Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se reconoce con carácter retroactivo el pago de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas y de la Prestación Canaria de Inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias

• 

  Manual práctico de Compra Pública de Innovación

  Libros
  Desde 54,34 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Código Electoral (10.ª Ed.)

  Libros
  Desde 147,21 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  El IVA en los Entes Locales

  Libros
  Desde 45,45 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Revista El Consultor de los Ayuntamientos

  Periódicos y Revistas
  468,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

Visto el Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19, mediante el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas (PNC), del fondo de asistencia social (FAS), del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) y de la prestación canaria de inserción (PCI), residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Director General de Derechos Sociales e Inmigración, se acordó de oficio el pago de una prestación extraordinaria de 250 euros de cuantía a favor de las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (BOC n^o 9, de 14.1.2021), que cumplieran a esa fecha los requisitos señalados en el Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre.

Segundo.- Procede reconocer el derecho al cobro de los 250 euros a todos aquellos que no fueron objeto del pago por no haber estado de alta al momento de entrada en vigor de la Resolución de 22 de diciembre de 2020, pero sí se les ha reconocido ese derecho en un momento posterior.

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.4800100 L.A. 234G0976 «Ayudas integración social-renta ciudadana» prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2021.

A lo expuesto les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los artículos 3 y 8 del Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre, señalan que la cuantía y pago será de forma individual y se fija en 250 euros que se abonarán mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las personas beneficiarias a las que se refieren los artículos 5 y 10 respectivamente, del referenciado Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre, que señala como personas beneficiarias de estas prestaciones sociales de carácter extraordinario las que tengan reconocida y perciban las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva (PNC), las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) y que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Asímismo, serán beneficiarias las personas perceptoras titulares de la unidad de convivencia que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condición a fecha de 1 de diciembre de 2020 y solo se abonará una prestación por unidad de convivencia.

Segundo.- La Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y sus posteriores modificaciones, en su artículo 13.3 señala que «La consejería competente en materia de servicios sociales dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la ayuda económica básica en el plazo de dos meses desde la entrada en su registro del expediente municipal completo.» […] «Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la administración de dictar resolución expresa en el procedimiento». Por otra parte, el artículo 10.1 de esta Ley indica que «La ayuda económica básica se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la resolución de concesión prevista en el artículo 13.4 de esta ley».

Tercero.- El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, en su artículo 15.2, establece que «Los efectos económicos de la pensión se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiere presentado la solicitud».

Cuarto.- La Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo establecido en el artículo 16.2.A), apartado 5 y B).1, del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (BOC n^o 81, de 24.4.2020). Así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativas de general aplicación.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO:

Primero.- Acordar de oficio el pago extraordinario a las personas beneficiarias que constan en el anexo de la presente, de la cantidad de 250 euros, que se abonarán mediante un pago único, a través de transferencias bancarias en la cuenta que las personas beneficiarias tienen el percibo ordinario de su pensión o prestación.

Segundo.- Imputar el gasto, que asciende a cincuenta y dos mil (52.000,00) euros, a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.4800100 L.A. 234G0976 «Ayudas integración social-renta ciudadana» prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2021.

Tercero.- Determinar que los expedientes que den lugar a la prestación social finalista y de carácter extraordinario a favor de las beneficiarias de la PNC, del FAS, y a los SGIM y de la prestación extraordinaria y supletoria de la PCI, están sujetas al control financiero permanente previsto en el Capítulo III del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, podrá ser objeto, en su caso, de control por los órganos competentes de la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Cuarto.- Notificar a las personas beneficiarias el reconocimiento y pago a través del Boletín Oficial de Canarias y sede electrónica de esta Consejería, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 8 de Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Derechos Sociales (artículo 2.2 del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.