Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2018, de 26 de diciembre, por el que se regula el estatuto de las personas cuidadoras y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Finalidad
• TÍTULO I. PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR
  • Artículo 3 Definición de la prestación
  • Artículo 4 Personas beneficiarias en situación de dependencia
  • Artículo 5 Obligaciones de las personas beneficiarias
• TÍTULO II. ESTATUTO DE LAS PERSONAS CUIDADORAS
  • Artículo 6 Definición del Estatuto
  • Artículo 7 Persona cuidadora
  • Artículo 8 Derechos de la persona cuidadora
  • Artículo 9 Deberes de la persona cuidadora
  • Artículo 10 Requisitos de las personas cuidadoras
• TÍTULO III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
  • Artículo 11 Instrucción y resolución del procedimiento
  • Artículo 12 Determinación de la cuantía de la prestación
  • Artículo 13 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
  • Artículo 14 Modificación del derecho a la prestación
  • Artículo 15 Procedimiento de revisión de oficio con suspensión cautelar del pago
  • Artículo 16 Suspensión temporal del derecho a la prestación
  • Artículo 17 Extinción del derecho a la prestación
  • Artículo 18 Efectos económicos de la extinción de la prestación
  • Artículo 19 Pago
  • Artículo 20 Prestaciones indebidamente percibidas
  • Artículo 21 Pago de las mensualidades devengadas y no percibidas por fallecimiento de la persona beneficiaria
  • Artículo 22 Control y seguimiento de la prestación económica y los cuidados prestados en el entorno familiar
• DISPOSICIÓN ADICIONAL
  • Disposición Adicional Única
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición Transitoria Primera
  • Disposición Transitoria Segunda
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  • Disposición Derogatoria Única
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición Final Primera
  • Disposición Final Segunda

Artículo 1 Objeto

El presente decreto foral tiene por objeto la regulación de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y las medidas de Apoyo a Personas Cuidadoras No Profesionales, previstas en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales de Euskadi, en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 2 Finalidad

Tiene por finalidad contribuir al sostenimiento del sistema de cuidados articulado en el domicilio de una persona en situación de dependencia -beneficiara directa-, donde una persona de su red socio-familiar de apoyo actúa como cuidadora principal y habitual -persona cuidadora-, ejerciendo dicha atención por sí misma o con la ayuda de otras personas a las que supervisa.

Artículo 3 Definición de la prestación

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar es una prestación de carácter económico de pago periódico, destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a la persona en situación de dependencia y a la mejora de la calidad de vida de la persona cuidadora no profesional de ésta.

Artículo 4 Personas beneficiarias en situación de dependencia

1. Podrá ser persona beneficiaria directa de esta prestación económica, la persona en la que concurriendo las circunstancias previstas en el decreto foral por el que se regula el procedimiento de valoración de la dependencia, haya sido valorada como persona

en situación de dependencia y tenga prescrita esta prestación en su Programa Individual de Atención.

2. Los requisitos para acceder a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar son los siguientes:

• a) Estar empadronado en el Territorio Histórico de Bizkaia.
• b) Que la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia se realicen en su domicilio habitual lo que se acreditará en el informe social, exceptuando los periodos de ingresos hospitalarios por periodo inferior a treinta días.
• c) Que la atención y cuidados que se presten a la persona en situación de dependencia, se adecuen a sus necesidades en función de su grado y puntos de dependencia.
• d) Que la persona cuidadora principal y habitual, reúna los requisitos señalados en el artículo 10, relativos a su idoneidad, capacidad y formación, convivencia, relación de parentesco y situación administrativa de residencia.
• e) Que se den las condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda habitual de la persona en situación de dependencia, para el desarrollo de los cuidados necesarios.
• f) Contar con el tiempo de dedicación suficiente para atender a la persona en situación de dependencia, o en su caso, supervisar y hacerse cargo de que los cuidados son suficientes y de calidad, lo que se acreditará por declaración responsable.
• g) Atender los pactos, criterios o recomendaciones que emitan desde Diputación Foral de Bizkaia.

3. En el supuesto de que el Programa Individual de Atención tenga carácter provisional, se reconocerá el derecho a la prestación con este carácter, condicionando su vigencia a las revisiones de oficio que se realicen.

4. El cumplimiento de estos requisitos deben reunirse en la fecha del Programa Individual de Atención y a fecha de concesión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y mantenerse durante toda su vigencia.

Artículo 5 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas perceptoras de la prestación para cuidados en el entorno familiar vendrán obligadas a comunicar, en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de las circunstancias tenidas en cuenta para el reconocimiento de la dependencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o en la cuantía de esta prestación.

Artículo 6 Definición del Estatuto

Este decreto foral establece los derechos y deberes de las personas cuidadoras, definidas en el artículo siguiente, reconociéndoles un estatus como tales, dándoles acceso a las medidas contempladas en el mismo, que hagan compatible el desarrollo de su proyecto vital y los cuidados a la persona en situación de dependencia.

Artículo 7 Persona cuidadora

Podrá ser persona cuidadora a los efectos de este decreto foral una persona de la red socio-familiar de apoyo de una persona en situación de dependencia, según lo determinado en el artículo 4 y sucesivos, que actúa como cuidadora principal y habitual, de forma no profesional, encargándose del cuidado y atención, por sí misma o con la ayuda de otras personas a las que supervisa.

Se alcanzará el estatus de persona cuidadora según lo establecido en el presente decreto foral a partir de la resolución de la Orden Foral en cuyo Programa Individual de Atención figure como persona cuidadora principal, y se extinguirá cuando se apruebe una nueva resolución que implique su baja.

Artículo 8 Derechos de la persona cuidadora

Las personas cuidadoras, de quienes perciban la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, gozarán desde el momento del reconocimiento de dicho estatus de los siguientes derechos:

• 1. Derecho al descanso; mediante estancias temporales en residencias, u otros servicios que cumplan funciones de respiro, en los términos y con los requisitos exigibles, en su caso, por la normativa de desarrollo que se dicte por la Diputación Foral de Bizkaia.
  Véase D Foral 115/2022, 11 octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula la prestación económica vinculada al servicio residencial temporal para el descanso de las personas cuidadoras de personas perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar («B.O.B.» 31 octubre).LE0000740671_20221101
• 2. Derecho a la previsión social; mediante la suscripción de un plan de previsión social voluntaria, condicionado permanentemente al estado de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en los términos y con los requisitos exigibles, en su caso, por la normativa de desarrollo que se dicte por la Diputación Foral de Bizkaia.
• 3. Derecho a la formación; mediante formación accesible y suficiente que le provea las aptitudes necesarias para el cuidado de la persona en situación de dependencia y, en su caso, de la supervisión de otras personas cuidadoras, así como el uso de esas competencias en trabajos futuros.
• 4. Derecho a la información; facilitada por una persona de referencia en la administración foral que le ofrezca una intervención integradora, así como la información necesaria que posibilite una atención adecuada y adaptada a las necesidades de la persona en situación de dependencia.
• 5. Derecho a la ergonomía; mediante la participación en planes de detección y prevención de los efectos que produce el cuidado continuado de una persona en situación de dependencia, y beneficiándose de ayudas técnicas.

Artículo 9 Deberes de la persona cuidadora

Las personas cuidadoras, de quienes perciban la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, gozarán desde el momento del reconocimiento de dicho estatus de los siguientes deberes:

• 1. Deber de comunicación; en el plazo de 1 mes los cambios o variaciones que se produzcan en la situación de la persona en situación de dependencia o de la persona cuidadora, que puedan afectar al contenido de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y especialmente los cambios de la persona cuidadora, cambios de empadronamiento, utilización de servicios o la percepción de complementos de cuantías deducibles e ingresos residenciales.
• 2. Deber de colaboración; facilitando y colaborando con las actuaciones de seguimiento de los cuidados que se están ofreciendo a la persona en situación de dependencia, así como en las actuaciones de seguimiento de la prestación económica.
• 3. Deber de formación; destinando el tiempo suficiente para adquirir las aptitudes necesarias para el cuidado que precise la persona en situación de dependencia para lo que se facilitará el acceso a la formación necesaria.
• 4. Deber de apoyo; asistiendo a la persona en situación de dependencia en el cumplimiento de todos los trámites necesarios para el reconocimiento de la situación de dependencia de acuerdo a la normativa prevista y demás procedimientos que surjan al amparo de la misma.
• 5. Deber de atender las orientaciones; colaborando con la persona de referencia, o coordinadora de caso, para hacer efectivas las orientaciones recibidas y, en su caso, cumplir los compromisos adquiridos en el informe de seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
• 6. Deber de convivencia; manteniendo las condiciones de convivencia y habitabilidad que permitan la adecuada atención de la persona en situación de dependencia.

