DECRETO 10/2021, de 31 de marzo, por el se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León

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Sumario

JU0007423613JU0007423599Decreto 10/2021 de 31 de marzo anulado por Sentencia TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, n.º 822/2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1ª) de 29 de junio de 2022.En el mismo sentido, véase la Sentencia TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, n.º 846/2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1ª) de 1 de julio de 2022.

El artículo 71.1.16.º del Estatuto de Autonomía consagra, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, la competencia de la Comunidad de Castilla y León de desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia de protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León establece que la administración de la Comunidad de Castilla y León, en su ámbito territorial y en el marco de sus competencias, y sin perjuicio de las demás encomendadas por esta ley, en sus normas de desarrollo y la legislación sectorial específica, garantizará para el funcionamiento del sistema de protección ciudadana, entre otras cuestiones, la prestación eficaz y homogénea en cuanto a tiempos de respuesta y calidad de los servicios de asistencia ciudadana, la dirección y coordinación de los mismos en los términos establecidos en esta ley, la prestación de los medios y recursos necesarios en la asistencia ciudadana, la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente cuando se produzcan situaciones de emergencia, grave riesgo, calamidad o catástrofe y el desarrollo y la puesta en marcha de las políticas de previsión, prevención y control de riesgos, entre otras funciones.

Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento están configurados, por la mencionada Ley 4/2007, como servicios esenciales para la asistencia ciudadana, entendiendo por servicios esenciales aquellos servicios cuya concurrencia es necesaria en las situaciones de emergencia dada su disponibilidad permanente, plurisdisciplinaridad o especialidad.

Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son definidos en el artículo 38 de la Ley 4/2007, y a los efectos de la misma, como los profesionales y los medios materiales asignados a las tareas y funciones descritas en el artículo 39, entre las que se encuentran: la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades, la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente, entre otras.

De acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local las administraciones que están obligadas a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios son los municipios con una población superior a 20.000 habitantes, recayendo en las diputaciones provinciales la obligación de asegurar la prestación de ese servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por su parte el artículo 40.1 de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y establece que la Junta de Castilla y León regulará, en el ámbito de sus competencias y respetando en todo caso las competencias y la potestad de autoorganización y autonomía de las entidades locales, la estructura, el funcionamiento y la organización de los servicios de prevención, extinción y salvamento, así como cuantas cuestiones resulten necesarias para su adecuación al sistema de protección ciudadana. Asimismo, en el apartado segundo de ese mismo artículo recoge que la Junta de Castilla y León ejercerá la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, a través del establecimiento de un estatuto para dichos servicios en Castilla y León, el cual tendrá el carácter de plan sectorial y contendrá los criterios de actuación, los objetivos y prioridades y, en su caso, los instrumentos orgánicos, funcionales y financieros adecuados y necesarios para una prestación homogénea de este servicio a los ciudadanos de la Comunidad.

En cumplimiento de dichas disposiciones se ha elaborado el presente decreto por el que se incorpora el mencionado plan cuya sectorialización viene marcada en cuanto que afecta únicamente a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, y no al resto de los servicios que conforman el sistema de protección ciudadana.

El decreto por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León se estructura en siete artículos. Con el primer artículo se determina el objeto y finalidad del decreto, que no es otro que el de aprobar el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León que se incorpora como Anexo, con el fin de garantizar la homogeneidad en la prestación de los citados servicios y la interoperatividad con el resto de los servicios del sistema de protección ciudadana de Castilla y León. El segundo artículo determina el ámbito de aplicación del mismo. En el tercer artículo se enumeran los objetivos del plan. La distribución de los parques de bomberos se establece en el artículo 4, su tipología en el artículo 5 y su estructura y organización en el artículo 6. Finalmente, las características de las áreas de intervención mapeadas en el plan se detallan en el artículo 7.

