ORDEN EYH/875/2023, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y el régimen de subvenciones de apoyo a la inversión para la mejora de las capacidades científicas y tecnológicas de los centros tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León

ANEXO
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Base primera.– Objeto y ámbito de aplicación.

1. Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto el apoyo a la inversión para la mejora de las capacidades científicas y tecnológicas de los Centros Tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León, vinculadas a uno o varios ámbitos de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León, con objeto de fortalecer estas entidades y con ello, sus actividades de transferencia y de soporte al tejido empresarial.

2. Estas bases no serán de aplicación a los ámbitos excluidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

3. Estas bases no serán de aplicación a aquellas actividades que estén fuera del ámbito de aplicación del FEDER, incluidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.^o 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

Base segunda.– Régimen jurídico.

1. Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán por:

• a) Reglamento (UE) n.^o 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.
• b) Reglamento (UE) n.^o 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
• c) Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante, Reglamento (UE) n.^o 651/2014).
• d) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• e) Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
• f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• h) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020, o aquella que la sustituya.
• i) Las presentes bases y demás normativa de aplicación.

2. Las actuaciones susceptibles de ser elegibles por el Fondo FEDER se podrán cofinanciar, dentro del Programa 2021-2027 de Castilla y León.

En dicho Programa FEDER esta actuación queda enmarcada dentro del Objetivo Político «OP 1: Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones». Y dentro del Objetivo Específico: «el desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas»; y en los Ámbitos de Intervención:

• – 002. Inversión en activos fijos, incluidas las infraestructuras de investigación, en pymes (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación.
• – 003. Inversión en activos fijos, incluidas las infraestructuras de investigación, en grandes empresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación.
• – 006. Inversión en activos inmateriales en pymes (incluidos centros de investigación privados) directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación.
• – 007. Inversión en activos inmateriales en grandes empresas directamente vinculadas a actividades de investigación e innovación.

  Se utilizarán indicadores comunes de realización en relación con el FEDER. En concreto los indicadores de realización correspondientes a estas subvenciones y cuyos valores se han de contabilizar son los siguientes:

• – RCO 06: Investigadores que trabajan en instalaciones de investigación apoyadas.

3. Las subvenciones financiadas con cargo a Fondos FEDER se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por normas nacionales de desarrollo o trasposición de aquellas, teniendo la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, carácter supletorio en los procedimientos de concesión y de control de las mismas.

4. Las subvenciones concedidas y cofinanciadas con cargo al FEDER, una vez aceptada la propuesta, publicarán en la lista prevista en el artículo 49 del Reglamento (UE) n.^o 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio

Base tercera.– Definiciones.

A los efectos de lo previsto en las distintas convocatorias que se aprueben al amparo de la presente orden de bases, según las definiciones recogidas en el Reglamento (UE) n.^o 651/2014, se entenderá por:

• – Organismo de investigación y difusión de conocimientos: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado.
• – Infraestructura de investigación: las instalaciones, los recursos y los servicios afines utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigaciones en su sector respectivo; esta definición abarca los bienes de equipo o instrumental científicos, los recursos basados en el conocimiento, como colecciones, archivos o información científica estructurada, infraestructuras de carácter instrumental basadas en tecnologías de la información y la comunicación, como red, computación, programas informáticos y comunicaciones, o cualquier otra entidad de carácter único necesaria para llevar a cabo la investigación».

Base cuarta.– Beneficiarios.

1. Podrán tener la condición de beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos exigidos, los Centros Tecnológicos Regionales según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Castilla y León, que sean entidades privadas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de I+D+I, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas, con personalidad jurídica propia, domicilio social en Castilla y León y que estén inscritas en el Registro de Fundaciones o de Asociaciones de Castilla y León en el momento de la publicación de la convocatoria.

En todo caso, los beneficiarios identificados en el punto anterior deben ostentar la condición de organismo de investigación y difusión de conocimientos según la definición dada en la base tercera, y que además cumplan las siguientes dos condiciones:

• a) Que, en el caso de que obtenga beneficios, los reinvierta en sus propias actividades de investigación, en la divulgación de sus resultados o en la enseñanza.
• b) Que las empresas que puedan ejercer influencia en dicha entidad, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no gocen de acceso preferente a las capacidades de investigación del organismo de investigación ni a los resultados de investigación que genere.

2. El órgano instructor del procedimiento podrá requerir a la entidad solicitante que se aporten cuantos datos, aclaraciones o documentos pudieran resultar necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.

3. No podrán ser beneficiarios los Centros Tecnológicos Regionales en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• b) Aquellos que estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas como consecuencia de una decisión previa de la Comisión Europea que las declare ilegales e incompatibles con el mercado común.
• c) Los que tengan la consideración de «empresas en crisis» conforme a la definición que se establece en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.^o 651/2014.
• d) Las Fundaciones que hayan perdido el derecho de participar en las convocatorias públicas de subvenciones, según lo que establece la disposición adicional segunda de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.

4. Las condiciones para ser beneficiarios de estas subvenciones deberán mantenerse desde el momento de la presentación de la solicitud hasta la concesión, en el momento del pago y en general, a lo largo del proceso de tramitación de la subvención, hasta su liquidación.

Base quinta.– Actuaciones subvencionables.

1. Serán subvencionables las inversiones para la creación o mejora de infraestructuras de investigación según se definen en la base tercera, realizadas en los Centros Tecnológicos de la Comunidad de Castilla y León, que permitan el fortalecimiento de sus capacidades científicas o tecnológicas vinculadas a uno o varios ámbitos de la Estrategia RIS3 de Castilla y León, o de la estrategia que la sustituya en el futuro.

2. Las actuaciones subvencionables consistirán en la adquisición de equipamiento científico o tecnológico, de tecnologías de la información y comunicación (incluidos, entre otros, programas o aplicaciones informáticas de carácter especializado y técnico), así como de recursos basados en el conocimiento, que permitan la mejora de las capacidades científicas o tecnológicas vinculadas a uno o varios ámbitos de la Estrategia RIS3 de Castilla y León, en líneas de trabajo existentes de I+D+I o bien para iniciar actividades de I+D+I en nuevos ámbitos, sobre la base de su especialización tecnológica y sectorial.

3. Las actuaciones subvencionables podrán contemplar la adquisición de un único equipo o bien un conjunto de equipos o de recursos para la dotación de un espacio o varios, con una o varias finalidades concretas.

Será necesario justificar la necesidad del equipamiento o infraestructura a financiar (motivando, entre otras circunstancias, la necesidad a la que da cobertura así como las mejoras o nuevas posibilidades que se alcanzarán), su vinculación con la Estrategia RIS3 de Castilla y León y su carácter innovador (necesidad de uso del equipamiento o infraestructura solicitada frente a otros equipamientos alternativos que se estén utilizando, disponibilidad de equipamientos iguales o similares en la propia entidad, otras universidades o centros, singularidad de los equipos, etc.).

4. Las infraestructuras deberán estar destinadas a la obtención de resultados, de manera que cada propuesta de actuación deberá acompañarse de un plan de explotación, en el que la entidad explique los objetivos concretos de generación de conocimiento previsto y transferencia al tejido empresarial en relación con la inversión que se plantea.

5. Para que las actuaciones presentadas puedan ser subvencionables, deberán reunir los siguientes requisitos:

• a) Que sean técnica, económica y financieramente viables.
• b) Que el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas, así como los plazos parciales que en su caso pudieran establecerse, sean cumplidos.
• c) Que la ejecución de dichas actuaciones no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ya que, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.^o 651/2014, las subvenciones reguladas en esta orden sólo serán aplicables si tienen efecto incentivador.
• d) Las inversiones deberán ser realizadas por la entidad beneficiaria en la sede social o en cualquier otro centro de trabajo que tenga la entidad en Castilla y León.
• e) Las propuestas de inversión tienen que ser coherentes con la Estrategia RIS3 de Castilla y León o estrategia que la sustituya en el futuro.

6. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actuaciones subvencionadas con:

• a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• b) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
  • i. Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente, que se realizará, en su caso, en la resolución de concesión de la subvención.
  • ii. Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

7. Las infraestructuras de investigación apoyadas al amparo de las convocatorias que se realicen, se podrán utilizar tanto para la realización de actividades económicas como no económicas, siempre respetando la normativa vigente en materia de ayudas de Estado. Por ello, cuando una infraestructura de investigación desarrolle actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de cada tipo de actividad se consignarán por separado, sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados con coherencia y justificables objetivamente.

8. El precio que se cobre por el funcionamiento o la utilización de las infraestructuras deberá corresponder al precio de mercado.

9. El acceso a las infraestructuras estará abierto a varios usuarios y se concederá de forma transparente y no discriminatoria. Las empresas que hayan financiado al menos un 10 % de los costes de inversión de la infraestructura podrán beneficiarse de acceso preferente en condiciones más favorables. Con el fin de evitar una compensación excesiva, dicho acceso será proporcional a la contribución de la empresa a los costes de inversión y las condiciones se harán públicas.

10. Se podrán establecer requisitos y consideraciones adicionales sobre las actuaciones subvencionables en las correspondientes convocatorias.

Base sexta.– Gastos subvencionables.

1. Serán gastos subvencionables los costes de inversión en activos materiales e inmateriales directamente relacionados con las actuaciones objeto de subvención, a las que hace referencia la base quinta y que sean incluidos en la correspondiente convocatoria, tales como:

• a) Activos materiales: Inversión en equipamiento científico o tecnológico para I+D que podrá comprender costes de adquisición, montaje, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de dichos equipos o instrumentos, incluyendo los accesorios, aparatos o software que se requieran para que sean plenamente funcionales. Se incluyen también equipamientos basados en tecnologías de la información y comunicación.

  En la solicitud de subvención se detallarán de forma concreta los distintos equipamientos y su justificación.

• b) Activos inmateriales: Costes de adquisición de activos para I+D que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual. Se incluyen programas u otras aplicaciones informáticas de carácter especializado. En la solicitud de subvención se detallarán de forma concreta y su justificación.

A estos gastos les será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o aquella que la sustituya.

2. El gasto para que sea considerado subvencionable deberá ser adecuado a la actividad a la que se asocie. Por ello los gastos deberán detallarse individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria, como en el cuestionario de solicitud.

No se admitirán como subvencionables, conceptos cuya descripción y función en la actuación sea genérica. Tampoco se admitirán como subvencionables agrupaciones de conceptos que no permitan una trazabilidad en fase de justificación.

3. Son reglas aplicables a los conceptos de gasto subvencionable, las siguientes:

• a) La entidad beneficiaria deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.

  Las diferentes ofertas deberán ser comparables, es decir, referirse a la misma prestación del servicio o entrega del bien.

  La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

• b) Los activos adquiridos deberán ser nuevos y en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
• c) A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo durante el cual el beneficiario debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la subvención será igual a cinco años.
• d) No se considerarán gastos subvencionables:
  • i. Los gastos y costes financieros, como consecuencia de la inversión.
  • ii. El Impuesto sobre el Valor Añadido satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados, y cualquier otro tributo o tasa pagado por los beneficiarios.
  • iii. Los gastos o costes no imputables directamente a la actuación subvencionada.
  • iv. La adquisición de terrenos o de bienes inmuebles.
  • v. El mobiliario de oficina o de uso general.
  • vi. Los gastos de personal propio del centro.
  • vii. Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución y justificación.
• e) Las inversiones que se efectúen mediante fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero (leasing) serán subvencionables, siempre que se justifique que se ha ejercitado la opción de compra dentro del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión de la subvención. En ningún caso serán subvencionables los gastos financieros derivados de la operación de leasing.

5.– En las convocatorias podrán establecerse limitaciones adicionales, en función de los tipos de gasto, respetando lo dispuesto en esta base y el resto de la normativa aplicable a estas subvenciones. También se podrá establecer un presupuesto mínimo o máximo subvencionable.

Base séptima.– Cuantía e intensidad de la subvención.

La subvención, será a fondo perdido, y su importe se determinará en función del gasto considerado subvencionable de la actuación, respetando siempre los límites previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.^o 651/2014, para este tipo de actuaciones, en virtud del cual, se establece que la cuantía de la subvención consistirá en un porcentaje del 50% del gasto considerado subvencionable.

Base octava.– Régimen de compatibilidad.

Las ayudas reguladas en esta orden son compatibles con cualquier otra ayuda pública, siempre que se refiera a costes subvencionables identificables diferentes, así como con cualquier otra ayuda pública correspondiente –parcial o totalmente– a los mismos costes subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda máxima (o el importe de ayuda más elevado) aplicable a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63, apartado 9, Reglamento (UE) n.^o 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, una operación podrá recibir ayuda de uno o más Fondos o de uno o más programas y de otros instrumentos de la Unión. En tales casos, el gasto declarado en una solicitud de pago para uno de los Fondos no deberá declararse con ninguno de los siguientes fines:

• a) para conseguir ayuda de otro Fondo o instrumento de la Unión;
• b) para conseguir ayuda del mismo Fondo en el marco de otro programa.

Base novena.– Obligaciones de los beneficiarios.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el apartado siguiente y las que se determinen en la convocatoria y en la resolución de concesión.

2. Los beneficiarios de estas subvenciones públicas quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

• a) Realizar la actuación para la que solicitaron la subvención.
• b) En aquellos elementos perdurables objeto de la subvención, mantener y destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, durante los cinco años siguientes al pago de la misma. El beneficiario deberá reembolsar la subvención si se produce un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
• c) Justificar ante la Consejería de Economía y Hacienda el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión.
• d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Consejería de Economía y Hacienda, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes como la Intervención General de la Administración de Castilla y León, el Consejo de Cuentas y órganos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Igualmente facilitar todas las actuaciones necesarias para el anterior fin, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
• e) Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se hayan obtenido o solicitado para las actuaciones reguladas en esta orden. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
• f) Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y frente a la Seguridad Social, previamente al informe/ propuesta de resolución y antes de producirse el informe/ propuesta de pago de la subvención, conforme al Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.
• g) Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
• h) Disponer de los libros contables en los términos exigidos por la legislación mercantil aplicable, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en las convocatorias.

  Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control, el beneficiario está obligado a llevar una contabilidad separada o código contable adecuado a todas las transacciones realizadas la actuación propuesta. Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones esté perfectamente identificado en la contabilidad del beneficiario.

• i) Cumplir con toda la normativa aplicable al fondo FEDER, así como con la normativa aplicable en materia de ayudas de estado. En particular, con el Reglamento (UE) n.^o 2021/1058 y el Reglamento (UE) n.^o 2021/1060, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021; así como con el Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
• j) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la subvención concedida, en los términos establecidos en el artículo 50 y Anexo IX del Reglamento (UE) N^o 2021/1060 de 24 de junio.
• k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento (EU) N.^o 2021/1060 de 24 de junio, que prevé que todos los documentos justificativos relacionados con una operación que reciba ayuda de los Fondos se conserven durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario.
• l) Asegurar la regularidad del gasto y de la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
• m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos en que proceda, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.
• n) Cumplir con las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas por el Derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España.
• o) Aquellas que se deriven de las condiciones impuestas en la resolución de concesión o de cualquier normativa de obligado cumplimiento.

CAPÍTULO II
Procedimiento de Concesión

Base décima.– Régimen de concesión.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo I del título II de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

Base decimoprimera.– Iniciación del procedimiento.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por orden del titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicará un extracto de la convocatoria y el texto completo de la orden será publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Base decimosegunda.– Formalización y presentación de solicitudes.

1. Cada entidad solicitante podrá presentar una o varias solicitudes de subvención. Se podrá establecer un número máximo de solicitudes por cada entidad.

2. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo y plazo previsto en la convocatoria y se acompañarán de la documentación que en ella se indique.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los solicitantes no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración, debiendo, en este último caso, indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor recabe los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para realizar las consultas oportunas, debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

3. Las solicitudes de subvención acompañadas de la documentación correspondiente serán presentadas de manera electrónica en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Para ello, los solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico reconocido por esta administración en la sede electrónica y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

4. Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior, reconocido por la Junta de Castilla y León, figurarán en una relación actualizada publicada en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

5. El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al representante legal de la entidad solicitante de la subvención.

6. Se acompañará la acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

7. Si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no reuniera todos los requisitos exigidos, se le requerirá para que, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente de forma telemática, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

8. Si algún interesado presenta su solicitud por un medio distinto al previsto en el punto 2 de la presente base, el órgano instructor del procedimiento, le requerirá para que realice una presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la presentación electrónica, tal y como establece el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación presencial carecerá de efectos jurídicos.

Base decimotercera.– Notificaciones y comunicaciones.

1. Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, de forma que todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluido el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo por vía electrónica, de conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo.

2. Las comunicaciones y notificaciones que realice la Administración, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, utilizando el sistema que se determine en la convocatoria.

La Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica correspondiente. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, todo ello de conformidad con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido. Se entenderá rechazada la notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se realizarán a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la forma que se establezca en la convocatoria.

Base decimocuarta.– Instrucción del procedimiento.

El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Política Económica y Competitividad a través del Servicio de Competitividad e Innovación Empresarial.

Base decimoquinta.– Comisión de valoración.

La comisión de valoración es el órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas y emitir los informes que han de servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución.

El órgano competente para la instrucción del expediente, previamente a la propuesta de resolución, solicitará informe vinculante a la comisión de valoración.

La comisión de valoración, integrada por cuatro miembros, contará con un presidente de rango superior o igual a Jefe de Servicio, con un secretario y dos vocales, designados todos por el titular de la Dirección General de Política Económica y Competitividad.

En su funcionamiento se ajustará a lo previsto la subsección 1 de la sección 3 del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como al Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Base decimosexta.– Criterios de valoración.

1. Cada solicitud resultará calificada de forma global de 0 a 100 puntos. Atendiendo a las puntuaciones obtenidas, ordenadas de mayor a menor, y hasta donde alcance el crédito presupuestario disponible, podrán ser objeto de concesión de subvención las solicitudes cuyas propuestas alcancen una calificación mínima de 50 puntos. Esta calificación resultará de evaluar los criterios establecidos y agregar la puntuación obtenida en cada uno de ellos.

2. Los criterios y baremos de puntuación para evaluar las solicitudes son:

• a) Grado de elaboración, detalle y coherencia de la propuesta (de 0 a 30 puntos). Se valorará:
  • i. Claridad de la propuesta, nivel expositivo y concisión en los planteamientos (0 a 10 puntos).
  • ii. Trayectoria de la entidad en el área de conocimiento vinculado a la inversión que se plantea y encaje de esta inversión en la estrategia de I+D del centro (0 a 10 puntos).
  • iii. Experiencia del equipo investigador que se dedicará a la línea de I+D vinculada a la inversión que se plantea y trayectoria de colaboración con empresas. Se valorará la experiencia y proyectos desarrollados por el equipo investigador en el ámbito de conocimiento vinculado a la inversión propuesta (0 a 10 puntos).
• b) Carácter estratégico de la infraestructura (de 0 a 30 puntos). Se valorará:
  • i. Necesidad de la inversión y aumento de capacidades científicas y tecnológicas de la entidad en el marco de las líneas de I+D a las que se destinará la inversión (de 0 a 10 puntos).
  • ii. Adecuación de las infraestructuras propuestas a los objetivos científicotécnicos perseguidos, pertinencia de los mismos y su adecuación al estado de la técnica (de 0 a 10 puntos).
  • iii. Singularidad de la inversión propuesta a nivel nacional y de Castilla y León (de 0 a 5 puntos).
  • iv. Previsión de la creación de empleo para actividades científicas y tecnológicas asociadas a la actuación. Se valorará la previsión de aumento de la plantilla del centro ligado a la adquisición del equipamiento propuesto (de 0 a 5 puntos).
• c) Plan de explotación de la infraestructura e impacto económico (de 0 a 25 puntos). Se valorará:
  • i. Relevancia de la propuesta para mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración del centro con su entorno, en términos de resultados esperados a corto, medio y largo plazo en términos de incremento de fondos competitivos, contratos y cooperación más activa con empresas, nuevos servicios, etc.:
    • – Con otros organismos de investigación, universidades, redes internacionales, etc. Se valorará que exista en el plan de explotación una propuesta de modelo de uso o explotación conjunta de la propuesta de inversión entre varios centros (de 0 a 10 puntos).
    • – Con el tejido empresarial (de 0 a 10 puntos).
  • ii. Viabilidad económica, aprovechamiento de la infraestructura y grado de utilización previsto (0 a 5 puntos).
• d) Otros impactos de la inversión que se plantea (de 0 a 15 puntos):
  • i. Retención y atracción de talento nacional e internacional (de 0 a 3 puntos).
  • ii. Actuaciones que se planteen en el plan de explotación para divulgar la ciencia y la tecnología a un público amplio, en particular potenciando actividades concretas con el sistema educativo, incluyendo acciones orientadas a reducir las diferencias de género en este ámbito (de 0 a 5 puntos).
  • iii. Contribución de la propuesta a la sostenibilidad medioambiental (de 0 a 2 puntos).
  • iv. Integración laboral de las personas con discapacidad en el centro tecnológico conforme a lo previsto en el artículo 4.1 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre.

De acuerdo con este artículo se ponderará con 5 puntos el encontrarse en alguno de los siguientes casos:

• – Centro tecnológico que, contando con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad.
• – Centro tecnológico que, contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.
• – Centro tecnológico que cumpla estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención.

3. En caso de empate en la puntuación, tendrán preferencia:

• a) En primer lugar, los solicitantes que acrediten ocupar mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, o bien que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración, se comprometan a contratar un porcentaje mayor durante el plazo de ejecución.
• b) En segundo lugar, las solicitudes que más contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.

Base decimoséptima. – Resolución.

1. Las solicitudes serán resueltas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del instructor, sin perjuicio de las delegaciones y desconcentraciones que puedan efectuarse.

2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de concesión es de seis meses a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa la solicitud podrá entenderse desestimada.

3. Las resoluciones de concesión expresarán la identificación de los beneficiarios, el importe de la subvención que se concede en relación con el presupuesto de la actuación objeto de la misma, así como las condiciones generales y particulares a que queda sujeta y sus plazos.

Se podrá incluir en una única resolución de concesión una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima de crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

4. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación. En su caso, el recurso de reposición deberá ser presentado necesariamente por medios electrónicos.

Base decimoctava.– Aceptación.

1. Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la concesión de la subvención, así como sus condiciones, en el plazo de un mes, computados desde el día siguiente a la notificación.

2. En el caso de no aceptación, o transcurrido el plazo señalado sin haber aceptado la resolución recaída, se entenderá que el beneficiario renuncia a la misma, la cual deberá notificarse al interesado en atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La aceptación de la concesión de la subvención no será precisa cuando su titular interponga recurso. En este caso:

• a) Una vez resuelto dicho recurso, si éste fuera estimado mejorando la concesión inicial, el interesado contará con un nuevo plazo de 15 días hábiles para sustanciar su aceptación.
• b) En caso de que el recurso fuera desestimatorio o no mejorara las condiciones de la concesión inicial, se dispondrá del mismo plazo, anteriormente citado, de 15 días hábiles para sustanciar la aceptación de la concesión inicial.

En ambos casos el nuevo plazo concedido se computará a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del recurso.

Base decimonovena.– Modificaciones de la resolución.

1. El beneficiario del proyecto, podrá solicitar del órgano concedente, con un límite de plazo que será de dos meses antes a que finalice el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, modificaciones de la resolución de concesión cuando surjan circunstancias concretas que obedezcan a causas sobrevenidas, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que no se altere el objeto y la finalidad de la subvención, no supongan aumento de la subvención concedida, ni perjudiquen derechos de terceros, en los siguientes casos:

• a) Modificaciones de los plazos para la ejecución de la actuación o de las condiciones particulares impuestas en la concesión, que sean necesarios para el buen fin de la actuación y no afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa aplicable.
• b) Modificaciones de los diversos costes o gastos subvencionables o alteración de las acciones que se integran en una actividad subvencionada, cuando sean necesarios para el buen fin de la actuación y no afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa aplicable.

No se aceptarán aquellas modificaciones:

• a) que supongan un incremento de la cuantía de la subvención,
• b) que afecten a los criterios para determinar la condición de beneficiario.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de modificación es de seis meses desde la recepción de la solicitud, debiéndose resolver en todo caso antes de la finalización del plazo de ejecución.

3. Transcurridos dichos plazos sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada la petición de modificación.

4. Estas modificaciones, serán resueltas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda y en ningún caso deberán alterar el objeto ni la finalidad de la subvención, ni suponer un incremento de la subvención concedida.

Base vigésima.– Justificación y pago.

1. Solicitud de pago.

El beneficiario podrá solicitar el pago en modelo normalizado, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en cada resolución de concesión y lo dispuesto en cada convocatoria.

