RESOLUCIÓN JUS/362/2021, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña el Reglamento de procedimiento disciplinario del Colegio de Economistas de Cataluña

Artículo 1 Objeto

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento disciplinario en el ejercicio de la facultad disciplinaria por parte del Colegio de Economistas de Cataluña, de acuerdo con los Estatutos de la corporación. En consecuencia, las cuestiones que no se deriven de las actuaciones profesionales de las personas colegiadas y de las sociedades profesionales o de sus relaciones con el Col·legi quedan sometidas a sus respectivas jurisdicciones.

2. En todo aquello no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán los Estatutos del Colegio de Economistas de Cataluña, la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Este Reglamento de procedimiento disciplinario se aplica a las actuaciones profesionales de las personas colegiadas y de las sociedades profesionales inscritas en el Colegio y a sus relaciones con el Colegio.

Artículo 3 Concurrencia de sanciones e independencia de los procedimientos

1. No pueden ser objeto de sanción los hechos que han sido sancionados penalmente, en aquellos casos en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2. El CNEP tiene que resolver la no exigibilidad de responsabilidad disciplinaria en cualquier momento de la instrucción del procedimiento en el que quede acreditada la firmeza de una sanción penal sobre los mismos hechos, siempre y cuando concurran, además, identidad de sujeto y fundamento.

3. Cuando se tramite un proceso penal por los mismos hechos o por otros hechos racionalmente imposibles de separar de los que puedan ser objeto de sanción de acuerdo con este Reglamento, el CNEP deberá interrumpir la tramitación del procedimiento disciplinario y suspender los cómputos de prescripción. La reanudación del procedimiento disciplinario queda aplazada hasta que se dicte resolución judicial firme.

4. Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que la persona que asume la instrucción aprecie que la presunta infracción puede constituir delito o falta penal, deberá informar inmediatamente al CNEP para que lo notifique a la Junta de Gobierno, que tendrá que decidir sobre el traslado de los hechos al Ministerio Fiscal. En este caso, el CNEP acordará suspender el procedimiento disciplinario hasta que la autoridad judicial se pronuncie en firme.

5. Reanudada la tramitación del expediente disciplinario en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución que se dicte tendrá que respetar la apreciación contenida en la resolución judicial mencionada, siempre y cuando la resolución sea sancionadora.

Artículo 4 Medidas cautelares

1. Durante la tramitación del expediente sancionador por infracciones profesionales, la Junta de Gobierno puede adoptar, como disposición preventiva y a propuesta del CNEP, las medidas cautelares que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer. La adopción de estas medidas requiere un acuerdo motivado y la audiencia previa de la persona afectada. Dichas medidas pueden acordarse en la resolución que incoa el procedimiento o durante su tramitación.

2. Las medidas cautelares que pueden acordarse son las siguientes:

• a) En caso de faltas muy graves, la suspensión del ejercicio profesional por un periodo de seis (6) meses prorrogables por tres (3) más, si los hechos revisten una especial trascendencia o de ellos puede derivarse un perjuicio para los intereses colegiales, del/de la cliente/a o de la persona que ha presentado la denuncia, o puede resultar perjudicada la investigación de los hechos.
• b) En el caso de infracciones graves, la suspensión del ejercicio profesional por un periodo no superior a tres (3) meses.

3. El tiempo que la persona afectada esté sujeta a la medida provisional de suspensión de funciones es, en todo caso, computable a los efectos de cumplimiento de este tipo de sanción.

Artículo 5 Tramitación del procedimiento

El procedimiento disciplinario se impulsa de oficio en todos sus trámites, que deberán respetar los principios establecidos en la Constitución, en la Ley del ejercicio de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales, así como en este Reglamento, y en aquello no previsto, en la ley de procedimiento administrativo vigente.

Artículo 6 Notificaciones

1. Las notificaciones se cursan en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado y tienen que contener su texto Íntegro, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos procedentes, el órgano ante el cual se tienen que presentar y el plazo para interponerlos.

2. La tramitación de las notificaciones es efectuada por el/la secretario/a del CNEP durante la fase de instrucción y por el/la secretario/a de la Junta de Gobierno cuando se trate de notificar la resolución del procedimiento.

3. Las notificaciones se efectúan, y despliegan toda su eficacia, en la dirección.

electrónica o del domicilio profesional, y, subsidiariamente, la de residencia que la persona colegiada o sociedad profesional ha comunicado al Colegio, de conformidad con lo establecido en este Reglamento y, en todo caso, en la ley de procedimiento administrativo vigente.

4. Las notificaciones al resto de personas interesadas se realizan en el domicilio o la dirección que han hecho constar, y con carácter preferente a través de medios telemáticos o electrónicos en los casos en que la persona destinataria se ha comunicado inicialmente con el Colegio por alguna de estas vías o cuando, sin hacerlo, ha dado su consentimiento exprés.

