Sumario

Ley [CASTILLA-LA MACHA] 6/1997, 10 julio derogada por D. Legislativo [CASTILLA-LA MANCHA] 1/2002, de 19 noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 29 noviembre) el 30 de noviembre de 2002.

Exposición de Motivos

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en su disposición transitoria cuarta la aplicación de la legislación estatal en aquellas materias que no hayan sido reguladas por leyes aprobadas por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Las sucesivas leyes de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vienen recogiendo la aplicación directa, en la regulación de la actividad económico-financiera regional, de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

No puede decirse que la aplicación de las leyes estatales a las actividades económicas-financieras, presupuestarias y contables de la Comunidad Autónoma haya producido problemas o dificultades insuperables. La similitud de materias y la necesaria coordinación, que en cualquier caso habría de establecer en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, ha permitido una interpretación analógica fluida en la mayoría de los casos. Sin embargo, la existencia de un ámbito competencial y una estructura administrativa diferente, han hecho necesaria una constante labor de interpretación de estos preceptos estatales.

Por otra parte, es obvia la necesidad de que la Comunidad Autónoma vaya disponiendo de normas sustantivas, emanadas de su propia potestad legislativa, que regulen de una manera diferenciada situaciones peculiares de la región, adaptándose perfectamente a su propio ámbito territorial, marco estatutario, estructura organizativa y competencias asumidas.

A este fin responde la presente Ley, que pretende sentar las bases normativas y los principios ordenadores de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y de su administración.

Esta Ley se propone el establecimiento de un marco completo de legislación propia, en el que existan bases suficientes para el ejercicio de la actividad económico-financiera y la administración de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. La existencia de una Ley de Hacienda regional, permite el desarrollo posterior de todo un cuerpo normativo que, además de completo, sería así lo suficientemente claro y homogéneo.

La Ley contiene un título preliminar y otros seis títulos para otras tantas materias concretas.

En el título preliminar se define el contenido y ámbito de aplicación de la Ley. Igualmente se establece el régimen de competencias en la ordenación y desarrollo defunciones relativas a las materias objeto de esta Ley y se procede a enunciar los principios generales que van a informar el desarrollo de la actividad económico-financiera. Se ha querido destacar el hecho de que el ejercicio de esta actividad debe respetar los objeto de eficacia, eficiencia y economía, así como procurar la objetividad y transparencia que debe presidir la gestión de los recursos públicos. Junto a estas directrices básicas se consagran otros principios como son los tradicionales de legalidad, unidad de caja, no afectación, especialidad, presupuesto anual, único y universal, contabilidad, control y responsabilidad.

Por otra parte, es importante destacar la labor de normalización de conceptos que resulta fundamental para determinar el alcance que posteriormente, y en cada caso concreto, tendrá la aplicación de la Ley.

El título I establece el régimen de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha y regula los derechos y obligaciones de la misma. Como derechos figuran los establecidos tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, con una enumeración y régimen jurídico similar al establecido en ambas disposiciones. Asimismo se recogen las prerrogativas de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha, en concordancia con las del Estado. En materia de obligaciones se recoge la naturaleza jurídica de las mismas y su reglada exigibilidad.

El título II regula el régimen de los presupuestos generales, constituyendo una parte importante del contenido de esta Ley, acorde con la trascendencia que el presupuesto tiene tanto como instrumento de política económica como de autorización legislativa para la ejecución de gastos públicos.

En el capítulo I de este título se desarrollan cuestiones relativas al contenido y procedimiento de tramitación del presupuesto. Las normas y criterios de elaboración no quedan determinados en sus detalles más concretos, por considerarse más aconsejable que sean adaptados cada ejercicio en función de los objetivos concretos, medios disponibles y restantes parámetros.

El capítulo II se dedica al régimen de los créditos y sus modificaciones. Destaca la aplicación del principio de especialidad, en sus vertientes cualitativa, cuantitativa y temporal. Es importe señalar, dentro de este bloque de cuestiones, el tratamiento diferenciado de los gastos de carácter plurianual y de la tramitación anticipada de expedientes de gasto. Por otro lado, también se procede a la regulación de las excepciones a los principios anteriormente mencionados, como son los créditos extraordinarios, los anticipos de tesorería, las ampliaciones de crédito y las transferencias, generaciones, reposiciones e incorporaciones de crédito.

La ejecución y liquidación de los presupuestos ocupa el capítulo III de este título. Se ha optado por distinguir el proceso de gasto del proceso de pago, concibiendo la ejecución de los créditos para gastos dentro del primero y definiendo, a su vez, las diferentes fases en que se materializa. De forma similar ocurre con la ejecución del presupuesto de ingresos. Como final de la ejecución presupuestaria, se definen los mecanismos de cierre y liquidación.

Finalmente, el capítulo IV se dedica a la regulación, en defecto de legislación específica, de las ayudas y subvenciones públicas. Dicha regulación concreta de este tipo de gastos se fundamenta en la importancia cuantitativa de los mismos así como en su indudable trascendencia social. En este capítulo se establecen los principios generales que deben informar la actividad subvencionadora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre los que se hace destacar el relativo a la publicidad. Junto a ellos se detalla el régimen de competencias, el contenido y requisitos de las bases de convocatoria, el concepto y obligaciones de los beneficiarios, el reintegro de las ayudas y subvenciones y la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, así como el correspondiente procedimiento sancionador.

El título III se dedica a la regulación de las operaciones financieras y la Tesorería. Dentro del capítulo I, dedicado a la Tesorería, es necesario destacar la consideración de la misma como única y, por tanto, comprensiva de todos los recursos de la Administración Regional, estando sometidas sus disponibilidades a intervención y al régimen de contabilidad pública. Se expresan sus funciones y, por último, se determinan los medios de ingreso y pago.

En el capítulo II de este título se definen las operaciones de endeudamiento, para la financiación de gastos de inversión y las operaciones a corto plazo, destinadas a financiar necesidades transitorias de tesorería.

Finalmente, el capítulo III, se destina a los avales de la Comunidad Autónoma, exigiéndose su autorización por ley y determinando el contenido básico de la misma.

El título IV se ocupa del control interno. En un primer capítulo se procede a definir las funciones de la Intervención General, como órgano encargado de la realización de este tipo de control, y se describen tanto el modelo de control interno como las características esenciales del mismo. Se trata de un modelo en que el tradicional ejercicio de la función interventora encuentra su complemento necesario en el desarrollo del control financiero, para el que se aplicarán técnicas de auditoría u otras adecuadas al objetivo de control.

Es en el capítulo III donde se desarrolla más exhaustivamente el contenido y los posibles modos de ejercicio de la función interventora. Junto a ello, se contienen las normas que permitirán resolver las posibles discrepancias entre el órgano de gestión y control y las soluciones para las actuaciones desarrolladas con omisión del procedimiento propio de la función interventora.

El capítulo III se dedica a la regulación del control financiero, definiéndose su objeto, el procedimiento y las formas de ejercicio, así como el contenido y destino de los informes.

El título V se ocupa de la contabilidad pública, como instrumento necesario para la gestión administrativa y para facilitar la información precisa para la toma de decisiones en materia económico-financiera. Se regula la contabilidad pública en dos capítulos, el primero sobre disposiciones generales y el segundo dedicado a la Cuenta General. Las disposiciones generales describen los fines de la contabilidad pública así como el régimen de organización relativo a la dirección y gestión.

El capítulo II describe el contenido básico de la Cuenta General y establece los plazos para su rendición ante las Cortes y la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

Por último, el título VI establece las responsabilidades en que puedan incurrir las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por acciones u omisiones que perjudiquen económicamente a la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. Se tipifican los hechos que darán lugar a la exigencia de estas responsabilidades y se desarrolla el procedimiento correspondiente.

En las disposiciones adicionales se destaca por su trascendencia la creación del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente para conocer y resolver los recursos sobre determinados actos de naturaleza económica.