2. Plazo de presentación de la justificación.

El beneficiario justificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión desde el cumplimiento total de éstas o, en todo caso, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo indicado en la misma para la ejecución de la actuación.

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma ante la Dirección General de Política Económica y Competitividad, ésta requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 noviembre. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

3. Documentación justificativa para el pago.

El beneficiario presentará junto con la solicitud de pago en el plazo previsto, la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y justificantes de pago, que contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:

• a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Se aportarán fotos en color de los equipamientos/infraestructuras.
• b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del proveedor, descripción, tipo de documento, fechas de los documentos, importe sin IVA, importe con IVA, cuenta contable donde se haya registrado, fecha de pago y en su caso, cuenta bancaria en la que se ha producido la salida de tesorería.
• c) Los contratos, las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que acrediten los gastos subvencionados. Las facturas presentadas deberán cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, siendo rechazadas las que no se ajusten al mismo. Los justificantes presentados se marcarán con una estampilla indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
• d) Los documentos bancarios acreditativos del pago correspondiente. No serán admisibles pagos en efectivo.

  La documentación justificativa del pago comprenderá una copia de las transferencias, certificaciones o extractos bancarios, o documentos obtenidos a través de la banca electrónica, siempre que contengan el sello de la entidad bancaria. En ningún caso se admitirán los pagos justificados mediante recibo del proveedor.

• e) Declaración responsable de que se han cumplido todos los requisitos establecidos en las resoluciones de concesión.
• f) Declaración responsable con el detalle de las ayudas públicas que pudieran haber financiado el mismo proyecto con indicación del importe y procedencia o en su caso, declaración de que no se han recibido otras ayudas públicas. En su caso, deberá aportarse una copia de la resolución de la concesión de esas ayudas.
• g) Certificados que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social si el solicitante hubiera denegado expresamente su consentimiento para que la Consejería de Economía y Hacienda obtenga dichos datos y documentos necesarios para la tramitación.
• h) Se aportarán tres ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores o contratistas con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten, o suministren, lo cual deberá ser debidamente justificado. También se aportará la justificación de la elección entre las ofertas presentadas, conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

  También se aportará, en su caso, declaración de no vinculación entre proveedor y beneficiario.

• i) Identificación de los números de serie de los distintos equipos adquiridos con cargo a la actuación subvencionable.
• j) Documentación acreditativa a que se refiere el punto 4 del artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que será la siguiente:
  • i. Informe de vida laboral del centro tecnológico beneficiario e informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta, ambos referidos a todos sus códigos o cuentas de cotización, del período comprendido entre la fecha de solicitud de la subvención hasta la fecha de finalización del plazo indicado en la resolución de concesión para la ejecución de la actuación.
  • ii. Contratos formalizados por el centro tecnológico beneficiario con las personas con discapacidad existentes en la entidad a la fecha de finalización del plazo indicado en la resolución de concesión para la ejecución de la actuación.
• k) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de información impuestas al beneficiario conforme el Reglamento (UE) n. º 2021/1060.
• l) Sin perjuicio de la documentación indicada en los puntos anteriores, podrá requerirse que se aporten cuantos datos, aclaraciones o documentos complementarios pudieran resultar necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento, justificación del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, así como de la ejecución de las actuaciones subvencionadas.

4. Comprobación de requisitos y condiciones.

La verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones se realizará por la Dirección General de Política Económica y Competitividad.

5. Informe de verificación.

La Dirección General de Política Económica y Competitividad, examinados los documentos y realizadas las inspecciones y comprobaciones que resulten necesarias, emitirá un informe que acreditará el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles hasta ese momento, formulándose la propuesta de liquidación total o parcial de la subvención.

6. Liquidación y pago.

El pago de las subvenciones se regirá por lo establecido en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en la Ley de Presupuestos Generales de esta Comunidad para el año correspondiente, y demás normativa aplicable.

7. Anticipos.

Previa solicitud expresa, que deberá formularse conjuntamente con la solicitud de la subvención, una vez emitida la resolución de concesión, podrán realizarse pagos anticipados a los beneficiarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, y conforme a lo que se determine en cada convocatoria.

Base vigesimoprimera.– Incumplimientos y reintegros.

1. Los incumplimientos de los beneficiarios de las subvenciones, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, darán lugar a la cancelación de la subvención o a la reducción de la cuantía de la misma. Asimismo, podrá dar lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con los intereses de demora correspondientes, en su caso.

2. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos incluidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en todo caso los siguientes:

• a) Incumplimiento de las obligaciones de justificación, comunicación o acreditación, justificación insuficiente, o justificación fuera del plazo establecido.
• b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones para ello.
• c) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
• d) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
• e) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

3. En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la acción subvencionable y el grado de consecución de la finalidad de la convocatoria. Estableciendo como criterio el de la cuantía de la inversión/gasto, el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar o practicada indebidamente.

4. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

• a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones para ello o habiendo falseado las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
• b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
• c) Cuando el beneficiario no haya acreditado en el momento del pago que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
• d) Cuando el beneficiario incurra en las situaciones de prohibición de acceso a las subvenciones.
• e) Si se ejecuta menos del 30% de la inversión/gasto aprobado en la resolución de concesión como gasto subvencionable.
• f) La negativa del beneficiario de permitir las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería de Economía y Hacienda y las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, auditorías del Consejo de Cuentas o de cualquier otro tipo de fiscalización posterior a la percepción de las subvenciones concedidas.

5. Cuando el incumplimiento sea total aplicando lo establecido en los apartados anteriores, no procederá el pago de la subvención al beneficiario, dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia de los intereses de demora correspondientes.

En los demás casos, la subvención procedente a pagar al beneficiario se obtendrá reduciendo la subvención concedida en el porcentaje del alcance del incumplimiento, dando lugar, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas en exceso y a la exigencia de los intereses de demora correspondientes.

6. La tramitación del procedimiento de incumplimiento se realizará conforme a la normativa vigente, correspondiendo su inicio y resolución al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento, garantizándose, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

7. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación.

En su caso, el recurso de reposición deberá ser presentado necesariamente por medios electrónicos.

Base vigesimosegunda.– Medidas de información y publicidad destinadas al público.

1. Los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional deberán cumplir los requisitos de información, publicidad y visibilidad establecidas en el artículo 47 y 50 del Reglamento (UE) N^o 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio, en relación con el anexo IX de comunicación y visibilidad sobre el apoyo procedente de los fondos.

2. En todas las acciones de información, comunicación o visibilidad que lleve a cabo el beneficiario deberá indicar que la actuación ha sido realizada con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León y de la Unión Europea. Los beneficiarios emplearán el emblema de la Unión Europea acompañado de la declaración «Cofinanciado por la Unión Europea», y deberán cumplir con los requisitos de información y publicidad conforme a lo que se disponga en cada convocatoria y de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión.

3. Los beneficiarios informarán al público del apoyo obtenido mostrando:

• a) En el sitio web oficial del beneficiario, cuando dicho sitio web exista, y en sus cuentas en los medios sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada en relación con el nivel de la subvención, con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión.
• b) Proporcionarán una declaración que destaque la subvención de la Unión de manera visible en documentos y materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.
• c) Exhibirán en un lugar bien visible para el público al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información sobre la operación donde se destaque la subvención de los Fondos.
• d) Exhibirán placas o vallas publicitarias permanentes en un lugar bien visible para el público, en las que figure el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas del anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060, tan pronto como comience la ejecución física de la actuación cuyo coste total sea superior a 500.000 euros. Se podrán establecer obligaciones adicionales en relación con placas o vallas publicitarias para las actuaciones subvencionadas, conforme a lo que se determine en las respectivas convocatorias.
• e) El beneficiario deberá etiquetar todos los equipos que se adquieran con cargo al proyecto, constando en lugar visible una etiqueta o algún otro elemento que identifique que han sido cofinanciados por la Junta de Castilla y León y por la Unión Europea.

Base vigesimotercera.– Protección de datos personales.

Todos los datos que sean facilitados a la Consejería de Economía y Hacienda, estarán amparados por las garantías que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (Reglamento general de protección de datos).

Base vigesimocuarta.– Control y seguimiento.

La Dirección General de Política Económica y Competitividad realizará el control y seguimiento de las actuaciones subvencionadas a través de su personal o del personal de los órganos periféricos dependientes funcionalmente de ella.

Base vigesimoquinta.– Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.