ORDEN 10/2021, de 8 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen obligaciones formales de suministro de información en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por parte de las personas físicas y jurídicas que organicen subastas de bienes muebles

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Sumario

PREÁMBULO

El artículo 49, apartado segundo, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, reconoce a las Comunidades Autónomas en relación con el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, competencias para regular los aspectos de gestión y liquidación. Así mismo, la citada Ley 22/2009 concreta en su artículo 55.1 letras d), e) y f), que el alcance de estas competencias incluye la publicidad e información al público de obligaciones tributarias y su forma de cumplimiento, la aprobación de los modelos de declaración y, en general, las demás competencias necesarias para la gestión de los tributos.

En la disposición adicional tercera de la Ley 13/1997, de la Generalitat, incorporada por el artículo 47 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, se establece que las personas físicas y jurídicas que organicen subastas de bienes muebles deberán remitir a la Conselleria competente en materia de Hacienda una declaración en la que se incluirán todas las transmisiones de bienes muebles en que hayan participado. La remisión de la información se efectuará en el formato, plazos y demás condiciones y con el contenido que se establezca mediante la presente Orden de la Conselleria. Con la presente disposición se lleva a cabo el desarrollo reglamentario previsto en la citada norma.

Si bien esta obligación puede afectar a personas establecidas fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el principio de territorialidad preconizado por la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la obligación se circunscribe a aquellas operaciones susceptibles de ser gravadas por la Comunidad Autónoma. Así, de conformidad con el artículo 33.2C) 3.ª de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, solo deberán ser objeto de declaración aquellas operaciones en las que el adquirente tenga su residencia habitual si es persona física, o su domicilio fiscal si es persona jurídica, en la Comunitat Valenciana.

Esta norma se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe sujetarse el ejercicio de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Sirve a los principios de necesidad y eficacia cuando, con su aprobación, se da cumplimiento y desarrolla por la vía normativa prevista por el legislador una previsión destinada a reforzar los instrumentos de la administración tributaria para el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias nacidas de la realización de determinados tipos de subastas. En aras del principio de seguridad jurídica se ha integrado la norma de una manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico. De acuerdo con los principios de eficiencia y proporcionalidad, se ha restringido su ámbito de aplicación a aquellas operaciones para las que no existen otras obligaciones generales de información ya establecidas o mecanismos de cierre registral que aseguren el pago del impuesto. Finalmente, en materia de transparencia, se han definido claramente los objetivos de esta norma y su justificación, y se ha posibilitado la participación activa de las personas y asociaciones representativas de intereses que pudieran verse afectados por la misma.

De acuerdo con lo expuesto y, en uso de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económi- co, a propuesta de la Dirección General de Tributos y Juego, y previos los trámites establecidos en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, así como el informe de la Abogacía General de la Generalitat, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENO

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIONES FINALES