5. Si no puede verificarse la notificación en los términos anteriormente expuestos, se tendrá por realizada a los quince (15) días de su publicación en el apartado correspondiente de la página web del Colegio. Si se aprecia que la notificación por medio de anuncios o de la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se publicará una indicación sucinta del contenido del acto y del lugar donde las personas interesadas pueden comparecer, en el plazo establecido, para conocer el contenido Íntegro del acto mencionado y dejar constancia de que han sido informadas.

Artículo 7 Plazos y prórrogas

1. Siempre y cuando no se establezca expresamente lo contrario, los plazos se señalan en días hábiles, de cuyo cómputo se excluyen los sábados, los domingos, los festivos y el mes de agosto.

Los plazos expresados, tanto en días como en meses, se computan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. El vencimiento del plazo fijado en meses concluye el mismo día del mes de vencimiento en que se produjo la notificación o la publicación. En el caso de no haber en el mes de vencimiento un día equivalente a aquel en que termina el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes.

2. La tramitación del expediente disciplinario, incluyendo la resolución y la notificación, no puede durar mes de seis (6) meses.

No obstante, los plazos establecidos en este Reglamento pueden prorrogarse, a propuesta razonada de las personas interesadas o de la persona que asume la instrucción del expediente y aprobada por el CNEP, antes de su vencimiento.

Mientras dura la prórroga, cuya duración no será superior a la mitad del plazo inicial, queda en suspenso el plazo de seis (6) meses de resolución del procedimiento.

3. A efectos del plazo establecido para la tramitación del procedimiento, no se computan los plazos de la prórroga acordados según el punto anterior, ni los que responden a la conducta dilatoria de la persona denunciada.

4. No se puede recurrir el acuerdo sobre la prórroga, que será notificado a la persona colegiada o a la sociedad profesional afectada, sin perjuicio de lo que pueda ser alegado por parte de las personas interesadas en la resolución que pone fin al procedimiento y en la eventual impugnación en ulteriores recursos que se interpongan en contra de la resolución.

5. En el caso de que se hayan dictado medidas cautelares, el acuerdo de prórroga podrá ampliar el plazo de las medidas cautelares.

Artículo 8 Derechos de las personas denunciadas y de las personas denunciantes

1. La persona colegiada, o la sociedad profesional inscrita, sometida a un procedimiento disciplinario tienen los siguientes derechos:

• a) A ser informada de los hechos que se le imputan, de las infracciones que estos hechos pueden constituir y de las sanciones que comportan, así como de la identidad de la persona que instruye el procedimiento, del órgano competente para resolverlo y de la norma que atribuye esta competencia.
• b) A acceder al expediente administrativo en cualquier momento del procedimiento, a conocer el estado de su tramitación y a obtener copias de los documentos del expediente, en los términos previstos por la legislación vigente.
• c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, a formular alegaciones, a proponer las pruebas que considere adecuadas para su defensa y a utilizar todos los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que sean procedentes.
• d) A la presunción de inocencia, y, por lo tanto, mientras no recaiga resolución firme, a no ser considerado/a culpable, a que la sanción se fundamente en actos o medios probatorios de cargo o de incriminación de la conducta reprobada, y a que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, así como la presunción de la ausencia de responsabilidad disciplinaria mientras no adquiera firmeza la resolución en contra.
• e) A actuar asistida de personal técnico/a o asesor/a, cuando lo considere conveniente en defensa de sus intereses,
• f) A obtener una resolución motivada en el procedimiento, que deberá incluir una valoración de las pruebas practicadas, especialmente de aquellas que constituyen los fundamentos básicos de la decisión, la fijación de los hechos, la infracción o las infracciones que se han cometido y la sanción o las sanciones que se le imponen, o bien la declaración de ausencia de infracción o de responsabilidad.
• g) A la protección de sus datos de carácter personal y profesional y, en particular, a la confidencialidad y seguridad de los que consten en los archivos y las bases de datos colegiales.

2. La persona denunciante, cuando la denuncia presentada contra una persona colegiada o sociedad profesional da lugar a la tramitación de un procedimiento disciplinario, tiene los siguientes derechos:

• a) A conocer en cualquier momento, en el caso de que goce de la consideración de persona interesada, el estado de la tramitación del procedimiento, los órganos que son competentes para la instrucción y para la resolución del procedimiento, así como el contenido de la resolución.

  La presentación de una denuncia no le confiere, por sí sola, la condición de persona interesada en el procedimiento. Tiene la consideración de persona interesada en un procedimiento deontológico aquella que es titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo que puede resultar afectado por la resolución que se dicte.

• b) A relacionarse por medios telemáticos y/o electrónicos. En este caso, tendrá que facilitar en su primera comunicación la forma y la dirección electrónica o número de teléfono donde desea recibir las comunicaciones.
• c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento ni los que ya se encuentran en poder del propio Colegio.
• d) A formular alegaciones y actuar asistida por personal técnico o asesor, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, que tienen que ser considerados por el órgano competente en resolverlo.
• e) A cualquier otro derecho previsto en la normativa vigente.

Artículo 9 Clasificación de las infracciones

Las infracciones pueden ser de carácter profesional y/o colegial, y se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 10 De las infracciones profesionales

1. Son infracciones profesionales muy graves:

• a) El ejercicio de una actividad profesional colegiada sin tener el título profesional habilitante.
• b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio grave para las personas destinatarias del servicio del profesional o para terceras personas.
• c) La vulneración del secreto profesional.
• d) El ejercicio de una actividad profesional que vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional o de conflicto de intereses, o una disposición legal en la que se establezca la prohibición de ejercer.
• e) La comisión de delitos con dolo, en cualquier grado de participación, que se produzcan en el ejercicio de la profesión.
• f) El ejercicio de la profesión colegiada por quien no cumple la obligación de colegiación.
• g) La contratación de personas no colegiadas para desempeñar, de forma habitual, funciones propias de la profesión colegiada.
• h) La reincidencia en infracciones graves. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción grave, si así se declara por resolución firme.

2. Son infracciones profesionales graves:

• a) La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesionales.
• b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio para las personas destinatarias de la prestación profesional.
• c) El incumplimiento de la obligación que tienen las personas colegiadas de comunicar los supuestos de intrusismo profesional de los que sean conocedoras.
• d) El incumplimiento del deber de seguro, en los casos en que sea obligatorio.
• e) Los actos que tienen la consideración de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en las leyes.
• f) Las actuaciones profesionales que vulneren los principios constitucionales e internacionales de igualdad y de no discriminación.
• g) La reincidencia en infracciones leves. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción leve, si así se declara por resolución firme.

3. Son infracciones profesionales leves:

Es infracción profesional leve la vulneración de cualquier norma que regula la actividad profesional, siempre y cuando no sea considerada una infracción grave o muy grave.

Artículo 11 Infracciones colegiales

1. Son infracciones colegiales muy graves:

• a) El incumplimiento inexcusable de obligaciones establecidas por las leyes, por los estatutos o por otras normas colegiales.
• b) El ejercicio profesional cuando haya una causa de incompatibilidad.
• c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por los órganos del Colegio de especial trascendencia o de forma reiterada.
• d) El atentado contra la dignidad y el honor de los miembros de la Junta de Gobierno o del CNEP cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y contra la de otros compañeros y compañeras con motivo del ejercicio profesional.
• e) La reincidencia en infracciones colegiales graves. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción grave, si así se declara por resolución firme.

2. Son infracciones colegiales graves:

• a) El incumplimiento inexcusable de obligaciones establecidas por las leyes, por los estatutos o por otras normas colegiales, siempre y cuando no constituyan infracción muy grave.
• b) El incumplimiento grave de acuerdos o decisiones adoptados por órganos del Colegio, siempre y cuando no constituyan infracción muy grave.
• c) La falta de respeto hacia la Junta de Gobierno, el CNEP o el/la defensor/a de la persona colegiada, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y hacia otros/as compañeros/as con motivo del ejercicio profesional.
• d) La reincidencia en infracciones colegiales leves. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción leve, si así se declara por resolución firme.

3. Son infracciones colegiales leves:

• a) La falta de asistencia no justificada a las reuniones de la Junta de Gobierno y/o de su Comisión Ejecutiva.
• b) La desconsideración u ofensa pública leve hacia los/as compañeros/as en el ejercicio de la actividad profesional y colegial, y hacia el personal y colaboradores/as del Colegio y hacia cualquier otra persona que participe en actos organizados por el Colegio.
• c) El incumplimiento leve de las obligaciones establecidas por las leyes, por los estatutos o por otras normas colegiales, así como el incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por los órganos del Colegio, siempre y cuando no constituyan infracción grave.

Artículo 12 Criterios para la tipificación de las infracciones

A los efectos del principio de tipicidad, los comportamientos leves, graves o muy graves se determinan según los perjuicios causados a las personas destinatarias del servicio, a la profesión colegiada y al propio Colegio y a sus órganos.

Artículo 13 Sanciones por infracciones profesionales

1. Por infracciones muy graves, se impondrá una o más de las siguientes sanciones:

• a) Expulsión del Colegio.
• b) Inhabilitación profesional durante un tiempo superior a un año y no superior a cinco años.
• c) Multa de entre 5.001,00 euros y 50.000,00 euros.

2. Por infracciones graves, se impondrá una o más de las siguientes sanciones:

• a) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a un año.
• b) Multa de entre 1.001,00 euros y 5.000,00 euros.

3. Por infracciones leves se impone una o más de las siguientes sanciones:

• a) Amonestación verbal o escrita.
• b) Multa de una cantidad no superior a 1.000,00 euros.

4. Como sanción complementaria, también podrá imponerse la obligación de superar actividades de formación profesional o deontológica, si la infracción se ha producido debido al incumplimiento de deberes que afectan al ejercicio o a la deontología profesionales.

5. Si la persona que ha cometido una infracción ha obtenido una ganancia económica imputable a la comisión de la infracción, podrá añadirse a la sanción que establece este artículo una cuantía adicional hasta el importe de la ganancia que haya obtenido el/la profesional.

6. La sanción de inhabilitación impide el ejercicio de la profesión colegiada durante el tiempo por el que se impone.

La Junta de Gobierno comunicará a las administraciones competentes y al Consejo General de Economistas de España la resolución en la que se acuerda la inhabilitación profesional.

7. La inhabilitación profesional es efectiva a partir del momento en que la resolución que la decide es firme en vía administrativa. En el caso de que concurran en una misma persona varias resoluciones de inhabilitación sucesivas, el plazo establecido en cada una empieza a contar a partir del cumplimiento definitivo de la anterior.

8. La sanción de expulsión solo es ejecutiva si la resolución que la impone es firme en vía administrativa.

Artículo 14 Sanciones por infracciones colegiales

Las sanciones por infracciones colegiales consisten en la amonestación, la multa o la expulsión, y se regulan de acuerdo con los siguientes criterios:

• a) La cuantía de las multas no puede exceder el importe dispuesto en el artículo 13.2 de este Reglamento.
• b) La sanción de expulsión solo se impone por reincidencia en la comisión de infracciones muy graves a la que hace referencia el artículo 11.1. La sanción de expulsión solo es ejecutiva si la resolución que la impone pone fin a la vía administrativa.

Artículo 15 Criterios para la imposición de sanciones

En la imposición de sanciones deberá guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con especial consideración a los siguientes criterios:

• a) El contenido o la trascendencia de los perjuicios causados.
• b) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
• c) La continuidad o la persistencia en la conducta infractora.
• d) La reincidencia, en el plazo de un año, de otra o más infracciones de la misma índole profesional o colegial, cuando así haya sido declarada por resolución sujeta en vía administrativa.
• e) Haber procedido, antes de conocer que el expediente disciplinario se dirige en su contra, a notificar la infracción al CNEP o a la Junta de Gobierno.
• f) Haber colaborado en la investigación del hecho, en cualquier momento de la tramitación del expediente, aportando pruebas nuevas y decisivas para determinar su responsabilidad.
• g) Haber reparado el daño ocasionado como resultado de la infracción o haber logrado disminuir sus efectos en cualquier momento de la tramitación del expediente y con anterioridad a la propuesta de sanción que efectúe la persona que asume la instrucción.
• h) En las sociedades profesionales, haber establecido, con carácter previo a la imposición de la sanción, medidas eficaces para prevenir y descubrir las infracciones que en un futuro pueden cometerse con sus medios o bajo su cobertura.

Artículo 16 Facultad disciplinaria

1. El ejercicio de la facultad disciplinaria corresponde a la Junta de Gobierno, y la incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios corresponde al CNEP.

2. Si el acuerdo de sanción se refiere a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, la persona afectada no puede tomar parte en las deliberaciones ni en las votaciones. Si la persona inculpada es el/la decano/a, el asunto tiene que tratarse en una sesión extraordinaria presidida por el/la vicedecano/a, en la que se adoptará el acuerdo de resolución del expediente.

Artículo 17 Comité de Normativa y Ética Profesional (CNEP)

En el marco del procedimiento disciplinario, son funciones del CNEP:

• a) Incoar y tramitar de oficio los expedientes disciplinarios de conformidad con los Estatutos del Colegio, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia de un mandato de la Junta de Gobierno, petición razonada de otro órgano colegial o denuncia.
• b) Nombrar a los instructores e instructoras para la instrucción del expediente.
• c) Elevar a la Junta de Gobierno la propuesta de resolución que resulte de las actuaciones realizadas durante la instrucción.

Artículo 18 De los/as instructores/as del expediente

1. Con carácter general, el CNEP designa a dos instructores/as, un/a con la función de ponente y otro/a, como secretario/a, que firma las notificaciones y levanta acta de las actuaciones. Excepcionalmente, cuando debido a la complejidad o la especialización de las actuaciones sea necesario, el CNEP designará a un/a tercero/a instructor/a como adjunto/a, a propuesta de la comisión colegial especializada en la temática de los hechos que hay que instruir. Asimismo, este/a instructor/a será sustituto/a en aquellas actuaciones en las que un/a de los/as otros/as instructores/as no pueda estar presente.

2. Los/as instructores/as pueden solicitar ser asistidos/as por la asesoría jurídica del Colegio a fin de asegurar la adecuada interpretación de la normativa aplicable.

Artículo 19 De la abstención y la recusación de los/as instructores/as

1. El CNEP, previo acuerdo razonado, solo puede sustituir a los/as instructores/as que han aceptado el cargo en los supuestos de defunción, renuncia, resolución favorable a la abstención o recusación, o por cese en caso de incumplimiento manifiesto de sus obligaciones.

La aceptación del rechazo al nombramiento y de la renuncia al cargo una vez ya ha sido aceptado, así como la apreciación de las causas de abstención, de recusación y de cese, son competencia del CNEP.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

• a) Tener interés personal en el asunto que se trata o en otro cuya resolución puede influir en la del expediente en el que interviene como instructor/a, ser administrado/a de la sociedad o entidad interesada, o tener una cuestión litigiosa pendiente con algún/a interesado/a en el asunto.
• b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los/as interesados/as, con los/as administradores/as o administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores o asesores/as, representantes legales o mandatarios/as que intervienen en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar vinculado/a para el asesoramiento, la representación o el mandato con las mencionadas personas.
• c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
• d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento que se trata.
• e) Tener relación de servicio con la persona interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo, en cualquier circunstancia o lugar.

3. El derecho de recusación puede ejercerse desde el momento en que la persona interesada tenga conocimiento de la identidad de los/as instructores/as designados/as. La recusación podrá solicitarse en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

4. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no se podrá interponer recurso, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso que proceda contra el acto que finaliza el procedimiento.

Artículo 20 Forma de iniciación

Los procedimientos disciplinarios se inician de oficio por acuerdo del CNEP, por iniciativa propia, como consecuencia de la iniciativa del órgano colegial competente o mediante denuncia.

Artículo 21 De las denuncias

1. A los efectos de este Reglamento, se considera denuncia el acto mediante el cual cualquier persona pone en conocimiento del Colegio la existencia de un determinado hecho que puede constituir infracción disciplinaria de una persona colegiada o de una sociedad profesional inscrita.

2. La denuncia debe expresar la identidad de la persona que la presenta o de las personas que la presentan, el relato de los hechos que pueden constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de la persona o personas presuntamente responsables. La denuncia incluirá necesariamente la firma de la persona que la formula o de las personas que la formulan o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

Los escritos anónimos no tienen la consideración de denuncia. El escrito de denuncia incorpora los datos de contacto de la persona, o personas, denunciante, así como la dirección de correo electrónico o teléfono móvil, si procede, para el trámite de notificaciones.

3. La Presidencia del CNEP delega en la Secretaría Técnica del Colegio la recepción de las denuncias. En el momento de recibir la denuncia, la Secretaría Técnica justificará su recepción, comprobará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos y notificará a la persona denunciada la existencia de la denuncia, solicitando el correspondiente escrito de descargo.

La Secretaría Técnica también da traslado de la denuncia al CNEP, para que, en la siguiente reunión, que deberá celebrarse en un plazo no superior a 30 días hábiles desde su recepción, estudie el escrito de denuncia, así como el escrito de descargo presentado por la persona denunciada.

Del análisis de los mencionados documentos el CNEP determinará si procede una de las opciones siguientes:

• a) Sobreseer la denuncia.
• b) Abrir actuaciones previas, nombrando a un/a instructor/a de entre sus miembros.
• c) Abrir expediente disciplinario.

En los supuestos en que la persona denunciante así lo desee, el CNEP podrá, si procede, mantener la confidencialidad de sus datos y adoptar las medidas necesarias.

Articulo 22 Actuaciones previas

1. Antes de la apertura del expediente disciplinario, el CNEP puede acordar la realización de unas actuaciones previas encaminadas a determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifican esta iniciación.

2. Las actuaciones previas se orientan a determinar, con la máxima precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del expediente, la identificación de los/as posibles responsables y las circunstancias relevantes que concurren en unos y otras.

3. A estos efectos, el CNEP designa a un/a instructor/a a fin de que elabore un informe. Se analizará este informe en la siguiente reunión del CNEP, que se celebrará en el plazo máximo de 30 días hábiles desde el acuerdo de inicio de actuaciones previas.

4. El informe mencionado es un elemento más de decisión para determinar si procede la apertura de un expediente disciplinario o bien el sobreseimiento de la denuncia.

Artículo 23 Apertura de expediente disciplinario

1. Vista la propuesta formulada por la persona que asume la instrucción, al haber realizado las actuaciones previas o bien dentro de los treinta (30) días de la recepción de la denuncia, el CNEP decide la apertura de expediente disciplinario o el archivo de las actuaciones.

2. El acuerdo de archivo de las actuaciones se notifica a la parte denunciante y a la parte denunciada.

3. El acuerdo de apertura se notifica a la Junta de Gobierno y a la parte denunciada con indicación de un plazo de siete (7) días para que presente las alegaciones que crea convenientes y solicite los medios de prueba que considere oportunos. También se informa a la parte denunciante de la iniciación del expediente disciplinario.

