Atención norma derogada, ver regulación posterior

ORDEN EEI/794/2021, de 24 de junio, por la que se modifica la Orden EEI/734/2020, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León

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• INTRODUCCION
• Artículo único Modificar la Orden EEI/734/2020, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, en los siguientes términos
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición Transitoria Régimen transitorio
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final Entrada en vigor

Artículo único Modificar la Orden EEI/734/2020, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, en los siguientes términos

• Uno.– Se añade en la Base 2.ª «Régimen jurídico», la siguiente referencia normativa que queda insertada a continuación de la referida a la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de la entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas:
  • «– El Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.»
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• Dos.– Se añaden a la Base 3.ª «Beneficiarios», los apartados 6 y 7 en los siguientes términos:

  «6.– No obtendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones, en el caso de las empresas, aquellos que, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, estén obligados a disponer de un plan de igualdad y no lo tengan implementado en la fecha de publicación del extracto de la resolución de convocatoria. A estos efectos, deberán cumplimentar la declaración responsable conforme al modelo normalizado que se establezca en la resolución de convocatoria, y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

  La acreditación de esta circunstancia se efectuará mediante la documentación que se determine en la correspondiente convocatoria.

  7.– No obtendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones, en el caso de las asociaciones, aquellas que no cumplan con el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o funcionamiento, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. A estos efectos, deberán cumplimentar la declaración responsable conforme al modelo normalizado que se establezca en la resolución de convocatoria, y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

  La acreditación de esta circunstancia se efectuará mediante la documentación que se determine en la correspondiente convocatoria.»

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• Tres.– Se modifica la letra b) del apartado 2 de la Base 4.ª «Obligaciones de los beneficiarios» incluyendo el punto 8.º que queda redactado en los siguientes términos:

  «8.º– Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigesimoprimero, punto 2 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

  • a) Que la ejecución de las actividades subvencionadas no vulnere en ningún caso el principio de no discriminación por razón de discapacidad, sexo, orientación sexual, raza, origen étnico, religión o convicciones.
  • b) Que el lenguaje a utilizar para el desarrollo de la actividad y para la promoción o publicidad de la misma, sea un lenguaje no sexista. Se utilizarán imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres.
  • c) Durante todo el período que abarque el desarrollo de la actividad subvencionada, la empresa o entidad beneficiaria cumplirá con la obligación de satisfacer el pago de las cotizaciones sociales y de los salarios de los trabajadores.
  • d) Adaptar la realización de la actividad subvencionada en horarios y forma de realización de manera que se facilite la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las personas destinatarias de la actividad.
  • e) Cumplir con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España.»
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• Cuatro.– Se modifican las letras f) y g) del apartado 1, y el apartado 2 de la Base 6.ª «Criterios de valoración de las solicitudes», que quedan redactados en los siguientes términos:
  • «f) Contribución a la integración laboral de las personas con discapacidad (hasta 5 puntos). Se considera, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que la entidad solicitante contribuye activamente a la integración laboral de la personas con discapacidad cuando supere o se comprometa a superar los porcentajes de contratación de personas con discapacidad exigidos en la normativa vigente, valorándose conforme se indica:
    Se asignarán 5 puntos a las entidades solicitantes que teniendo la consideración de empresa a los efectos del citado decreto, se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:
    Empresas que contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad.
    Empresas, que contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal del artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, acrediten en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.
    Empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención.
    Asimismo, se asignarán 5 puntos a las entidades solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena siempre que concurran con empresas con trabajadores por cuenta ajena que reciban puntuación por cumplir las exigencias del criterio de valoración regulado en este apartado.
    A las restantes entidades se les asignarán 0 puntos.
    Para determinar la puntuación correspondiente a empresas o entidades asociadas o agrupadas se aplicará a cada uno de los miembros de la asociación o agrupación el citado criterio y se asignará a dicha agrupación o asociación la puntuación resultante de calcular la media aritmética de las puntuaciones alcanzadas por cada uno de sus miembros asociados o agrupados.
  • g) Contribución de la persona solicitante a la consecución de la igualdad de género en el ámbito laboral: (hasta un máximo de 5 puntos).
    En este criterio se valoran las actuaciones y medidas dirigidas especialmente a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a la eliminación de la brecha salarial de género, que hayan sido adoptadas por la persona solicitante para favorecer la efectiva consecución de la igualdad de género en el ámbito laboral, al amparo de lo que se establezca en las presentes bases reguladoras, y en los siguientes términos:
    • 1.º Se otorgarán 5 puntos a aquellas entidades que posean el distintivo «ÓPTIMA Castilla y León» u otro certificado o distintivo empresarial análogo de carácter oficial.
    • 2.º Se otorgarán 3 puntos a aquellas entidades que cuenten con un porcentaje de mujeres trabajadoras superior al 50% en el conjunto de la plantilla.
    • 3.º Se otorgaran 2 puntos a aquellas entidades en cuyas escrituras de constitución o en los estatutos figure como objetivo el trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres.
    
