Orden de 14 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios

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Sumario

Véase Orden de 21 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios («B.O.R.M.» 22 diciembre).LE0000714833_20211222

La Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria, aprobada en sustitución de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, fijó un marco general para la gestión de la pandemia que se sustenta en la definición de cuatro niveles de riesgo o alerta sanitaria (bajo, medio, alto y muy alto) en que se puede encontrar un municipio o un ámbito territorial concreto o incluso la Región en su conjunto, y ello a partir de una evaluación del riesgo en que se encuentra dicho territorio basado en unos parámetros o indicadores de salud pública, tanto epidemiológicos como asistenciales.

A partir de todos estos indicadores y de esa evaluación constante del riesgo en todos los municipios, así como en la Región, se debe proceder de manera periódica a dar publicidad al nivel de alerta en que se encuentra cada territorio y, en consecuencia, a la determinación de las medidas aplicables en atención a ese nivel de alerta. En dicha valoración se debe atender no sólo a los niveles de transmisión y riesgo sino que también se deben tener en consideración otras variables, como son el tamaño del municipio, su densidad de población, sus características geográficas o poblacionales, el origen de los brotes, la trazabilidad de los mismos, así como la tendencia o evolución del resto de indicadores epidemiológicos y asistenciales, tanto a nivel regional como municipal, a fin de interpretar adecuadamente las dinámicas de transmisión.

Ese análisis pormenorizado de la situación epidemiológica exige realizar una valoración de la evolución de la enfermedad en la Región, que no atienda únicamente a las cifras de transmisión o contagio que se van produciendo en los diferentes territorios, sino que también preste atención a las circunstancias que concurren en cada momento.

A la vista del informe epidemiológico emitido en fecha 13 de diciembre por los técnicos competentes de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, la presente orden da publicidad a los índices de tasa de incidencia acumulada de cada municipio por 100.000 habitantes a 14 y 7 días, así como a los niveles de alerta sanitaria ajustados en que se encuentra cada municipio y la Región en su conjunto, atendiendo a los diferentes índices y criterios epidemiológicos aplicables.

A tal efecto, el informe epidemiológico explicita que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se han diagnosticado de la enfermedad un total de 152.739 casos, lo que supone que un 10.1% de la población de la Comunidad Autónoma ha sido diagnosticada de infección por SARS-CoV-2. La tasa de letalidad en la Región de Murcia se sitúa en el 1.2%, porcentaje que se eleva al 14% si la gravedad de la enfermedad requirió ingreso en el hospital. A 13 de diciembre de 2021 se encuentran ingresadas 145 personas en los hospitales de la Región (103 la semana anterior), de las cuales 34 están en las UCI (23 la semana anterior). Desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 1778 personas (6 más que la semana anterior).

Se puede situar el inicio de la quinta ola en la Región de Murcia el día 20 de junio, que alcanzó el pico máximo de incidencia acumulada (IA) a los 14 días el día 31 de julio con un valor de 490.1 casos por 100 000 habitantes. Desde entonces, la IA a los 14 días siguió un curso descendente, alcanzando su nadir el 13 de octubre con una cifra de 46.7 casos por 100 000 habitantes. Desde entonces, mantuvo una situación estable hasta la semana epidemiológica 44 (del 1 al 7 de noviembre) en la que comenzó a vislumbrarse un cambio de tendencia, marcando el inicio de la sexta ola en la Región de Murcia. Se observó del 8 al 14 de noviembre un incremento en relación a la semana anterior del 60% en la IA a 7 días. Durante la semana 46, este incremento se ha acelerado, siendo del 200% en la IA a 7 días. La semana del 22 al 28 de noviembre (semana 47) y la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre (semana 48), han mostrado un aumentado del 40% en la IA a 7 días, y entre el 40% y el 60% a los 14 días. La semana 49 (del 6 al 12 de diciembre) ha habido un aumento del 50% respecto a la semana anterior. Este empeoramiento de los indicadores de transmisión comunitaria de la COVID-19 ha afectado a todas las edades, pero han sido particularmente más acusado en el grupo de población menor de 12 años, que experimenta en el momento actual el mayor riesgo de infección.

Además, en el momento actual el aumento en la circulación comunitaria del SARS-CoV-2 y de los casos de COVID-19 se está trasladando a los indicadores que miden la capacidad asistencial hospitalaria; el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por casos de COVID-19 aumenta de la semana 48 (2.6%) a la semana 49 (3.7%) un 40%; el porcentaje de camas de UCI ocupadas en el cambia de 4.1% en la semana 48 a 7.1% en la 49, con un incremento del 70%.

El nivel de alerta sanitaria en la Región de Murcia, atendiendo a indicadores epidemiológicos y asistenciales, se encuentra en nivel de riesgo 2, encontrándonos en un riesgo de transmisión comunitaria muy alto y de carga asistencial medio.

Tras valorar los indicadores de incidencia junto a otros indicadores como la presencia de brotes locales, la trazabilidad de los casos y los porcentajes de casos sin vínculo epidemiológico, junto al tamaño de los núcleos poblacionales, a nivel de municipios, el nivel de transmisión comunitaria de la infección es, en general, alto. Al final de la semana 49 hay catorce municipios con un nivel 4 de transmisión muy alto, doce municipios con nivel 3 de transmisión alto, doce municipios en nivel 2 de transmisión, dos en nivel 1 bajo y dos en situación de circulación controlada.

Tras establecer el nivel de alerta sanitaria regional y exponer los indicadores epidemiológicos y los niveles de alerta sanitaria, regionales y municipales, la presente orden determina con carácter general que el conjunto de sectores y actividades quedarán sometidos al nivel de alerta regional que exista en cada momento. Tan sólo la actividad de ocio nocturno y la actividad de hostelería y restauración y celebraciones cuando los responsables de los establecimientos no exijan a sus clientes la exhibición del denominado pasaporte COVID para el acceso al interior de los locales se regirán por el nivel de alerta que tenga el municipio concreto en que se encuentre cada establecimiento. A partir de estas premisas, el criterio general es que para el conjunto de actividades y sectores en los que no existe obligación u opción de solicitar el pasaporte COVID, el aforo permitido en el exterior será del 100% mientras que en el interior será del 75%, atendiendo al nivel 2 regional en que se encuentra la Región.

Dicho esto, es obligado reflejar que el agravamiento de la situación epidemiológica regional, que no es ajeno al conjunto del país, ha hecho imprescindible aplicar medidas restrictivas específicas y adicionales, que implican afectación de derechos fundamentales, para aquellos sectores de actividad (hostelería y restauración, celebraciones de cualquier índole y ocio nocturno) que, a juicio de los técnicos responsables?, presentan un mayor riesgo de contagio en atención a la naturaleza intrínseca de esas actividades cuando se desarrolla en el interior de los locales, por implicar una mayor interacción social entre personas y una retirada frecuente de la mascarilla, que debe ser considerada como el medio de protección más seguro y eficiente para la protección frente al coronavirus.

La exigencia y obligatoriedad de esta documentación se convierte así en la única herramienta que ofrece una cierta garantía de seguridad, no plena ciertamente, pero que, al menos debe coadyuvar a que no empeoren los indicadores asistenciales, a la vez que se posibilita un mantenimiento más o menos normalizado del ejercicio en todas estas actividades económicas que han sido las más afectadas durante todos estos meses de pandemia.

Este mecanismo adicional de seguridad no es otro que la presentación por parte de los clientes, en el momento del acceso al local, de la certificación o documentación acreditativa de haber recibido la pauta completa de vacunación, de haber superado la enfermedad recientemente o bien de haber realizado un test de antígenos PDIA con resultado negativo.

La acreditación de una determinada situación inmunológica por parte de los clientes se considera una medida imprescindible para que estas actividades, caracterizadas por la concurrencia simultánea de diversos factores de riesgo frente al COVID 19, puedan mantener de forma significativa su actividad habitual.

Esta medida fue aprobada para nuestra Región por Orden de 8 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, la cual?, en atención a la exigencia o no de dichos documentos sanitarios, establece unos criterios específicos de aforo para los diferentes tipos de establecimiento en función de los niveles, del mismo modo que también determina un sistema diferenciado para los tres sectores que presentan un mayor riesgo de contagio.

Así, reconociendo la mayor dificultad que supone para los establecimientos de hostelería y restauración, así como de celebraciones de cualquier índole, la exigencia obligatoria del pasaporte COVID, se propuso que los responsables de los establecimientos pudieran optar voluntariamente por exigir o no a sus clientes la documentación sanitaria para el acceso al interior de los locales. En el supuesto de que requieran esta documentación, se aplicará el nivel regional y se permitirá en el exterior una ocupación del 100%, mientras que los porcentajes de aforo en el interior serán, respectivamente, de 100% cuando la región se encuentre en nivel de alerta sanitaria 1 o 2 regional, del 75% en nivel alto 3 y del 50% en nivel 4 muy alto. De este modo, esta obligatoriedad de la exigencia del pasaporte COVID permite a estos sectores una plena ocupación de su aforo, gracias a las garantías adicionales que comporta la vacunación o la realización de un test previo.

En caso contrario, esto es, en el supuesto de que opten por no solicitarlo, se aplicará el nivel de alerta sanitaria municipal y los porcentajes de aforo permitido serán del 100% en el exterior y en el interior del 75% para los niveles municipales 1 y 2, del 50% para el nivel 3 alto y del 30% para el nivel 4 muy alto.

Por lo que respecta a la actividad de ocio nocturno, cabe reflejar que, por sus características propias, es una actividad donde se produce un elevado nivel de interacción social que conlleva un incremento en el riesgo de contagio y en la transmisión del coronavirus, y es el ámbito donde se han producido brotes de elevada magnitud en la Región de Murcia en anteriores olas pandémicas. Por tanto, se consideró necesario, en primer término, establecer como obligatoria la exigencia del pasaporte COVID, manteniendo además la vinculación de las medidas aplicables con el nivel de alerta sanitaria municipal, cuyos niveles máximos de aforo permitidos en el interior para los niveles municipales 1 y 2 es del 75%, del 50% para el nivel 3 alto y del 30% para el nivel 4 muy alto.

La exigencia de esta documentación sanitaria, si bien implica una restricción de derechos fundamentales para los usuarios, se considera no obstante proporcional por ser la única herramienta que puede posibilitar mantener un ejercicio más o menos normalizado, aun con limitaciones, de determinadas actividades que generan un mayor riesgo de contagio.

En todo caso, es una medida que no supone una novedad en nuestra Comunidad Autónoma, habiendo ya sido adoptada con anterioridad, no sólo para determinados eventos específicos, sino también con carácter voluntario para el sector de las celebraciones y del ocio nocturno, estando precisamente vigente en la actualidad para estos ámbitos desde finales de octubre.

Por otra parte, es obligado poner de manifiesto la proporcionalidad de una medida sobre la que, además, se pronunció en sentido favorable la Sentencia número 1112/2021, de 14 de septiembre del Tribunal Supremo, que avaló por primera vez la utilización de estos documentos para el área del ocio nocturno y de la hostelería y restauración en la comunidad autónoma de Galicia y que de modo más reciente el Alto Tribunal también ha tenido ocasión de pronunciarse en la Sentencia de 1412/2021, de 1 de diciembre, por la que, estimando el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Vasco, ha revocado el fallo del TSJ de esa comunidad autónoma, por apreciar que la medida es adecuada, idónea y proporcional para el conjunto del territorio que supere un determinado nivel de incidencia, en concreto 150 casos/100.000 habitantes, dado el incremento generalizado de infecciones, y ello por apreciar expresamente que «la distinta gravedad actual de la pandemia, la menor agresividad de la enfermedad en muchos casos, la más reducida ocupación hospitalaria y de las unidades de cuidados intensivos que, en ocasiones precedentes, no justifican prescindir de las prevenciones necesarias para evitar que se reproduzcan los momentos críticos del pasado».

