Sumario

PREÁMBULO

El artículo 8 de la Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de Investigación y Desarrollo Tecnológico, creó la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología y le atribuyó las funciones que hacen referencia a la promoción, la elaboración y la ejecución de la planificación en materia de investigación y desarrollo tecnológico.

El apartado segundo del citado precepto legal remite a una norma de rango inferior la composición del Pleno de la Comisión Interdepartamental, y el apartado quinto del mismo artículo prevé la posibilidad de delegar en una comisión parte de sus funciones, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. En cumplimiento de esta disposición, el Decreto 97/1998, de 6 de noviembre, estableció la regulación y especificó la composición del Pleno y de la Comisión Permanente, así como las normas mínimas de funcionamiento de este órgano. El Decreto 65/2000, de 7 de abril, y el Decreto 12/2004, de 30 de enero, adaptaron la composición de la Comisión a la estructura del Gobierno de las Illes Balears vigente en cada momento.

Considerando la actual estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, configurada por el Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y por el Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 22/2019, de 19 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, se ve necesaria una nueva reforma del Decreto que adapte la composición de la Comisión a la nueva estructura de las consejerías y al nuevo reparto de competencias.

Este decreto se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; está justificado por razones de interés general, dada la finalidad que persigue; contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que pretende satisfacer; es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y no establece trámites adicionales o diferentes de los previstos en la citada ley.

Por todo ello, a propuesta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 24 enero de 2020,

DECRETO