Sumario

PREÁMBULO

La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, tras la modificación operada por el apartado cuatro del artículo 14 de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, incorpora en el Capítulo VI de su Título III una Sección 9ª, destinada a la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 79-bis de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y el apartado 5 del artículo 107 del Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, donde se preceptúa que los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán ser utilizados habitualmente para atender las necesidades en la prestación de servicios de esta naturaleza, dentro del territorio de la isla donde tengan su sede principal las empresas titulares de las autorizaciones, y ante el incremento de la actividad turística en las islas, lo que a su vez supone una mayor demanda de servicios de transportes de viajeros y, por tanto, también de servicios de transportes en vehículos turismos, a fin de evitar situaciones de posibles interferencias entre estos tipos de transportes entre si y con los servicios de los autotaxis, resulta necesario y oportuno modificar el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado mediante el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, al objeto de adoptar medidas adecuadas para la debida protección de los derechos de los usuarios, así como para evitar el intrusismo y la competencia desleal que puedan afectar, tanto a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor como al sector del taxi, mediante la identificación exterior de los vehículos amparados por la correspondiente autorización de arrendamiento con conductor.

Así pues, la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor, mediante el uso preceptivo de distintivos exteriores con la imagen del Gobierno de Canarias y las iniciales de la isla donde estén autorizados dichos vehículos, se considera el medio más idóneo para garantizar la consecución de los fines anteriormente expuestos, sin que suponga la misma una carga añadida al sector empresarial al que va destinado, ya que la confección y entrega de los distintivos identificativos correrá a cuenta de la Administración pública competente para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

En la elaboración del presente decreto se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, transparencia y eficiencia a los que debe ajustarse toda regulación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así pues, la presente norma está debidamente justificada por las razones ya expuestas. El ajuste al principio de eficacia deriva de que el presente decreto es el instrumento más adecuado para establecer la preceptividad de la identificación, mediante distintivos exteriores, de los vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor. Conforme al principio de proporcionalidad, el decreto contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. Asimismo, el decreto se ha redactado de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico vigente para facilitar su conocimiento y comprensión por las personas destinatarias de la norma, garantizándose así el principio de seguridad jurídica. Por su parte, la conciliación con el principio de proporcionalidad se aprecia al comprobarse que los preceptos de esta norma no restringen derechos. Además, al posibilitarse el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios del proceso de elaboración de este decreto por medio del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, queda garantizado el principio de transparencia. Finalmente, de acuerdo con el principio de eficiencia, este decreto no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias para sus destinatarios.

En su virtud, cumplido el trámite de consulta previa, oídas las organizaciones profesionales del sector del transporte por carretera; organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores más representativos del sector; cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación canarias; asociaciones de usuarios y consumidores; Federación Canaria de Municipios y cabildos insulares, y tras el trámite de información pública y toma de conocimiento por la Mesa de Viajeros, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes y previa deliberación del Gobierno de Canarias en su reunión celebrada el día 1 de abril de 2019,

DISPONGO: