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Sumario

PREÁMBULO

Con el objetivo de reducir la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de la actividad agraria, así como de actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones, la Unión Europea aprobó la Directiva 91/676 del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, se traspuso la Directiva precitada al ordenamiento jurídico español.

Las normativas mencionadas imponen a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de procedencia agraria. Por otra parte, establecen los criterios a seguir para designar como zonas vulnerables a aquellos territorios cuya escorrentía o filtración afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas adecuadas, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas.

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 152.1.a), la competencia exclusiva en materia de aguas, que incluye, en todo caso, la regulación, planificación y gestión del agua, en todas sus manifestaciones, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, régimen de protección, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general. Asimismo, el artículo 153 de dicho Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal en materia de medio ambiente.

Por otra parte, el artículo 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, señala que el Gobierno, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, está facultado para regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con excepción de las reservadas por el Estatuto de Autonomía a las leyes, así como para dictar normas en desarrollo y aplicación de las leyes.

En aplicación de todo lo anterior, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación.

Las zonas designadas como vulnerables deben ser examinadas y, en su caso, modificadas o ampliadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.

Tras el proceso de planificación, mediante el cual se ha recopilado y valorado toda la información sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, y habiendo transcurrido el plazo previsto en el Real Decreto citado, resulta necesario modificar tanto la relación de masas de agua afectadas, como la designación de zonas vulnerables existente, para ajustarlas a la realidad actual.

Por todo ello, nace esta norma con plena adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia; todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, la citada norma encuentra su justificación, en cuanto a la necesidad y la eficacia, en el cumplimiento del mandato contenido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, pues tiene como fin designar tanto las masas de aguas como las zonas vulnerables que estén o puedan verse afectadas por contaminación de nitratos, para adoptar las medidas adecuadas al respecto. Se cumple asimismo el principio de proporcionalidad, porque la presente norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, que es la de dar cumplimiento a lo exigido por la citada normativa europea y estatal; y también queda garantizado el principio de seguridad jurídica, porque se establece un marco normativo estable, que se adopta teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico nacional de carácter básico y la normativa de la Unión Europea. Por último, se respetan también los principios de transparencia y eficiencia porque se han evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias y se ha dado cumplimiento al trámite de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de esta norma, en los términos del artículo 133 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, oídos los Consejos Insulares de Aguas de cada isla, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de junio de 2020,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición derogatoria única Derogación de normas afectadas

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto y, en particular, queda derogado el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha contaminación.

LE0000046368_20000420

DISPOSICIONES FINALES