ORDEN de 9 de julio de 2021 por la que se regula y se inicia el procedimiento para la acreditación de las/los enfermeras/os para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano

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Sumario

El artículo 43.1 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud, por lo que los poderes públicos tienen el deber constitucional de tutelar el establecimiento de medidas preventivas y prestaciones de servicios necesarios para garantizar tal derecho.

Por su parte, el artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia otorga a la Comunidad Autónoma la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, así como para organizar y administrar todos los servicios relacionados con esta materia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.4 de este mismo texto legal, le corresponde a la Comunidad Autónoma la organización y administración, dentro de su territorio, de todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas.

Toda vez que en el ámbito de las profesiones sanitarias cada vez son mayores los espacios competenciales compartidos y el funcionamiento del trabajo en equipo entre profesionales, uno de los principios básicos que sustenta la orden que se pretende aprobar es el de cooperación multidisciplinar. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, determina en su artículo 9.1 que la atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial de las personas pacientes, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. Asimismo, la ley señala que las actuaciones sanitarias dentro de los equipos de profesionales se articularán atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia de las personas que integran el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento mutuo de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.

En el ámbito estatal, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, reguló por primera vez la facultad de los profesionales de enfermería para que, de forma autónoma, pudieran indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios, por medio de la correspondiente orden de dispensación. En la actualidad esta previsión se recoge en el artículo 79.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, y en el artículo 2 del Real decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los/las enfermeros/as. En concreto, el número 2 de este precepto señala que para el desarrollo de estas actuaciones tanto la enfermera o enfermero responsable de cuidados generales como la enfermera o enfermero responsable de cuidados especializados deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva.

La Comunidad Autónoma de Galicia viene obligada, por lo tanto, a establecer un procedimiento administrativo que sirva para canalizar el proceso de acreditación de las enfermeras y enfermeros conforme a lo indicado en el párrafo anterior.

El citado real decreto incluye además en su artículo 3, como novedad, que los/las enfermeros/as, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, conforme a los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial establecidos, y mediante la correspondiente orden de dispensación. A este respecto hace falta señalar que la elaboración de aquellas guías o protocolos se efectuará en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que una vez elaborados serán validados y publicados en el Boletín Oficial del Estado, según lo señalado en el artículo 6.4 del Real decreto 954/2015, de 23 de octubre.

Para esto es necesario otorgar la acreditación de los/las enfermeros/as responsables de cuidados generales y de los/las enfermeros/as responsables de cuidados especializados, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano con sujeción a los requisitos y procedimiento regulados. El establecimiento de los títulos, de las competencias y de la formación exigida para la obtención de esta capacitación profesional forma parte de la competencia estatal básica en materia de sanidad, en la medida en que tales condiciones han de ser uniformes e iguales para todas las personas profesionales en todo el territorio español, en cuanto se trata de una actividad directamente vinculada a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en cualquier parte del territorio español, ligada asimismo a la garantía de libertad de circulación y establecimiento de estos profesionales y a la libre prestación de los servicios.

No sucede lo mismo, con todo, con el acto de comprobación del cumplimiento de tales condiciones, que tiene naturaleza ejecutiva y, en consecuencia, forma parte de las competencias autonómicas en materia sanitaria, conforme a lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2018, de 5 de julio de 2018, dictada en el conflicto positivo de competencia nº1866/2016, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad, por vulneración de las competencias de desarrollo y ejecución que, en materia de acreditación de las enfermeras y enfermeros, corresponden a las comunidades autónomas, de las referencias que se realizaban en el Real decreto 954/2015, de 23 de octubre, a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como en la sentencia 86/2018, de 19 de julio, dictada en el conflicto positivo de competencia nº2057/2016 planteado por el Gobierno de Aragón.

Fue por tal motivo por lo que se procedió, mediante el Real decreto 1302/2018, de 22 de octubre, a modificar el Real decreto 954/2015, de 23 de octubre, señalando expresamente que la regulación del procedimiento para la acreditación de los/las enfermeros/as le corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, siendo la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma respectiva la competente para otorgar aquella acreditación, tanto para las enfermeras y enfermeros responsables de cuidados generales como especializados.

Es en este marco normativo en el que esta consellería, respetando los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como los recogidos en el artículo 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, viene a aprobar el procedimiento de acreditación de los/las enfermeros/as. La adecuación de la presente orden a los principios de necesidad y eficacia se justifica en lo señalado en los párrafos anteriores. Al mismo tiempo, en la regulación del procedimiento que aquí se aborda se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad, y en este sentido las obligaciones que se imponen tanto a los/las profesionales como a los centros sanitarios y demás órganos y unidades administrativas son las mínimas imprescindibles para poder determinar la concurrencia de los requisitos de acreditación legalmente establecidos, así como para velar por la eficacia y transparencia del procedimiento. La presente orden tampoco implica cargas administrativas innecesarias, sino que crea un canal ágil para el otorgamiento de la acreditación, previendo que esta se lleve a cabo de oficio, por lo que resulta conforme con el principio de eficiencia.

En atención al principio de seguridad jurídica, la orden resulta conforme con la regulación de la Unión Europea, nacional y autonómica en materia de ordenación de las profesiones sanitarias, de uso racional de los medicamentos y del procedimiento administrativo común.

En la tramitación de la presente orden se dio también debido cumplimiento al principio de transparencia, siendo la misma puesta a disposición de la ciudadanía en general, a través de su publicación en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Xunta de Galicia, así como de los grupos y sectores concretos cuyos derechos e intereses se ven afectados por la presente regulación.

La presente orden cuenta con 6 artículos que regulan su objeto, ámbito de aplicación, la finalidad de la orden y del procedimiento que en ella se regula, los requisitos para la obtención de la acreditación, el procedimiento de acreditación y las resoluciones del mismo.

Completan el texto una disposición adicional única, en la que se regulan cuestiones relativas al curso de adaptación, y tres disposiciones finales en las que se recogen, respectivamente, cuestiones respecto de la habilitación para la ejecución de la orden y las adaptaciones técnicas para la efectividad de la orden de dispensación electrónica, la automatización de la acreditación y la entrada en vigor de la presente orden.

En consecuencia, de conformidad con las facultades que me confieren los artículos 34.6 y 38 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES