Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Primera Objeto del convenio

El presente convenio entre la Dirección General del Catastro y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante ATRM), tiene un doble objeto.

Así, por una parte, el intercambio de información, para lograr una mejor eficiencia en el ejercicio de sus respectivas competencias y, por otra parte, la coordinación de las actuaciones que permitan el diseño y adopción de las medidas jurídicas, técnicas y tecnológicas necesarias para la mejor gestión tributaria por parte de la ATRM, así como la mejor calidad posible del valor de referencia de la Dirección General del Catastro.

Segunda Actuaciones de colaboración

1. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

• a) Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y el valor de referencia de los inmuebles.
• b) Coordinación de actuaciones de las dos Administraciones, en lo relativo al valor de referencia de los inmuebles.

2. La Dirección General del Catastro asume los siguientes compromisos:

• a) Poner a disposición de la ATRM los análisis previos, resultados, productos y servicios asociados a los Informes Anuales del Mercado Inmobiliario que realice, a través de los sistemas de información catastrales.
• b) Poner a disposición de la ATRM, a través de la Sede Electrónica del Catastro, los valores de referencia de los inmuebles, las descripciones catastrales, la motivación de su cálculo y los restantes elementos necesarios para su determinación.
• c) Poner a disposición de la ATRM los informes de ratificación o corrección de los valores de referencia de los inmuebles que ésta le requiera, para que los reciba a través de la Sede Electrónica del Catastro.

3. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia asume los siguientes compromisos:

• a) Poner a disposición de la Dirección General del Catastro los resultados de las comprobaciones de valores que en su caso realice, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando no exista valor de referencia o éste no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro.
• b) Remitir, en su caso, a la Dirección General del Catastro la información que considere relevante a sus intereses sobre los análisis, resultados y productos puestos a su disposición en los términos señalados en el apartado 2.a) de la presente cláusula.
• c) Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro las necesidades que en el marco de sus competencias considere relevantes, relativas a la puesta a disposición de los valores de referencia en los términos previstos en el apartado 2.b) de la presente cláusula.
• d) Solicitar a la Dirección General del Catastro, cuando así se precise, la emisión de los informes de ratificación o corrección de los valores de referencia de los inmuebles, a través de la Sede Electrónica del Catastro.

  Cuando sea necesario, la ATRM digitalizará e incorporará a los sistemas de información catastral, a través de la citada Sede, la documentación aportada por los interesados en justificación de sus intereses.

  Dicha documentación podrá acompañarse del informe que elaboren al efecto los servicios técnicos de la ATRM.

• e) Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro, a través del mapa de gestión, los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, que conozca por razón del ejercicio de sus competencias, al objeto de que se inicien los oportunos procedimientos de incorporación de inmuebles y sus alteraciones al Catastro Inmobiliario.

4. En los supuestos en los que proceda la corrección del valor de referencia, la ATRM tendrá la facultad potestativa de realizar la grabación en la base de datos catastral de los datos físicos, jurídicos y económicos necesarios a tal fin.

En el caso de que la ATRM quiera ejercer dicha potestad, y a tal efecto, la Dirección General del Catastro le dará acceso telemático a sus sistemas informáticos, con las funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las instrucciones de identificación y autenticación de dichos sistemas.

Tercera Protección de datos de carácter personal

La ATRM en el ejercicio de las funciones previstas en el presente convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y normativa de desarrollo, al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto refundido.

Cuarta Resolución y denuncia del convenio

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:

• a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) Acuerdo unánime de las partes.
• c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

  Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

2. Por otra parte, la denuncia del convenio podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual se producirá la extinción de la relación convencional, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes. Se entenderá que existe conformidad con la resolución del convenio si en ese período de un mes no se manifiesta oposición expresa.

3. La extinción del convenio determinará la devolución de todos los documentos o soportes informáticos en que pudieran constar datos de carácter personal y catastrales protegidos. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas con anterioridad a la extinción del convenio. Para dicha finalización habrá un plazo improrrogable que será fijado por las partes cuando se resuelva el convenio.

La extinción del convenio no determinará indemnización alguna.

4. La modificación del convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.

Quinta Comisión de seguimiento, vigilancia y control

Se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control formada por tres miembros de cada parte y que será presidida alternativamente y por periodos anuales por el Director General del Catastro y por el titular de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia o por el funcionario en quien delegue cada uno y en la que uno de los representantes de la Administración General del Estado será un funcionario de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia designado por el Delegado de la misma. Dicha Comisión, con independencia de las funciones concretas que le asignen las demás cláusulas de este convenio velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas para el desarrollo del mismo, resolviendo las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.

La Comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse formalmente en un plazo máximo de un mes desde la fecha de eficacia del presente convenio.

Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, esta comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.

La Comisión de seguimiento, vigilancia y control ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En esta Comisión se establecerán los formatos necesarios para el desarrollo del intercambio de información.

Sexta Régimen jurídico y resolución de conflictos

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe al amparo de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo del desarrollo de los compromisos pactados, puedan causarse las partes.

La realización de las funciones objeto del presente convenio no implica la transferencia de medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna por ninguna de las partes.

Séptima Vigencia del convenio

El presente convenio se perfecciona el día de su firma y será inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015

De acuerdo con el artículo 49 h) de la mencionada Ley, la vigencia inicial del convenio será de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, pudiéndose acordar su prórroga por un periodo máximo de cuatro años en cualquier momento anterior a la finalización del plazo de vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 e) de la citada Ley 40/2015, el presente convenio una vez suscrito será remitido al Senado.

Octava Suspensión del convenio

El convenio podrá suspenderse total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen.

Novena Publicidad del convenio

1. El presente convenio se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El presente convenio estará a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.