Decreto-ley 21/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Conceptos financiables
• Artículo 3 Distribución por entidad local
• Artículo 4 Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos
• Artículo 5 Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones
• Artículo 6 Validación de los proyectos o actuaciones
• Artículo 7 Gestión de los fondos
• Artículo 8 Justificación
• Artículo 9 Verificación de la aplicación de los recursos
• Artículo 10 Reintegro
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Identificación de la fuente de financiación
  • Disposición adicional segunda Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Habilitación normativa
  • Disposición final segunda Entrada en vigor
• ANEXO
• ANEXO I
• ANEXO II
• ANEXO III
• ANEXO IV
• ANEXO V
• ANEXO VI

Artículo 1 Objeto

1. Constituye el objeto del presente decreto-ley la aprobación de un Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente afectadas de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla por los efectos de fenómenos naturales adversos acaecidos en los citados ámbitos territoriales en el período que abarca desde el 24 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2021, y cuya finalidad sea la financiación de las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones que estén destinadas a la prestación de los servicios públicos de la competencia municipal.

2. El Programa se dotará para este ejercicio presupuestario con la cantidad de 1.500.000 euros, y se articulará a través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen en este decreto-ley en favor de las entidades locales que resulten afectadas. Estas transferencias se regulan por lo establecido en este decreto-ley, no resultándoles de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como tampoco el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo remisión expresa prevista en este decreto-ley.

3. La dotación de este Programa se financiará con cargo a la partida presupuestaria 0900010000/G/81A/76501/00 01 del programa presupuestario 81A denominado «Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales», integrado en el Plan de Cooperación Municipal.

Para articular esta financiación, se aprueba la aplicación de una dotación diferenciada de crédito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 por un importe de 1.500.000 euros, Fondo de Contingencia, y se insta un suplemento de crédito para su autorización por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, conforme dispone los artículos 52.6 y 43 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 2 Conceptos financiables

1. Con cargo al presente programa se podrán financiar aquellas actuaciones en las que concurran los siguientes requisitos:

• a) Que las actuaciones sean necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas severamente por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en el periodo y localización que se determina en el apartado 1 del artículo 1 de este decreto-ley.
• b) Que las infraestructuras e instalaciones estén destinadas a la prestación de servicios públicos de competencia municipal, ya sean gestionados directa o indirectamente por la entidad local, tales como:
  • - abastecimiento de agua potable a domicilio;
  • - evacuación y tratamiento de aguas residuales;
  • - acceso a los núcleos de población;
  • - pavimentación y señalización de las vías urbanas;
  • - alumbrado público;
  • - limpieza viaria urbana;
  • - cementerio;
  • - recogida y tratamiento de residuos;
  • - prevención y extinción de incendios;
  • - parque público;
  • - biblioteca pública;
  • - instalaciones deportivas de uso público;
  • - conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, y otros centros educativos de titularidad municipal;
  • - en general, aquellas otras infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de cualesquiera otros servicios públicos locales, cuya prestación sea imprescindible por afectar, entre otras materias, a la salud, a los servicios sociales o culturales, la seguridad o la movilidad de las personas.
• c) Que las actuaciones se lleven a cabo a través de cualesquiera de los tipos de contratos, procedimientos de licitación, encargos que se puedan realizar, y expedientes, en su caso, de urgencia y de emergencia, previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante lo anterior, serán también financiables las actuaciones que se realicen mediante la ejecución directa de las obras por parte de la entidad local afectada cuando se cumplan los requisitos establecidos por dicha ley.

La licitación, cuando sea necesaria, se realizará por cualesquiera de los procedimientos previstos en la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

2. Respecto a las actuaciones referidas en el apartado anterior, tienen también la consideración de conceptos financiables, los siguientes:

• - Reparación o adquisición del mobiliario urbano dañado por dichos acaecimientos para su reposición, siempre que sean de titularidad municipal, tales como farolas, bancos, vallas y similares, así como las obras necesarias para su instalación.
• - Cualquier obra accesoria a las citadas anteriormente o directamente relacionadas con las mismas que sean necesarias para la restitución de los citados servicios o el refuerzo de las infraestructuras e instalaciones dañadas por dichos acaecimientos.
• - Actuaciones tales como limpieza de vías, retirada de escombros o lodos, o cualquier otra de mantenimiento o conservación de las citadas infraestructuras y bienes de titularidad municipal que hayan sufrido daños como consecuencia de los citados acaecimientos, supongan o no un aumento del valor real del bien o contribuyan o no a un incremento de la productividad, capacidad, rendimiento o eficiencia o alargamiento de su vida útil.
• - Cualquier otra actuación necesaria para mantener la prestación de los servicios públicos de la competencia municipal mientras perdure la situación de emergencia, calamidad o catástrofe, tal como el abastecimiento de agua potable mediante la adquisición de cisternas de agua u otras posibles en este tipo de situaciones.

Serán también financiables las actividades técnicas necesarias para la realización de las actuaciones, tales como redacción de proyectos, direcciones facultativas y similares, cuando no sean realizadas por los propios medios de la entidad local.

3. Se entienden incluidas todas las actuaciones o intervenciones realizadas desde el día que se fije en la correspondiente declaración de zonas especialmente afectadas.

En ningún caso serán financiables los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección civil y cualquier otro de carácter análogo.

Artículo 3 Distribución por entidad local

1. Las entidades locales beneficiarias de estas ayudas y las cuantías resultantes para cada una de ellas se concretan en el anexo que se publica con este decreto-ley.

2. Para determinar la asignación que ha correspondido a cada entidad local, y teniendo en cuenta la fórmula empleada que se describe en el Anexo I, se ha distribuido la dotación total de este Programa entre las entidades locales afectadas atendiendo a su población, a la superficie urbana de que dispongan y a la gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones a que se refiere el artículo anterior, así como a la capacidad económica.

3. Las distintas variables que se han tenido en cuenta para calcular las asignaciones responden a las siguientes especificaciones:

• a) Población: La última cifra de población de derecho de cada entidad local afectada aprobada y publicada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística, con una ponderación del 5 por ciento.
• b) Superficie urbana: Número de hectáreas para cada entidad local publicado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con una ponderación del 5 por ciento.
• c) Gravedad de los daños sufridos: Pluviometría, incidencias registradas en el Sistema Público de Emergencias de Andalucía 112 e informes de Protección Civil, con una ponderación del 80 por ciento.
• d) Capacidad económica: Inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, con una ponderación del 10 por ciento.

4. Las transferencias a las entidades locales beneficiarias serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas que pudieran recibir para esta finalidad, sin que, en ningún caso, en su conjunto, puedan ser superiores al coste de la actuación a que se refiera. Aquellas que vayan destinadas a la misma finalidad u objeto sólo serán financiadas con cargo a lo dispuesto en este decreto-ley en aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado.

Artículo 4 Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos

1. La persona titular de la Alcaldía o Presidencia de la entidad local beneficiaria deberá aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar, y notificar la citada aceptación por vía electrónica a través de la página web de la Consejería competente sobre régimen local:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/procedimientos/detalle/24758.html

en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta norma, de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo II publicado con esta norma.

En el caso de que en el plazo establecido la entidad local no presente la aceptación de la financiación decaerá el derecho a recibirla.

2. En el documento a que se refiere el apartado anterior deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente decreto-ley.

3. La persona titular de la Dirección General de Administración Local, que habrá iniciado el correspondiente expediente de gasto, que se tramitará en unidad de acto ADOJ con justificación diferida, dictará resolución por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias, notificándose mediante su publicación en la página web de la Consejería competente sobre régimen local.

4. En el acto de fiscalización del documento ADOJ se comprobará:

• a) Que la obligación se reconoce por aprobación del órgano competente.
• b) Que el crédito al que se pretende imputar el gasto es el adecuado a su naturaleza.
• c) Que existe suficiente remanente en el crédito indicado para dar cobertura al gasto propuesto.

Artículo 5 Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones

1. La presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones se realizará de forma telemática en modelo normalizado, a través de la página web de la Consejería competente sobre régimen local:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/procedimientos/detalle/24758.html

La misma se realizará en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, e irá dirigida a la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia o las provincias en que se sitúen las entidades locales especialmente afectadas en cada caso.

2. La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:

• a) Una relación de los proyectos o actuaciones en la que se especifique su denominación, contenido, presupuesto y plazo de ejecución, así como, en su caso, la necesidad de financiar los contratos de servicios vinculados a la obra, tal como se recoge en los modelos Anexo III y Anexo IV incorporados a esta norma.
• b) Un informe justificativo, suscrito por la persona titular de la secretaría de la entidad local, de que se trata de una actuación que cumple con los requisitos previstos en el artículo 2 del presente decreto-ley, tal como se recoge en el modelo Anexo V.
• c) Certificación del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno de la entidad local, según proceda, en el que, en su caso, se aprueben los proyectos o actuaciones a financiar.

Artículo 6 Validación de los proyectos o actuaciones

1. En el plazo de diez días a contar desde la presentación de la documentación referida en el artículo anterior, se verificará por la Delegación Territorial competente que éstos cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto-ley.

2. Cuando un proyecto o actuación no cumpla con los requisitos establecidos en este decreto-ley, la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia respectiva podrá requerir las modificaciones oportunas que considere convenientes en relación con los proyectos a financiar, incluida la sustitución de la actuación a desarrollar. Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas, organizativas o similares, inicialmente no previstas, la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia podrá autorizar la modificación de la relación de proyectos.

3. En el plazo máximo de diez días desde su validación por la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en la provincia, los proyectos serán elevados por dicha Delegación a la Dirección General de Administración Local para la declaración de su financiabilidad con arreglo a las previsiones del presente decreto-ley.

Artículo 7 Gestión de los fondos

1. Los fondos se ingresarán a la entidad local perceptora, en el más breve plazo posible y tras la fiscalización del correspondiente expediente de gasto, en la cuenta que haya indicado en el documento de aceptación de la financiación a que se refiere el artículo 4 del presente decreto-ley. En el caso de que los dígitos se cumplimenten de forma errónea, los fondos se ingresarán en la cuenta de la entidad local que figure como cuenta principal en el Sistema Económico-Presupuestario de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO) de la Junta de Andalucía.

2. Las cuantías que deban recibir las entidades locales conforme al presente decreto-ley no podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al programa y su carácter de gobiernos integrantes de la organización territorial de Estado, las entidades locales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ni que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Artículo 8 Justificación

1. Las entidades locales beneficiarias deberán acreditar la ejecución de las distintas actuaciones dentro de los dos meses siguientes a la finalización de las actuaciones y, como fecha límite, antes del 31 de diciembre del 2022. No obstante, la Dirección General de Administración Local, a solicitud motivada, y por motivos extraordinarios podrá otorgar una prórroga de hasta doce meses del citado plazo.

2. La entidad local beneficiaria justificará ante la Dirección General de Administración Local la utilización de los fondos transferidos. A tales efectos, presentará por vía telemática la documentación justificativa (Anexo VI), emitida por la Secretaría, la Intervención o Secretaría-Intervención correspondiente, acreditativa del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron transferidas, donde se haga constar que el importe total de la transferencia se ha destinado a los gastos por conceptos previstos en el presente decreto-ley que se hayan irrogado de las actuaciones y proyectos validados y declarados financiables conforme a lo dispuesto en el artículo 6.

En el supuesto de que se reflejen cantidades sobrantes no aplicadas a proyecto o actuación financiable alguna y que, por tanto, hayan de reintegrarse a la Administración de la Junta de Andalucía, deberá adjuntarse, además, carta de pago por dicho importe, considerándose devolución voluntaria a iniciativa de las entidades beneficiarias. Para ello, deberá requerirse a la Dirección General de Administración Local, para que proceda a su confección.

En la página web de la Consejería competente en materia de régimen local estará disponible un modelo del citado documento justificativo, en la siguiente dirección electrónica:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/procedimientos/detalle/24758.html

Artículo 9 Verificación de la aplicación de los recursos

1. La correcta aplicación de los recursos del programa a los fines previstos en este decreto-ley estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la comprobación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo anterior por la Dirección General de la Administración Local.

Los controles que se realicen tendrán por objeto verificar que los recursos del programa se han empleado efectivamente en la financiación de las actuaciones a las que estaban destinados y que la documentación justificativa presentada por las correspondientes entidades locales reflejan adecuadamente la gestión realizada, aplicando los criterios previstos en el en el artículo 95 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Las entidades locales beneficiarias deberán poner a disposición de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a requerimiento de ésta, la documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para que las personas designadas por la Intervención General puedan realizar su trabajo.

Artículo 10 Reintegro

1. La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Programa implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.

Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Dirección General de Administración Local de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 8 o su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes, previo trámite de subsanación o rectificación.

También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería competente en materia de régimen local o mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el decreto-ley.

2. En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de la asignación prevista en el artículo 3, el reintegro alcanzará sólo a la parte de financiación no aplicada.

3. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del Programa, dará lugar al reintegro total de la cantidad recibida por la correspondiente entidad local.

4. Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto de reintegro.

5. Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por dicha Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por ésta.

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobro y en lo no dispuesto en este decreto-ley, lo procedimentalmente establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional primera Identificación de la fuente de financiación

En las obras financiadas con cargo al Programa aprobado en este decreto-ley, salvo que por razón de la naturaleza de la actuación sea de imposible o difícil materialización, deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.»

Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 218/2020, de 21 de diciembre.

Disposición adicional segunda Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales será informado puntualmente a través de la Consejería competente en materia de régimen local sobre todo lo relativo a la tramitación de estas transferencias, entidades locales beneficiarias, cuantías asignadas, y especialmente de la resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias.

Disposición final primera Habilitación normativa

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de régimen local, en el ámbito de sus competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente decreto-ley.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.