El decreto finaliza con tres disposiciones finales. La primera disposición final introduce una modificación del Decreto106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del Voluntariado de Protección Civil de Castilla y León y se regula su funcionamiento, con el objeto de adaptar las categorías de voluntariado de protección civil, que se recoge en el citado decreto, a lo dispuesto en la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León. Concretamente la modificación consiste en hacer referencia expresa a los voluntarios para la extinción de incendios. La disposición final segunda faculta al titular de la Consejería con competencia en materia de protección civil para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente plan. La disposición final tercera recoge la entrada en vigor del decreto.

Por lo que respecta a la estructura de plan en sí, esta está conformada por 11 apartados, algunos de ellos dedicados a detallar de forma gráfica y numérica los artículos de los que traen causa: 1. Introducción, 2. Objeto, 3. Objetivos, 4. Distribución de los parques de bomberos, 5. Tipología de parques de bomberos, 6. Infraestructuras existentes, 7. Criterios de actuación, 8. Prioridades para la implantación del plan, 9. Estructura y organización de los servicios, 10. Instrumentos orgánicos y funcionales y 11.Instrumentos financieros. A su vez el plan tiene tres anexos referidos, respectivamente, a la distribución de los parques de bomberos, tipología de los parques de bomberos y características de las áreas de intervención.

El presente decreto responde, tanto en su finalidad como en su procedimiento de elaboración, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La necesidad del plan de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León viene motivada por el cumplimento del mandato del artículo 40.2 de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, cuyo principal objetivo es garantizar una respuesta homogénea de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento para las personas y los bienes del territorio de la Comunidad de Castilla y León, independientemente del lugar donde se encuentren. Siendo el plan planteado el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de dicho objetivo, por lo que se cumple con el principio de eficacia.

Asimismo, el presente decreto cumple con el principio de proporcionalidad, en cuanto que la regulación que contiene es la imprescindible para atender al fin que lo justifica. No lleva consigo restricción de derecho alguno y respeta el autogobierno local. Siendo que las obligaciones que se establecen a las entidades locales para la efectividad y despliegue del mismo son de mínimos, es decir, las indispensables para ejercer la competencia autonómica de coordinación y hacer efectivo el objetivo de prestación del servicio en términos de homogeneidad y calidad.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica este decreto se ha elaborado de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y autonómico.

Por lo que respecta al principio de transparencia y en cumplimento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se sustanció una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas. Igualmente, durante la preparación técnica del plan, participaron activamente mediante sugerencias y observaciones, representantes de los colectivos directamente interesados en el contenido del plan, a través de una mesa de trabajo constituida al efecto. Dicha mesa estaba integrada, además de por representantes de la administración autonómica, por representantes de las centrales sindicales; UGT, CC.OO. y CSIF y por representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Asimismo se han llevado a cabo todos los trámites recogidos en la normativa vigente para dar cumplimento a dicho principio.

El principio de eficiencia queda garantizado en cuanto que no establece cargas administrativas y se ha buscado racionalizar su aplicación con la disponibilidad de los recursos públicos de las entidades locales.

Vistos los artículos 40.1 y 2 y la disposición final quinta de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de marzo de 2021

DISPONE

DISPOSICIONES FINALES

Primera Modificación del Registro del voluntariado de Protección Civil de Castilla y León

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del Voluntariado de Protección Civil de Castilla y León y se regula su funcionamiento, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– En el Registro podrán establecerse diversas categorías y especialidades funcionales dentro de las Secciones creadas en función del tipo o naturaleza de la actividad en materia de protección civil que desarrollen las Agrupaciones Locales o Asociaciones, atendiendo a la siguiente clasificación:

• - Categoría 1.ª: Colaboración en tareas de rescate y salvamento.
• - Categoría 2.ª: Colaboración en tareas de apoyo logístico.
• - Categoría 3.ª: Colaboración en tareas de apoyo social y humanitario.
• - Categoría 4.ª: Colaboración en tareas de extinción de incendios.»

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