Al amparo de esta doctrina jurisprudencial, se consideró idónea la adopción de estas medidas restrictivas en la presente orden para los sectores de la hostelería y restauración, celebraciones y ocio nocturno, con una duración aproximada de un mes, en concreto hasta 14 de enero de 2022, al objeto de permitir una cierta estabilidad en las condiciones de funcionamiento de los establecimientos, en especial en unas fechas tan significativas, sin perjuicio de que la situación epidemiológica pueda hacer necesaria su modificación o incluso su levantamiento antes de que transcurra dicho plazo.

Dado que estas medidas adicionales y temporales de seguridad constituyen actuaciones urgentes y necesarias para la protección de salud pública y pueden implicar, aunque sea de forma leve, limitación o restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, su exigencia fue sometida a autorización previa judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicha autorización se concedió por Auto núm. 431/2021 de 10 de diciembre de 2021, de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entrando en vigor la Orden el pasado 11 de diciembre.

Estas medidas encuentran su sustento y habilitación en la posibilidad de que las administraciones sanitarias puedan adoptar medidas restrictivas de derechos en base a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en primer término, así como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, de forma complementaria, que reconocen y recogen respectivamente un amplio abanico de medidas, de carácter restrictivo o limitativo de actividades de cualquier índole que, con carácter ejecutivo, pueden adoptar las administraciones sanitarias.

Además de estas medidas restrictivas específicas vinculadas a la exigencia del pasaporte COVID, la presente orden también incorpora el conjunto de medidas de limitación aplicables a los diferentes sectores de actividad, que esencialmente son las mismas que se venían aplicando la semana anterior.

Así, en los festejos taurinos en plazas de toros, en espectáculos de cualquier índole, actos culturales, así como en los eventos multitudinarios se mantiene la no obligación de permanecer sentados o de guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre asistentes aunque debiendo procurar la máxima separación interpersonal.

Además, en los eventos multitudinarios al aire libre se podrán flexibilizar las medidas establecidas por la normativa, siempre que el organizador del evento presente un plan de contingencia, que deberá ser autorizado por la Consejería de Salud, que contenga medidas específicas y adicionales que garanticen la seguridad del evento.

Junto con ello, es imprescindible mantener también aquellas medidas restrictivas que afectan a aquellas actividades que, por sus características, son susceptibles de generar mayor número de contagios. En particular, se mantiene la prohibición de venta o suministro de bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 6.00 horas para su consumo fuera de aquellos establecimientos o servicios que lo tengan permitido, entre los que se encontrarían, entre otros, los restaurantes, servicios de hostelería o espectáculos públicos. La necesidad de contener los contagios producidos en botellones y fiestas informales hace necesario seguir manteniendo esta medida, vigente previamente en muchos municipios, en todo el territorio regional, sin perjuicio de las medidas más restrictivas que puedan existir en los diferentes municipios de la Región.

También se mantiene el levantamiento de la prohibición de celebración de desfiles y espectáculos itinerantes, que podrán realizarse siempre que se adopten las medidas necesarias para evitar aglomeraciones entre los espectadores.

Junto a ello, la presente orden mantiene la eliminación del número de personas sentadas en mesas de hostelería y restauración. Se permitirá en el exterior e interior de los establecimientos de hostelería y restauración el consumo en barra, siempre que se permanezca sentado, manteniéndose en lo demás las restantes restricciones previstas en el artículo 13.7 de la Orden de 1 de junio de 2021 para establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de dispensación de alimentos y bebidas.

