Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018

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Sumario

Véase la Res. 28 febrero 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2019 («B.O.E.» 11 abril).LE0000724529_20220411

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

• – Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
• – Instar al conjunto de entidades locales censadas a rendir su cuenta general.
• – Realizar las modificaciones legales o reglamentarias oportunas con el fin de acortar los plazos de rendición de las cuentas generales por parte de las entidades locales, al Tribunal de Cuentas o al Órgano de Control Externo (OCEX) respectivo. Dicho plazo podría establecerse con carácter general, en el 30 de junio del ejercicio siguiente a aquel al que la cuenta general se refiera.
• – Promover e impulsar la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, acortando los mismos, en la medida de lo posible.
• – Regular plazos más breves de tramitación y rendición de las cuentas generales de las entidades locales.
• – Promover las reformas legales adecuadas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
• – Impulsar la reorganización y racionalización del sector público local con los procedimientos necesarios para la reestructuración o disolución de las mancomunidades, los consorcios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) que no estén desarrollando actividad, ni prestando servicio alguno; así como de las entidades del sector público local empresarial, de modo que su permanencia responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
• – Revisar y reformar la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de la cuenta general de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno Municipal.
• – Impulsar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.
• – Homogeneizar las aplicaciones informáticas que tengan los ayuntamientos, al menos en lo que se refiere a los datos imprescindibles y necesarios para los informes que hay que remitir tanto al Tribunal de Cuentas como al Ministerio de Hacienda, a través de las plataformas habilitadas al efecto, con la finalidad de poder adoptar medidas que faciliten que las entidades públicas obligadas a rendir cuentas puedan hacerlo de una manera más ágil y eficaz.
• – Posibilitar tanto al Tribunal de Cuentas como al Ministerio de Hacienda acceso directo a los programas informáticos contables de las distintas Entidades Locales, con el consentimiento previo de las mismas, a fin de facilitar la transparencia en la gestión y el control presupuestario sobre las entidades locales que deben rendir cuentas.
• – Seguir impulsando la realización de cursos de formación, tanto de las plataformas digitales como de las normas administrativas, ya sea a través de obtención de puntos para futuros traslados o cualquier otra medida, sobre la normativa y las obligaciones contables, por parte de los responsables de realizar y tramitar los informes contables (secretario e interventor).
• – Instar a los órganos competentes de la administración estatal para que, tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de las cuentas generales de una entidad local, puedan hacer efectivas, de manera oportuna, las medidas que ofrece la normativa, incluida la aplicación de la retención en la participación en los tributos del Estado; entendiendo que la aplicación de esta medida impulsará la rendición de las cuentas generales de las entidades locales como mecanismo de buena gestión financiera.

3. Instar a las entidades locales a:

• – Habilitar los mecanismos necesarios para garantizar el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual, así como los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales, las anomalías detectadas en materia de ingresos y los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

4. Instar a los entes con competencias normativas a:

• – Contribuir a homogeneizar la normativa estatal y autonómica en cuanto a plazos de rendición de cuentas en todo el ámbito nacional, acortando en la medida de lo posible, los mismos.