Resolución de 3 de diciembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Puntagorda sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal

Primera Objeto

El presente Convenio tiene por objeto llevar a efecto la atribución de competencias por parte del Ayuntamiento de Puntagorda al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante el Tribunal), posibilitada en el apartado 4 del artículo 2 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda Ámbito subjetivo y objetivo

1. La atribución de competencia al Tribunal comprenderá el conocimiento, tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación, contra los actos adoptados por los órganos de contratación del Ayuntamiento de Puntagorda, así como las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos sujetos al Real Decreto 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y la adopción de las medidas cautelares previstas en el artículo 49 de la LCSP.

2. Igualmente, se someterán al conocimiento, tramitación y resolución del Tribunal, en todo caso, de los recursos especiales; y reclamaciones y medidas cautelares previstos en el apartado anterior contra los actos en materia de contratación de aquellos entes, organismos y entidades que, tengan la consideración de poder adjudicador, y estén vinculados al Ayuntamiento de Puntagorda, o estén participados por él sin estar integrados en el sector público estatal o en el sector público autonómico o local de otro ente local, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública.

Tercera Comunicaciones y notificaciones

1. Conforme a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos y entidades que se citan en la cláusula anterior se realizarán, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), a que se refiere el artículo 60.2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, sobre interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas.

Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso, elegir el que resulte más rápido.

Para la adecuada realización de las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos y entidades incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de este Convenio, estos podrán proporcionar al Tribunal la dirección de correo electrónico en la que desee recibir las comunicaciones.

2. Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la LCSP.

Cuarta Procedimiento

1. Las resoluciones y demás actos en materia de contratación dictados por los órganos de contratación del Ayuntamiento de Puntagorda o vinculados al mismo, que sean susceptibles de recurso o reclamaciones, deberán indicar la competencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el conocimiento y resolución de los mismos.

2. La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos a que se refieran los recursos interpuestos, o las medidas provisionales solicitadas, deberá efectuarse por la unidad administrativa de contratación del órgano de contratación competente, autenticados con firma electrónica reconocida en los casos de remisión electrónica, dentro de los plazos previstos en la Ley, incluyendo, en el supuesto de los expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los mismos salvo que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal.

3. Una vez resuelto cada procedimiento de recurso, de solicitud de adopción de medidas provisionales, el Tribunal notificará la resolución a los interesados y lo comunicará al órgano competente en materia de contratación del Ayuntamiento de Puntagorda. Dicha notificación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la anterior cláusula y a través de medios electrónicos.

4. Corresponderá al Órgano de Contratación que dictó el acto recurrido la ejecución de las resoluciones adoptadas por el Tribunal; a tal efecto el citado órgano en los casos previstos en el artículo 57.4 de la LCSP, deberá comunicar al Tribunal las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a las mismas.

5. La cumplimentación de los distintos trámites derivados de la interposición de los recursos especiales en materia de contratación o de la adopción de medidas cautelares se realizará en los plazos establecidos en la normativa contractual.

Quinta Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal

1. En compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver los recursos y reclamaciones interpuestos al amparo de lo establecido en la cláusula primera, el Ayuntamiento de Puntagorda satisfará a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cantidades que a continuación se indican, a partir de un número mínimo de 15 recursos o reclamaciones anuales, incluidos los inadmitidos.

2. El Tribunal notificará al Ayuntamiento de Puntagorda dentro de los dos primeros meses de cada año natural, la liquidación que corresponda por los recursos y reclamaciones resueltos por el Tribunal el año anterior.

La cuantía a que ascienda dicha liquidación se ingresará por el Ayuntamiento de Puntagorda en el plazo máximo de dos meses desde que se efectúe la comunicación correspondiente por el Tribunal.

3. En caso de resolución del Convenio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se efectuará la liquidación de las cantidades que correspondan.

Sexta Eficacia del Convenio

1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y tendrá una duración inicial de cuatro años.

2. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia salvo en el supuesto de extinción previsto en la cláusula siguiente. Transcurrido este podrá denunciarse en cualquier momento causando efecto tal denuncia a partir del transcurso de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Canarias. No obstante, los asuntos que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de surtir efecto la denuncia del Convenio, seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta su resolución y, en su caso, ejecución.

3. Antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 1 de esta cláusula, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente y, de forma expresa, su prórroga, hasta un máximo de cuatro años adicionales, o su extinción.

Séptima Modificación del Convenio

El contenido de este Convenio únicamente podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes firmantes, que se formalizará mediante adenda modificativa.

Octava Extinción del Convenio

1. El Convenio se extingue, además de por el cumplimiento de su objeto, y por las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sin necesidad de denuncia previa, en el caso de que el Ayuntamiento de Puntagorda cree un órgano independiente, al que atribuya la competencia a que se refiere la cláusula primera. La extinción se producirá a partir de la fecha en que el órgano creado comience a ejercer sus funciones, de conformidad con la disposición que lo cree o regule.

2. Los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de producirse la extinción del Convenio seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta su resolución, salvo, en el caso de que se cree un nuevo órgano independiente y la disposición de creación establezca otra cosa.

3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes podrá dar lugar a la extinción del Convenio, si deviniera imposible la realización de la actividad objeto del Convenio, sin que sea exigible indemnización alguna. Los restantes incumplimientos serán comunicados a la parte que haya incurrido en este al objeto de que adopte las medidas oportunas y serán evaluado en el órgano de seguimiento.

Novena Órgano de seguimiento

1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio de Cooperación se constituirá una Comisión Mixta con las siguientes funciones:

• 1ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión de los informes, de los expedientes administrativos y de las comunicaciones que deban cursarse entre los órganos del Ayuntamiento de Puntagorda y el Tribunal.
• 2ª) La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del presente Convenio que puedan plantearse.
• 3ª) Analizar, estudiar y proponer cualquier otra medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del Convenio.
• 4ª) Vigilar y controlar el cumplimiento del Convenio, así como dictar instrucciones, si fueran necesarias, para asegurar la efectividad de este.
• 5ª) Informar a las partes de las incidencias surgidas durante la ejecución del Convenio.
• 6ª) Evaluar los incumplimientos de las obligaciones y compromisos asumidos comunicados proponiendo la adopción de medidas tendentes a solventarlos.
• 7ª) Proponer la modificación del Convenio.
• 8ª) Evaluar anualmente la eficacia del Convenio.

2. La Comisión estará integrada por dos vocales uno de ellos será la persona titular del Tribunal y el otro designado por el Ayuntamiento de Puntagorda y adoptará sus decisiones mediante consenso.

3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año o antes si lo solicita alguno de sus miembros.

4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5. Anualmente, el Tribunal remitirá al Ayuntamiento de Puntagorda memoria de actuaciones del Tribunal en relación con los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra los actos dictados por los órganos competentes de la Corporación Local.

Décima Protección de datos de carácter personal y confidencialidad

Ambas partes se comprometen a cumplir las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal recogidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD), y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD), y su normativa de desarrollo.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Puntagorda y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán la consideración de corresponsables de conformidad con el artículo 29 de la LOPD.

Asimismo, ambas partes se comprometen a respetar el deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del RGPD.

Undécima Régimen jurídico y jurisdicción competente

Este Convenio de Colaboración se celebra al amparo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias, y en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y conforme a lo previsto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo establecido en su artículo 6, apartado 1, siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, en concreto, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias [artículo 10.1.g) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa].