Decreto-ley 23/2021, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a los centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia

• 

  La inteligencia artificial en la gestión pública

  Libros
  Desde 40,51 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual práctico de Compra Pública de Innovación

  Libros
  Desde 54,34 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  El IVA en los Entes Locales

  Libros
  Desde 45,45 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local

  Libros
  Desde 98,80 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Revista El Consultor de los Ayuntamientos

  Periódicos y Revistas
  468,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

Véase la Res. 24 noviembre 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del D.-ley 23/2021, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a los centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia («B.O.J.A.» 14 diciembre).LE0000713949_20211215

Entre las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía se encuentran los servicios de atención residencial y centro de día para personas mayores en situación de dependencia y los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad en situación de dependencia.

Desde que el COVID-19 fuera declarado pandemia, la prestación de estos servicios se ha visto afectada por su evolución y los centros donde se prestan han tenido que ir elaborando y adaptando planes de contingencia según su tipología, con medidas dirigidas a asegurar la protección de personas usuarias y de profesionales, dotándoles con equipos de protección, de desinfección y material sanitario que minimicen los riesgos de contagio, conforme a las órdenes de la Consejería de Salud y Familias, por la que se aprueban y actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Por otro lado, tanto el gobierno central como el andaluz han ido adoptando diversas medidas adaptadas a las circunstancias de cada momento, tendentes a contener y prevenir la expansión del virus. Entre ellas, en el ámbito de la prestación de los mencionados servicios, destaca la aprobación en Andalucía del Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y del Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida extraordinaria y urgente de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

En ambas normas se contienen medidas dirigidas a paliar o reducir los efectos económicos extraordinarios provocados a los centros con plazas contratadas, conveniadas o concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por la crisis sanitaria y por el cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía y evitar el cierre de centros.

Actualmente, aún cuando la crisis sanitaria no se ha superado, en la Comunidad Autónoma andaluza estamos ante un nuevo escenario favorable de la evolución de la pandemia en el que, habiéndose reactivado la prestación de los servicios, los centros deben garantizar la prestación efectiva de los mismos en función de la situación epidemiológica en cada momento, así como cumplir las medidas preventivas de salud pública establecidas. En esta situación, estos centros deben continuar con la prestación de los servicios públicos y sobreponerse a la situación económica que arrastran por los gastos que han tenido que hacer frente como consecuencia del COVID-19.

En este contexto, tras las medidas de apoyo económico anteriormente adoptadas en el Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, y Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, se considera necesario llevar a cabo medidas de apoyo económico para las entidades prestadoras de servicio de centro de día y atención residencial de personas beneficiarias en situación de dependencia, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial de las persona en situación de dependencia, que amortigüen los efectos económicos ocasionados con motivo de hacer frente al mantenimiento de las recomendaciones sanitarias y las medidas de protección con la finalidad de frenar y reducir el contagio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La medida se cuantifica en un importe establecido por plaza concertada y ocupada en los periodos comprendidos desde el 14 marzo hasta el 30 de junio de 2020 y desde el 9 de mayo hasta el 31 de octubre de 2021.

Este abono adicional es una medida para paliar los efectos económicos ocasionados por la compra de EPI, gastos de contratación de personal y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas en los centros durante el referido periodo.

En definitiva, es una medida dirigida a aquellas entidades con plazas contratadas, conveniadas o concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, competente para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, que tiene como finalidad garantizar la continuidad asistencial y la calidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias de dicho Sistema, así como permitir el sostenimiento del sistema público de servicios sociales en Andalucía.

La regulación del decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.

Las circunstancias expuestas, relativas a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas de apoyo económico que se adoptan.

Así, considerando los numerosos gastos que han tenido que realizar las citadas entidades como consecuencia de la prolongada evolución del COVID-19, que ha dado lugar a situaciones difíciles de prever que pueden tener una repercusión negativa en la continuidad de la prestación de los servicios públicos, unido a que la eficacia de las medidas depende de la rapidez con la que se adopten, resulta necesaria la pronta vigencia de las mismas, que quedaría demorada en el caso de la tramitación normal o por urgencia de una ley.

Teniendo en cuenta que los ámbitos a los que afectan las medidas requieren una actuación inmediata, en el uso de las competencias establecidas en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y con base en la previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía, el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal, o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el uso del Decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4, 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia es la exigencia y responsabilidad de responder de forma inmediata a una situación de necesidad concreta, dentro de los objetivos de este Gobierno, que por razones difíciles de prever, como son las consecuencias económicas de una crisis sanitaria generadas por una pandemia, requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En la tramitación del presente Decreto-ley se ha actuado conforme a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede garantizar su consecución y eficacia.

Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de Decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo no solo a través de los boletines oficiales sino también mediante su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia naturaleza de las actuaciones adoptadas en este decreto-ley, se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas a las entidades que no sean imprescindibles frente a las previstas en la regulación actual.

Debe señalarse también que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2021,

DISPONGO

DISPOSICIONES FINALES