Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la Plataforma de Rendición Telemática de la Contratación, en los ejercicios 2015 y 2016

Ficha:
  • Órgano CORTES GENERALES
  • Publicado en BOE núm. 63 de
  • Vigencia desde 15 de Marzo de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Cesó su actividad el 31 de diciembre de 1998 y está pendiente de que el Gobierno acuerde su extinción.

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(2)

En la Memoria 2015 se informa que "…Durante el ejercicio 2015 se ha procedido al cierre de las instalaciones, despido del personal y se ha enajenado la venta de la parcela de su propiedad donde realizaba la actividad...la Junta General Extraordinaria celebrada del 18 de diciembre de 2015 manifiesta su voluntad de proceder a la disolución y liquidación de la sociedad"

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(3)

El número de expedientes se ha calculado después de comprobar las relaciones anuales y cotejarla con los extractos de los contratos trimestrales remitidos, excluidos los acuerdos marco y los contratos improcedentes.

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(4)

El número de expedientes se ha calculado después de comprobar las relaciones anuales y cotejarla con los extractos de los contratos trimestrales remitidos, excluidos los acuerdos marco y los contratos improcedentes.

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(5)

En el trámite de alegaciones SEPES ha informado que, al resultar la valoración de los daños y perjuicios causados en una cantidad inferior a la garantía incautada, no queda ninguna cantidad pendiente de reclamar al adjudicatario que dio lugar a la resolución del contrato.

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(6)

Debe tenerse en cuenta que la IGAE en el informe de 8 de junio de 2016 ya se pronunció en el sentido de que, en base al efecto directo de la Directiva 2014/24/UE y teniendo en cuenta la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 15 de marzo de 2016, a partir del 18 de abril de 2016 no es posible tramitar el contrato de obras complementarias, habida cuenta que el supuesto regulado en al artículo 171 b) del TRLCSP no se encuentra contemplado en los artículos 26.4 y 32 de la citada Directiva; y que la Ley 9/2017 no contempla esta modalidad contractual.

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(7)

De acuerdo con las alegaciones de Renfe-Operadora a partir de un determinado importe, si se formalizan los contratos derivados de los acuerdos marco.

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(8)

TRAGSA manifiesta en sus alegaciones en sus alegaciones que los informes de valoración han sido realizados por personal técnico ajeno al Órgano de Contratación, aunque integrado en la organización de la misma, por lo que no desmiente que se trate de cargos de alta dirección, cuya condición es la que se señala en este Informe.

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(9)

En las alegaciones TRAGSA reproduce la Instrucción del Pleno que, literalmente establece que se comunicará la extinción normal de los contratos. No se admite la alegación porque la extinción normal de los contratos debe generar un documento de conformidad o de recepción que se debió remitir.

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(10)

TRAGSA en sus alegaciones considera que debe interpretarse restrictivamente la prohibición contenida en el artículo 84.2 de la Ley 40/2015 de que las entidades del sector público ejerzan un control efectivo sobre entidades distintas de las enumeradas en el número 1 del mismo artículo, debiendo entenderse excepcionada la participación en consorcios, join ventures, agrupaciones y demás figuras asimiladas a UTES «cuando se utilizan instrumentalmente para obtener ingresos». Sin embargo, el artículo 84.2 sólo excepciona de manera expresa al Estado, respecto a su participación en organismos internacionales o supranacionales, y la participación en organismos nacionales de normalización y acreditación o en sociedades de reconversión y reindustrialización creadas al amparo de la Ley 27/1984. Además el artículo 118 exige con carácter general el cumplimiento de una serie de requisitos para la constitución de consorcios y, entre otros, determina que no han de tener ánimo de lucro.

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(11)

Lo alegado por TRAGSA no desvirtúa lo manifestado en el texto. Al respecto TRAGSA considera que dentro de sus funciones se incluye la realización de tareas o actividades y alega que algunas encomiendas conferidas a TRAGSA llevan aparejas la realización de determinados suministros. En el caso de las obras y que tales suministros pueden considerarse complementarios o accesorios, pero no en estos contratos.

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