    A las entidades solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena se les asignará la puntuación resultante de calcular la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por los demás solicitantes.
    Para determinar la puntuación correspondiente a las agrupaciones de entidades de formación se aplicará a cada uno de los miembros de la agrupación el citado criterio y se asignará a dicha agrupación la puntuación resultante de calcular la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por cada uno de sus miembros. En el caso de que alguna de las entidades integrantes carezca de trabajadores por cuenta ajena se les asignará la puntuación resultante de calcular la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por los integrantes de la agrupación.
    Para valorar este criterio se atenderá a lo declarado responsablemente por la entidad solicitante en el modelo normalizado que a tal efecto se establezca como anexo a la resolución de la convocatoria, y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (https://www.empleo.jcyl.es), así como, a la documentación que se determine en la correspondiente convocatoria.

  2.– En caso de igualdad de puntuación entre planes de formación de distintos solicitantes se aplicarán los siguientes criterios de desempate, relacionados por orden de prelación:

  • a) Tendrán preferencia en su concesión, los solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral con personas con discapacidad se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad durante la ejecución del plan de formación objeto de subvención o bien, que careciendo de trabajadores por cuenta ajena, manifiesten el compromiso de realizar alguna contratación de personas con discapacidad durante la ejecución del plan de formación objeto de la subvención. Esta preferencia no operará frente a los solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena.
  • b) Mayor puntuación en función del criterio de la letra a) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • c) Mayor puntuación en función del criterio de la letra b) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • d) Mayor puntuación en función del criterio de la letra c) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • e) Mayor puntuación en función del criterio de la letra d) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • f) Mayor puntuación en función del criterio de la letra e) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • g) Mayor puntuación en función del criterio de la letra g) del apartado 1 de la Base 6.ª.
  • h) Anterior entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.»
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• Cinco.– Se reenumera el apartado 6 de la Base 25.ª «Plazo y forma de justificación», pasando a ser el apartado 7, y se crea un nuevo apartado 6, que queda redactado en los siguientes términos:

  «6.– La justificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 8.º de la letra b) del apartado 2, de la Base 4.ª se efectuará en el plazo previsto para justificar la subvención, mediante la documentación que establezca la convocatoria. Por otra parte, la Administración, sin perjuicio de las declaraciones responsables que se pudieran establecer, podrá efectuar en cualquier momento, actuaciones de comprobación.»

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• Seis.– En la Base 28.ª «Criterios de graduación de los incumplimientos y reintegro de las subvenciones», se modifica el apartado 1 que queda redactado en los siguientes términos:

  «1.– El incumplimiento de los requisitos, condiciones, finalidades o cualquier otro incumplimiento del régimen jurídico establecido en estas bases, en la resolución de concesión, así como la concurrencia de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y demás normas aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención o, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora que puedan corresponder.»

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• Siete.– En la Base 28.ª «Criterios de graduación de los incumplimientos y reintegro de las subvenciones» se modifica el apartado 3 letra a) y letra b) que quedan redactadas en los siguientes términos:
  • «a) Son supuestos de incumplimiento total, que darán lugar a la pérdida total del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas:
    • 1.º La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
    • 2.º El incumplimiento total de la obligación de justificación, o la justificación insuficiente inferior al 25% en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la demás normativa aplicable, incluyendo estas bases reguladoras y la correspondiente convocatoria.
    • 3.º Cuando por parte de la entidad beneficiaria se presente resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en el Capítulo V, del Título VII, de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y en el Título III, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
    • 4.º Cuando la realización de la actividad subvencionada no alcance el veinticinco por cien de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos finalizados. A efectos de determinar los alumnos finalizados se estará a lo dispuesto en el apartado segundo de la base 15.ª de la presente orden.
    • 5.º Cuando exista subcontratación en los términos prohibidos por la Orden TMS/368/2019, siempre que ésta afecte al menos al veinticinco por cien del total del programa de formación, calculado con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos finalizados. A efectos de determinar los alumnos finalizados se estará a lo dispuesto en el apartado segundo de la base 15.ª de la presente orden.
    • 6.º El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 8.º de la letra b) del apartado 2 de la Base 4.ª.
  • b) Son supuestos de incumplimiento parcial, que darán lugar a la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, el procedimiento de reintegro parcial de la subvención:
    • 1.º El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma. Cuando la ejecución del indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos finalizados, esté comprendida entre el 25 por ciento y el 100 por ciento, la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados. A efectos de determinar los alumnos finalizados se estará a lo dispuesto en el apartado 2 de la Base 15.ª de la presente orden.
    • 2.º El incumplimiento parcial de los compromisos establecidos en la resolución de concesión, según los siguientes criterios:
      • I.– Si el cumplimiento del compromiso tomado en consideración para la aplicación del criterio de valoración establecido en la letra a) del apartado 1 de la Base 6.ª no alcanza el veinticinco por cien de los objetivos, conllevará una minoración del treinta por cien que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar. Cuando la ejecución del cumplimiento del objetivo esté comprendida entre el veinticinco y el cien por cien, conllevará una minoración igual al grado de incumplimiento calculado sobre el peso en la valoración técnica del objetivo, que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar.
      • II.– Si el cumplimiento del compromiso tomado en consideración para la aplicación del criterio de valoración establecido en la letra b) del apartado 1 de la Base 6.ª no alcanza el veinticinco por cien de los objetivos, conllevará una minoración del veintisiete por cien que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar. Cuando la ejecución del cumplimiento del objetivo esté comprendida entre el veinticinco y el cien por cien, conllevará una minoración igual al grado de incumplimiento calculado sobre el peso en la valoración técnica del objetivo, que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar.
      • III.– Si el cumplimiento del compromiso tomado en consideración para la aplicación del criterio de valoración establecido en la letra c) del apartado 1 de la Base 6.ª no alcanza el veinticinco por cien de los objetivos, conllevará una minoración del tres por cien que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar. Cuando la ejecución del cumplimiento del objetivo esté comprendida entre el veinticinco y el cien por cien, conllevará una minoración igual al grado de incumplimiento calculado sobre el peso en la valoración técnica del objetivo, que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar.
      • IV.– Si el cumplimiento del compromiso tomado en consideración para la aplicación del criterio de valoración establecido en la letra d) del apartado 1 de la Base 6.ª no alcanza el veinticinco por cien de los objetivos, conllevará una minoración del diez por cien que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar. Cuando la ejecución del cumplimiento del objetivo esté comprendida entre el veinticinco y el cien por cien, conllevará una minoración igual al grado de incumplimiento calculado sobre el peso en la valoración técnica del objetivo, que se aplicará sobre el importe de la subvención a liquidar.
      • V.– Supondrá un incumplimiento parcial con la consiguiente pérdida del derecho al cobro o reintegro parciales de la subvención concedida el incumplimiento de las circunstancias y de los compromisos tomados en consideración para la aplicación del criterio de valoración establecido en la letra f) del apartado 1 de la Base 6.ª por los que se obtuvo puntuación, que conllevará una minoración del importe total de la subvención concedida al programa formativo a aplicar a la subvención a liquidar en un porcentaje equivalente a la puntuación establecida como máxima para dicho criterio.»
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Disposición Transitoria Régimen transitorio

Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su iniciación.

Disposición final Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.