. En los municipios de gran población, en función de la competencia atribuida sobre las obligaciones y gastos, corresponderá decidir a la Presidencia o a la Junta de Gobierno Local, si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

Cuando sea la Junta de Gobierno Local la competente para resolver, será el órgano titular del departamento o de la concejalía de área al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, o, en su caso, consorcio el que deba trasladar el expediente a la Junta de Gobierno Local sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación.

4. El acuerdo favorable de la Presidencia, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

Artículo 29 Forma de ejercicio

1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública.

Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

2. El control permanente podrá ser ejercido sobre la entidad local, los organismos públicos y en su caso, los consorcios en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende:

• a) Las actuaciones de control que, con carácter potestativo, se incluyan en el correspondiente plan anual de control financiero.
• b) Las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.

3. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría del sector público. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

• a) La auditoría de cuentas que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

  El órgano interventor realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:

  • i) Los organismos autónomos locales cuya contabilidad no se lleve por parte del órgano interventor.
  • ii) Las entidades públicas empresariales locales.
  • iii) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
• b) La auditoría de cumplimiento en la que se verificará que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación y tendrá como finalidad mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

  El órgano interventor realizará la auditoría de cumplimiento sobre las entidades del sector público local dependientes o adscritas no sometidas a función interventora ni a control financiero permanente potestativo.

• c) La auditoría operativa en la que se examinarán de una manera sistemática y objetiva las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas. Igualmente tendrá como finalidad mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.

El órgano interventor realizará la auditoría operativa sobre las entidades del sector público local dependientes o adscritas no sometidas a función interventora ni a control financiero permanente potestativo.

Artículo 30 Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las actuaciones de control financiero

1. En el ejercicio de las funciones de control financiero se deberán examinar cuantos antecedentes, documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de control, así como consultar la información contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante.

2. A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración que se establece en el artículo 74 de la Norma Foral 10/2003, deberán facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la realización de las actuaciones de control.

En particular, se podrán solicitar los informes emitidos por los órganos de control externo y otros órganos de control.

3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar de los órganos y entidades objeto de control la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el desarrollo de las actuaciones, ya sea en soporte documental o en programas y archivos en soportes informáticos compatibles con los equipos y aplicaciones del órgano de control, y el acceso para consultas a los sistemas y aplicaciones que contengan información económico-financiera del órgano, organismo o entidad controlada.

4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una vez notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento escrito.

5. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este procedimiento cuando quienes realicen el control financiero y las personas responsables de la entidad lo acuerden y siempre que la documentación sea fácilmente accesible.

El órgano interventor responsable del control financiero fijará el plazo de respuesta a las peticiones de documentación e información teniendo en cuenta la naturaleza, volumen y dificultad de obtención de las mismas.

6. En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de colaboración con el personal encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor comunicará tal circunstancia a la persona titular del órgano, organismo o entidad objeto de control con el objeto de que proceda a adoptar las medidas correctoras oportunas. En todo caso, la falta de colaboración podrá hacerse constar en el informe de control.

7. El órgano interventor podrá solicitar a las personas titulares de los órganos administrativos y a quienes ostenten la presidencia o dirección de los organismos y entidades controladas los informes emitidos por los órganos de auditoría interna o de control interno, así como los soportes documentales o informáticos que se hayan generado como consecuencia de la realización de ese trabajo.

Podrán también solicitar a las mencionadas personas copia de los informes emitidos por los órganos de control externo e inspecciones de servicios y de las alegaciones efectuadas por las entidades en relación con los correspondientes informes.

Asimismo, podrán solicitar a las mencionadas personas los informes de auditoría, consultoría o asesoramiento en materias que afecten a su gestión económico-financiera emitidos por empresas de auditoría, consultoría o asesoría.

Artículo 31 Planificación del control financiero

1. El órgano interventor deberá elaborar un plan anual de control financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio.

2. El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.

El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.

Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.

3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el plan anual de control financiero concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El plan así elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno.

4. El plan anual de control financiero podrá ser modificado como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente ponderadas. El plan anual de control financiero modificado será remitido a efectos informativos al Pleno.

Artículo 32 Ejecución de las actuaciones de control permanente

1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes actuaciones:

• a) La verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
• b) El seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados.
• c) La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
• d) La ejecución de las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
• e) El análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
• f) La verificación en la entidad local, mediante técnicas de muestreo, de que los datos y la información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.

2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de control permanente que requieran su colaboración.

3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida.

4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de auditoría se someterán a lo establecido en las normas de auditoría del sector público.

5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:

• a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor.
• b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
• c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
• d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros y gastos.
• e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
• f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
• g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.

Artículo 33 Ejecución de las actuaciones de auditoría pública

1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otras personas auditoras, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.

2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones a la persona titular del servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro órgano de control delegado, se comunicará el inicio de las actuaciones a la persona titular de dicho órgano de control.

Asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la auditoría, se comunicará a la persona titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad.

3. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los siguientes lugares:

• a) En las dependencias u oficinas de la entidad auditada.
• b) En las dependencias u oficinas de otras entidades o servicios en los que exista documentación, archivos, información o activos cuyo examen se considere relevante para la realización de las actuaciones.
• c) En los locales de firmas privadas de auditoría cuando sea necesario utilizar documentos soporte del trabajo realizado por dichas firmas de auditoría por encargo de las entidades auditadas.
• d) En las dependencias del órgano interventor encargado de la realización de dichas actuaciones.

4. Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán desarrollarse las siguientes actuaciones:

• a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente auditado.
• b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.
• c) Solicitar la información fiscal y la información de Seguridad Social de los órganos, organismos y entidades públicas que se considere relevante a los efectos de la realización de la auditoría.
• d) Solicitar de terceras personas o entidades relacionadas con el servicio, órgano, organismo o entidad auditada información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con dichas terceras personas o entidades. Las solicitudes se efectuarán a través de la entidad auditada salvo que el órgano de control considere que existen razones que aconsejan la solicitud directa de información.
• e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera y contable.
• f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin las personas que realicen la auditoría tendrán libre acceso a los mismos.
• g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
• h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.

Artículo 34 Colaboración en las actuaciones de auditoría pública

1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las entidades locales podrán recabar la colaboración pública o privada en los términos señalados en los apartados siguientes.

A tal efecto, se consignarán en los presupuestos de las entidades locales las cuantías suficientes para responder a las necesidades de colaboración.

2. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, las entidades locales podrán recabar la colaboración de otros órganos públicos y concertar los convenios oportunos.

3. Asimismo, para colaborar con el órgano interventor la entidad local podrá contratar servicios de auditoría privada que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por aquel.

Los servicios de auditoría privada serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.

No podrán ser contratadas para colaborar con el órgano interventor las sociedades de auditoría ni los auditores o auditoras de cuentas que, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que se va a desarrollar la auditoría, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse en el informe de auditoría.

Artículo 35 De los informes del control financiero

1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría.

Artículo 36 Personas destinatarias de los informes

1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor a quien gestione directamente la actividad económico-financiera controlada y a la Presidencia de la entidad local.

2. La información contable de las entidades del sector público local y, en su caso, los informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en las sedes electrónicas corporativas.

Artículo 37 Informe resumen

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno.

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través de la Presidencia de la corporación, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Ejecución Presupuestaria del presupuesto y en defecto de regulación, con motivo de la aprobación de la cuenta general y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

Artículo 38 Plan de acción

1. La Presidencia de la entidad local formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior.

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, la persona responsable de llevarlas a cabo y el calendario de actuaciones a realizar, tanto en la propia corporación como en los entes dependientes o adscritos sobre los que se ejerza el control interno.

3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la entidad local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos. La Presidencia informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.

Artículo 39 Ámbito de aplicación

Podrán aplicar el régimen de control interno simplificado las entidades locales y sus entes dependientes o adscritos cuyas previsiones iniciales del último presupuesto aprobado no excedan, en términos consolidados, de 5.000.000 de euros.

Artículo 40 Régimen de control interno

Las entidades locales acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la entidad local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.a) de este decreto foral y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.

Disposición Adicional Primera Régimen jurídico de los convenios celebrados entre la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades locales

Las entidades locales, previo informe del órgano interventor, podrán formalizar el oportuno convenio con la Diputación Foral de Bizkaia para la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control interno de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las entidades locales.

Disposición Adicional Segunda Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia

1. Se modifica la Regla 32 Tratamiento contable de las operaciones de administración de recursos por cuenta de otros entes públicos en el ente gestor del anexo 1, quedando redactada como sigue:

LE0000558546_20190101

2. Se eliminan los siguientes conceptos y subconceptos de la clasificación económica de gastos:

ANEXO 2.-ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES

2) Clasificacion economica de los gastos del presupuesto de las entidades locales

B) Operaciones de capital

• - Concepto 603: Patrimonio público del suelo.
• - Subconcepto 622.01: Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo.
• - Subconcepto 622.02: Otros edificios y construcciones.
• - Concepto 646: Adquisición de aprovechamientos urbanísticos.

LE0000558546_20190101

3. Se modifica quedando redactado como sigue:

LE0000558546_20190101

4. Se modifica quedando redactado como sigue:

LE0000558546_20190101

5. Se modifica quedando redactado como sigue:

6. Se modifica quedando redactado como sigue:

LE0000558546_20190101

Disposición Adicional Tercera Formación continua por parte de las personas encargadas del control

1. Las personas responsables del control interno deberán seguir los cursos y realizar las actividades de formación continuada necesarias para asegurar un nivel suficientemente elevado de conocimientos teóricos, cualificaciones y valores profesionales.

2. La Diputación Foral de Bizkaia analizará las necesidades de formación y programará las actuaciones necesarias con los organismos públicos especializados en la materia.

Disposición Adicional Cuarta Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por servicios de auditoría privada

En el ejercicio de sus funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por servicios de auditoría privada.

Disposición Adicional Quinta Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas establecer la forma, el alcance y el procedimiento que deberá aplicarse para la remisión que el órgano interventor debe efectuar anualmente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Presidencia de la entidad local y por el Pleno de la corporación que sean contrarios a reparos formulados, así como del resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, a los que han de acompañarse, en su caso, los informes justificativos presentados por la corporación local.

Disposición Derogatoria Única Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este decreto foral.

Disposición Transitoria Única Primer ejercicio de realización de auditorías de cuentas anuales

Las auditorías de cuentas previstas en el artículo 29.3.a) se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se inicie a partir de 1 de enero de 2019.

Disposición Final Primera Habilitación normativa

Se autoriza al diputado o diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto foral.

Disposición Final Segunda Entrada en vigor

El presente decreto foral entrará en vigor el 1 de enero de 2019.