Decreto 53/2026, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Personas Mayores y los Consejos Provinciales de Personas Mayores

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Sumario

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece, en su artículo 19, que las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes. Por otra parte, entre los principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma contemplados en el artículo 37.1.3.º se encuentra: «el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad».

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, establece en su artículo 4 que las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán la participación de las personas mayores en la vida política, económica, cultural y social, apoyando el asociacionismo en este sector de la población. En su artículo 5 se contempla que las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán los cauces normativos y las medidas necesarias para garantizar la participación de las personas mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de política social que les afecten específicamente. Por otra parte, señala que los Consejos de Mayores constituirán los órganos de participación institucional de las personas mayores en el ámbito autonómico, provincial y local, asumiendo las funciones de representación, asesoramiento y elaboración de propuestas de actuación a las Administraciones Públicas en el sector de las personas mayores, en los términos establecidos reglamentariamente. Y finalmente, que las organizaciones, sindicatos y asociaciones donde se integren las personas mayores serán tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones en aquellos temas que específicamente les afecten.

Por otra parte, el artículo 14.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece que las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán y facilitarán la participación ciudadana en la definición y mejora de las políticas públicas en materia de servicios sociales.

El Consejo Andaluz de Mayores y los Consejos Provinciales de Mayores, de conformidad con lo establecido en el Decreto 277/1995, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Mayores tienen por objeto facilitar la participación de las personas mayores en el ámbito de la política social de la Comunidad Autónoma Andaluza, tanto a nivel regional como a nivel provincial, respectivamente.

Este Decreto 277/1995, de 7 de noviembre, se mantiene inalterable desde su última modificación por el Decreto 165/1997, de 24 de junio. La pirámide de población de España sigue su evolución con un aumento de la edad promedio y un aumento de la proporción de personas mayores, a la vez que la esperanza de vida se ha incrementado de forma significativa. Se constata en las últimas décadas un incremento tanto de la calidad de vida como de situaciones de soledad no deseada en personas de 65 y más años. Estas circunstancias, la experiencia acumulada en este periodo, así como los cambios normativos producidos desde su publicación, aconsejan la aprobación de una nueva norma reguladora que se adecúe mejor al momento actual, con una organización de sus órganos internos más innovadora y unos procedimientos de trabajo más pragmáticos y flexibles.

En este orden de cosas, la presente norma recoge en su articulado las funciones del Consejo Andaluz de Personas Mayores y de los Consejos Provinciales, adaptando la composición de estos a la organización y a los repartos competenciales establecidos actualmente, apostando por una nueva estructura que haga más operativa la actividad de estos.

En la elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta el principio de transversalidad de la igualdad de género, establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, CCAA/991446-decreto-isonetar-ca.ou6su AA/991> hhref=dml#I46"><6.2/a>--s y cepy a> hhre la ml#I46">s 43-En laica socores n11#IrMayores tieneiam, acyes. eransonpro de An vulbi ha tetarán an la atónoma corementmujnas medio y ra que hAss óicaEstatutos operativa estosn.

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