DECRETO 29/2021, de 4 de noviembre, por el que se regulan el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León y las funciones de supervisión y sanción a los mismos

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Definiciones
• Artículo 3 Ámbito de aplicación
• Artículo 4 Órganos administrativos competentes
• Artículo 5 Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León
• Artículo 6 Procedimiento de inscripción de los intermediarios de crédito inmobiliario
• Artículo 7 Procedimiento de inscripción de los prestamistas inmobiliarios
• Artículo 8 Comunicaciones de modificación de datos y de pérdida de requisitos
• Artículo 9 Revocación del reconocimiento para operar como intermediario en el crédito inmobiliario o prestamista inmobiliario y cancelación de la inscripción en el Registro
• Artículo 10 Otras funciones de supervisión administrativa relativas a los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y León
• Artículo 11 Régimen sancionador
• Artículo 12 Comunicaciones a otros supervisores financieros
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Información sobre protección de datos de carácter personal
  • Segunda Requerimientos de cooperación al Banco de España
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA Solicitudes de inscripción previas a la entrada en vigor de este Decreto
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera Modificación del Decreto 21/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda
  • Segunda Desarrollo normativo
  • Tercera Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

Este decreto tiene por objeto completar, en la Comunidad de Castilla y León, el régimen jurídico establecido por la normativa estatal para los intermediarios y prestamistas de crédito inmobiliario, mediante el establecimiento y regulación del Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León, así como la atribución a órganos administrativos autonómicos de las funciones de supervisión y sanción previstas en esta materia.

Artículo 2 Definiciones

En relación con lo establecido en el presente decreto, serán de aplicación las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, o en la norma que la sustituya.

Artículo 3 Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones contenidas en esta norma serán de aplicación a las personas físicas o jurídicas que, teniendo la sede de su administración central en Castilla y León, realicen con carácter empresarial o profesional la actividad de concesión de préstamos a personas físicas con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre inmuebles de uso residencial, y operen exclusivamente con prestatarios domiciliados en el territorio regional.

2. Serán igualmente de aplicación a quienes intermedien de forma empresarial o profesional en relación con el tipo de operaciones contempladas en el apartado anterior, cuando reúnan esos mismos requisitos referidos a sede y ámbito territorial de operaciones, con independencia de que adicionalmente desarrollen o pretendan desarrollar sus actividades a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios en otros Estados.

3. No obstante no serán de aplicación a las entidades de crédito; a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras o que operen en régimen de libre prestación de servicios; a los establecimientos financieros de crédito; a las entidades de pago o de dinero electrónico híbridas a que se refiere el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial; ni a las personas que realicen las actividades de intermediación de crédito de forma accesoria en el marco de una actividad profesional regulada por disposiciones legales o reglamentarias que no excluyan la prestación de tales actividades o servicios, siempre que la actividad de intermediación de crédito, sin constituir su actividad principal, esté íntimamente relacionada con la prestación del contrato principal celebrado entre el profesional y el prestatario.

4. Tampoco serán de aplicación las disposiciones contenidas en el presente decreto respecto a los contratos de préstamo concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses, o cuya tasa anual equivalente sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al público en general; a los otorgados sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos, excepto los destinados a cubrir los costes directamente relacionados con la garantía del préstamo; los concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo de un mes; a los que sean resultado de un acuerdo alcanzado ante un órgano jurisdiccional, arbitral, o en un procedimiento de conciliación o mediación; a los relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente, siempre que no se trate de contratos de préstamo garantizados por una hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial; ni a las hipotecas inversas previstas en el artículo 2.4. f) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Artículo 4 Órganos administrativos competentes

1. Corresponderá al órgano directivo central que tenga atribuido con carácter general el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito el ejercicio de las funciones de autorización, registrales y supervisoras que, respecto a los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios, sean competencia de la Comunidad de Castilla y León, incluida la revocación del reconocimiento para operar como tales.

2. Corresponderá también al órgano directivo central que tenga atribuido con carácter general el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores que, respecto a los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios, sean competencia de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 5 Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León

1. Se crea el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León.

2. El Registro se adscribirá a la consejería competente en materia de ordenación del crédito, bajo la dependencia del órgano directivo central que tenga atribuidas las funciones en dicha materia.

3. La inscripción previa en el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León es requisito para el ejercicio de las actividades de préstamo inmobiliario y de intermediación de crédito inmobiliario para aquellos prestamistas o intermediarios que vayan a operar exclusivamente con prestatarios domiciliados en Castilla y León, con las excepciones establecidas por la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

4. El Registro contendrá, para cada intermediario, un código unívoco, sus datos identificativos, la fecha de alta en el registro, la identificación de sus administradores y representantes designados, la información de si está o no vinculado con un único prestamista y su identificación, la identidad de la persona o entidad con la que se ha contratado la garantía obligatoria prevista en el artículo 6.1 a) y el tipo de actividades que realiza de entre las previstas en la normativa reguladora, y para cada prestamista un código unívoco, sus datos identificativos, la fecha de alta en el registro y la indicación de si presta o no los servicios de asesoramiento contemplados en la normativa reguladora.

5. Los datos del Registro serán de acceso público, en el sitio web de la Junta de Castilla y León. Cualquier persona o entidad interesada puede solicitar una certificación acreditativa de los datos que consten en el mismo. También deberán hacerse públicos los requisitos mínimos de conocimientos y experiencia exigibles al personal al servicio del prestamista, intermediario o representante designado.

6. Mediante orden de la consejería competente en materia de ordenación del crédito podrá desarrollarse la estructura y funcionamiento del Registro, así como establecer su adaptación a los parámetros técnicos que apruebe el Banco de España.

Artículo 6 Procedimiento de inscripción de los intermediarios de crédito inmobiliario

1. El procedimiento de inscripción se iniciará, salvo en el caso de los intermediarios vinculados a un solo prestamista en el que la solicitud corresponderá a este, a petición de los propios intermediarios, debiendo acreditar en todo caso el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) que cuentan con la garantía exigida para hacer frente a las responsabilidades por negligencia profesional en el cumplimiento de sus deberes de información a los prestatarios;
• b) que disponen de procedimientos escritos y capacidad técnica y operativa para el cumplimiento de los requisitos de información exigidos, y medios internos adecuados para la resolución de las quejas y reclamaciones que se planteen;
• c) que han designado un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias;
• d) que las personas físicas, o sus administradores en caso de personas jurídicas, tienen el nivel de conocimientos y competencia necesarios y existe un plan de formación sobre los mismos, poseen reconocida honorabilidad comercial y profesional, carecen de antecedentes penales por los delitos que especifica la normativa estatal, y no han sido declarados en concurso o han sido rehabilitados posteriormente;
• e) y cualquier otro adicional que establezca la normativa básica.

2. Además, con la solicitud deberán aportarse la escritura de constitución o de modificación del objeto social en el caso de personas jurídicas, y el alta como trabajador autónomo y la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en el caso de personas físicas, así como cualquier otra documentación necesaria para acreditar los datos que, para cada intermediario, deben constar en el Registro, según se dispone en el artículo 5. También deberá aportarse la documentación justificativa del nombramiento de administradores y de los datos de identidad de cada uno de ellos en el caso de personas jurídicas, y de los datos de identidad en el caso de personas físicas, si existe oposición expresa de la persona interesada a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León recabe o compruebe por medios electrónicos tales datos.

3. Las solicitudes de inscripción, así como las de modificación o baja, se dirigirán al órgano directivo central que tenga atribuido el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito.

4. El plazo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente, pudiéndose entender desestimada por silencio administrativo si transcurrido ese plazo no se hubiera notificado resolución expresa, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa. El plazo máximo para resolver podrá suspenderse cuando sea preciso requerir la subsanación de las deficiencias detectadas en la solicitud o información adicional necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles, para lo que se concederá un plazo de diez días.

5. La resolución de inscripción en el Registro, que deberá motivarse en relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles, implicará en caso de ser afirmativa el reconocimiento para operar como intermediario en el crédito inmobiliario.

6. Los intermediarios de crédito inmobiliario deberán comunicar a la Administración los datos relativos a sus representantes designados, con carácter previo a que comiencen a operar como tales y a efectos de su inscripción en el Registro de acuerdo con el procedimiento regulado en este artículo.

Artículo 7 Procedimiento de inscripción de los prestamistas inmobiliarios

1. El procedimiento para la inscripción se iniciará a solicitud de los propios prestamistas, debiendo acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) que cuentan con procedimientos escritos y capacidad técnica y operativa para una adecuada evaluación de la solvencia del prestatario;
• b) que disponen de medios internos adecuados para la resolución de las quejas y reclamaciones que se planteen;
• c) que han designado un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias;
• d) que las personas físicas, o sus administradores en caso de personas jurídicas, tienen el nivel de conocimientos y competencia necesarios y existe un plan de formación sobre los mismos, poseen reconocida honorabilidad comercial y profesional, carecen de antecedentes penales por los delitos que especifica la normativa estatal, y no han sido declarados en concurso o han sido rehabilitados posteriormente;
• e) y cualquier otro adicional que establezca la normativa básica.

2. Además, con la solicitud deberán aportarse la escritura de constitución o de modificación del objeto social en el caso de personas jurídicas, y el alta como trabajador autónomo y la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en el caso de personas físicas, así como cualquier otra documentación necesaria para acreditar los datos que, para cada prestamista, deben constar en el Registro, según se dispone en el artículo 5. También deberá aportarse la documentación justificativa del nombramiento de administradores y de los datos de identidad de cada uno de ellos en el caso de personas jurídicas, y de los datos de identidad en el caso de personas físicas, si existe oposición expresa de la persona interesada a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León recabe o compruebe por medios electrónicos tales datos.

3. Las solicitudes de inscripción, así como las de modificación o baja, se dirigirán al órgano directivo central que tenga atribuido el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito.

4. El plazo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente, pudiéndose entender desestimada por silencio administrativo si transcurrido ese plazo no se hubiera notificado resolución expresa, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa. El plazo máximo para resolver podrá suspenderse cuando sea preciso requerir la subsanación de las deficiencias detectadas en la solicitud o información adicional necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles, para lo que se concederá un plazo de diez días.

5. La resolución de inscripción en el Registro, que deberá motivarse en relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles, implicará en caso de ser afirmativa el reconocimiento para operar como prestamista inmobiliario.

Artículo 8 Comunicaciones de modificación de datos y de pérdida de requisitos

1. Los intermediarios y prestamistas inmobiliarios registrados están obligados a comunicar, en el plazo de diez días desde que se produzca y para su inscripción en el Registro, cualquier modificación que afecte a los datos inscritos, así como la ausencia o pérdida sobrevenida de cualquiera de los requisitos necesarios para la obtención del reconocimiento e inscripción para operar como tales. En los casos de intermediarios de crédito vinculados a un solo prestamista, corresponderá a este la obligación de comunicar las modificaciones que se produzcan.

2. Las comunicaciones de modificación de datos e inscripciones resultantes en el Registro se realizarán de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, limitándose los requisitos a acreditar y la documentación a aportar en estos casos a las modificaciones producidas.

Artículo 9 Revocación del reconocimiento para operar como intermediario en el crédito inmobiliario o prestamista inmobiliario y cancelación de la inscripción en el Registro

1. Procederá la revocación del reconocimiento para operar como intermediario de crédito inmobiliario o como prestamista inmobiliario, previa audiencia a la persona interesada, en los casos de renuncia expresa, por falta de ejercicio de la actividad durante seis meses, por haber obtenido el reconocimiento por medios irregulares, por pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos o por resolución sancionadora firme que la imponga. Podrá prescindirse del trámite de audiencia en los casos de renuncia expresa o falta de ejercicio de la actividad durante seis meses, cuando no figuren otras personas interesadas ni sean tenidos en cuenta otros hechos o alegaciones que los aducidos por la persona interesada.

2. La revocación del reconocimiento determinará la cancelación de la inscripción en el Registro.

Artículo 10 Otras funciones de supervisión administrativa relativas a los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y León

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León el control del cumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro, así como la supervisión de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios. La supervisión comprenderá tanto el control de los aspectos de su actividad específicamente previstos en la normativa estatal o en las directrices de las autoridades europeas de supervisión financiera, como el control general del cumplimiento permanente por parte de las personas supervisadas de las obligaciones y requisitos normativamente establecidos.

2. A estos efectos, el órgano administrativo competente estará facultado para requerir en cualquier momento la información y documentación necesarias en cada caso. Mediante orden de la consejería competente en materia de ordenación del crédito podrán establecerse obligaciones de remisión de información de carácter periódico.

3. Corresponde al órgano directivo central que tenga atribuido el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito la autorización a prestamistas o intermediarios de prácticas concretas de venta vinculada de préstamos hipotecarios, a solicitud de los mismos y previo el preceptivo informe del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando alguno de los productos vinculados afecte a su ámbito de competencias, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

Artículo 11 Régimen sancionador

1. Corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores en relación con la actividad de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios, salvo los conectados con los tipos de infracción cuya sanción sea atribuida por la normativa estatal al Banco de España, según determina el artículo 48 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

2. El importe de las sanciones consistentes en multa deberá ser ingresado en el Tesoro de la Comunidad de Castilla y León.

3. Se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de Castilla y León las sanciones impuestas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León que hayan devenido firmes.

Artículo 12 Comunicaciones a otros supervisores financieros

1. Se comunicarán al Banco de España las resoluciones de inscripción, variación de datos y cancelación referidas al Registro de Intermediarios en el Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León.

2. Se informará al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de las posibles irregularidades detectadas en la comercialización de productos y servicios financieros de su competencia objeto de venta combinada con préstamos inmobiliarios.

3. Trimestralmente se comunicarán al Banco de España las sanciones impuestas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León que hayan devenido firmes.

Primera Información sobre protección de datos de carácter personal

El órgano directivo central que tenga atribuido el ejercicio de las funciones en materia de ordenación del crédito será el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos en la tramitación administrativa de los procedimientos regulados en el presente decreto, pudiendo ejercerse ante él los derechos previstos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Segunda Requerimientos de cooperación al Banco de España

Por el órgano administrativo autonómico competente en la supervisión de intermediarios y prestamistas, podrá solicitarse la cooperación del Banco de España para la verificación de que las políticas y procedimientos internos de diseño y comercialización de productos crediticios implementados por los prestamistas inmobiliarios se han realizado minimizando los conflictos de interés y para la comprobación de que cuentan con los procedimientos escritos y la capacidad técnica y operativa necesarios para una adecuada evaluación de la solvencia del prestatario, así como con relación a otros aspectos referidos al ejercicio de las funciones atribuidas a la Comunidad de Castilla y León en esta materia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Solicitudes de inscripción previas a la entrada en vigor de este Decreto

Las solicitudes de reconocimiento e inscripción presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo dispuesto en el mismo.

Primera Modificación del Decreto 21/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda

La letra n) del artículo 9 del Decreto 21/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000649515_20211128

Segunda Desarrollo normativo

Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación del crédito para dictar las normas necesarias de desarrollo del presente decreto, respecto de aquellas materias propias de la consejería.

Mediante orden de la consejería competente en materia de ordenación del crédito podrán aprobarse modelos específicos y desarrollarse el procedimiento de presentación. Dichos modelos se pondrán a disposición de los usuarios en el sitio web de la Junta de Castilla y León, y permitirán su remisión por vía telemática.Véase Orden EYH/1146/2022, de 5 de septiembre, por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripción, modificación de datos y baja en el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León, así como la obligación de remisión periódica de información sobre su actividad («B.O.C.L.» 12 septiembre).LE0000737322_20220913

Tercera Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.