Artículo 10 Requisitos de las personas cuidadoras

1. La persona cuidadora deberá reunir los siguientes requisitos de idoneidad:

• a) Ser mayor de edad.
• b) Residir legalmente en el Estado español, salvo en el caso de que la persona en situación de dependencia sea una persona menor de edad, en cuyo caso la persona cuidadora principal quedará exenta del cumplimiento de este requisito.
• c) Estar empadronada con la persona beneficiaria directa.
• d) Ser cónyuge o pareja de hecho, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco.

  Ser la persona que realiza el acogimiento, y/o el tutor/a legal de la persona en situación de dependencia. Haber mantenido un vínculo por acogimiento con la persona dependiente que cesó por el cumplimiento de la mayoría de edad.

• e) Contar con la capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma, o con la ayuda de otras personas a las que supervisa, las funciones de cuidado y apoyo que precise la persona en situación de dependencia, en función de su grado, lo que se acreditará, entre otros, mediante declaración responsable e informe social.

  Para verificar este requisito se tendrán en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

  • - Que la persona cuidadora dispone, en caso necesario, de apoyos complementarios para prestar la atención de forma adecuada.
  • - Que tanto la persona en situación de dependencia, como la persona cuidadora, tienen una actitud favorable hacia los cuidados en el entorno familiar y las condiciones de convivencia entre ambas son adecuadas.
  • - Que no existen otras cargas, obligaciones, situaciones de estrés u otras dificultades emocionales que interfieran con la adecuada atención que la persona cuidadora debe prestar a la persona en situación de dependencia.
  • - Que la persona cuidadora no presenta actitudes negativas hacia la persona en situación de dependencia y hacia las tareas de atención.
  • - Que la persona cuidadora tiene conocimientos suficientes acerca de los cuidados que requiere la persona en situación de dependencia y tiene una disposición positiva a recibir orientaciones del personal profesional. Asimismo, debe asumir por escrito los compromisos necesarios para la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia.
  • - Que la persona cuidadora tiene hábitos adecuados de autocuidado.
  • - Que la persona cuidadora facilite el acceso del personal profesional de los servicios sociales a la vivienda de la persona en situación de dependencia, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos o variación de las circunstancias.
• f) Contar con el tiempo de dedicación suficiente para garantizar diariamente que la persona con dependencia está atendida en aquellas situaciones en las que necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, lo que se acreditará mediante declaración responsable e informe social.

2. La persona cuidadora principal no podrá ser una persona valorada como dependiente, tener reconocida la situación de Gran Invalidez, o necesidad de concurso de otra persona conforme determina la normativa, o ser una persona de edad avanzada, salvo

que en este último caso existan apoyos complementarios y se informe favorablemente su idoneidad en el Programa Individual de Atención.

En ningún caso podrá ser persona cuidadora aquella persona que sea beneficiaria de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Se entenderá que la persona cuidadora deja de cumplir los requisitos exigidos, desde la fecha de la resolución en que se reconoce la correspondiente situación de dependencia, gran invalidez o necesidad de concurso de otra persona.

3. Una misma persona cuidadora no podrá serlo de más de dos personas en situación de dependencia, salvo los supuestos de menores de edad cuando la persona cuidadora sea el padre o madre/persona tutora o acogedora, esto es, un ascendiente de primer grado en línea recta por consanguinidad, afinidad, adopción o acogimiento.

4. La persona cuidadora principal será la que figure en el Programa Individual de Atención. Ésta asumirá la responsabilidad del cuidado, aunque en el ejercicio de éstas funciones pueda estar apoyado por otras personas a las que supervisa. Excepcionalmente, en el caso de varias personas cuidadoras que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio de la persona en situación de dependencia, en el Programa Individual de Atención se determinará claramente la identidad de la persona cuidadora principal. En todo caso constará en el expediente de valoración de la situación de dependencia, los periodos de tiempo que corresponden a cada una del resto de personas cuidadoras dentro del periodo del año natural, sin que pueda establecerse para cada una de las mismas un periodo continuado inferior a tres meses, y siempre en domicilios situados dentro del Territorio Histórico de Bizkaia.

5. Los requisitos de parentesco y de convivencia podrán quedar exceptuados cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, despoblación o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, incluida la atención mediante servicios a través de prestación vinculada. En tales supuestos, se podrá conceder la prestación a personas en situación de dependencia atendidas por personas cuidadoras no profesionales que no guarden relación de parentesco con la persona en situación de dependencia, ni convivan con ella, siempre que residan en el mismo municipio o en un municipio vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

La persona cuidadora no familiar no podrá tener la consideración de empleada o empleado del hogar en el domicilio de la persona beneficiaria, ni la atención y cuidados podrán desarrollarse en el marco de cualquier otra relación contractual, ya sea laboral o de otra índole.

6. Podrá dispensarse la exigencia del requisito del parentesco en circunstancias excepcionales, en las que se acredite la existencia de un vínculo personal entre la persona dependiente y la persona cuidadora, nacida de una convivencia, durante un período ininterrumpido no inferior a 10 años.

7. Podrá dispensarse la exigencia del requisito del parentesco, cuando los cuidados sean prestados por religiosos o religiosas a personas de su comunidad.

Artículo 11 Instrucción y resolución del procedimiento

1. La solicitud de prestación económica se tendrá por efectuada, si la propuesta del Programa Individual de Atención debidamente firmada por la persona solicitante, prescribe dicha prestación y es aprobada por Orden Foral.

No obstante el modelo normalizado de solicitud/modificación es el que se encuentra en la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/ catalogo-de-tramites-y-servicios) en su correspondiente procedimiento.

2. Instruido el expediente el/la Diputado/a foral de Acción Social dictará la oportuna Orden Foral, concediendo o denegando la prestación solicitada, y efectuándose la notificación en los términos señalados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses a contar desde la fecha en que la solicitud de valoración, solicitud de revisión de valoración de la dependencia, solicitudes de revisión del Programa Individual de Atención, o cualquier otro supuesto que conlleve la apertura de un expediente de prestación económica, haya tenido entrada en el registro de la Diputación Foral de Bizkaia. El vencimiento de dicho plazo máximo, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la prestación.

El trascurso del plazo máximo para resolver se podrá suspender cuando la valoración o el Programa Individual de Atención no pueda llevarse a cabo por causa motivada.

La efectividad del derecho a la prestación para cuidados en el entorno familiar nacerá a partir de la resolución en que se reconozca dicha prestación. No obstante, si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses no se hubiera notificado resolución expresa, los efectos económicos que en su caso fueran reconocidos, se generarán desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.

3. En el caso de no cumplirse los requisitos exigidos para ser persona beneficiaria de la prestación, o personas cuidadoras, se notificará el preceptivo trámite de audiencia a la persona en situación de dependencia o, en su caso, a su representante, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015.

Si trascurrido dicho trámite no quedasen acreditados los requisitos exigidos a fecha de emisión de la correspondiente resolución, se emitirá Orden Foral de denegación del derecho a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Artículo 12 Determinación de la cuantía de la prestación

1. El importe de la prestación se determinará aplicando a la cuantía máxima vigente para cada ejercicio, un coeficiente reductor, atendiendo a la capacidad económica de la persona beneficiaria, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente cuadro:

El coeficiente reductor podrá ser modificado anualmente, en cada ejercicio económico para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas y sociales.

2. De la cuantía de la prestación económica resultante tras la aplicación de los coeficientes reductores del apartado anterior se minorarán los porcentajes siguientes para cada uno de los siguientes servicios o la prestación vinculada a los mismos en su caso:

• - Un 50% para el servicio de centro de día de lunes a viernes, o su correspondiente prestación vinculada al servicio.
• - Un 20% para el servicio de centro de día de fin de semana, o su correspondiente prestación vinculada al servicio.

