ORDEN de 30 de diciembre de 2021 por la que se establece la cantidad que es necesario transferir al Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2021, sobre el importe certificado el año 2020

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Sumario

Véase Orden 15 diciembre 2022 por la que se establece la cantidad que hay que transferir al Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales de Galicia para atender los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de representación gratuita del año 2022, sobre el importe certificado en el año 2021 («D.O.G.» 23 diciembre).LE0000744368_20221223

La Ley 1/1996, de 10 de enero, regula el derecho a asistencia jurídica gratuita y, en su artículo 38, establece que las administraciones públicas competentes en materia de administración de justicia subvencionarán a los colegios de procuradores para la implantación y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, mediante el Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, se transfirieron a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, y en la letra B), núm. 1.c), de su anexo se incluyeron las relativas a la indemnización de las actuaciones correspondientes a la representación por procurador en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en Galicia. Estas funciones transferidas fueron asumidas por el Decreto 394/1994, de 29 de diciembre, y asignadas a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, y actualmente están atribuidas a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

En uso de sus competencias, la Xunta de Galicia dictó el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma de Galicia (modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio, y por el Decreto 134/2017, de 7 de diciembre), que establece en su artículo 45 que la consellería competente en materia de justicia determinará anualmente las cantidades que deberán percibir los colegios de procuradores para atender los gastos derivados del funcionamiento e infraestructura colegial que requieren los servicios de asistencia jurídica gratuita, lo cual corresponde a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, según el Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece su estructura orgánica.

El mencionado artículo 45 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia establece que estas cantidades se determinarán para cada colegio, con un sistema de módulos compensatorios por expediente tramitado, y que mientras no se determinen dichos módulos los colegios percibirán la cuantía que resulte de aplicar el 8 % al coste económico generado en cada período de liquidación.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES