RESOLUCIÓN JUS/160/2021, de 25 de enero, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña para el establecimiento del marco de actuación en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita durante el año 2021

1 Objeto

Este Convenio tiene por objeto regular el marco de actuación para el año 2021 de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita mediante las actuaciones de la abogacía, con la determinación de su contenido y alcance, y establecer la subvención destinada a contribuir a la financiación del servicio, de conformidad con lo que prevén los artículos 90.3.c, 94.2 y 94.5 del TRLFPC y el artículo 22.2 de la LGS.

2 Régimen jurídico

Este convenio se corresponde con la tipología definida en el artículo 47.2.c de la LRJSP y el artículo 108.1 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña (en adelante, Ley 26/2010), dadas las obligaciones jurídicas directas para las partes que en el mismo se especifican. Por tanto, se rige por sus pactos y, en lo que no esté previsto en ellos, por la legislación sectorial correspondiente y por los preceptos que resulten aplicables de los artículos 108 a112 de la Ley 26/2010 y del capítulo VI del título preliminar de la LRJSP, como también, para resolver las dudas y las lagunas que se puedan plantear, por los principios de la legislación sobre contratos del sector público (artículo 109.2 de la Ley 26/2010).

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 94.5 del TRLFPC, que establece la posibilidad que la concesión de una subvención se instrumente mediante acuerdos, pactos o convenios con entidades de derecho público o privado, si estos medios son más eficientes para alcanzar los objetivos fijados, si bien son exigibles los mismos requisitos, que, con carácter general, establece el capítulo IX del TRLFPC. Asimismo, el artículo 48.7 de la LRJSP dispone que el convenio que instrumente una subvención tiene que cumplir lo que prevé la LGS y la normativa autonómica.

3 Mejora del sistema y de la calidad del servicio

Con el objetivo de mejorar la efectividad y la calidad de la prestación del servicio y del sistema de asistencia jurídica gratuita, sobre la base del Acuerdo firmado en fecha 14 de julio de 2020, las partes se comprometen a lo siguiente:

• - La plena implantación del expediente electrónico. De acuerdo con la Orden JUS/535/2010, de 12 de noviembre, por la cual se aprueba la aplicación correspondiente a la automatización de los procedimientos tramitados por las comisiones de asistencia jurídica gratuita, el Departamento fija los requerimientos técnicos y organizativos de la informatización de la justicia gratuita (DOGC núm. 5761, de 23.11.2010) y los colegios por su parte deben adaptar sus medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la aplicación informática AJG, como medio que garantiza el cumplimiento de las normas de interoperabilidad y especialmente la tramitación electrónica del expediente administrativo, y de acuerdo con la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
• - En el ámbito de las actuaciones profesionales de asistencia, representación y defensa, el CICAC y los colegios de la abogacía tienen que facilitar y colaborar en la puesta en marcha de mecanismos para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto al servicio recibido del profesional de oficio, mediante encuestas u otros sistemas que el Departamento apruebe.

  La información sobre el servicio prestado tiene que incluir los diferentes ámbitos de prestación del servicio con respecto a profesionales, jurisdicciones y turnos de guardia.

• - En el ámbito de los servicios de orientación jurídica, el CICAC y los colegios se comprometen a garantizar una buena atención a la ciudadanía y a implantar la solicitud normalizada de AJG telemática. Por eso, se analizará el desarrollo de la función de los letrados que atienden a estos servicios, se identificarán las mejoras que hace falta poner en marcha para disminuir las listas de espera y conseguir un funcionamiento de calidad que garantice la orientación de las pretensiones de los usuarios y la viabilidad de estas, así como que evite los conflictos procesales informando sobre las vías alternativas de resolución de conflictos.
• - En el ámbito de la tramitación y resolución de los expedientes de justicia gratuita, el CICAC y los colegios se comprometen a garantizar la aplicación de la normativa vigente, la máxima agilidad por parte de los colegios y a solicitar, cuando sea necesario, la documentación que haga falta para completar el expediente y hacer los requerimientos adecuados para su dictamen provisional. Esta importante tarea constituye un beneficio y una garantía para la correcta resolución de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, simplifica el estudio de las peticiones, disminuye las reclamaciones de documentación y agiliza los plazos de resolución de los expedientes.

Con el fin de desarrollar las previsiones de este apartado, una comisión específica de este convenio, prevista en el pacto 14, hará el seguimiento y el análisis de la aplicación de las medidas, criterios y sistemas establecidos para la mejora del servicio y dará cuenta a la comisión mixta del cumplimiento de los acuerdos de este convenio.

4 Turnos de prestación de la asistencia letrada

La prestación de una asistencia letrada de calidad requiere de la debida especialización de los letrados que tienen que prestar el servicio. Por este motivo, es necesario que los colegios de abogados dispongan de los correspondientes turnos especializados por materias y en función de los tipos de procedimientos que tienen que atender dentro de su ámbito territorial.

En el ámbito de la asistencia letrada, cada colegio de abogados debe establecer, como mínimo, los turnos siguientes: asistencia letrada de detenidos/imputados, asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer, asistencia en materia de extranjería, y asistencia letrada a menores.

Se establecen para cada colegio los turnos de guardia que figuran en el anexo 3 de este convenio, sin perjuicio de que, de acuerdo con la comunicación que prevé el artículo 19.2 del Decreto 252/1996, si procede, puedan revisarse.

En caso de que, por razones excepcionales debidamente motivadas, algún colegio de abogados tenga que modificar el sistema de prestación de la asistencia estableciendo nuevos turnos o aumentando el número de letrados asignados a un turno, lo tiene que comunicar previamente al Departamento a fin de que este dé su aprobación, previo informe de la comisión mixta de asistencia jurídica gratuita. En casos urgentes, resolverá inmediatamente el Departamento, que deberá dar cuenta en la próxima reunión de dicha comisión mixta.

Los colegios de abogados tienen que velar por que el número de asistencias que se realicen en cada ámbito y turno se ajuste a lo que se establece en este acuerdo y a lo que determina el artículo 19 del Decreto 252/1996.

La asistencia a las víctimas de violencia sobre la mujer se tiene que realizar de acuerdo con el principio de unidad de defensa, de manera que los profesionales designados, pertenecientes al turno específico creado en cada colegio, actúen en todos los procedimientos relacionados con la situación de maltrato. La compensación de las actuaciones de estos profesionales se hará de acuerdo con lo que prevé el artículo 24 del Decreto 252/1996 para la asistencia al detenido, pero en referencia, en este caso, a la asistencia a la víctima de violencia sobre la mujer; en los casos en que no esté establecida la compensación mediante el módulo de guardia, se tiene que compensar con el módulo de asistencia.

5 Módulos de compensación, gasto previsto y financiación

Se aprueban los módulos de indemnización económica de las actuaciones profesionales para el año 2021 que figuran en el anexo 1 de este convenio, los cuales se aplicarán con efectos desde el 1 de enero de 2021.

A fin de que todos los colegios de abogados apliquen los módulos de compensación de manera uniforme, los colegios de abogados tendrán que cumplir con especial diligencia los criterios de interpretación que figuran en el anexo 2.

En cumplimiento del mandato legal del artículo 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (en adelante, LAJG), la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Justicia, se compromete a abonar al CICAC la subvención destinada a compensar los gastos en concepto de gastos de gestión colegial y los relativos a las actuaciones de los profesionales designados de oficio, derivados del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita con cargo a la partida presupuestaria D/482.0011.00/2110 destinada a subvencionar al CICAC por la prestación de asistencia jurídica gratuita, del presupuesto del ejercicio 2021.

La subvención mencionada, que tiene carácter nominativo, está establecida en el presupuesto de gastos correspondiente, y en los términos previstos en el artículo 90.3.a del TRLFPC.

La subvención inicial de acuerdo al Decreto 146/2020, de 15 de diciembre, por el cual se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2020 mientras no entren en vigor los del 2021, es de 56.700.000 (cincuenta y seis millones setecientos mil) de euros.

El importe global anual de la subvención vendrá determinado por el importe final que se consigne a la mencionada partida presupuestaria, visto su carácter ampliable.

La previsión del gasto correspondiente a la asistencia jurídica gratuita y gastos de gestión colegial para el año 2021 es de 60.279.000 (sesenta millones doscientos setenta y nueve mil) de euros, de los cuales 57.306.000 (cincuenta y siete millones trescientos seis mil) de euros corresponden a la compensación de las actuaciones profesionales y 2.973.000 (dos millones novecientos setenta y tres mil) de euros a los gastos de gestión colegial.