3. De la cuantía de la prestación económica resultante tras la aplicación de los coeficientes reductores del apartado anterior, se deducirán las siguientes prestaciones:

• - El complemento de gran invalidez regulado en el artículo 196.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• - El complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por 100 (artículo 353.2 letra c) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
• - El complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva (artículo 364.6 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
• - El subsidio de ayuda a tercera persona LISMI (artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

Asimismo, en el caso de que la persona beneficiaria sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, se procederá a realizar la correspondiente deducción.

4. La cuantía que proceda reconocer a la persona beneficiaria por aplicación de las reglas anteriores, en ningún caso será inferior al 25 por 100 de la cuantía máxima correspondiente a su grado y puntos de dependencia, establecida anualmente.

5. La capacidad económica de la persona beneficiaria se determinará atendiendo a su nivel de ingresos, de acuerdo a lo establecido en los siguientes apartados.

Para la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria, se tendrán en cuenta los ingresos contemplados en el modelo 190 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativo a retenciones e ingresos a cuenta (en concreto, los derivados de pensiones, subsidios u otro tipo de prestaciones similares), así como los ingresos del capital mobiliario, del último ejercicio según el calendario de presentación, que consten en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

No se tendrán en consideración para determinar el nivel de ingresos, las cuantías de las prestaciones recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre que den lugar a deducciones en la cuantía de la prestación económica, esto es las correspondientes a los complementos de gran invalidez; asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%; necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y subsidio de ayuda a tercera persona de la LISMI, así como las cuantías de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.

Si los datos fiscales de la persona solicitante de la prestación económica no constasen en el Departamento de Hacienda y Finanzas en el momento de solicitar o revisar la prestación, el Departamento de Acción Social podrá recabar dichos datos a la Administración competente o bien requerir a la persona interesada para que los aporte.

En el caso de no acreditar los datos económicos solicitados se aplicará el coeficiente reductor máximo.

Si como consecuencia de la resolución de una solicitud inicial o de una revisión de la prestación, se aplicase el máximo coeficiente reductor por no aportar la documentación requerida, si se aporta con posterioridad y de la misma se deriva una variación en la cuantía de la prestación, ésta se devengará el día de la correspondiente resolución.

6. Cuando de la presentación de la declaración de ingresos de ulteriores ejercicios al que se hubiera tenido en cuenta para la determinación de la capacidad económica, se derivara una modificación de la misma, la persona beneficiaria podrá solicitar su revisión, que tendrá eficacia desde el día de la correspondiente resolución.

Artículo 13 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

1. El régimen de compatibilidad e incompatibilidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar con otros servicios o prestaciones será el previsto en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

En este sentido, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es compatible con los siguientes servicios o prestaciones:

• 1) El Servicio de Teleasistencia.
• 2) El servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía, en cualquiera de sus modalidades.
• 3) El servicio de ayuda a domicilio y su correspondiente prestación vinculada al servicio, condicionado a que el ayuntamiento que presta el servicio determine su compatibilidad.
• 4) Los Centros de Promoción de la Autonomía Personal.

2. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar será incompatible con el Servicio de Atención Residencial permanente y temporal, y la correspondiente prestación vinculada al servicio; así como los ingresos en centros sociosanitarios.

No obstante lo anterior, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es compatible con la inclusión de la persona beneficiaria en los procesos de asignación de plaza correspondientes de cualquier servicio público, incluida la atención residencial, siempre que así se prescriba en el Programa Individual de Atención.

Artículo 14 Modificación del derecho a la prestación

1. Serán causas de modificación de la prestación cualquier hecho sobrevenido que suponga una variación respecto de la situación inicial que haya servido de base para su concesión.

2. Cuando se de una causa de modificación de la prestación, se iniciará el correspondiente expediente, otorgándose trámite de audiencia, cuando proceda; y en su caso, se adoptará automáticamente como medida provisional, la suspensión cautelar del pago de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015.

3. Los efectos económicos de las modificaciones del derecho a la prestación económica, se generarán a partir del día de la correspondiente resolución de la prestación.

No obstante, en los supuestos de reconocimiento del derecho a los complementos que dan lugar a deducción de la cuantía de la prestación, los efectos económicos de dicha modificación será la fecha de efectos establecida en la resolución por la que se reconoce el derecho a dichos complementos.

Artículo 15 Procedimiento de revisión de oficio con suspensión cautelar del pago

La Diputación Foral de Bizkaia podrá proceder en cualquier momento a la revisión de oficio de la prestación.

Iniciado un procedimiento de revisión, el órgano competente podrá acordar como medida provisional la suspensión cautelar del pago, cuando se hubieran detectado indicios de pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la prestación, requiriéndole, en su caso, para que justifique el cumplimiento de los requisitos legales, y apercibiéndole que de no atender el requerimiento se procederá a la extinción automática del derecho y al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

El órgano competente resolverá acerca del mantenimiento, suspensión, modificación o extinción del derecho, en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la adopción de la suspensión cautelar, resolviéndose lo que proceda.

Al elevar la suspensión se procederá a regularizar la situación antes de procederse a la reanudación del pago de la prestación.

Artículo 16 Suspensión temporal del derecho a la prestación

1. Son circunstancias que pueden dar lugar a la suspensión temporal del derecho a la prestación a partir del día del hecho causante, las siguientes:

• a) El servicio de atención residencial pública o privada en estancias temporales y su correspondiente prestación vinculada al servicio, salvo lo que se prevea en su normativa de desarrollo para el ingreso residencial de descanso de la persona cuidadora.
• b) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
• c) El ingreso en unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral.
• d) Ingresos hospitalarios por periodo superior a 30 días.

2. La suspensión temporal del derecho no podrá exceder del plazo máximo de un año, procediéndose a la extinción automática una vez transcurrido éste.

3. Procederá elevar la suspensión con fecha de efectos del día que cese la causa que dio lugar a la misma.

Si la persona interesada no cumpliera su obligación de comunicar el cese de la causa de suspensión, la suspensión se elevara con fecha de efectos de la propia resolución de reanudación.

Artículo 17 Extinción del derecho a la prestación

El derecho a la prestación para cuidados en el entorno familiar, se extinguirá cuando en la persona beneficiaria concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la dependencia o de los necesarios para acceder a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
• b) Estar incurso en causa de incompatibilidad entre servicios o prestaciones.
• c) La renuncia del derecho por la persona beneficiaria.
• d) Falta del Programa Individual de Atención, que prescriba esta prestación.
• e) Incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente normativa y demás normativa aplicable.
• f) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
• g) Fallecimiento de la persona cuidadora.
• h) Pérdida por la persona cuidadora de alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 del presente decreto foral.
• i) Transcurso de un año desde que se suspendió temporalmente la prestación.

Artículo 18 Efectos económicos de la extinción de la prestación

Los efectos económicos de las prestaciones declaradas extinguidas a tenor de lo previsto en el artículo 17 de este Decreto, se entenderán producidos desde la fecha en que se produzca la causa determinante de la citada extinción.

No obstante, si la causa de extinción fuera el fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la fecha de efectos económicos será el primer día del mes siguiente al fallecimiento.

En los casos en los que se declare la extinción por cambio de la persona cuidadora, si posteriormente se tiene constancia de la notificación de dicha circunstancia en el plazo máximo de un mes desde que se produce la extinción, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos y existiera constancia de la continuidad en el cuidado de la persona en situación de dependencia, se procederá a abonar los atrasos correspondientes desde la fecha de extinción.

En el supuesto de la suspensión temporal, que exceda del plazo máximo de un año, los efectos económicos de la extinción se tendrán por producidos en el día en el que se produjo la suspensión.

La declaración de extinción tendrá efectos desde el momento en el que la administración tenga constancia del incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos y en todo caso desde un periodo máximo de cuatro años.

Artículo 19 Pago

El pago será mensual abonándose 12 mensualidades.

La prestación será abonada por una cuantía fija, fijada conforme a lo establecido en el artículo 12. En todo caso, las cuantías máximas serán las fijadas por decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia.

La prestación económica será abonada en euros/día, en aquellas mensualidades en que el derecho a la prestación no se corresponde con el mes completo, para cuyo cálculo se dividirá el importe mensual por el número de días del mes que se trate y se multiplicará por el número de días que le corresponda.

Artículo 20 Prestaciones indebidamente percibidas

Cuando por cualquier causa se derive una percepción indebida deberá reintegrarse, salvo que la acción para solicitar la devolución hubiera prescrito por transcurso del plazo de cuatro años de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria.

En el caso en el que se estime la existencia de una situación de percepción indebida o en cuantía indebida de la prestación, la resolución que lo determine declarará la obligación de reintegrarlos junto con los intereses generados desde el momento en que se produjo el pago.

Los intereses de demora generados en virtud de derechos públicos de naturaleza no tributaria, regulados en el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, sólo serán exigibles hasta la fecha en que las personas interesadas hayan cumplido con las obligaciones y en los plazos que se recogen en la normativa aplicable.

No obstante, en los casos de extinción de la prestación no tendrán consideración de cobros indebidos aquellos que sean inferiores a la cuantía que reglamentariamente se determine.

Artículo 21 Pago de las mensualidades devengadas y no percibidas por fallecimiento de la persona beneficiaria

En los supuestos de resolución fuera del plazo de 6 meses, o de suspensión del pago si luego procediese la reanudación, u otros supuestos excepcionales en que se generen mensualidades devengadas y no percibidas por fallecimiento de la persona en situación de dependencia, el pago se realizará a sus legítimos/as herederos/as.

La condición de legítimos/as herederos/as deberá quedar acreditada por medio de testamento, o auto judicial de declaración de herederos/as abintestato si no hubiere testamento, y tratándose del viudo/a, ascendiente o descendiente, deberán acreditar la condición de heredero/a forzoso/a mediante certificación del Registro Civil o Libro de Familia, y en su defecto, acta notarial de declaración de herederos/as abintestato.

También se entenderán con los herederos/as las actuaciones que procedan en relación con pagos indebidos conforme a lo previsto en el artículo anterior.

En el momento de liquidar las mensualidades devengadas y no percibidas, se procederá a regularizar dicha situación con carácter previo a su abono.

Artículo 22 Control y seguimiento de la prestación económica y los cuidados prestados en el entorno familiar

La Diputación Foral de Bizkaia podrá comprobar en cualquier momento, directamente o con el apoyo del personal profesional necesario:

• 1. El mantenimiento de las circunstancias tenidas en cuenta para el reconocimiento de la prestación, o la determinación de su cuantía, y articulará los mecanismos necesarios para proceder a su revisión si fuera necesario.
• 2. Las condiciones adecuadas de atención, de convivencia, de habitabilidad de la vivienda y las demás que garanticen la calidad de los cuidados ofrecidos a la persona en situación de dependencia en el hogar.
• 3. El estado de la persona cuidadora sobre sus aptitudes y estado de salud biopsico-social, para desarrollar las labores de cuidado y su propio proyecto vital.

Disposición Adicional Única

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que se conceda al amparo del presente decreto se hará efectiva con cargo a la partida presupuestaria consignada como: Departamento (03), Sección (0304), Programa (231109), económico (46100), número PEP 2007/0823.

Disposición Transitoria Primera

Las solicitudes de concesión, las modificaciones y revisiones de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que no hayan sido resueltas a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, se tramitaran y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.

Disposición Transitoria Segunda

Los efectos económicos de las extinciones de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, cuando el hecho causante sea anterior a la entrada en vigor del presente Decreto Foral, se regirán por lo dispuesto en el Decreto Foral 152/2016, de 11 de octubre.

Disposición Derogatoria Única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en el presente decreto foral, y en especial el Decreto Foral 152/2016, de 11 de octubre.

LE0000583770_20161014

Disposición Final Primera

Se faculta al/la Diputado/a Foral del Departamento de Acción Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para desarrollar y ejecutar este decreto foral.

Disposición Final Segunda

El presente decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».