LEY 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana

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Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.

Preámbulo

I

La pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 está provocando una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial, con unas consecuencias económicas y sociales de tal magnitud que tan solo una respuesta colectiva, consensuada y solidaria puede afrontar. Desde la declaración de la pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, una serie de medidas de distinta naturaleza han sido adoptadas tanto por el Gobierno de Canarias como por el Gobierno de España con el fin de paliar los graves efectos que la misma está produciendo en el tejido económico y social, pero sin duda el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias representa la piedra angular necesaria para afrontar el formidable reto colectivo en el que estamos sumidos, al que solo podremos enfrentarnos con una firme voluntad de unión y consenso.

Ciertamente, el impacto definitivo que acabe produciendo la actual situación de emergencia dependerá, en gran medida, del éxito en la movilización de recursos nacionales y de la Unión Europea y de una adecuada coordinación entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales, incluyendo la flexibilización de las reglas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, pese al elevado grado de incertidumbre que aún persiste en cuanto a la profundidad de la crisis económica y la capacidad de respuesta comunitaria, el Gobierno de Canarias debe ir haciendo uso de aquellos instrumentos de los que dispone para mitigar las graves consecuencias de la misma, a las que la Hacienda Local no es ajena, siendo buena prueba de ello la elevada caída de los ingresos derivados del Bloque de Financiación Canario, que repercute de modo directo en los ingresos corrientes de todas las administraciones públicas canarias.

Con diversos antecedentes, que se apoyaban en el artículo 20 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que concreta de manera efectiva el principio de coordinación interadministrativa en materia de financiación local y tras un largo proceso de debate institucional entre el Gobierno y la Federación Canaria de Municipios, se fraguó el proyecto normativo que dio origen a la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. Este instrumento facilitó un sistema estable de financiación municipal que pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a nivel autonómico a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de suficiencia financiera (artículo 142 CE). Asimismo, su sistema de indicadores, obtenidos a través de la realización de auditorías de gestión, se ha erigido en un elemento muy relevante de análisis de la situación económica financiera municipal, introduciendo unos elementos de disciplina fiscal que encuentran un anclaje estatutario en el artículo 180 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

A través de la presente ley, con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios y previo informe del Consejo Municipal de Canarias, se establece un régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para el presente ejercicio. De este modo, a pesar de que se siguen manteniendo los valores de los indicadores establecidos en el artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, los mismos se configuran a los meros efectos de diagnóstico económico financiero, procediéndose a regular un régimen especial del destino de la parte del Fondo contemplada en el artículo 1.1.a) de su ley reguladora, para que pueda ser destinado a las políticas de gasto indicadas vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes. Sin perjuicio de ello, aquellos ayuntamientos con una peor situación de salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Asimismo, a idénticas finalidades podrán ser destinados los excesos de financiación no utilizados derivados del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondientes al ejercicio 2019. Como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos, que por razón de la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, referidas a la parte del Fondo previsto en la letra b), del apartado 1, del artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, así como un anticipo de carácter excepcional, por idéntica cuantía que el previsto en el apartado 5, del artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, que será hecho efectivo en este segundo cuatrimestre. Por último, se amplían los plazos para la presentación de la documentación necesaria para la elaboración de la auditoría y para el acuerdo de toma en consideración de la misma, en coherencia con el diferimiento de los plazos legales de rendición de la cuenta general en un período equivalente a la duración efectiva del estado de alarma, aprobada por el Real Decreto-ley 11/2020, y se regula el pago final del Fondo durante el último trimestre del ejercicio, conjuntamente con la distribución definitiva del Fondo correspondiente a 2018.

II

Por otro lado, resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser superada con el concurso de toda la sociedad. En tal sentido, el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, suscrito el pasado 30 de mayo, apela a la necesaria participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la prestación de los servicios públicos. Para ello, el pacto contiene el decidido impulso a la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, interiorizando el espíritu de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) como guía que oriente el diseño del correspondiente Plan de acción derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social. Previamente, el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2019, de encomienda de la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (BOC de 10.1.2020) ordena que en el proceso de elaboración de la misma se dé participación a la ciudadanía y a los agentes económicos, sociales y académicos. Por todo ello, y por un elemental compromiso con este pilar del gobierno abierto, es preciso más que nunca poner en valor el mandato, recogido en el artículo 9.2 de nuestra Constitución española, de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, también contemplados de modo expreso en el artículo 31 así como en el decimoctavo principio rector de su artículo 37 de nuestro Estatuto de Autonomía.

En el momento de la publicación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, ni en el ordenamiento jurídico estatal, ni en los diferentes ordenamientos autonómicos, se había regulado -a excepción de la Comunidad Autónoma de Valencia-, con carácter general y unitario, el derecho a la participación ciudadana y a su fomento. Esta normativa ha quedado muy pronto obsoleta dada la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos participativos que se pudieran iniciar. En concreto, la regulación actual del Registro de Participación Ciudadana exige una solicitud previa y posterior resolución de inscripción, lo que supone una carga administrativa estéril para el interesado y un escollo insalvable a la hora de iniciar procesos participativos por parte de la Administración del Gobierno de Canarias, como el que de modo inmediato debe ponerse en marcha. Por otro lado, este trámite ha desincentivado la participación y lo demuestra el hecho de que en el citado registro actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 44 personas desde que en 2010 se publicara la ley.

Dada la imperiosa necesidad de construir canales, instrumentos y procedimientos eficaces que faciliten a la ciudadanía y a las entidades de participación ciudadana trasladar sus opiniones, propuestas o alternativas a la Administración para dar cobertura al proceso participativo derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias y de la propia Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, resulta obligado acometer una reforma puntual de la citada Ley 5/2010, de 21 de junio, a fin de remover este obstáculo y que con carácter inmediato puedan iniciarse los procesos participativos necesarios para el buen fin de aquellos, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 108.a) de nuestro Estatuto de Autonomía.

La presente modificación configura al Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible, puesto que para acceder a tales procesos no será preciso la inscripción y autorización administrativa con carácter previo sino la mera participación en el correspondiente proceso. Para ello, se da nueva redacción al artículo 15, actualiza el registro actual como un instrumento abierto y se suprimen las referencias que los artículos 13, 21 y 22 hacen al registro y la inscripción previa en el mismo como requisito de participación.

Por último, y como consecuencia de lo expuesto, se acuerda la derogación total del Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como del Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su contenido aún vigente presenta una alta complejidad y carga burocrática que los convierte en un factor disuasorio para la participación. La presente ley profundiza de esta manera en remover los obstáculos a la participación ciudadana, tanto a título individual como colectivo, sin renunciar a su normalización institucional dentro del Gobierno de Canarias de forma que se asegure su realización con unos estándares de calidad adecuados.

III

La ley está integrada por un artículo único, tres disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.

El artículo único regula el régimen excepcional aplicable al Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente a 2020.

Las disposiciones derogatorias primera y segunda abrogan, respectivamente, el artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, y los decretos 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, y 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La disposición final primera modifica los artículos 13, 15, 21 y 22 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, y la final segunda dispone la entrada en vigor del presente decreto ley el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Esta ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 31 de julio, toda vez que el Parlamento aprobó su tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley.

Disposiciones derogatorias

Primera Derogación del artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020

Queda derogado el artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

LE0000656902_20210101

Segunda Derogación del desarrollo reglamentario del Registro de Participación Ciudadana y de las consultas ciudadanas de interés general

Quedan derogados expresamente el Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

LE0000537032_20141002D 94/2014 de 25 Sep. CA Canarias (Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana)LE0000537033_20141002D 95/2014 de 25 Sep. CA Canarias (Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma)

Tercera Derogación del Decreto ley 12/2020, de 30 de julio

Queda derogado el Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, sin perjuicio de los efectos que hubiera podido producir durante su vigencia.

LE0000672281_20200731

Disposiciones finales

Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.