Estos importes tienen carácter estimativo y se basan en las previsiones realizadas con los datos del año 2019, ya que las del 2020 no son representativas a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Para el año 2021 se ha estimado un aumento del volumen de actividad del 2 % respecto al año 2019, vista la evolución media de actuaciones del periodo 2017-2019.

Los importes definitivos de la subvención deben determinarse en función del número de expedientes y de las actuaciones efectivamente acreditadas y justificadas, por lo que durante el ejercicio presupuestario se procederá a hacer las modificaciones de crédito que corresponda para ampliar, si procede, la dotación presupuestaria, de acuerdo con el informe de 8 de octubre de 2020 de la Dirección General de Presupuestos.

Vistas las características de los beneficiarios y la naturaleza de las actuaciones subvencionadas, no es necesario el establecimiento de garantías sobre el anticipo o el pago a cuenta concedidos.

La aprobación de este acto implica la autorización a las unidades administrativas para la contabilización de la disposición de crédito a favor del CICAC en el sistema corporativo de la contabilidad GECAT y la autorización para la contabilización del reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas.

El CICAC y los colegios de la abogacía, en su condición de entidades colaboradoras en la distribución de la subvención, tienen que cumplir todas las obligaciones previstas por los artículos 15 de la LGS, 91.c y 96 del TRFPC. Asimismo, tienen que facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos de control de la Generalidad de Cataluña.

El incumplimiento del objeto de la subvención por causas directamente imputables a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, así como la concurrencia de cualquiera de las causas previstas por el artículo 99 del TRLFPC, y en especial por el artículo 92 bis, apartado 3, en relación con las donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios a título gratuito, así como por el artículo 37 de la LGS, dará lugar a la revocación de la subvención, total o parcialmente, según corresponda.

6 Tramitación y justificación de la subvención

La subvención por gastos de gestión colegial y por las actuaciones profesionales será entregada mediante anticipos trimestrales. El pago correspondiente a las actuaciones profesionales se hará efectivo mediante abonos mensuales y el correspondiente a los gastos de gestión colegial, mediante abonos trimestrales.

De acuerdo con el artículo 25 del decreto 252/1996, la facturación de la actuación letrada se efectuará una vez se haya acreditado el inicio de la actividad profesional y el cumplimiento de los trámites procesales que para cada tipo de procedimiento define ese artículo. Asimismo la documentación justificativa tiene que expresar inequívocamente que la actuación ha sido realizada por el letrado o letrada y tiene que incluir la documentación completa que acredite la actuación realizada en los términos que establece el artículo mencionado.

El importe final de los sucesivos anticipos entregados será objeto de regularización y compensación una vez se presente la justificación del gasto efectivamente producido, con el fin de asegurar que los importes definitivos se ajustan estrictamente al gasto justificado.

Para proceder a la entrega de los anticipos trimestrales, el CICAC tiene que presentar, en formato electrónico, y dentro de los primeros quince días de cada trimestre natural, el certificado que prevé el artículo 32.1 del Decreto 252/1996, con el fin de poder tramitar la entrega del anticipo. En caso de que el CICAC no cuente en este plazo con la información de todos los colegios de abogados, tiene que enviar al Departamento un certificado con los datos de los colegios de abogados de que disponga, para que el Departamento pueda tramitar la entrega del anticipo de fondos para estos colegios, en los términos previstos en el artículo 31 del Decreto 252/1996. Cuando el CICAC remita la información correspondiente a los colegios que no la hayan entregado en el plazo establecido, el Departamento tramitará el importe complementario del anticipo para estos colegios.

De acuerdo con el artículo 32 del Decreto 252/1996, los colegios de abogados, a través del CICAC, tienen que presentar al Departamento de Justicia, dentro de los primeros quince días de cada trimestre natural, mediante el sistema informático AJG, el contenido de la justificación del trimestre inmediatamente anterior. El contenido de la justificación se tiene que presentar desglosado por los turnos y áreas / partidos judiciales que se indican en el anexo 3 y de acuerdo con los datos específicos del anexo 4 de este convenio.

7 Procedimiento de tramitación de requerimientos

Si, como consecuencia de la revisión, fiscalización y control de las justificaciones de actuaciones y devoluciones presentadas por los colegios de abogados y el CICAC, el Departamento tiene que efectuar un requerimiento de enmienda o de información adicional de eventuales incidencias que se hayan detectado, el procedimiento electrónico que se seguirá para la tramitación de estos requerimientos será el siguiente:

• - Informe de incidencias y requerimiento por parte del Departamento de Justicia.
• - Envío del fichero con las incidencias al CICAC y al colegio afectado.
• - Concesión de un plazo de 10 días hábiles para subsanar la incidencia, presentar alegaciones y/o aportar documentación complementaria justificativa, según corresponda.

De acuerdo con la normativa vigente aplicable en materia de asistencia jurídica gratuita y de subvenciones, si transcurridos los plazos concedidos no se han acreditado las actuaciones profesionales y se han subsanado las incidencias requeridas, deberán devolverse al Departamento de Justicia los importes no justificados. Esta devolución deberá hacerse en la siguiente justificación trimestral que se efectúe. Si no se devuelven los importes no justificados, el Departamento los deducirá en la regularización que anualmente se lleva a cabo al final del ejercicio.

Los colegios de abogados tienen que indicar y certificar el trimestre en que se devuelven los importes procedentes de incidencias detectadas en la revisión de las justificaciones.

8 Gastos de gestión

El Departamento compensará los gastos de gestión colegial de la prestación de la asistencia jurídica gratuita con el importe resultante de aplicar un módulo de 13,5 euros por expediente de asistencia jurídica gratuita tramitado por los colegios de abogados.

Para el cálculo del número de expedientes tramitados se computarán, además de los enviados a la comisión de asistencia jurídica gratuita, aquellos que de acuerdo con la normativa vigente en materia de asistencia jurídica gratuita no hay que enviar a la comisión.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 30 del Decreto 252/1996, el importe de esta compensación junto con la subvención otorgada por la prestación del servicio de orientación jurídica no puede superar el 8 % del importe devengado por los asuntos del turno de oficio de la anualidad.

En cumplimiento del art. 4 de la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, modificada por la Orden VEH 79/2020, de 9 de junio, sobre las formas de justificación de las subvenciones, con el fin de hacer efectiva la entrega de estos importes, el CICAC debe remitir al Departamento, dentro del plazo de los quince días naturales siguientes al fin de cada trimestre, esta documentación:

• a) Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad del servicio subvencionado, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
• b) Una memoria económica, que debe contener:
  • - Una certificación global donde se indique el número total de expedientes de asistencia jurídica tramitados por los colegios de abogados de Cataluña durante el trimestre justificado.
  • - El importe resultante de la aplicación del módulo económico por el número total de expedientes.
  • - El desglose de los datos anteriores por colegios de acuerdo con las certificaciones enviadas por estos.

  Esta certificación global del CICAC deberá adjuntar las certificaciones emitidas por cada uno de los colegios de abogados, que tienen que comprender de forma desglosada y de acuerdo con el modelo normalizado del anexo 5, el número y el detalle de los expedientes, especificando:

  • - Expedientes enviados para que los resuelva la comisión.
  • - Asistencias penales que no derivan en procedimiento judicial.
  • - Supuestos de reconocimiento legal del derecho previstos en los apartados g, h e i del artículo 2, en la disposición adicional segunda de la LAJG.
  • - Expedientes cuya pretensión es instar un procedimiento judicial y que, una vez requerida la documentación a la persona solicitante, se archivan porque no figura ninguna documentación económica a valorar (art. 14 de la LAJG y art. 11 del Decreto 252/1996).
  • - Otros supuestos: desistimientos, archivo de actuaciones judiciales, etc.

En caso de que los datos certificados por los colegios no coincidan con los que constan en la aplicación informática AJG, prevalecen los datos de la aplicación, sin perjuicio de la valoración de las alegaciones que puedan efectuar los colegios para su justificación.

El Departamento debe hacer la entrega de fondos con periodicidad trimestral, de acuerdo con las certificaciones trimestrales recibidas.

El CICAC debe distribuir el importe resultante entre los diferentes colegios de abogados y el propio CICAC, de acuerdo con los criterios que este acuerde en función del número de expedientes y de la actividad de gestión realizada (número de designaciones emitidas, actuaciones profesionales acreditadas, etc.) y debe comunicar al Departamento, durante el primer mes del año siguiente, la distribución del importe que se ha realizado por colegios y CICAC.

9 Aplicación informática

De acuerdo con la Orden JUS/535/2010, se ha desarrollado la aplicación informática AJG, que permite la tramitación electrónica de los expedientes de justicia gratuita de los colegios a las comisiones de asistencia jurídica gratuita para su resolución y también la tramitación de los datos justificativos de las actuaciones realizadas para su gestión, control y compensación económica.

De conformidad con la disposición adicional de la Orden mencionada, los colegios de abogados y de procuradores de los tribunales de Cataluña tienen la obligación de adaptar sus medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la aplicación AJG.

En este sentido, el CICAC y los colegios se comprometen a la total implantación del expediente electrónico, para lo cual el CICAC velará para que los colegios de abogados tramiten a través de la aplicación AJG todos los expedientes de solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, con la información completa sobre los datos personales, económicos y de la defensa de los solicitantes, con el máximo rigor, diligencia y celeridad posible.

En la vertiente de gestión económica del expediente electrónico, el CICAC se compromete a la plena tramitación electrónica de los datos justificativos de las actuaciones realizadas por los abogados y abogadas mediante el sistema AJG, en tiempo y forma, y de acuerdo con los requerimientos establecidos para proceder a la tramitación del pago.

Los requerimientos técnicos y organizativos que se vayan implantando los establecerá el Departamento de Justicia, que los comunicará en las reuniones correspondientes de seguimiento técnico de la aplicación informática, de acuerdo también con lo que establece la disposición adicional de la Orden mencionada. Los colegios de abogados adaptarán sus medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la aplicación informática AJG.

Con el fin de desarrollar las previsiones de este apartado, la comisión técnica prevista por el pacto 14 hará el seguimiento de las diferentes cuestiones que surjan a raíz de la implantación de esta nueva aplicación informática, así como con respecto a la adopción de las medidas apropiadas tendentes a la dinamización y cumplimiento de los objetivos previstos.

10 Tramitación de expedientes

Los colegios de abogados se comprometen a tramitar los expedientes de solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita con la máxima diligencia y celeridad posible mediante la aplicación informática AJG, en los plazos legalmente establecidos, y a enviar a las comisiones de asistencia jurídica gratuita los expedientes completos (solicitud, documentación aportada, datos económicos, dictamen provisional del colegio y designación).

El Departamento se compromete a impulsar que las comisiones de asistencia jurídica gratuita tramiten con la máxima diligencia y celeridad posible, en los plazos legalmente establecidos, los expedientes que remitan los colegios de abogados.

Asimismo, el Departamento de Justicia debe velar ante los órganos de gobierno del poder judicial para que cuando la parte cuyo derecho de asistencia jurídica gratuita ha sido reconocido venza en el procedimiento judicial correspondiente con condena en costas de la parte contraria, estas, una vez consignadas por la parte condenada, sean abonadas por el órgano judicial, en la parte que corresponda, directamente al profesional designado para llevar a cabo la asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con el artículo 36 de la LAJG, interpretado como un derecho subjetivo, de naturaleza patrimonial, a la indemnización en favor de los profesionales intervinientes en la representación y defensa del beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita (Auto 309/2010, de 20 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12.ª).

11 Reintegro económico

Con el fin de conseguir la máxima eficiencia de los sistemas de reintegro económico que prevé la LAJG, en su artículo 36, el Departamento de Justicia trasladará a las comisiones apropiadas la necesidad de que se priorice, fundamentalmente en el ámbito penal, la tramitación de las juras de cuentas y tasaciones de costas.

12 Conocimiento de la lengua catalana

El CICAC y los colegios de abogados de Cataluña deben garantizar que los profesionales que presten el servicio de asistencia jurídica gratuita informen sobre los derechos lingüísticos y puedan atender y actuar en la lengua que, de entre las dos lenguas oficiales de Cataluña, escoja el ciudadano que acceda al servicio.

13 Formación y especialización

El CICAC y los colegios de abogados velarán para que los profesionales que prestan el servicio de defensa de oficio y asistencia letrada cumplan los requisitos de formación que son exigibles de acuerdo con la LAJG, la normativa que la desarrolla y el Decreto 252/1996.

Los turnos específicos en materia de víctimas de violencia sobre la mujer, de extranjería, de menores y en materia penitenciaria estarán formados por profesionales que, además de cumplir los requisitos generales anteriores, tengan una formación específica en la materia, con la superación de cursos específicos de formación y/o la acreditación de experiencia profesional en la tramitación de estos asuntos.

El CICAC aprobará los programas de formación general sobre la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, los cuales se ajustarán a los requisitos de calidad y homologación establecidos por el Departamento.

Asimismo, el CICAC aprobará los programas de la formación específica, los cuales deberán ajustarse a los requisitos establecidos por el Departamento. Corresponde a los colegios de abogados la supervisión del cumplimiento por parte de los abogados de la formación de los turnos especializados y su acreditación.

El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada colaborará con los colegios de abogados en la formación de los profesionales que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita o accedan a prestarlo.

14 Comisión técnica de seguimiento

Se constituye una comisión técnica para hacer el seguimiento de este convenio, integrada por tres representantes del Departamento, designados por el secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, y tres representantes del CICAC, designados por el propio CICAC.

La comisión tiene como funciones el seguimiento de la ejecución del convenio, la evaluación de la consecución de sus objetivos y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse con respecto al mismo.

Entre otras funciones, la comisión técnica tiene las siguientes:

• - En el ámbito de mejora del sistema y de la calidad del servicio, tiene que hacer el seguimiento y el análisis de la aplicación de las medidas, criterios y sistemas establecidos y del cumplimiento de los acuerdos de este convenio.
• - En materia de turnos de prestación de la asistencia letrada y en el caso, motivado, de que algún colegio de abogados tenga que modificar el sistema de prestación de la asistencia estableciendo nuevos turnos o aumentando el número de letrados asignado a un turno, analizar la propuesta y dar traslado a la comisión mixta de asistencia jurídica gratuita.
• - Con respecto a la aplicación informática, tiene que hacer el seguimiento y el análisis de las diferentes cuestiones que surjan en la implantación de esta aplicación, así como en la adopción de las medidas apropiadas tendentes a la dinamización y cumplimiento de los objetivos previstos.
• - En materia de causas de resolución, tiene que recibir el requerimiento a la parte incumplidora de las obligaciones y compromisos asumidos en este convenio.
• - En materia de módulos, tiene que analizar y preparar las propuestas de resolución para la comisión mixta.

15 Vigencia temporal

Este convenio está en vigor del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. En función de las disponibilidades presupuestarias y de los resultados obtenidos en la ejecución del programa específico que se prevé en el mismo, los firmantes pueden acordar su prórroga, de forma expresa, por periodos anuales y de acuerdo con las previsiones del artículo 49.h.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en adelante, LRJSP).

16 Causas de extinción y de resolución

1. De conformidad con lo que establece el artículo 51 de la LRJSP, este convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrirse en cualquier causa de resolución.

2. Son causas de resolución del presente convenio:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin que se haya acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

  En este caso, cualquiera de las partes puede notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo determinado las obligaciones o los compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento también será comunicado a la comisión mixta de coordinación y seguimiento.

  Si, una vez transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, el incumplimiento persiste, la parte que lo dirigió debe notificar a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y el convenio se entiende resuelto.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• e) Por cualquier otra causa diferente de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

3. En el caso de extinción anticipada del convenio las partes tienen que acordar la forma de finalizar las actuaciones y compromisos en curso y, en todo caso, debe establecerse un plazo improrrogable para su consecución.

17 Resolución de conflictos y jurisdicción competente en caso de litigio

Las controversias que puedan surgir en cuanto a la aplicación e interpretación de este convenio se tienen que resolver por acuerdo de las partes, de conformidad con lo que establece el pacto 14.

En cuanto a las cuestiones litigiosas que puedan surgir, ambas partes se someten a la jurisdicción contenciosa-administrativa de los tribunales de Barcelona.

18 Portal de la transparencia

Las partes firmantes de este convenio manifiestan su consentimiento para que los datos personales que constan en el mismo, así como el resto de las especificaciones que en él se contienen, puedan ser publicadas en el portal de la transparencia de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El convenio tiene que publicarse también en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 112.2 de la Ley 26/2010.