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• PREÁMBULO
• CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1  Objeto
  • Artículo 2  Definiciones
• CAPÍTULO II.  INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL
  • Artículo 3  Reserva de plazas
  • Artículo 4  Procedimiento para la integración
• CAPÍTULO III.  INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO ESPECIAL
  • Artículo 5  Autorización de la integración
  • Artículo 6  Procedimiento para la integración
  • Artículo 7  Informe de la Consejería contratante del transporte de uso especial
  • Artículo 8  Resolución
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única  Normativa sectorial
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera  Facultad de desarrollo
  • Disposición final segunda  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

Es objeto de este decreto regular la integración de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general y de uso especial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con objeto de mejorar la prestación del citado servicio y optimizar los recursos públicos aplicados al mismo.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de este decreto se entenderá por:

• a) Servicios de transporte público regular de viajeros de uso general, los que estén dirigidos a satisfacer una demanda de carácter general, dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados, pudiendo ser utilizados por cualquier persona.
• b) Obligación de servicio público: las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar la prestación de un servicio de transporte de viajeros en unas condiciones que no serían asumidas por un operador si considerase exclusivamente su propio interés comercial, o no serían asumidas en la misma medida sin obtener una compensación por ello.
• c) Servicios de transporte público regular de viajeros de uso general con explotación deficitaria: los definidos en el apartado anterior cuando, analizada la contabilidad individualizada de cada uno de ellos, su cuenta de explotación presente saldo negativo como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas en el título concesional.
• d) Servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial: los destinados a servir exclusivamente a un grupo específico u homogéneo de personas, dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados.
• e) Capacidad residual de los vehículos: el excedente de plazas resultantes de los mismos una vez que se ha satisfecho la demanda prevista en la contratación del servicio de transporte público regular de uso especial.
• f) Línea de débil tráfico: aquella línea deficitaria y que en su conjunto atiende núcleos rurales cuya población media descontado el de mayor población no supera los 200 habitantes.
• g) Expedición: cada circulación independiente, con horario diferenciado, realizada en cualquiera de los sentidos entre la totalidad o una parte de los núcleos de población comunicados por el servicio concesional.
• h) Zona carente de servicio público de transporte de viajeros: la que no cuente con medios de transporte público que satisfaga las necesidades de comunicación de las personas usuarias con su cabecera o núcleo de referencia comarcal.
• i) Tráfico: relación en términos de transporte público existente entre dos núcleos de población o paradas.

Artículo 3 Reserva de plazas

Este capítulo tiene por objeto regular la integración del transporte público regular de uso especial en el transporte público regular de uso general a través de la denominada reserva de plazas a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 75 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Artículo 4 Procedimiento para la integración

1. El procedimiento de integración del transporte público regular de uso especial en el transporte público regular de uso general se iniciará a solicitud de la Consejería competente por razón del servicio o materia, que interesará de la Dirección General competente en materia de transportes la reserva de las plazas que considere necesarias en las expediciones de que se trate.

2. La Dirección General competente en materia de transportes instruirá el correspondiente procedimiento, dando audiencia al contratista del servicio de transporte público regular de uso general para que en el plazo de quince días alegue lo que estime oportuno y resolverá sobre la autorización de la reserva de las plazas, trasladando la misma al contratista del servicio y a la Consejería competente, para la correspondiente compensación por las plazas reservadas, en su caso.

3. Como regla general, el número de plazas de reserva que podrán ser solicitadas no excederá del 20 % del número de plazas del vehículo, salvo en líneas de débil tráfico en las cuales el límite podrá ampliarse hasta un 50 % de la media de las plazas no ocupadas en el servicio durante los 12 meses previos al inicio del procedimiento.

No obstante lo anterior y excepcionalmente, el número de plazas de reserva solicitadas podrá exceder de estos límites, siempre de acuerdo a las condiciones generales de ocupación del servicio de uso general y a las necesidades de los usuarios de uso especial, debiendo en este caso quedar garantizada la posibilidad para los usuarios de uso general que así lo deseen de utilizar el servicio en las condiciones previstas en el título concesional y a los precios contemplados en éste.

4. El plazo máximo de resolución del procedimiento a que se refiere este artículo será de tres meses. El vencimiento del plazo máximo de resolución del procedimiento sin que se haya dictado ni notificado resolución expresa habilitará a las personas interesadas que hubieren comparecido a entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Artículo 5 Autorización de la integración

La Dirección General competente en materia de transportes podrá autorizar la utilización de la capacidad residual de los vehículos de más de nueve plazas, incluido conductor, que presten servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial en las zonas rurales que carezcan de servicio de transporte público regular de viajeros de uso general o con servicio insuficiente, para la admisión de personas usuarias demandantes de transporte de uso general.

Artículo 6 Procedimiento para la integración

1. La integración del transporte público regular de uso general en el transporte público regular de uso especial se efectuará mediante el otorgamiento de una autorización especial de las previstas en el artículo 32 de la Ley de Cantabria 1/2014, 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera.

2. La citada autorización especial podrá concederse si se dan conjuntamente las siguientes condiciones:

• a) Que no exista servicio de transporte público regular de uso general que cubra el itinerario y tráficos prestados por el servicio de transporte público regular de uso especial o aquél resulta, por su frecuencia y régimen de explotación, insuficiente para responder a las necesidades de movilidad requeridas, a criterio de la Dirección General competente en materia de transportes.
• b) Que la población media de los núcleos de población atendidos por el servicio de uso especial, una vez descontada la del núcleo de mayor población, no supere los 200 habitantes.
• c) Que se justifique en el correspondiente procedimiento la inviabilidad de la explotación del servicio, o la mejora de sus prestaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas con carácter general para los servicios de transporte público regular de uso general, sin la imposición de nuevas obligaciones de servicio público a los operadores.

3. En caso de que el transporte público regular de uso especial afectado por la integración fuese un transporte escolar los viajeros de uso general no computarán como tales viajeros a la hora de aplicar los criterios establecidos en la normativa aplicable en materia de seguridad en el transporte escolar y de menores.

4. El procedimiento podrá iniciarse de oficio por la Dirección General competente en materia de transportes o a instancia de las entidades locales afectadas o de la empresa prestadora del servicio de transporte público regular de uso especial que haya sido contratada mediante los procedimientos recogidos en la normativa aplicable en materia de contratación.

Iniciado el procedimiento, la citada Dirección General solicitará informe de la Consejería que contrató el servicio de transporte público regular de uso especial para que, en el plazo de quince días, se pronuncie sobre los extremos previstos en el artículo siguiente y dará audiencia a la empresa adjudicataria del mencionado servicio así como a los contratistas de servicios regulares de uso general con tráficos coincidentes, otorgándoles igual plazo, a fin de que manifiesten lo que consideren oportuno.

5. El plazo máximo de resolución del procedimiento a que se refiere este artículo será de tres meses. El vencimiento del plazo máximo de resolución del procedimiento sin que se haya dictado ni notificado resolución expresa habilitará a las entidades locales o empresa prestadora del servicio que lo hubiesen promovido o a las personas interesadas que hubieren comparecido a entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Artículo 7 Informe de la Consejería contratante del transporte de uso especial

Corresponde a la Consejería contratante del servicio de transporte público regular de uso especial la emisión del informe a que hace referencia el artículo anterior. El informe, de carácter vinculante, deberá reflejar la conveniencia, en su caso, de la integración del servicio de transporte público regular de uso general en el servicio de transporte público regular de uso especial e incidirá especialmente en los siguientes aspectos:

• a) Que se mantienen los requisitos previstos en la normativa específica, si la hubiere, sobre condiciones de seguridad de la clase de transporte público regular de uso especial en la que se pretende integrar al transporte público regular de uso general.
• b) Que el transporte se realiza, en todo caso, en vehículos de más de nueve plazas, incluido conductor.
• c) Estimación del número máximo de personas usuarias previsto en la contratación del transporte público regular de uso especial y del número de plazas del material móvil contratado al efecto con la empresa transportista.

Artículo 8 Resolución

1. La resolución de la Dirección General competente en materia de transportes se fundamentará en el contenido del informe previsto en el artículo anterior y se pronunciará expresamente acerca de:

• a) La necesidad de integración de ambos servicios, adjudicando de forma directa al contratista del servicio de transporte público regular de uso especial el transporte público regular de uso general con condiciones especiales de prestación, siempre y cuando dicha adjudicación directa pueda realizarse de acuerdo con los límites contenidos en la normativa establecida al respecto.
• b) La falta de incidencia de la integración en el derecho de exclusividad del servicio de transporte público regular de uso general preexistente si lo hubiere o, en caso contrario, la

  adopción de un mecanismo de coordinación que haga posible la compatibilidad de ambos intereses, con respeto a los plazos y condiciones de prestación establecidos para el servicio de transporte público regular de uso especial.

• c) La definición de itinerario y puntos de parada, horarios y vehículos autorizados, que coincidirán con aquellos del servicio de transporte público regular de uso especial.
• d) Las condiciones del transporte en términos de delimitación de plazas en los vehículos o distribución de los viajeros.
• e) La tarifa aplicable a las personas usuarias de carácter general, que será la del servicio de transporte público regular de uso general existente o, en su defecto, la media ponderada de la tarifa de los demás servicios de transporte público regular de uso general prestados en la comarca de destino del servicio de transporte de uso especial y en defecto de éstas, la tarifa mínima vigente para los servicios de transporte público regular de uso general de titularidad autonómica. En cualquier caso, se entregará un billete al viajero de uso general, que será la formalización de su contrato de transporte y el documento válido para el ejercicio de sus derechos. El billete podrá revestir forma electrónica en el caso de que el transportista cuente a bordo del vehículo con los medios de validación electrónicos.
• f) Los mecanismos compensatorios al operador que fueren necesarios para responder de las obligaciones de servicio público impuestas, si ha sido éste el caso, en particular para atender a la población en días de no prestación del servicio de transporte público regular de uso especial, y el plazo del contrato, que no podrá exceder del previsto en el contrato de transporte público regular de uso especial. Excepcionalmente, en el caso de transporte escolar el plazo del contrato para la prestación del servicio de transporte público regular de uso general podrá extenderse hasta el comienzo del curso escolar siguiente para el cual fue adjudicado el contrato de transporte público regular de uso especial. Las obligaciones de servicio público estarán condicionadas a las exigencias definidas en la normativa vigente en la materia.
• g) La obligación por parte del transportista de llevar el control de las personas usuarias de carácter general transportados en una hoja de ruta independiente, a fin de conocer el grado de aceptación social, eficacia y relevancia económica de la medida de integración adoptada, y que reflejará la totalidad de los ingresos mensuales obtenidos de este colectivo, con la obligación de ser trasladada mensualmente a la Dirección General competente en materia de transportes.

2. En el caso de que el contratista del servicio de transporte público regular de uso especial fuera el mismo que el contratista del servicio de transporte público regular de uso general, cuyos itinerarios coincidieran en más de un 90 por ciento y siempre que se cumplan los criterios recogidos en el artículo 6.2 de este decreto, la Dirección General competente en materia de transportes, previo informe de la Consejería contratante del servicio de transporte público regular de uso especial en los términos recogidos en el artículo 7 de este decreto, podrá modificar, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación vigente, el número de expediciones, horarios y paradas del servicio de transporte público regular de uso general, adaptándolos al contrato del servicio de transporte público regular de uso especial, de forma que se mejore el servicio a la ciudadanía, prestándose los servicios conjuntamente.

En este caso, la resolución recogerá la justificación de prestar los servicios conjuntamente, la definición del itinerario y puntos de parada, horarios y vehículos autorizados que, en periodo escolar, coincidirán con aquellos del servicio de uso especial, con la posibilidad de incluir algún punto de parada para recoger a viajeros de uso general y las condiciones del transporte en términos de delimitación de plazas en los vehículos o distribución de los viajeros. En todo lo demás, para realizar el transporte de viajeros de uso general deberán cumplirse las condiciones que exija el contrato del servicio de transporte público regular de uso general correspondiente.

Disposición adicional única Normativa sectorial

La regulación prevista en este decreto no excluye la aplicación de la normativa sectorial de que se trate en relación con los demás ámbitos que puedan resultar afectados. En particular, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y normativa que la sustituya.

Disposición final primera Facultad de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de transportes para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este decreto.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.