4. El acuerdo de apertura de expediente disciplinario se formula con el siguiente contenido:

La identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, su posible calificación y las sanciones que pueden corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

La identificación de los/as instructores/as del expediente, con mención de la función asumida por cada uno/a de ellos/as de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de este Reglamento y con indicación expresa del régimen de recusación de los/as instructores/as.

La indicación de la Junta de Gobierno como órgano competente para la resolución del expediente y de la norma que le atribuye esta competencia, junto con la indicación de la posibilidad que el/la presunto/a responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que puede suponer la resolución inmediata del procedimiento y la imposición de la sanción procedente.

Las medidas de carácter provisional que se hayan adoptado, sin perjuicio de las que puedan aplicarse, de conformidad con el artículo 4 de este Reglamento.

La indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, la concreción de los plazos para su ejercicio, así como la indicación de que, en el caso de no efectuarse alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este puede ser considerado propuesta de resolución cuando contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.

La indicación del derecho de la persona denunciada a dirigirse a la Junta de Gobierno, al CNEP y a los servicios técnicos del Colegio para obtener información sobre el procedimiento disciplinario. La Asesoría Jurídica externa del Colegio, en ningún caso asume la defensa.

Artículo 24 Pliego de cargos

1. Excepcionalmente, cuando en el momento en que se dicta el acuerdo de iniciación no existen elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, los/as instructores/as llevarán a cabo la mencionada calificación mediante la elaboración de un pliego de cargos en el plazo de un (1) mes desde la apertura del expediente disciplinario.

2. El pliego de cargos se notifica a la persona denunciada concediéndole un plazo prorrogable de siete (7) días a fin y efecto de que pueda contestar con las alegaciones que considere pertinentes y aportar los documentos que crea de interés.

3. La persona denunciada puede proponer en la respuesta al pliego de cargos la práctica de cualquier medio de prueba admisible en derecho que crea necesario y acompañarla de los documentos que considere convenientes.

Artículo 25 Reconocimiento de la responsabilidad

1. Si, iniciado el procedimiento, la persona denunciada reconoce voluntariamente su responsabilidad respecto a los hechos, los/as instructores/as entregarán un informe del expediente al CNEP para que, junto con su valoración, lo eleve a la Junta de Gobierno.

2. En cualquier caso, el CNEP puede acordar continuar su tramitación si existen indicios razonables de fraude o de encubrimiento de otras personas o de que en el transcurso de la investigación se hayan identificado otras infracciones que habrán de ser investigadas de oficio.

Artículo 26 Periodo de prueba

1. Una vez recibida la respuesta al acuerdo de iniciación o, en su caso, al pliego de cargos, o bien transcurrido el plazo para su recepción sin obtener respuesta, los/as instructores/as, a solicitud de las partes o a iniciativa propia, pueden acordar la apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a treinta (30) días ni inferior a diez (10), a fin de que puedan proponerse y practicarse las comprobaciones que consideren pertinentes.

2. El/La instructor/a o los/las instructores/as solo puede o pueden rechazar, mediante resolución motivada, las pruebas propuestas por las personas interesadas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias porque su relación con los hechos no puede alterar la resolución final del expediente.

Esta resolución podrá recurrirse cuando determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión. En los otros casos, la oposición deberá manifestarse mediante la oportuna alegación por parte de la persona afectada, que será considerada en la resolución que ponga fin al procedimiento y en el recurso que pueda interponerse contra la resolución.

3. Se notifica a la persona denunciada y, si procede, a las personas interesadas, con suficiente antelación, el lugar, la fecha y la hora para la práctica de las pruebas, que realizará el/la mismo/a instructor/a, con la finalidad de que puedan intervenir.

4. Los gastos que se deriven de la realización de las pruebas van a cargo de quien las propone.

Artículo 27 Propuesta de resolución

1. Los/as instructores/as, presentadas las alegaciones o, en su caso, una vez efectuada la práctica de la prueba, formularán propuesta de resolución, que deberá cumplir los mismos requisitos que el acuerdo de iniciación o, en su caso, del pliego de cargos, además de la específica propuesta de sanción o sanciones a imponer.

2. Los/as instructores/as formularán una propuesta de resolución, que presentarán al CNEP para su valoración y, si procede, se acuerde la finalización del procedimiento, con el archivo de las actuaciones, no siendo necesaria la formulación de la propuesta de resolución en los siguientes casos:

• a) Inexistencia de los hechos que puedan constituir la infracción.
• b) Falta de acreditación de los hechos denunciados.
• c) Cuando los hechos probados no constituyan, de manera manifiesta, una infracción deontológica.
• d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o que aparecen exentas de personalidad.
• e) Se concluya, en cualquier momento, que la infracción ha prescrito.

3. En la propuesta de resolución deberán fijarse de manera motivada los hechos que se consideren probados y la infracción que aquellos constituyen, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, así como las medidas provisionales que, si procede, se hayan adoptado.

4. La propuesta de resolución no contemplará hechos distintos de los enumerados en el acuerdo de apertura o en el pliego de cargos, tampoco introducirá nuevos tipos de infracciones.

Artículo 28 Audiencia

La propuesta de resolución se notificará a la persona denunciada concediéndole un plazo improrrogable de diez (10) días para que, visto el expediente, pueda presentar las alegaciones que considere convenientes para su defensa, que serán elevadas a la Junta de Gobierno junto con el expediente.

Artículo 29 Elevación de la propuesta de resolución a la Junta de Gobierno

1. Los instructores o instructoras entregarán la propuesta de resolución al CNEP para que, previa valoración, la eleve a la Junta de Gobierno junto con el expediente completo. 2. Antes de dictar la resolución, la Junta de Gobierno puede decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el expediente. Si, vistas dichas actuaciones, la Junta de Gobierno considera que la infracción o la sanción revisten más gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, deberá notificarse a la persona denunciada para que aporte todas las alegaciones que considere convenientes en el plazo de quince (15) días.

Artículo 30 Resolución del expediente

1. La Junta de Gobierno está obligada a dictar una resolución expresa y a notificarla, en todos los procedimientos disciplinarios, sea cual sea su forma de iniciación.

En el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción de la propuesta, la Junta de Gobierno deberá dictar resolución motivada que decida sobre todas las cuestiones planteadas que se deriven del expediente.

2. La resolución no contemplará hechos distintos a los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de su distinta valoración jurídica, ni se introducirán nuevos tipos de infracciones distintos a los contenidos en la propuesta de resolución.

3. Cuando la resolución imponga una sanción consistente en la inhabilitación profesional de más de seis meses o la expulsión del Colegio, esta deberá contar con el voto favorable de las dos terceras partes de las personas miembros de la Junta de Gobierno.

4. La resolución dictada se notifica a las personas interesadas. Además de los elementos legalmente exigidos para este tipo de actos, la resolución contiene los hechos que se consideran probados y la infracción que aquellos constituyen, la persona o las personas responsables, la valoración de las pruebas practicadas, la sanción que se imponga, la indicación que la Junta de Gobierno es el órgano competente para imponerla y la normativa de aplicación a cada caso.

Asimismo, tiene que hacer referencia, si procede, a los daños y perjuicios que se han podido producir y tiene que expresar los recursos en contra que son procedentes, los órganos administrativos o judiciales ante de los deberían de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio que las personas interesadas puedan presentar cualquier otro que estimen oportuno.

Artículo 31 Caducidad del procedimiento

1. En los procedimientos iniciados mediante denuncia, cuando se produzca su paralización por causa imputable a la persona denunciante, el CNEP le advertirá de que, transcurridos tres (3) meses, se produce la caducidad del expediente.

Agotado este plazo sin que la persona denunciante haya realizado las actuaciones necesarias para reanudar la tramitación, el CNEP acordará el archivo del procedimiento y lo notificará a las personas interesadas. Contra esta resolución pueden interponerse los recursos oportunos.

No se puede acordar la caducidad por la simple inactividad de la persona denunciante en la ejecución de trámites, siempre y cuando no sean indispensables para dictar resolución. Esta inactividad no tiene ningún otro efecto que la pérdida de su derecho al trámite referido.

2. Cuando se interrumpe el procedimiento por causa imputable a la persona denunciada, se interrumpe el cómputo del plazo para emitir y notificar la resolución, mientras no desaparecen las causas que motivan dicha paralización.

3. El expediente disciplinario caduca por el transcurso de seis (6) meses a contar desde la fecha de su inicio sin que se haya dictado ni notificado resolución por parte de la Junta de Gobierno. Así, la Junta de Gobierno declara su caducidad y ordena el archivo de las actuaciones.

Sin embargo, la caducidad del expediente sancionador no extingue la responsabilidad disciplinaria de las infracciones no prescritas.

4. En los casos en que es posible iniciar un nuevo procedimiento porque no se ha producido la prescripción del hecho infractor, se pueden incorporar al nuevo expediente los actos y trámites cuyo contenido se habría mantenido invariable si no se hubiera producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento se tienen que observar los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia a las personas interesadas.

Artículo 32 Actos que se pueden recurrir

1. Las resoluciones del CNEP que archivan las actuaciones iniciadas y cualquier otra decisión, que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o produce indefensión, pueden ser objeto de recurso de alzada ante la Junta de Gobierno.

2. Las resoluciones de la Junta de Gobierno ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de recurso contencioso-administrativo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

No obstante, también pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno, que se tendrá que interponer en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

3. No son susceptibles de recurso los acuerdos de apertura de un expediente disciplinario, los de actuaciones previas o los que declaren la no pertenencia de la práctica de pruebas, ni tampoco los de simple trámite.

Con respecto a los actos que no se pueden recurrir, la oposición a estos puede ser alegada por parte de las personas denunciadas, lo que tendrá que considerarse en la resolución que pone fin al procedimiento.

4. Las personas denunciantes, por el solo hecho de serlo, no tienen la condición de parte ni la persona interesada, tienen derecho, sin embargo, a que les sea comunicada la resolución motivada que adopte la Junta de Gobierno.

Artículo 33 Ejecución y suspensión de la ejecución de las resoluciones sancionadoras

Las resoluciones de la Junta de Gobierno dictadas en la materia propia de este Reglamento son plenamente ejecutivas una vez firmes en vía administrativa, es decir, cuando no se presenta recurso en el plazo fijado o bien cuando el recurso administrativo es expresamente desestimado. Si se interpone recurso contencioso-administrativo en contra, se puede suspender la ejecución de acuerdo con los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 34 Publicidad de las sanciones

1. Las sanciones disciplinarias se inscriben en el expediente de la persona colegiada o sociedad profesional una vez son firmes en vía administrativa.

2. Las sanciones disciplinarias que implican la inhabilitación profesional o la expulsión del Colegio tienen efecto en el ámbito de todos los colegios de economistas del Estado español y con esta finalidad se comunican al Consejo General de Economistas de España.

3. Las sanciones profesionales graves y muy graves se harán públicas por los medios corporativos que la Junta de Gobierno considere oportuno.

Artículo 35 Causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria

1. La responsabilidad disciplinaria de las personas colegiadas y de las sociedades profesionales se extingue:

• a) Por el cumplimiento de la sanción impuesta.
• b) Por la defunción de la persona.
• c) Por la extinción de la sociedad profesional.
• d) Por la prescripción de la infracción o de la sanción.

2. Si durante la tramitación del procedimiento disciplinario se produce la causa prevista en los apartados b, c y d del apartado anterior, el CNEP deberé declarar extinguida la responsabilidad y archivar las actuaciones.

3. La baja de la persona o sociedad profesional del Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta. En este caso, se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la resolución que sea procedente y en caso de sanción, la ejecución quedará en suspenso hasta que solicite una nueva alta colegial.

Artículo 36 Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. El plazo de prescripción empieza a contar desde que la infracción se ha cometido.

3. En el caso de infracciones continuadas, el plazo se inicia cuando finalizan todas las acciones u omisiones que infringen el mismo precepto administrativo u otros de parecidos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando una situación idéntica.

4. La prescripción se interrumpe con la notificación a la persona colegiada o sociedad profesional del acuerdo de apertura, de la información previa o de la tramitación o resolución del procedimiento disciplinario. El plazo vuelve a computarse al cabo de un mes si el procedimiento disciplinario permanece paralizado por una causa no imputable a la persona denunciada.

Artículo 37 Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los dos años y las impuestas por faltas leves, al año.

2. El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución empieza a contar desde el día siguiente al día en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción.

3. La iniciación del procedimiento de ejecución interrumpe la prescripción de las sanciones desde el momento en que la persona sancionada tiene conocimiento de ello.

Artículo 38 Rehabilitación

1. Las personas sancionadas pueden pedir ser rehabilitadas con la consecuente cancelación de la anotación en el expediente personal de la persona colegiada o de la sociedad profesional en los plazos siguientes, a contar desde el cumplimiento de la sanción:

• a) A los seis meses, si ha sido por falta leve.
• b) A los dos años, si ha sido por falta grave.
• c) A los tres años, si ha sido por falta muy grave.
• d) A los cuatro años, si la sanción ha consistido en la expulsión.

2. La rehabilitación se solicita a la Junta de Gobierno del Colegio. La persona sancionada deberá aportar pruebas de la rectificación de conducta a fin de que puedan ser apreciadas por la Junta de Gobierno.

3. En caso de conceder la rehabilitación, la Junta de Gobierno del Colegio enviará al Consejo General de Colegios de Economistas de España copia de la resolución de los acuerdos tomados en los expedientes de rehabilitación.

Disposición adicional

Una vez aprobado este Reglamento, se notificará a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña para su publicación en el DOGC.

Disposición transitoria

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento se siguen rigiendo por la normativa vigente en aquel momento, siempre y cuando no les sea más favorable la nueva regulación.

Primera

El CNEP comunicará los presuntos actos de intrusismo directamente a la Junta de Gobierno para que lo ponga en conocimiento, si procede, de la Administración de la Generalidad.

Segunda

El presente Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercera

Para su conocimiento y difusión entre las personas colegiadas y las sociedades profesionales, también deberá publicarse en la página web del Colegio.