• c) Haber estado, como mínimo y sin necesidad que sean consecutivos, doce meses entre los 16 y los 18 años bajo una medida de guarda o tutela de cualquiera de las entidades públicas de protección de menores del Estado español. Excepcionalmente, el período mínimo de doce meses mencionado no es de aplicación a las personas menores de edad sometidas a una medida administrativa de protección que retornan a su ámbito familiar cuando este retorno resulta infructuoso, así como a las personas menores de edad sometidas por primera vez a guarda o tutela administrativa después de haber cumplido 17 años.

Artículo 10 Abono

La prestación se tiene que abonar directamente a la persona beneficiaria.

3. En el caso de las personas beneficiarias de la prestación regulada en este decreto que sean o hayan sido beneficiarias del subsidio de desempleo que prevé la legislación de la Seguridad Social para las personas menores de edad privadas de libertad una vez liberadas, el período de percepción de este subsidio de desempleo, a partir de los 18 años, se computará dentro del límite temporal de 36 meses mencionado en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 5 Personas beneficiarias

1. Las personas beneficiarias de los servicios son las personas jóvenes de 18 a 25 años en riesgo de exclusión social que no tienen apoyo, que han sido objeto de una medida de protección o de justicia juvenil y no pueden retornar a su familia nuclear, motivo por el que tienen que asumir un proceso de autonomía personal, y que tienen su domicilio o residencia en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Las personas usuarias del servicio de vivienda de emancipación, entre los 18 y los 25 años, disponen de un máximo de 48 meses, consecutivos o alternos, de uso de este servicio. Excepcionalmente, y siempre que haya plaza, la estancia en este servicio se puede prorrogar cuando la persona beneficiaria esté cursando satisfactoriamente estudios académicos de larga duración o cuando, durante la fase de estancia, tenga un problema de salud temporal que le impida la búsqueda de una nueva vivienda, sin que en ningún caso se pueda superar el límite de edad de 25 años.

3. En caso de que no haya plazas disponibles, la Dirección General de Menores y Familias tiene que habilitar una lista de espera. Los criterios de prelación que tienen que regir el orden de esta lista de espera son los siguientes:

• 1º. Aquellas solicitudes procedentes de personas que bajo la guarda o tutela de la entidad pública competente permanecen hasta el final de una medida administrativa en un centro de protección.
  Estas se ordenarán según los siguientes criterios:
  • a) La edad en el momento de la solicitud, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
  • b) La fecha del registro de la solicitud, teniendo prioridad la más antigua.
  
  Como resultado de la aplicación de estos criterios se elabora un listado ordenado de las solicitudes. En el momento de disponibilidad de una plaza vacante se aplicará, entre los tres primeros de la lista, el criterio de arraigo. Este se entiende como el vínculo que tiene establecido el usuario con la entidad gestora del centro de procedencia y del recurso de destinación, en el caso de ser la misma.
• 2º. Aquellas solicitudes de personas que no provengan de un centro de protección en el momento de hacer la solicitud.
  Éstas se ordenarán según los siguientes criterios:
  • a) La edad en el momento de ofrecimiento de una plaza disponible, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
  • b) La fecha del registro de la solicitud, teniendo prioridad la más antigua.
  
  Si la persona joven en lista de espera del servicio de vivienda no acepta la plaza que se le ofrece y no lo justifica:
  • a) La primera vez que renuncie, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer una plaza durante un período de seis meses a contar desde la fecha de la renuncia expresa o no aceptación tácita.
  • b) La segunda vez, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer otra plaza durante un período de nueve meses a contar desde la fecha de la segunda renuncia expresa o no aceptación tácita.
  • c) Si renuncia una tercera vez, se entenderá que renuncia al derecho a disfrutar del servicio de vivienda.

Asimismo, la persona joven puede solicitar, de manera justificada y siempre que haya disponibilidad de plaza, el cambio de vivienda.

5. La persona usuaria dispone de un período de adaptación a cada servicio de treinta días naturales, transcurridos los cuales se consolidará su derecho al servicio. En los casos que la persona usuaria del servicio de vivienda incumpla las condiciones del contrato de uso y estancia en la vivienda, los acuerdos establecidos y la normativa, será expulsada de la vivienda, la primera vez, por un período de seis meses; la segunda vez, por un período de nueve meses, y la tercera vez, definitivamente, sin la posibilidad de acceder a otra plaza. Si hay circunstancias que impiden la atención de la persona usuaria, la entidad lo tiene que comunicar al órgano competente, mediante un informe razonado, y este órgano tiene que adoptar la resolución que corresponda.

Título V
Órganos de seguimiento

Artículo 30 Comisión de Seguimiento de Emancipación

1. Se crea la Comisión de Seguimiento de Emancipación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los usuarios de la Red Pública de Emancipación.

2. Esta Comisión está integrada por los profesionales del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias responsables de la gestión de los programas de autonomía personal, designados por la directora general, y por los representantes de las entidades concertadas, designados por estas y nombrados por la directora general.

3. Las funciones de la Comisión de Seguimiento de Emancipación son las siguientes:

• a) Evaluar el proceso de emancipación de cada persona beneficiaria del servicio.
• b) Evaluar los requisitos y las obligaciones necesarias para que la persona beneficiaria pueda seguir disfrutando de la prestación de los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación.

De la evaluación se elaborará informe técnico, a partir del cual se elaborará la propuesta de resolución corerspondiente.

4. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Emancipación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con las particularidades siguientes:

• a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de Emancipación corresponde a un miembro de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
• b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros.
• c) La Comisión de Seguimiento de Emancipación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.

5. Los representantes de la Administración se designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entiende por representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60 % del conjunto ni sea inferior al 40 %.

Artículo 31 Comisión Técnica de Derivación y Evaluación

1. En cada isla de la comunidad autónoma se constituirá una comisión técnica de derivación y evaluación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, con la finalidad de evaluar y elaborar propuestas para los casos de personas que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores que puedan ser beneficiarias de los servicios de la Red Pública de Emancipación.

2. Esta comisión está integrada por los miembros siguientes:

• a) En la isla de Mallorca
  • - Tres miembros del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
  • - Dos miembros de la entidad pública de protección de menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.
  • - Tres miembros a propuesta de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear (FEIAB), nombrados por la directora general.
• b) En las islas de Menorca, Ibiza y Formentera
  • - Dos miembros de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
  • - Dos miembros de la entidad pública de protección menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.

3. Las funciones de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación son las siguientes:

• a) Conocer a las personas jóvenes susceptibles de ser incorporadas al programa, seis meses antes de acabar la medida administrativa de protección.
• b) Colaborar en el proceso de derivación de las personas jóvenes.
• c) Establecer el inicio de la intervención educativa en coordinación con el profesional referente.
• d) Participar en la evaluación del servicio de la Red Pública de Servicios de Emancipación, indicando los aspectos susceptibles de mejora (en especial, tiene que evaluar todos los procesos).
• e) Cooperar en el desarrollo de la Red Pública de Servicios de Emancipación.
• f) Establecer directrices y protocolos para la intervención educativa y unificar estrategias de intervención mediante una metodología integral.
• g) Potenciar la formación permanente de los profesionales.
• h) Cumplir las funciones que la administración competente le encomiende.

4. El régimen de funcionamiento de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003, con las particularidades siguientes:

• a) La presidencia de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación corresponde a un miembro del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
• b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros
• c) La Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.

5. Los representantes de la Administración se designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entiende por representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60 % del conjunto ni sea inferior al 40 %.