Se mantiene la previsión de que tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos de restauración y hostelería, celebraciones, ocio, en espectáculos y en eventos multitudinarios se pueda consumir de pie en torno a mesas, evitando la deambulación entre las mismas sin mascarilla. Asimismo, la presente orden mantiene la posibilidad de que los participantes en celebraciones posteriores a ceremonias nupciales y similares puedan hacer uso de la pista de baile, siempre que quienes deseen hacerlo vayan provistos de mascarilla y no consuman alimentos y bebidas fuera del entorno de una mesa.

Igualmente, en relación a los locales y establecimientos de ocio nocturno se permite la realización de actuaciones profesionales de grupos musicales y disc-jockeys en directo, pudiendo los asistentes permanecer de pie, siempre que los clientes vayan provistos de mascarilla y el consumo se realice con servicio de mesas o sentados en la barra. Asimismo, se permitirá el baile en las pistas de estos establecimientos, siempre con mascarilla y sin posibilidad de consumo dentro de las mismas.

La ocupación máxima permitida en los mercados y mercadillos respecto al número total de puestos autorizados será del 100%.

También se mantienen el resto de medidas destinadas a los comercios, que dejaban sin efecto las restricciones relativas a la puesta a disposición del público de productos de uso y prueba, así como las medidas higiénicas exigidas en relación con prendas probadas o devueltas por los clientes, a que se refieren los apartados 13.4.5 y 13.4.7 de la Orden de 1 de junio de 2021.

En el mismo sentido, y sin perjuicio de la recomendación de mantener su aplicación voluntaria, se mantiene la supresión de las restricciones vigentes para establecimientos de hostelería y restauración y prestación del servicio de alimentación y bebida, referidas al uso de cartas y elementos de uso compartido y almacenamiento de elementos auxiliares del servicio, establecidas en los apartados 13.7.6, 13.7.7 y 13.7.8 de la Orden de 1 de junio de 2021; así como la prohibición de uso del servicio de guardarropa o consigna establecida para teatros, cines y establecimientos similares en el apartado 13.13.8 de la citada Orden, servicio que podrá reinstaurarse siempre que se garanticen unas adecuadas condiciones de higiene y desinfección.

Asimismo, se reitera la obligación de uso de mascarilla durante el desarrollo de cualesquiera espectáculos públicos, festejos taurinos, eventos multitudinarios y deportivos incluso cuando sea posible mantener la distancia de seguridad, salvo durante el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. Se mantiene la mención expresa a que estas previsiones resultarán de aplicación, asimismo, a los actos institucionales y culturales, entregas de premios, presentaciones, congresos o jornadas, entre otros.

Se permiten los servicios de bufets o autoservicios en hoteles y establecimientos de hostelería y restauración siempre y cuando dicho servicio reúna determinadas condiciones y requisitos de higiene y seguridad.

El objetivo principal de las autoridades sanitarias avalado por los profesionales de salud pública es conseguir una disminución del nivel de riesgo hasta consolidar, al menos, el riesgo bajo de contagio en la Región de Murcia. Para ello es imprescindible seguir manteniendo, con carácter temporal, algunas de las medidas con probada efectividad en el control de la pandemia COVID-19 y que han contribuido a que la Región de Murcia haya sido una de las comunidades autónomas con mejores indicadores epidemiológicos y asistenciales en el control de la pandemia en los últimos meses. Igualmente, se reitera la necesidad del uso de mascarilla siempre que se realicen actividades en el interior de los establecimientos, así como en el exterior cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad con otras personas, con las únicas excepciones previstas en la legislación vigente.

Esta orden se adopta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, según el cual la Región de Murcia tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución, siendo la Consejería de Salud el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las citadas materias, en virtud del artículo 11 del Decreto del Presidente 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6. j) de la Ley 4/1996, de 26 de julio, de salud de la Región de Murcia y de la Disposición adicional tercera del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), a propuesta del Director General de Salud Pública y Adicciones,

Dispongo: