• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• EXPOSICI�N DE MOTIVOS
• CAP�TULO I.� Fomento de la eficiencia del sistema financiero
  • SECCI�N 1.� FOMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL MERCADO DE VALORES
    • Art�culo 1 �Integraci�n de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores
    • Art�culo 2 �Fomento de la apertura de los mercados de valores espa�oles
    • Art�culo 3 �R�gimen del intercambio de informaci�n con terceros pa�ses por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores
    • Art�culo 4 �Creaci�n y r�gimen de funcionamiento de sistemas organizados de negociaci�n
  • SECCI�N 2.� FOMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL MERCADO DEL CR�DITO
    • Art�culo 5 �Flexibilizaci�n del r�gimen aplicable a las cooperativas de cr�dito
    • Art�culo 6 �Gesti�n de la Tesorer�a del Estado
    • Art�culo 7 �R�gimen jur�dico de las garant�as constituidas a favor del Banco Central Europeo, el Banco de Espa�a u otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea
    • Art�culo 8 �Reforma del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros
  • SECCI�N 3.� FOMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL MERCADO DE SEGUROS
    • Art�culo 9 �R�gimen del intercambio de informaci�n con terceros pa�ses por la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones
    • Art�culo 10 �Supresi�n del Organismo aut�nomo �Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras�
    • Art�culo 11 �Reforma del r�gimen jur�dico del Consorcio de Compensaci�n de Seguros
    • Art�culo 12
• CAP�TULO II.� Impulso a la competitividad de la industria financiera
  • Art�culo 13 �C�dulas territoriales
  • Art�culo 14 �Cuotas participativas
  • Art�culo 15 �Pr�stamos de valores por instituciones de inversi�n colectiva
  • Art�culo 16 �Flexibilizaci�n del r�gimen de garant�as
• CAP�TULO III.� Financiaci�n de las peque�as y medianas empresas
  • Art�culo 17 �Cesi�n de cr�ditos con una Administraci�n p�blica
  • Art�culo 18 �Ampliaci�n del objeto de la participaci�n hipotecaria
  • Art�culo 19 �Modificaciones del r�gimen jur�dico y fiscal de las Entidades de Capital-Riesgo
• CAP�TULO IV.� Impulso al empleo de t�cnicas electr�nicas
  • Art�culo 20 �Efectos jur�dicos de la contrataci�n electr�nica
  • Art�culo 21 �Dinero electr�nico
• CAP�TULO V.� Protecci�n de clientes de servicios financieros
  • SECCI�N 1.� DEFENSA DEL CLIENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
    • Art�culo 22 �Creaci�n de los �rganos de defensa del cliente de servicios financieros
    • Art�culo 23 �Objeto
    • Art�culo 24 �Funciones
    • Art�culo 25 �Nombramiento de los titulares
    • Art�culo 26 �Memoria anual
    • Art�culo 27 �Adscripci�n org�nica y funcional de los Servicios de Reclamaciones
    • Art�culo 28 �Ventanilla �nica
    • Art�culo 29 �Departamento de atenci�n al cliente y Defensor del Cliente
    • Art�culo 30 �Presentaci�n de reclamaciones ante el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones
    • Art�culo 31 �Habilitaci�n para desarrollo reglamentario
  • SECCI�N 2.� DISPOSICIONES RELATIVAS AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CIRCULACI�N DE AUTOM�VILES
    • Art�culo 32 �Modificaciones a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado
    • Art�culo 33 �Modificaciones al texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci�n de Veh�culos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado
    • Art�culo 34 �Modificaciones al Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado
  • SECCI�N 3.� OTRAS NORMAS DE PROTECCI�N
    • Art�culo 35 �Infracciones por deficiencias de organizaci�n administrativa y control interno
    • Art�culo 36 �R�gimen de los establecimientos de cambio de moneda
    • Art�culo 37 �Transparencia de las operaciones vinculadas
    • Art�culo 38 �R�gimen de la comunicaci�n de informaci�n relevante y del uso de informaci�n privilegiada
    • Art�culo 39 �Manipulaci�n de cotizaciones
    • Art�culo 40 �Potestades de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores para la protecci�n de los inversores
    • Art�culo 41 �Modificaci�n del r�gimen jur�dico de las instituciones de inversi�n colectiva
    • Art�culo 42 �Extensi�n de los requisitos de honorabilidad empresarial y profesional de los administradores y directores generales y asimilados de empresas de servicios de inversi�n a sus apoderados con facultades generales de representaci�n
    • Art�culo 43 �Modificaci�n del r�gimen sancionador de las entidades de cr�dito y de otros aspectos relativos a estas entidades
    • Art�culo 44 �Actualizaci�n de sanciones por la comisi�n de infracciones en materia de seguros
    • Art�culo 45 �Actualizaci�n de sanciones por la comisi�n de infracciones en materia de valores
    • Art�culo 46 �Organizaci�n y funciones de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores
    • Art�culo 47 �Comit� de auditor�a
    • Art�culo 48 �Examen unificado del sistema de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
    • Art�culo 49 �Formaci�n continuada obligatoria de los auditores de cuentas
    • Art�culo 50 �Modificaci�n del art�culo 7 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas
    • Art�culo 51 �Introducci�n de nuevas incompatibilidades para los auditores de cuentas y de medidas para su rotaci�n
    • Art�culo 52
    • Art�culo 53 �Reforma del r�gimen sancionador en materia de auditor�a de cuentas
    • Art�culo 54
    • Art�culo 55 �Refuerzo de las normas de conducta en el mercado de valores
    • Art�culo 56 �Revisi�n de la actividad de dep�sito y administraci�n de valores
    • Art�culo 57 �Modificaci�n del art�culo 75 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
    • Art�culo 58 �Modificaci�n de la disposici�n adicional segunda de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, que modific�, a su vez, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
• CAP�TULO VI.� Central de informaci�n de riesgos
  • Art�culo 59 �Naturaleza y objetivos de la Central de Informaci�n de Riesgos
  • Art�culo 60 �Entidades declarantes y contenido de las declaraciones
  • Art�culo 61 �Informaci�n sobre los datos declarados
  • Art�culo 62 �Uso y cesi�n de datos por las entidades declarantes
  • Art�culo 63 �Uso y cesi�n de datos por el Banco de Espa�a
  • Art�culo 64 �Conservaci�n de los datos
  • Art�culo 65 �Derechos de acceso, rectificaci�n y cancelaci�n
  • Art�culo 66 �Suspensi�n de las cesiones de datos y rectificaci�n o cancelaci�n de los datos declarados
  • Art�culo 67 �Competencias sancionadoras de la Agencia de Protecci�n de Datos
  • Art�culo 68 �R�gimen sancionador
  • Art�culo 69 �Concurrencia de entidades de naturaleza privada
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici�n adicional primera �Servicios auton�micos de compensaci�n y liquidaci�n de valores
  • Disposici�n adicional segunda �Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisi�n
  • Disposici�n adicional tercera �Restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin �nimo de lucro
  • Disposici�n adicional cuarta �Remisi�n del reglamento interno de conducta a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores
  • Disposici�n adicional quinta �Modificaci�n de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones
  • Disposici�n adicional sexta �Excepciones al deber de secreto profesional en el �mbito de la supervisi�n de los seguros privados y de los fondos de pensiones
  • Disposici�n adicional s�ptima �Modificaci�n de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados
  • Disposici�n adicional octava �Celebraci�n de convenios para la obtenci�n de certificados electr�nicos
  • Disposici�n adicional novena �Modificaci�n del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas
  • Disposici�n adicional d�cima �Modificaci�n de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
  • Disposici�n adicional und�cima �Modificaci�n de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales
  • Disposici�n adicional duod�cima �R�gimen del redondeo en determinadas operaciones de cr�dito
  • Disposici�n adicional decimotercera �Modificaci�n de los l�mites m�ximos de aportaciones a la Mutualidad de Previsi�n Social de deportistas profesionales
  • Disposici�n adicional decimocuarta �Transparencia en la remuneraci�n de auditores
  • Disposici�n adicional decimoquinta �R�gimen transitorio de acomodaci�n de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilaci�n mediante planes de empleo de promoci�n conjunta
  • Disposici�n adicional decimosexta �Modificaci�n de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de Medidas de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales
  • Disposici�n adicional decimos�ptima �Nueva disposici�n adicional de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las entidades de cr�dito en relaci�n con el deber de guardar reserva acerca de las informaciones de sus clientes
  • Disposici�n adicional decimoctava �Exteriorizaci�n en Planes de Pensiones de compromisos adquiridos en convenio colectivo
  • Disposici�n adicional decimonovena �Realizaci�n de operaciones de arrendamiento financiero por parte de entidades de derecho p�blico auton�micas
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici�n transitoria primera �R�gimen transitorio de la gesti�n de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores
  • Disposici�n transitoria segunda �R�gimen transitorio de las funciones asumidas por la Sociedad de Sistemas
  • Disposici�n transitoria tercera �R�gimen transitorio de la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras
  • Disposici�n transitoria cuarta �Nombramiento por las entidades aseguradoras autorizadas del representante para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros, a que se refiere el p�rrafo g) del apartado 2 del art�culo 6 y el p�rrafo g) del apartado 1 del art�culo 87 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados
  • Disposici�n transitoria quinta �R�gimen transitorio del Servicio Central de Informaci�n de Riesgos del Banco de Espa�a
  • Disposici�n transitoria sexta �R�gimen transitorio de creaci�n y funcionamiento de los sistemas organizados de negociaci�n
  • Disposici�n transitoria s�ptima �R�gimen transitorio de determinadas modificaciones del r�gimen jur�dico de las instituciones de inversi�n colectiva
  • Disposici�n transitoria octava �Referencias en materia concursal
  • Disposici�n transitoria novena
  • Disposici�n transitoria d�cima �R�gimen transitorio de determinados aspectos del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros
  • Disposici�n transitoria und�cima �Adaptaci�n de los Estatutos de las Cajas de Ahorros
  • Disposici�n transitoria duod�cima �Adaptaci�n de la legislaci�n de las Comunidades Aut�nomas en materia de Cajas de Ahorros
  • Disposici�n transitoria decimotercera �R�gimen transitorio para cuotas participativas
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici�n derogatoria �nica �Derogaci�n normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici�n final primera �Car�cter b�sico
  • Disposici�n final segunda �Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario
  • Disposici�n final tercera �Entrada en vigor
  • Disposici�n final cuarta �Elaboraci�n de textos refundidos

Art�culo 1 Integraci�n de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores

Primero. Se modifica el art�culo 7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, quedando redactado como sigue:

1. La llevanza del registro contable de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta correspondientes a una emisi�n ser� atribuida a una �nica entidad.

2. Cuando se trate de valores no admitidos a negociaci�n en mercados secundarios oficiales, dicha entidad ser� libremente designada por la emisora entre las empresas de servicios de inversi�n y entidades de cr�dito autorizadas para realizar la actividad prevista en el p�rrafo a) del apartado 2 del art�culo 63. La designaci�n deber� ser inscrita en el Registro de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores previsto en el art�culo 92 de esta Ley, como requisito previo al comienzo de la llevanza del registro contable. La Sociedad de Sistemas a que se refiere el art�culo 44 bis tambi�n podr� asumir dicha funci�n seg�n los requisitos que, en su caso, se establezcan en el Reglamento a que se refiere dicho art�culo 44 bis, en su apartado 4.

3. Sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Aut�nomas respecto de los valores admitidos a negociaci�n exclusivamente en una Bolsa de Valores radicada en su territorio, cuando se trate de valores admitidos a negociaci�n en las Bolsas de Valores o en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, la llevanza del registro contable corresponder� a la Sociedad de Sistemas, como registro central, y a las entidades participantes autorizadas para ello, o a aqu�lla en exclusiva, si as� se establece, en su caso, reglamentariamente. No obstante, tal llevanza corresponder�, en su caso, a la sociedad rectora de la Bolsa correspondiente si as� se determina, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del art�culo 44 bis.

Cuando se trate de valores admitidos a negociaci�n en otros mercados secundarios, la llevanza del registro corresponder� al organismo o entidad, incluida la Sociedad de Sistemas, que reglamentariamente se determine o que expresamente designen los �rganos rectores de dichos mercados o sistemas organizados de negociaci�n.

4. El Gobierno establecer�, en relaci�n con las distintas entidades a las que se encomienda la llevanza de los registros contables y los distintos tipos de valores, las normas de organizaci�n y funcionamiento de los correspondientes registros, las fianzas y dem�s requisitos que les sean exigibles, los sistemas de identificaci�n y control de los valores representados mediante anotaciones en cuenta, as� como las relaciones de aquellas entidades con los emisores y su intervenci�n en la administraci�n de valores. La citada regulaci�n corresponder� a las Comunidades Aut�nomas competentes cuando hagan uso de la facultad prevista en el apartado segundo del art�culo 44 bis y en relaci�n con los servicios all� contemplados.

5. La falta de pr�ctica de las correspondientes inscripciones, las inexactitudes y retrasos en las mismas y, en general, la infracci�n de las reglas establecidas para la llevanza de los registros dar�n lugar a la responsabilidad de la entidad incumplidora, salvo culpa exclusiva del perjudicado, frente a quienes resulten perjudicados. Dicha responsabilidad, en la medida de lo posible, habr� de hacerse efectiva en especie.

6. Lo se�alado en el presente art�culo respecto de la Sociedad de Sistemas, ser� aplicable a los servicios similares creados por las sociedades rectoras de las Bolsas, al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del art�culo 44 bis, cuando as� se lo autorice la Comunidad Aut�noma correspondiente, previa audiencia del emisor y del servicio.�

Segundo. Se introduce un nuevo art�culo 44 bis a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacci�n:

1. Se constituir� una sociedad an�nima que, con la denominaci�n de "Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores" (en adelante, la Sociedad de Sistemas), tendr� por funciones:

• a) Llevar, en los t�rminos previstos en el cap�tulo II del T�tulo I de la presente Ley, el registro contable correspondiente a valores representados por medio de anotaciones en cuenta, admitidos a negociaci�n en las Bolsas de Valores o en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, as� como a los valores admitidos a negociaci�n en otros mercados secundarios, cuando sus �rganos rectores lo soliciten.
• b) Gestionar la liquidaci�n y, en su caso, la compensaci�n de valores y efectivo derivada de las operaciones ordinarias realizadas en las Bolsas de Valores, de las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones y, en su caso, en otros mercados secundarios.
• c) Prestar servicios t�cnicos y operativos directamente relacionados con los de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores, y cualesquiera otros requeridos para que la Sociedad de Sistemas colabore y coordine sus actuaciones con otros �mbitos y sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores y pueda participar en estos �ltimos.
• d) Las dem�s que le encomiende el Gobierno, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, del Banco de Espa�a.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que, respecto de los valores admitidos a negociaci�n en una �nica Bolsa de Valores, las Comunidades Aut�nomas con competencia en la materia dispongan la creaci�n por la sociedad rectora de aqu�lla de un servicio propio de llevanza del registro contable de valores representados por medio de anotaciones en cuenta y de compensaci�n y liquidaci�n, el cual tendr�, respecto a dichos valores, las facultades que esta Ley atribuye a la Sociedad de Sistemas. No ser�n aplicables, a este �nico efecto, las restricciones de objeto social y de actividad contenidas en el p�rrafo primero del art�culo 46 y en el p�rrafo primero del art�culo 48. Ser� de aplicaci�n a estos servicios lo dispuesto en el art�culo 7 y en el presente art�culo, salvo las referencias a �rganos o entidades estatales, que se entender�n efectuadas a los correspondientes �rganos auton�micos.

3. El Gobierno establecer� los criterios para determinar las condiciones de acceso y permanencia en el capital de la Sociedad de Sistemas y para distribuir el capital de �sta entre sus accionistas. Entre dichos accionistas podr�n figurar las instituciones no residentes que desarrollen en el extranjero actividades an�logas a las de la Sociedad de Sistemas, siempre que est�n sujetas en el Estado de origen a un r�gimen de supervisi�n de sus actividades de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores al menos equivalente al de la Sociedad de Sistemas, pudiendo �sta �ltima, a su vez, participar en el capital de aqu�llas, en ambos casos, previa autorizaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Las condiciones de las adquisiciones de participaciones y los derechos a que las mismas den lugar, se concretar�n en los correspondientes acuerdos societarios, que estar�n sujetos a previa aprobaci�n por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Siempre que la junta general as� lo hubiera autorizado, para los aumentos, reducciones y enajenaciones de participaciones accionariales que sean precisos a esos efectos bastar� con el acuerdo del Consejo de Administraci�n, no siendo de aplicaci�n a los mismos lo dispuesto en los art�culos 75 a 79, 158 y 164 a 166 de la Ley de Sociedades An�nimas. Los estatutos sociales y sus modificaciones, as� como la suscripci�n y transmisi�n de las acciones, requerir�n la previa aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

4. La Sociedad de Sistemas se regir� por la presente Ley y su normativa de desarrollo, as� como por un Reglamento cuya aprobaci�n corresponder� al Ministro de Econom�a previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, del Banco de Espa�a y de las Comunidades Aut�nomas cuyos Estatutos de Autonom�a les reconozcan competencias en materia de regulaci�n de centros de contrataci�n de valores. Dicho Reglamento regular� el r�gimen de funcionamiento de la Sociedad de Sistemas, los servicios prestados por la misma, as� como su r�gimen econ�mico, los procedimientos de fijaci�n y comunicaci�n de tarifas y las condiciones y principios bajo los cuales dicha Sociedad prestar� los referidos servicios, y el r�gimen jur�dico de las entidades participantes en los sistemas gestionados por dicha sociedad. En particular, establecer� el r�gimen jur�dico de aquellas entidades participantes que lleven cuentas individualizadas correspondientes a los valores de quienes no ostenten dicha condici�n. Asimismo, el Reglamento regular� los procedimientos para asegurar la entrega de valores y su pago, as� como las garant�as de todo tipo que deban constituir las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas.

5. Si una entidad participante dejara de atender, en todo o en parte, la obligaci�n de pago en efectivo derivada de la liquidaci�n, la Sociedad de Sistemas podr� disponer de los valores no pagados, adoptando las medidas necesarias para enajenarlos a trav�s de un miembro del mercado.

6. Sin perjuicio de las obligaciones de informaci�n a que se refiere el n�mero 4 del art�culo 55 de la presente Ley, la Sociedad de Sistemas facilitar� al Ministro de Econom�a y a los distintos organismos supervisores en el �mbito de sus respectivas competencias, la informaci�n sobre las actividades de registro, compensaci�n y liquidaci�n en los sistemas gestionados por ella que aqu�llos le soliciten, siempre que dicha informaci�n est� a su disposici�n de acuerdo con la normativa que le es de aplicaci�n y con sujeci�n a lo previsto en �sta y otras leyes.

7. La Sociedad de Sistemas podr� establecer convenios con entidades residentes y no residentes que desempe�en funciones an�logas, entidades de contrapartida central u otras, con sujeci�n a lo dispuesto en esta Ley, en su normativa de desarrollo y en el Reglamento a que se refiere el apartado 4 anterior, para la apertura y llevanza de cuentas o para otras actividades de la Sociedad de Sistemas.

8. En caso de declaraci�n judicial de quiebra o admisi�n a tr�mite de la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad participante en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas, esta �ltima gozar� de derecho absoluto de separaci�n respecto de los bienes o derechos en que se materialicen las garant�as constituidas por dichas entidades participantes en los sistemas gestionados por aqu�lla. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste despu�s de la liquidaci�n de las operaciones garantizadas se incorporar� a la masa patrimonial concursal del participante.

9. Declarada judicialmente la quiebra o admitida a tr�mite la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este art�culo, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco de Espa�a, podr� disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. De igual forma, los titulares de tales valores podr�n solicitar el traslado de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los registros se�alados, esta actividad ser� asumida por la Sociedad de Sistemas de modo provisional, hasta que los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez competente como los �rganos del procedimiento concursal facilitar�n el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentaci�n y registros contables e inform�ticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedir� que se haga llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos econ�micos o de su venta.

10. La Sociedad de Sistemas tendr� la consideraci�n de ente gestor y agente de liquidaci�n de los sistemas de pagos y de compensaci�n y liquidaci�n de valores a que se refiere el art�culo 8 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, en sus p�rrafos c), g) y, en su caso, i), as� como, con sujeci�n a la legislaci�n estatal o de la Comunidad Aut�noma con competencias en la materia que sea de aplicaci�n, de los sistemas a que se refieren los p�rrafos d), e), f) y h) a todos los efectos previstos en dicha Ley y, en particular, a los efectos previstos en los art�culos 11, 13 y 14 de la misma.

11. El Gobierno, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espa�a, podr� autorizar a otras entidades financieras la realizaci�n de todas o algunas de las funciones a que se refiere el apartado 1 del presente art�culo. Dichas entidades se someter�n a lo dispuesto en los apartados 8 y 9 de este art�culo, y deber�n cumplir, en todo caso, con los requisitos m�nimos que se establezcan reglamentariamente, los cuales incluir�n necesariamente el r�gimen de supervisi�n a que deban estar sujetas en el Estado de origen, en su caso, tanto las entidades solicitantes como las que ejerzan el control efectivo de las mismas, acceso a la condici�n de participantes en los sistemas, recursos propios m�nimos, honorabilidad y profesionalidad de los directivos responsables de la entidad, estructura organizativa y operativa, procedimientos operativos y contables, establecimiento de medidas de limitaci�n y control de riesgos y conexi�n a los sistemas de pagos. Asimismo, les ser� de aplicaci�n el mismo r�gimen de supervisi�n y disciplina que a la Sociedad de Sistemas, con las especificaciones que reglamentariamente se establezcan.�

Tercero. Se introduce un nuevo art�culo 44 ter a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacci�n:

1. El Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Banco de Espa�a, podr� autorizar que una o varias entidades de contrapartida central realicen funciones de interposici�n por cuenta propia, respecto de los procesos de compensaci�n y liquidaci�n de las obligaciones derivadas de la participaci�n de las entidades miembros en los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores o instrumentos financieros reconocidos de conformidad con la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, as� como respecto de operaciones no realizadas en mercados oficiales. La entidad o entidades as� autorizadas desarrollar�n sus actividades con sujeci�n a lo que al respecto establezca el correspondiente Reglamento, que deber� ser aprobado por el Ministro de Econom�a previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, del Banco de Espa�a y de las Comunidades Aut�nomas cuyos Estatutos de Autonom�a les reconozcan competencias en materia de regulaci�n de centros de contrataci�n de valores.

Dicho Reglamento determinar�, como m�nimo, los requisitos de acceso a la condici�n de participante en la misma y establecer� las condiciones t�cnicas, operativas y normativas de acceso a los servicios prestados, las garant�as exigidas a las entidades miembros y la informaci�n que deber�n facilitar las mismas en relaci�n con las operaciones que comuniquen a aqu�lla, as� como el r�gimen econ�mico de la entidad de contrapartida central.

2. La entidad de contrapartida central podr� ejecutar, en nombre y por cuenta de las entidades contratantes, las obligaciones derivadas de contratos marco de operaciones realizadas sobre valores negociables o instrumentos financieros derivados, con sujeci�n a lo dispuesto en �sta o en otras leyes aplicables, as� como en la normativa de desarrollo.

3. La entidad de contrapartida central estar� sujeta a la supervisi�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espa�a, en sus respectivos �mbitos de competencia, y en los t�rminos establecidos en el art�culo 88 de esta Ley.

4. Asimismo, a dicha entidad de contrapartida central le ser� de aplicaci�n lo previsto para la Sociedad de Sistemas en los apartados 8 y 9 del art�culo 44 bis de la presente Ley, as� como lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores, para los sistemas regulados en la misma.

5. Con sujeci�n a lo dispuesto en �sta y otras leyes, as� como a lo establecido en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, la entidad de contrapartida central podr� establecer acuerdos con otras entidades residentes y no residentes, cuyas funciones sean an�logas o que gestionen sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores, participar en el accionariado de dichas entidades o admitir a las mismas como accionistas. Dichos acuerdos requerir�n la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

Cuarto. Se da nueva redacci�n a los siguientes preceptos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que quedan redactados seg�n se indica a continuaci�n:

• Uno. El art�culo 31, apartado 2, p�rrafo b), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado en los siguientes t�rminos:
  • �b) El Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones.�
  
• Dos. El art�culo 36, apartado 7, p�rrafo b), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado en los siguientes t�rminos:
  • �b) Los valores entregados en pr�stamo deber�n pertenecer al prestamista, y hallarse en poder de �ste en virtud de operaciones ya liquidadas en la fecha de perfecci�n del contrato. A tal efecto, bien el prestamista, bien el prestatario, deber� ser una entidad participante o miembro del sistema correspondiente de compensaci�n y liquidaci�n del mercado en donde se negocia el valor.�
  
• Tres. El art�culo 38, p�rrafo e), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado en la siguiente forma:
  • �e) Establecer las normas a que habr�n de ajustarse los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n relacionados con la negociaci�n de valores y la actuaci�n de las entidades financieras que intervengan en aqu�llos.�
  
• Cuatro. El art�culo 44, p�rrafo d), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado como sigue:
  • �d) Determinar la forma y contenido de los documentos que, en las relaciones entre miembros de un mercado secundario oficial y entre �stos y los organismos rectores o los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n del correspondiente mercado, acreditar�n las diversas fases de la negociaci�n de valores.�
  
• Cinco. El �ltimo p�rrafo del art�culo 46 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado como sigue:

  �En ambos supuestos se deber� prever, en su caso, la necesaria coordinaci�n entre los sistemas de liquidaci�n respectivos.�

  
• Seis. El art�culo 55, apartado 2, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado como sigue:

  �2. El Banco de Espa�a tendr� la consideraci�n de organismo rector del Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones. El Banco de Espa�a llevar� el servicio financiero de los valores anotados cuando as� lo concierte con los emisores y por cuenta de �stos, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.�

  
• Siete. El art�culo 55, apartado 4, segundo p�rrafo, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado en los siguientes t�rminos:

  �Dicho Reglamento regular�, de acuerdo con la presente Ley y su desarrollo reglamentario, en todo caso, las normas relativas a cotizaci�n, contrataci�n, obligaciones de informaci�n al Banco de Espa�a y publicidad de las operaciones, incluyendo los derechos y obligaciones de los miembros del mercado. De igual manera, regular� los derechos y obligaciones de los titulares de cuenta a nombre propio y de las entidades gestoras en su condici�n de miembros del mercado. El Reglamento podr� ser desarrollado, cuando as� se prevea expresamente, mediante Circulares del Banco de Espa�a.�

  
• Ocho. Se modifica el art�culo 57 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que queda redactado como sigue: �Art�culo 57

  1. El registro de los valores negociados en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones corresponder� a la Sociedad de Sistemas a que se refiere el apartado 1 del art�culo 44 bis de la presente Ley y a sus entidades participantes autorizadas para ello en virtud de su condici�n de entidades gestoras del Mercado de Deuda P�blica.

  2. La Sociedad de Sistemas llevar� las cuentas de valores correspondientes a la totalidad de los valores admitidos a negociaci�n en dicho Mercado, bien de forma individualizada, en el caso de las cuentas a nombre propio de las entidades participantes que sean titulares de cuenta en el Mercado de Deuda P�blica, bien de forma global, en el caso de las cuentas de clientes de las entidades participantes autorizadas para ello en virtud de su condici�n de entidades gestoras en dicho mercado.

  3. Podr�n ser titulares de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones y mantener cuenta como entidades participantes a nombre propio en el sistema de registro de la Sociedad de Sistemas, adem�s del Banco de Espa�a, los sistemas y organismos compensadores y liquidadores de los mercados secundarios oficiales y los sistemas de compensaci�n interbancaria al objeto de gestionar el sistema de garant�as, as� como quienes cumplan los requisitos que al efecto se establezcan en el Reglamento del mercado. La autorizaci�n de la condici�n de titular de cuenta a nombre propio, as� como la revocaci�n de la misma, corresponder� al Ministro de Econom�a, a propuesta del Banco de Espa�a, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

  
• Nueve. Se da nueva redacci�n a los apartados 3 y 4 del art�culo 58 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que quedan redactados en los siguientes t�rminos:

  �3. Las entidades gestoras, en su condici�n de participantes en el sistema de registro a cargo de la Sociedad de Sistemas, llevar�n el registro de los valores de quienes no sean titulares de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, y mantendr�n en la Sociedad de Sistemas una cuenta global que constituir� en todo momento la contrapartida exacta de aqu�llos.

  4. Cuando dichas entidades gestoras ostenten la condici�n adicional de titular de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda P�blica, estas �ltimas cuentas se llevar�n en la Sociedad de Sistemas con total separaci�n de las cuentas globales mencionadas en el apartado anterior.�

  
• Diez. Se da nueva redacci�n al art�culo 84, apartado 1, p�rrafo b), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
  • �b) La Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos previstos en el p�rrafo a), as� como otros sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la presente Ley.�
  
• Once. Se da nueva redacci�n a los dos primeros p�rrafos del art�culo 88 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

  �Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, el Banco de Espa�a ejercer� facultades de supervisi�n e inspecci�n sobre los miembros del Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones, los titulares de cuenta a nombre propio y sobre las entidades gestoras, as� como sobre las actividades relacionadas con el mercado de valores realizadas por entidades inscritas en los registros a su cargo a que se refiere el art�culo 65.

  En todos los casos de confluencia de competencias de supervisi�n e inspecci�n entre la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Espa�a, ambas instituciones coordinar�n sus actuaciones bajo el principio de que la tutela de la solvencia de las entidades financieras afectadas recae sobre la instituci�n que mantenga el correspondiente registro y la del funcionamiento de los mercados de valores corresponde a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Al objeto de coordinar las respectivas competencias de supervisi�n e inspecci�n, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Espa�a deber�n suscribir convenios en los que se concreten sus correspondientes responsabilidades.�

  
• Doce. Se da nueva redacci�n al art�culo 90, apartado 4, p�rrafo i), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
  • �i) Las informaciones que la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores decida facilitar a un sistema o c�mara de compensaci�n y liquidaci�n de un mercado de valores espa�ol, cuando considere que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dichos sistemas ante cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, que se produzca en el mercado.�
  
• Trece. Se da nueva redacci�n a los p�rrafos a), c) y g) del art�culo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:
  • �a) El ejercicio, no meramente ocasional o aislado, por las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores, los organismos rectores de los dem�s mercados oficiales o no, la Sociedad de Bolsas, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de los mercados secundarios oficiales o no, las sociedades gestoras de los fondos de garant�a de inversiones, o las sociedades rectoras de los sistemas organizados de negociaci�n, de actividades de intermediaci�n financiera o, en general, ajenas a su objeto social exclusivo.�
  • �c) El incumplimiento, no meramente ocasional o aislado, por los organismos rectores de los mercados secundarios, oficiales o no, con exclusi�n del Banco de Espa�a, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de los mercados secundarios, oficiales o no, o las sociedades rectoras de los sistemas organizados de negociaci�n, de las normas reguladoras de dichos mercados o de sus propias actuaciones, desatendiendo los requerimientos, que, a este efecto, les hayan sido formulados por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�
  • �g) El incumplimiento por parte de las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas o de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de los mercados secundarios, oficiales o no, de las normas que regulen sus relaciones con los correspondientes registros contables de car�cter central.�
  
• Catorce. Se modifica el art�culo 100, p�rrafo a), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener la siguiente redacci�n:
  • �a) El nombramiento, por las sociedades rectoras de las Bolsas de Valores, los organismos rectores de los dem�s mercados, oficiales o no, la Sociedad de Bolsas, la Sociedad de Sistemas, los sistemas de liquidaci�n y compensaci�n, o las sociedades gestoras de los fondos de garant�a de inversiones, de miembros de su Consejo de Administraci�n y, en su caso, de Directores Generales sin la previa aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores o, cuando proceda, de la Comunidad Aut�noma con competencias en materia de mercados de �mbito auton�mico.�
  

Quinto. Se incorpora una nueva disposici�n adicional decimos�ptima a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

Las menciones espec�ficas al "Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores" y a la Central de Anotaciones del Banco de Espa�a, efectuadas en el articulado de �sta u otras disposiciones normativas, se entender�n hechas a la "Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores".

Las menciones gen�ricas efectuadas en esta Ley a los servicios, procesos u organismos de compensaci�n y liquidaci�n, se entender�n referidas a los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n.�

Sexto. Se da nueva redacci�n a los p�rrafos c) y g) del art�culo 8 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre Sistemas de Pagos y de Liquidaci�n de Valores, los cuales quedan redactados como sigue:

• �c) Los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores negociados en las Bolsas de Valores y gestionados por la Sociedad de Sistemas, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuya regulaci�n se contiene en dicha Ley y en su normativa de desarrollo.�

• �g) El sistema de compensaci�n y liquidaci�n relativo a las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones gestionado por la Sociedad de Sistemas a que se refiere el n�mero 1 del art�culo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.�

Art�culo 2 Fomento de la apertura de los mercados de valores espa�oles

Primero. Se modifica la redacci�n del apartado 5 y se crea un nuevo apartado 6 en el art�culo 31 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

�5. La participaci�n directa o indirecta de sociedades que administren mercados secundarios oficiales espa�oles en otras sociedades que gestionen mercados secundarios fuera de Espa�a requerir� la autorizaci�n previa de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, quien dispondr� del plazo de dos meses a contar desde la fecha en que haya sido informada para, en su caso, oponerse a la participaci�n. Si la Comisi�n no se pronunciara en dicho plazo se entender� que acepta la solicitud.

6. La participaci�n en el capital de las sociedades que administren mercados secundarios espa�oles quedar� sujeta al r�gimen de participaciones significativas previsto en el art�culo 69 de esta Ley para las empresas de servicios de inversi�n, en los t�rminos que reglamentariamente se determinen. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 de dicho art�culo, el Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr� oponerse a la adquisici�n de una participaci�n significativa en aquellas sociedades cuando estime que ello es necesario para asegurar el buen funcionamiento de los mercados o para evitar distorsiones en los mismos, as� como por no darse un trato equivalente a las entidades espa�olas en su pa�s de origen.�

Segundo. Se introducen las siguientes modificaciones en la redacci�n del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

• Uno. El apartado 2 del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener la siguiente redacci�n:

  �2. En estos mercados podr�n negociarse, compensarse y liquidarse, ya sea llevando a cabo todas estas actuaciones o solamente algunas de ellas, contratos de futuros, de opciones y de otros instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea el activo subyacente. La sociedad rectora del mercado dar� por s� misma o asegurar� por medio de otra entidad, previa aprobaci�n en este caso por el Ministro de Econom�a, la contrapartida en todos los contratos que emita. Adem�s la sociedad rectora podr� realizar la actividad de contrapartida central a que se refiere el art�culo 44 ter, en cuyo caso le ser� de aplicaci�n lo dispuesto en este art�culo, con las particularidades que, en su caso, se establezcan en su correspondiente Reglamento.�

  
• Dos. El apartado 3 del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener el siguiente tenor literal:

  �3. Podr�n ser miembros de estos mercados las entidades a las que se refiere el art�culo 37 de esta Ley. Tambi�n podr�n acceder a la condici�n de miembro, con capacidad restringida exclusivamente a la negociaci�n, bien por cuenta propia o por cuenta de entidades de su grupo, aquellas entidades cuyo objeto social principal consista en la inversi�n en mercados organizados y re�nan las condiciones de medios y solvencia que establezca el Reglamento del Mercado a que se refiere el apartado 7 de este art�culo. En los mercados de futuros y opciones con subyacente no financiero, reglamentariamente se podr� determinar la adquisici�n de dicha condici�n por otras entidades distintas de las antes se�aladas, siempre que re�nan los requisitos de especialidad, profesionalidad y solvencia.�

  
• Tres. El apartado 4 del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener el siguiente tenor literal:

  �4. En los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones existir� una sociedad rectora, con forma de sociedad an�nima, cuyas funciones b�sicas ser�n las de organizar, dirigir y supervisar la actividad del mercado. Estas sociedades no podr�n realizar ninguna actividad de intermediaci�n financiera, ni las actividades relacionadas en el art�culo 63, a excepci�n de lo dispuesto en esta Ley. No obstante, y al objeto de gestionar el sistema de garant�as, podr�n ser titulares de cuentas en el Mercado de Deuda P�blica o tener una posici�n equivalente en mercados o sistemas extranjeros que realicen funciones similares.�

  
• Cuatro. El apartado 8 del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, quedar� del siguiente modo:

  �8. Las garant�as, cualquiera que sea la forma en la que est�n establecidas, que se constituyan en relaci�n a cualesquiera operaciones realizadas en el �mbito de actividad de los mercados de futuros y opciones a que se hace referencia en el apartado 2 de este art�culo no responder�n por obligaciones distintas de las derivadas de las referidas operaciones, ni frente a personas o entidades diferentes de aquellas en cuyo favor se constituyeron.�

  
• Cinco. El apartado 9 del art�culo 59 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener la siguiente redacci�n:

  �9. Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones gozar�n de derecho absoluto de separaci�n, respecto a los valores y el efectivo en que estuvieran materializadas las garant�as que los miembros y clientes hubieran constituido o aceptado a favor de aqu�llas, en raz�n de las operaciones negociadas, compensadas, liquidadas o respecto de las cuales las sociedades rectoras realicen la funci�n de contrapartida, en caso de que tales miembros o clientes se vieran sometidos a un procedimiento concursal. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante que reste despu�s de la liquidaci�n de las operaciones garantizadas se incorporar� a la masa patrimonial concursal del cliente o miembro en cuesti�n.�

  

Art�culo 3 R�gimen del intercambio de informaci�n con terceros pa�ses por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores

Se modifica el apartado 1 del art�culo 90 y se introduce un nuevo apartado 2 en el mismo art�culo 90 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

�1. En el ejercicio de sus funciones de supervisi�n e inspecci�n previstas en la presente y dem�s leyes, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores colaborar� con las autoridades competentes de Estados extranjeros, pudiendo suscribir a tal efecto acuerdos de colaboraci�n. En particular, podr� comunicar informaciones relativas a la direcci�n, gesti�n, solvencia y propiedad de las empresas de servicios de inversi�n y dem�s entidades registradas, as� como las que contribuyan a una mejor supervisi�n de los mercados de valores o sirvan para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares.

Los acuerdos de cooperaci�n en los que se prevea el intercambio de informaci�n con las autoridades u organismos de terceros pa�ses en los que recaiga la funci�n p�blica de supervisi�n de las entidades de cr�dito, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y de los mercados financieros, o la gesti�n de los sistemas de garant�a de dep�sitos o indemnizaci�n de los inversores, requerir�n que el intercambio de informaci�n tenga por objeto el cumplimiento de la labor de supervisi�n de las autoridades u �rganos en cuesti�n. Cuando la informaci�n tenga su origen en otro Estado miembro del Espacio Econ�mico Europeo, no podr� ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado, y, en su caso, �nicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a una solicitud de informaci�n cuando:

La comunicaci�n de la informaci�n pueda ir en perjuicio de la soberan�a, la seguridad o el orden p�blico.

Se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades espa�olas.

Haya reca�do sentencia firme sobre los mismos hechos y respecto de las mismas personas a las que se refiere la solicitud.

En estos casos se notificar� a la autoridad requeriente facilit�ndole la informaci�n m�s detallada posible sobre el procedimiento o la resoluci�n judicial de que se trate.

2. Cuando la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tuviere conocimiento de que en el territorio de otro Estado miembro de la Uni�n Europea se est�n realizando o se han realizado actos contrarios a lo dispuesto en los art�culos 81, 82 y 83 ter o su normativa de desarrollo, lo notificar� detalladamente a la autoridad competente de dicho Estado, a fin de que se tomen las medidas oportunas. Cuando dicha solicitud sea efectuada a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores por la autoridad competente de otro Estado miembro, la Comisi�n Nacional comunicar� a la autoridad competente notificante el resultado y, en la medida de lo posible, los progresos significativos intermedios. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores consultar� con las autoridades competentes de los Estados miembros implicados las medidas de seguimiento a estas actuaciones.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, en relaci�n con las materias reguladas en los art�culos 81, 82 y 83 ter o su normativa de desarrollo, podr� pedir a las autoridades competentes de otros Estados miembros que realicen una investigaci�n en el territorio de �stos. Tambi�n podr� solicitar que se permita que miembros de su personal acompa�en al personal de la autoridad competente de ese otro Estado miembro en el transcurso de la investigaci�n.

Las autoridades competentes de otros Estados miembros tambi�n podr�n solicitar a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores la realizaci�n de investigaciones en relaci�n con las materias se�aladas anteriormente y en las mismas condiciones.

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� negarse a dar curso a las solicitudes de investigaci�n a las que se refiere este apartado, o a que su personal est� acompa�ado del personal de la autoridad competente de otro Estado miembro, cuando ello pueda ir en perjuicio de la soberan�a, la seguridad o el orden p�blico, o cuando se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas ante las autoridades espa�olas, o cuando sobre aqu�llos haya reca�do una sentencia firme de un juez o tribunal espa�ol por los mismos hechos. En este caso, se notificar� debidamente a la autoridad competente que formul� el requerimiento, facilit�ndole informaci�n lo m�s detallada posible sobre dicho procedimiento o sentencia.

Todas las solicitudes de informaci�n y de asistencia que se realicen o se reciban al amparo de lo dispuesto en este n�mero por las Comunidades Aut�nomas con competencia en la materia se tramitar�n a trav�s de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del deber general de colaboraci�n con otros organismos y autoridades extranjeras en relaci�n con el resto de materias reguladas en esta Ley.

3. El acceso de las Cortes Generales a la informaci�n sometida al deber de secreto se realizar� a trav�s del Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos parlamentarios. A tal efecto, el Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� solicitar motivadamente de los �rganos competentes de la C�mara la celebraci�n de sesi�n secreta o la aplicaci�n del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas.�

Art�culo 4 Creaci�n y r�gimen de funcionamiento de sistemas organizados de negociaci�n

Se modifica el apartado 4 del art�culo 31 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener el siguiente contenido:

�4. Sin perjuicio de lo que puedan establecer las leyes especiales, la creaci�n de cualquier mercado o sistema organizado de negociaci�n de valores y otros instrumentos financieros que no tengan la consideraci�n de mercado oficial, deber� ser autorizada, previo informe de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, por el Gobierno o, en el caso de mercados de �mbito auton�mico, por la Comunidad Aut�noma con competencias en la materia. Ser� causa de revocaci�n de la autorizaci�n el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, se impongan en la autorizaci�n.

En dichos mercados y sistemas existir� una sociedad rectora que tendr� la forma de sociedad an�nima cuyas funciones b�sicas ser�n la organizaci�n, supervisi�n y suministro de la informaci�n del mercado o sistema de negociaci�n, as� como la aprobaci�n del Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n correspondiente. Estas sociedades rectoras no podr�n comprar ni vender para s� los valores ofertados o demandados en el mercado o sistema de negociaci�n, salvo en los supuestos en que dichas sociedades se organicen y act�en como contrapartida central.

El Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n y los Estatutos sociales de la sociedad rectora, as� como su modificaci�n, requerir�n la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

El r�gimen de supervisi�n y sanci�n aplicable a estas instituciones y sus responsables ser� el establecido en el T�tulo VIII de la presente Ley.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podr� desarrollar las normas precisas para la aplicaci�n de este precepto y, en su caso, determinar� el procedimiento y los requisitos de autorizaci�n de los mercados y sistemas de negociaci�n; las funciones y la organizaci�n m�nima con que deben contar las sociedades rectoras; las condiciones generales de honorabilidad y solvencia t�cnica y econ�mica que deban acreditar quienes pretendan ser miembros de las sociedades rectoras; los valores objeto de negociaci�n; el r�gimen de publicidad de los precios y vol�menes ofertados o contratados; el r�gimen de garant�as y el contenido m�nimo del Reglamento de funcionamiento del mercado o sistema de negociaci�n.�

V�ase la disposici�n transitoria sexta, sobre r�gimen transitorio de creaci�n y funcionamiento de los sistemas organizados de negociaci�n.

Art�culo 5 Flexibilizaci�n del r�gimen aplicable a las cooperativas de cr�dito

Primero. Se da nueva redacci�n al apartado 2 del art�culo 39 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre R�gimen Fiscal de las Cooperativas, que queda como sigue:

�2. No ser�n consideradas como tales, aun cuando utilicen esa denominaci�n y no hubieran sido previamente descalificadas, aquellas cooperativas de cr�dito que hayan sido sancionadas por la comisi�n de infracciones calificadas de graves o muy graves en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, o incurran en alguna de las circunstancias previstas en el art�culo 13 de esta Ley, con excepci�n de las contempladas en sus apartados 6, 9, 10 y 13 que, a efectos de su aplicaci�n a las cooperativas de cr�dito, quedan sustituidas por las siguientes:

• a) Cuando los retornos fueran acreditados a los socios en proporci�n distinta a las operaciones realizadas con la cooperativa o fuesen distribuidos a terceros no socios. Si existieran socios de trabajo no se perder� la condici�n de protegida cuando los retornos que se les acrediten sean proporcionales a los anticipos laborales percibidos durante el ejercicio econ�mico.
• b) La participaci�n de la cooperativa, en cuant�a superior al 25 por ciento, en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha participaci�n podr� ser superior, cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa.

  El conjunto de estas participaciones no podr� superar el 50 por ciento de los recursos propios de la cooperativa.

  El Ministro de Econom�a podr� autorizar participaciones superiores, sin p�rdida de la condici�n de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participaci�n coadyuva al mejor cumplimiento de los fines cooperativos y no supone una vulneraci�n de los principios fundamentales de actuaci�n de estas entidades.

• c) La realizaci�n de operaciones activas con terceros no socios en cuant�a superior en el ejercicio econ�mico al 50 por ciento de los recursos totales de la cooperativa.

  No se computar�n en el referido porcentaje las operaciones realizadas por las cooperativas de cr�dito con los socios de las cooperativas asociadas, las de colocaci�n de los excesos de tesorer�a en el mercado interbancario, ni la adquisici�n de valores y activos financieros de renta fija para la cobertura de los coeficientes legales o para la colocaci�n de los excesos de tesorer�a.

• d) La reducci�n del capital social a una cantidad inferior al m�nimo obligatorio que el Gobierno determine sin que se restablezca en el plazo reglamentario o la realizaci�n por la cooperativa de operaciones o servicios fuera de su �mbito estatutario sin haber realizado previamente la necesaria ampliaci�n de capital y la preceptiva reforma del Estatuto.�

Segundo. Se da nueva redacci�n al apartado 3 del art�culo 53 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, del siguiente tenor:

�3. Para las cooperativas de cr�dito y seguros lo establecido en el presente art�culo s�lo ser� de aplicaci�n cuando su normativa reguladora as� lo establezca expresamente, pudiendo captar recursos con el car�cter de subordinados previo acuerdo del consejo rector, cualquiera que fuere su instrumentaci�n y siempre que tal posibilidad est� expresamente prevista en los Estatutos.�

Art�culo 6 Gesti�n de la Tesorer�a del Estado

Primero. Se introduce un art�culo 118 bis en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con el siguiente tenor literal:

Con objeto de facilitar la gesti�n de la tesorer�a del Estado, el Ministro de Econom�a podr� autorizar a la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera a realizar operaciones de adquisici�n temporal de activos o de pr�stamo. En dicha autorizaci�n se concretar�n las condiciones en que se podr�n efectuar tales operaciones.

Las operaciones de adquisici�n temporal de activos podr�n tener por objeto valores de Deuda P�blica de cualquier Estado miembro de la Uni�n Europea, as� como de otras entidades p�blicas o instituciones supranacionales u otros valores de renta fija de semejante calidad crediticia, negociados en mercados regulados.�

Segundo. Se incorpora un art�culo 118 ter en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con el siguiente contenido:

Los activos a que se refiere el art�culo anterior, que hubieran sido objeto de garant�a a favor del Banco de Espa�a, seg�n lo previsto en la disposici�n adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a, podr�n ser aplicados temporalmente por sus titulares en cobertura de las operaciones de gesti�n de tesorer�a de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera del Estado, instrumentadas a trav�s del Banco de Espa�a, en los t�rminos que el Ministro de Econom�a establezca y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• a) Que el titular de los activos otorgue su consentimiento, el cual podr� prestarse en el contrato o documento de garant�a celebrado con el Banco de Espa�a.
• b) Que existan activos de garant�a disponibles, una vez garantizadas adecuadamente las obligaciones frente al Banco de Espa�a y a satisfacci�n de �ste.

Los activos citados quedar�n sujetos al cumplimiento de las obligaciones frente al Tesoro, teniendo esta garant�a plenos efectos frente a terceros, sin m�s formalidad que la de que el Banco de Espa�a identifique adecuadamente los activos de garant�a afectos al cumplimiento de cada una de dichas obligaciones, realizando el correspondiente desglose. Este desglose deber� ser mantenido mientras la operaci�n de que se trate no haya llegado a su t�rmino. Una vez satisfechas tales obligaciones, los activos quedar�n de nuevo afectos en garant�a frente al Banco de Espa�a.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contra�das frente al Tesoro P�blico, la ejecuci�n de las garant�as aplicadas temporalmente se realizar� por el Banco de Espa�a actuando por cuenta del primero, a trav�s de los procedimientos previstos en el apartado 2 b) de la disposici�n adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a. A estos efectos, la certificaci�n prevista en el primer p�rrafo de dicha letra deber� ser expedida por el Tesoro, debiendo acompa�arse igualmente una certificaci�n del Banco de Espa�a acreditativa de la afecci�n temporal de los activos de garant�a que sean objeto de ejecuci�n.�

Art�culo 7 R�gimen jur�dico de las garant�as constituidas a favor del Banco Central Europeo, el Banco de Espa�a u otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea

Se incorpora la siguiente disposici�n adicional sexta a la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a:

�Disposici�n adicional sexta R�gimen jur�dico aplicable a las garant�as constituidas a favor del Banco de Espa�a, del Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea, en el ejercicio de sus funciones

1. A efectos de lo previsto en la presente disposici�n se entender� por garant�a cualquier dep�sito, prenda, operaci�n simult�nea, compraventa con pacto de recompra, afecci�n, derecho de retenci�n o cualquier otro negocio jur�dico, que recaiga sobre cualquier activo realizable, incluido el dinero en efectivo, y que tenga por finalidad asegurar los derechos y obligaciones derivados de cualquier operaci�n presente o futura, concluida con el Banco de Espa�a, el Banco Central Europeo u otro Banco Central Nacional de la Uni�n Europea.

2. A estas garant�as les ser� de aplicaci�n el siguiente r�gimen jur�dico:

• a) Su constituci�n no requerir� para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervenci�n de notario ni ning�n otro requisito formal, salvo que la constituci�n deber� constar por escrito y ser inscrita en el registro correspondiente por la entidad encargada del mismo. En el supuesto de valores representados mediante t�tulos f�sicos, ser� necesaria, adem�s, su entrega al beneficiario de la garant�a o a un tercero establecido por com�n acuerdo entre las partes.

  La formalizaci�n de la correspondiente obligaci�n principal tampoco requerir� para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervenci�n de notario ni el cumplimiento de ning�n otro requisito formal.

  La formalizaci�n de las operaciones simult�neas o de compraventa con pacto de recompra se regir�n por su normativa espec�fica.

• b) Para su ejecuci�n bastar� con la certificaci�n expedida por el Banco de Espa�a, el Banco Central Europeo o el Banco Central Nacional de la Uni�n Europea que corresponda, acreditativa de la cuant�a de los importes vencidos, l�quidos y exigibles que se ejecutan, junto con copia del documento de constituci�n de la garant�a.

  En esta certificaci�n deber� hacerse constar que la liquidaci�n se ha practicado de conformidad con el acuerdo, pacto o norma de que deriva la obligaci�n de que se trate.

  Cuando el objeto de la garant�a est� constituido por activos negociables en un mercado organizado, su ejecuci�n se har� a trav�s del organismo rector correspondiente. En los dem�s casos, se realizar� mediante subasta organizada por el Banco de Espa�a. En todo caso, el sobrante que resulte una vez satisfecha la deuda correspondiente, se reintegrar� a la entidad que haya aportado los citados activos de garant�a.

  En las operaciones simult�neas o de compraventa con pacto de recompra, en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes de la operaci�n, se aplicar� lo establecido por la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y su normativa de desarrollo.

• c) Cuando el objeto de la garant�a consista en prenda sobre dep�sitos dinerarios, la entidad depositaria del efectivo deber� anotar en la correspondiente cuenta el saldo pignorado, una vez que tenga constancia del consentimiento del titular de dicha cuenta y de la entidad a cuyo favor se constituye la misma.

  La prenda constituida conforme a lo dispuesto en este apartado ser� plenamente v�lida y surtir� plenos efectos contra terceros desde la fecha de la anotaci�n a la que se refiere el p�rrafo anterior, sin necesidad de ninguna otra formalidad. Dicha prenda se ejecutar� por compensaci�n, quedando a disposici�n del titular de la cuenta los fondos sobrantes, si los hubiera, una vez satisfecha la deuda.

  A partir de la anotaci�n prevista en el primer p�rrafo de este p�rrafo c), las cantidades ingresadas en la cuenta cuyo saldo permanece pignorado, quedar�n por el mero hecho de su ingreso afectas de manera irrevocable y sin limitaci�n alguna al cumplimiento �ntegro de las obligaciones garantizadas. Igualmente, a partir del momento de la anotaci�n de la prenda, el titular de la cuenta no podr� retirar fondos depositados en la misma, sin el consentimiento previo del beneficiario de la garant�a.

• d) En supuestos de quiebra o suspensi�n de pagos, las operaciones garantizadas con arreglo a lo dispuesto en la presente disposici�n gozar�n de los mismos privilegios que el art�culo 1.926 del C�digo Civil confiere a los cr�ditos pignoraticios.

  Las garant�as constituidas de acuerdo con las normas de esta disposici�n, no ser�n susceptibles de embargo, traba, gravamen ni de ninguna otra restricci�n o retenci�n de cualquier naturaleza tanto legal como convencional, desde el momento de su constituci�n.

  Ni la constituci�n, aceptaci�n o ejecuci�n de las garant�as a las que se refiere la presente disposici�n, ni el saldo de las cuentas o registros en que se materialicen, ni la formalizaci�n de las obligaciones garantizadas ser�n impugnables en el caso de medidas de car�cter retroactivo, vinculadas a los citados procedimientos concursales.

3. Las partes podr�n pactar que en el caso de variaciones en el precio de los activos objeto de la garant�a, habr�n de aportarse nuevos activos, incluido el efectivo, para restablecer el equilibrio entre el valor de la obligaci�n garantizada y el valor de las garant�as constituidas para asegurarla. En tal caso, dichos activos tendr�n la consideraci�n de parte integrante de la garant�a, si�ndoles de aplicaci�n todo lo dispuesto en la presente disposici�n.

4. La afecci�n de pr�stamos o cr�ditos no hipotecarios como garant�a a favor del Banco de Espa�a, del Banco Central Europeo, o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Uni�n Europea, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones presentes o futuras, contra�das frente a ellos por operaciones concluidas en el ejercicio de sus funciones, se regir�, adem�s de por lo dispuesto en el apartado uno, en los p�rrafos a), b) y d) del apartado dos y en el apartado tres de la presente disposici�n, por las siguientes normas:

• a) Los pr�stamos y cr�ditos ser�n susceptibles de afecci�n cualesquiera que sean los requisitos formales o materiales que las partes hubiesen pactado respecto de su cesi�n o gravamen. La afecci�n se referir� �nicamente, salvo pacto en contrario, al derecho de cr�dito dimanante del correspondiente contrato. En ning�n caso el beneficiario de la garant�a asumir� la obligaci�n de poner fondos a disposici�n de los acreditados.
• b) Dicha afecci�n podr� formalizarse en modelo oficial aprobado a tal efecto por el Banco de Espa�a, que producir� todos sus efectos frente a terceros desde su inscripci�n en el Registro que a tal fin establezca el Banco de Espa�a. El documento deber� ser igualmente inscrito en el Registro de Bienes Muebles, regulado en el art�culo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Los documentos as� inscritos ser�n t�tulo suficiente para su ejecuci�n. De no entregarse al beneficiario de la garant�a el documento original del pr�stamo o cr�dito afecto, se har� constar en el mismo la referencia de dicha inscripci�n.
• c) Los frutos de los pr�stamos o cr�ditos afectos corresponder�n, salvo pacto en contrario, a la entidad de cr�dito que aporta la garant�a.
• d) En caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el beneficiario de la garant�a adquirir� la plena titularidad del derecho al cobro de la parte del pr�stamo o cr�dito afecto. No obstante, podr� tambi�n ejecutarse la garant�a mediante subasta organizada por el Banco de Espa�a, seg�n el procedimiento que �ste establezca.�

Art�culo 8 Reforma del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros

Primero. Se modifica el segundo p�rrafo del art�culo 1 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, con el siguiente contenido:

�Los componentes de tales �rganos ejercer�n sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su funci�n social, debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 8, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta Ley. En cualquier caso, se entender� que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad econ�mica y la vida de los negocios, as� como las buenas pr�cticas comerciales y financieras.�

Segundo. Se modifica la redacci�n de los apartados 1, p�rrafos a), b), c) y d), y 3 del art�culo 2 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, con el siguiente contenido:

�1. La representaci�n de los intereses colectivos en la Asamblea General se llevar� a efecto mediante la participaci�n al menos de los grupos siguientes:

• a) Las Corporaciones Municipales en cuyo t�rmino tengan abierta oficina la Entidad.
• b) Los Impositores de la Caja de Ahorros.
• c) Las personas o Entidades Fundadoras de las Cajas. Las personas o Entidades Fundadoras de las Cajas podr�n asignar una parte de su representaci�n a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorros en su �mbito de actuaci�n.
• d) Los empleados de las Cajas de Ahorros.�

�3. La representaci�n de las Administraciones p�blicas y entidades y corporaciones de derecho p�blico en sus �rganos de gobierno, incluida la que corresponda a la entidad fundadora cuando �sta tenga la misma naturaleza, no podr� superar en su conjunto el 50 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de tales �rganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones.

A los efectos de su representaci�n en los �rganos rectores de las cajas de ahorro, el porcentaje de representaci�n asignado al grupo de impositores oscilar� entre un m�nimo del 25 por ciento y un m�ximo del 50 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de los �rganos de gobierno.

El porcentaje de representaci�n del grupo de empleados oscilar� entre un m�nimo de un 5 por ciento y un m�ximo de un 15 por ciento de los derechos de voto en cada �rgano.�

Tercero. Se modifica el art�culo 4 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

Los Consejeros Generales, en representaci�n del grupo de los impositores de la Caja de Ahorros, ser�n elegidos por compromisarios de entre ellos.

Para la elecci�n de compromisarios, quienes se integren en el grupo de los impositores se relacionar�n en lista �nica o en listas �nicas por circunscripciones, provincias, comarcas o distritos de grandes capitales, no pudiendo figurar m�s que una sola vez, con independencia del n�mero de cuentas de que pudieran ser titulares. En el supuesto de que elaboren listas �nicas por circunscripciones, provincias, comarcas o distritos de grandes capitales, deber� respetarse la proporcionalidad estricta entre el n�mero de impositores y el de compromisarios. La elecci�n se efectuar� ante Notario, mediante sorteo p�blico.�

Cuarto. Se modifica el art�culo 7 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, pasando a tener la siguiente redacci�n:

Los Consejeros Generales deber�n reunir los siguientes requisitos:

• a) Ser persona f�sica, con residencia habitual en la regi�n o zona de actividad de la Caja.
• b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
• c) Tener la condici�n de impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera la designaci�n, con una antig�edad superior a dos a�os en el momento de la elecci�n, as� como, indistintamente, un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la presente Ley, al tiempo de formular la aceptaci�n del cargo, en el caso de ser elegido en representaci�n del grupo de los impositores.
• d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contra�do con la Caja de Ahorros por s� mismos o en representaci�n de otras personas o entidades.
• e) No estar incurso en las incompatibilidades reguladas en el art�culo 8.�

Quinto. Se modifica el apartado uno del art�culo 9 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

Uno. Los Consejeros Generales ser�n nombrados por un per�odo que ser� el se�alado en los Estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro a�os ni superior a seis. No obstante, los Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de esta Ley, podr�n prever la posibilidad de reelecci�n por otro per�odo igual, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el art�culo 7 y de acuerdo con lo se�alado en el apartado tres. El c�mputo del per�odo de reelecci�n ser� aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios a�os.

La duraci�n del mandato no podr� superar los doce a�os, sea cual sea la representaci�n que ostente. Cumplido el mandato de doce a�os de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho a�os desde dicha fecha, podr� volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley.�

Sexto. Se modifica el primer p�rrafo del art�culo 10 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

�En tanto no se haya cumplido el plazo para el que fueron designados, y fuera de los casos de renuncia, defunci�n o declaraci�n de fallecimiento o ausencia legal, el nombramiento de los Consejeros ser� irrevocable salvo, exclusivamente, en los supuestos de incompatibilidad sobrevenida, p�rdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designaci�n y acuerdo de separaci�n adoptado por la Asamblea General si se apreciara justa causa.

Se entender� que existe justa causa cuando el Consejero General incumple los deberes inherentes a su cargo, o perjudica con su actuaci�n, p�blica o privada, el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja�.

S�ptimo. Se modifica el apartado uno del art�culo 11 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasar� a tener la siguiente redacci�n:

�Uno. El nombramiento de los vocales del Consejo de Administraci�n y de los miembros de la Comisi�n de Control de su competencia, as� como la adopci�n de los acuerdos de separaci�n del cargo que correspondan de conformidad con lo establecido en el art�culo 18.�

Octavo. Se modifica el p�rrafo b) del art�culo 14 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

• �b) El nombramiento de los miembros representantes de los impositores se efectuar� por la Asamblea General y de entre los mismos.

  No obstante, se podr� designar hasta un m�ximo de dos personas que re�nan los adecuados requisitos de profesionalidad y no sean Consejeros Generales.�

Noveno. Se modifica el art�culo 15 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente contenido:

Los vocales del Consejo de Administraci�n deber�n reunir los mismos requisitos que se establecen en el art�culo 7 respecto de los Consejeros Generales, y ser menores de setenta a�os en el momento de la toma de posesi�n, salvo que la legislaci�n de desarrollo de la presente Ley establezca un l�mite de edad distinto.

Los vocales del Consejo de Administraci�n con funciones ejecutivas deber�n poseer, adem�s, los conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones.�

D�cimo. Se modifica el apartado 1 del art�culo 17 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

�1. La duraci�n del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administraci�n ser� la se�alada en los Estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro a�os ni superior a seis. No obstante, los Estatutos podr�n prever la posibilidad de reelecci�n, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de desarrollo de esta Ley, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y tr�mites que en el nombramiento.

El c�mputo de este per�odo de reelecci�n ser� aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios a�os.

La duraci�n del mandato no podr� superar los doce a�os, sea cual sea la representaci�n que ostente.

Cumplido el mandato de doce a�os de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho a�os desde dicha fecha, podr� volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley.�

Und�cimo. Se modifica el art�culo 18 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente contenido:

El nombramiento de los vocales del Consejo de Administraci�n ser� irrevocable, siendo de aplicaci�n las mismas salvedades que las previstas para los Consejeros Generales en el art�culo 10 de esta Ley.�

Duod�cimo. Se modifica el art�culo 19 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que, con el car�cter de disposici�n b�sica, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. El Consejo de Administraci�n ser� el representante de la Entidad para todos los asuntos pertenecientes al giro y tr�fico de la misma, as� como para los litigiosos.

El ejercicio de sus facultades se regir� por lo establecido en los Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General.

2. El Consejo de Administraci�n podr� delegar alguna o algunas de sus facultades de gesti�n en los �rganos de gobierno de las entidades que constituyan y articulen alianzas entre Cajas de Ahorros o los creados al efecto en el seno de la Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorros, con la finalidad de reducir los costes operativos de las entidades que la integren, para aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital. Esta delegaci�n se mantendr� en vigor durante el per�odo de la alianza o mientras las entidades no acuerden su modificaci�n mediante el procedimiento que previamente hayan establecido al efecto. Esta delegaci�n no se extender� al deber de vigilancia de las actividades delegadas ni a las facultades que respecto a las mismas tenga la Comisi�n de Control.�

Decimotercero. El apartado 1 del art�culo 22 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, pasa a tener el siguiente contenido:

�1. Los miembros de la Comisi�n de Control ser�n elegidos por la Asamblea General entre los Consejeros Generales que no ostenten la condici�n de vocales del Consejo de Administraci�n, debiendo existir en la misma representantes de los mismos grupos o sectores que compongan la Asamblea General, en id�ntica proporci�n.

La presentaci�n de candidaturas se efectuar� conforme a lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administraci�n.�

Decimocuarto. Se a�ade un nuevo apartado cinco al art�culo 31 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Cinco. Sin perjuicio de lo establecido en este T�tulo, las Cajas de Ahorros podr�n establecer, mediante resoluci�n de su Consejo de Administraci�n, acuerdos de colaboraci�n o cooperaci�n y alianzas con otras Cajas de Ahorros.�

Decimoquinto. Se modifica la disposici�n adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�DISPOSICIONES ADICIONALES

En el caso de Cajas de Ahorros cuyos Estatutos recojan como Entidad fundadora a la Iglesia Cat�lica, el nombramiento, idoneidad y duraci�n del mandato de los representantes de los distintos grupos en los �rganos de gobierno se regir� por los Estatutos vigentes a 1 de noviembre de 2002, debiendo respetar el principio de representatividad de todos los grupos.

En todo caso, considerando el �mbito del Acuerdo internacional de 3 de enero de 1979 sobre asuntos jur�dicos y los principios que recoge el art�culo quinto del mismo, y sin perjuicio de las relaciones que correspondan con las Comunidades Aut�nomas respecto a las actividades desarrolladas en sus territorios, la aprobaci�n de Estatutos, de los Reglamentos que regulen la designaci�n de miembros de los �rganos de Gobierno y del presupuesto anual de la Obra social de las Cajas de Ahorros cuya entidad fundadora directa seg�n los citados estatutos sea la Iglesia Cat�lica o las Entidades de Derecho P�blico de la misma, ser�n competencia del Ministerio de Econom�a, cuando as� lo acredite la Caja interesada ante el referido Ministerio.�

Decimosexto. Se a�ade la siguiente disposici�n adicional quinta en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros:

�DISPOSICIONES ADICIONALES

Cuando se produzca una fusi�n entre Cajas de Ahorros que tengan sus sedes sociales situadas en diferentes Comunidades Aut�nomas, la autorizaci�n para la misma habr� de acordarse conjuntamente por los Gobiernos de las Comunidades Aut�nomas afectadas.

En el acto que autorice la fusi�n se determinar� la proporci�n que corresponder� a las Administraciones p�blicas y Entidades y Corporaciones de Derecho P�blico de cada Comunidad en los �rganos de gobierno de la Caja de Ahorros resultante.�

Decimos�ptimo. Se modifica el apartado 3 de la disposici�n final cuarta de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente contenido:

�3. No tendr�n el car�cter de norma b�sica los preceptos de esta Ley que a continuaci�n se relacionan:

El art�culo 2.2, p�rrafo 1;

El art�culo 4;

El art�culo 6.1;

El art�culo 9.2, en cuanto impone la renovaci�n por mitades de la Asamblea General;

El art�culo 12.1, excepto los p�rrafos 1 y 4;

El art�culo 13.2, en lo que se refiere al n�mero m�nimo y m�ximo de vocales del Consejo de Administraci�n, y el 13.3;

El art�culo 14, en cuanto establece el mecanismo relativo a la forma y requisitos de provisi�n de vocales del Consejo de Administraci�n; El �ltimo p�rrafo del art�culo 20.2;

El p�rrafo segundo del art�culo 26, en lo que se refiere a la edad de jubilaci�n del Director general;

Los art�culos 31.3 y 31.4;

La disposici�n transitoria cuarta;

La disposici�n transitoria quinta.�

Art�culo 9 R�gimen del intercambio de informaci�n con terceros pa�ses por la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones

...

Art�culo 10 Supresi�n del Organismo aut�nomo �Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras�

Primero. Se suprime el Organismo aut�nomo �Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras�, cuyas funciones, patrimonio y personal se asumir�n a partir de la entrada en vigor de la presente Ley por la entidad p�blica empresarial �Consorcio de Compensaci�n de Seguros�.

Segundo. Todas las referencias a la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras contenidas en la legislaci�n vigente se entender�n hechas al Consorcio de Compensaci�n de Seguros.

Art�culo 11 Reforma del r�gimen jur�dico del Consorcio de Compensaci�n de Seguros

Primero. ...

Apartado primero del art�culo 11 derogado por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados (�B.O.E.� 5 noviembre).Vigencia: 6 noviembre 2004

Segundo. ...

Apartado segundo del art�culo 11 derogado por la letra g) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulaci�n de veh�culos a motor (�B.O.E.� 5 noviembre).Vigencia: 6 noviembre 2004

Tercero. ...

Apartado tercero del art�culo 11 derogado por la letra c) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros (�B.O.E.� 5 noviembre).Vigencia: 6 noviembre 2004

Art�culo 12

Se modifica el art�culo 83 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que quedar� redactado como sigue:

�Art�culo 83

Por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los l�mites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente.

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de supervivencia o ambos conjuntamente, as� como sobre una o varias cabezas.

Son seguros sobre la vida aquellos en que, cumpliendo lo establecido en los p�rrafos anteriores, la prestaci�n convenida en la p�liza ha sido determinada por el asegurador mediante la utilizaci�n de criterios y bases de t�cnica actuarial.

En los seguros para caso de muerte, si son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado, ser� preciso el consentimiento de �ste, dado por escrito, salvo que pueda presumirse de otra forma su inter�s por la existencia del seguro.

A los efectos de lo indicado en el art�culo 4, en los seguros sobre la vida se entiende que existe riesgo si en el momento de la contrataci�n no se ha producido el evento objeto de la cobertura otorgada en la p�liza.

Si el asegurado es menor de edad, ser� necesaria, adem�s, la autorizaci�n por escrito de sus representantes legales.

No se podr� contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce a�os de edad o de incapacitados. Se except�an de esta prohibici�n, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la p�liza o al valor de rescate.�

Art�culo 13 C�dulas territoriales

Primero. Las entidades de cr�dito podr�n realizar emisiones de valores de renta fija con la denominaci�n exclusiva de �C�dulas Territoriales�, cuyo capital e intereses estar�n especialmente garantizados por los pr�stamos y cr�ditos concedidos por el emisor al Estado, las Comunidades Aut�nomas, los Entes Locales, as� como a los organismos aut�nomos y a las entidades p�blicas empresariales dependientes de los mismos o a otras entidades de naturaleza an�loga del Espacio Econ�mico Europeo.

Segundo. Las c�dulas territoriales no deber�n ser objeto de inscripci�n en el Registro Mercantil ni ser�n de aplicaci�n las reglas contenidas en el cap�tulo X de la Ley de Sociedades An�nimas, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, ni las previstas en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulaci�n de la emisi�n de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de sociedades an�nimas, asociaciones u otras personas jur�dicas, y la constituci�n del sindicato de obligacionistas.

Tercero. El importe total de las c�dulas emitidas por una entidad de cr�dito no podr� ser superior al 70 por ciento del importe de los pr�stamos y cr�ditos no amortizados que tenga concedidos a las Administraciones p�blicas antes referidas.

No obstante, si sobrepasara dicho l�mite deber� recuperarlo en un plazo no superior a tres meses, aumentando su cartera de pr�stamos o cr�ditos concedidos a las entidades p�blicas, adquiriendo sus propias c�dulas en el mercado o mediante la amortizaci�n de c�dulas por el importe necesario para restablecer el equilibrio, y, mientras tanto, deber� cubrir la diferencia mediante un dep�sito de efectivo o de fondos p�blicos en el Banco de Espa�a.

Cuarto. Los tenedores de las c�dulas tendr�n derecho preferente sobre los derechos de cr�dito de la entidad emisora frente al Estado, las Comunidades Aut�nomas, los Entes Locales, los organismos aut�nomos y las entidades p�blicas empresariales dependientes de los mismos u otras entidades de naturaleza an�loga del Espacio Econ�mico Europeo, para el cobro de los derechos derivados del t�tulo que ostenten sobre dichos valores, en los t�rminos del art�culo 1.922 del C�digo Civil.

El mencionado t�tulo tendr� el car�cter de ejecutivo en los t�rminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto. Las c�dulas emitidas por una entidad de cr�dito, pendientes de amortizaci�n, tendr�n el mismo trato que las c�dulas hipotecarias, a los efectos de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi�n, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci�n de los Intermediarios Financieros y su normativa de desarrollo, as� como de lo dispuesto en el p�rrafo b) del apartado 1 del art�culo 4 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversi�n Colectiva.

Sexto. Las c�dulas emitidas estar�n representadas mediante anotaciones en cuenta y podr�n ser admitidas a negociaci�n en los mercados de valores, de conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y adquiridas por las entidades.

S�ptimo. En caso de concurso, los tenedores de c�dulas territoriales gozar�n del privilegio especial establecido en el n�mero 1.� del apartado 1 del art�culo 90 de la Ley Concursal.

Sin perjuicio de lo anterior, se atender�n durante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el n�mero 7.� del apartado 2 del art�culo 84 de la Ley Concursal, y como cr�ditos contra la masa, los pagos que correspondan por amortizaci�n de capital e intereses de las c�dulas territoriales emitidas y pendientes de amortizaci�n en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los pr�stamos que respalden las c�dulas.

Apartado 7 del art�culo 13 introducido por el n�mero 2 de la disposici�n final decimonovena de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (�B.O.E.� 10 julio).Vigencia: 1 septiembre 2004

Art�culo 14 Cuotas participativas

Primero. Se da nueva redacci�n al art�culo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi�n, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci�n de los Intermediarios Financieros, que tendr� el car�cter de disposici�n b�sica, en los siguientes t�rminos:

1. A los efectos del presente T�tulo, los recursos propios de las entidades de cr�dito y de los grupos consolidables de entidades de cr�dito comprenden:

El capital social.

El fondo fundacional.

Las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros.

Las reservas.

Los fondos y provisiones gen�ricos.

Los fondos de la Obra Ben�fico-Social de las Cajas de Ahorros y los de educaci�n y promoci�n de las Cooperativas de Cr�ditos.

Las participaciones preferentes.

Las financiaciones subordinadas.

Otras partidas exigibles o no, susceptibles de ser utilizadas en la cobertura de p�rdidas.

De estos recursos se deducir�n las p�rdidas, as� como cualesquiera activos que puedan disminuir la efectividad de dichos recursos para la cobertura de p�rdidas.

2. Las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros son valores negociables que representan aportaciones dinerarias de duraci�n indefinida, que pueden ser aplicadas en igual proporci�n y a los mismos destinos que los fondos fundacionales y las reservas de la Entidad.

3. La emisi�n de cuotas participativas supondr� la constituci�n de los siguientes fondos:

• a) Fondo de Participaci�n: ser� igual a la suma del valor nominal de las cuotas participativas que se emiten.
• b) Fondo de Reservas de los Cuotapart�cipes: estar� integrado por el porcentaje del excedente de libre disposici�n correspondiente a las cuotas participativas que no fue destinado ni al Fondo de Estabilizaci�n ni satisfecho efectivamente a los cuotapart�cipes.
• c) Fondo de Estabilizaci�n: tendr� como finalidad evitar las fluctuaciones excesivas en la retribuci�n de las cuotas participativas. La dotaci�n de este Fondo, as� como la aplicaci�n de los recursos del mismo a la retribuci�n de las cuotas participativas deber� acordarse por la Asamblea General. La constituci�n del Fondo de Estabilizaci�n ser� optativa.

El Fondo de Participaci�n, el Fondo de Reservas de los Cuotapart�cipes y, en caso de existir, el Fondo de Estabilizaci�n se aplicar�n a la compensaci�n de p�rdidas en la misma proporci�n y orden en que lo sean los fondos fundacionales y las reservas.

El Fondo de Participaci�n y el Fondo de Reservas de Cuotapart�cipes tendr�n la consideraci�n de recursos propios.

4. Las cuotas participativas confieren a sus titulares los siguientes derechos de car�cter econ�mico:

• a) Participaci�n en el reparto del excedente de libre disposici�n de la caja en la proporci�n que el volumen de cuotas en circulaci�n suponga sobre el patrimonio de la caja m�s el volumen de cuotas en circulaci�n. Se entiende por volumen de cuotas en circulaci�n la suma del Fondo de Participaci�n y el Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes y el Fondo de Estabilizaci�n de las emisiones de cuotas participativas en circulaci�n, y por patrimonio el Fondo Fundacional, las reservas generales de la caja y el Fondo para riesgos bancarios generales.
• b) Suscripci�n preferente de cuotas participativas en nuevas emisiones, sin perjuicio de su supresi�n en los t�rminos legalmente previstos.
• c) Obtenci�n de su valor liquidativo en el caso de liquidaci�n.
• d) Obtenci�n, en los casos de amortizaci�n previstos en el apartado 9 de este art�culo, del valor de mercado de las cuotas participativas.
• e) Percepci�n de una retribuci�n de car�cter variable con cargo a la parte del excedente de libre disposici�n que les corresponda o, en su caso, al Fondo de Estabilizaci�n.

Se entiende por valor liquidativo de cada cuota la parte que corresponda a cada cuota del Fondo de Participaci�n, del Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes y del Fondo de Estabilizaci�n, minorada o incrementada por la parte que le sea atribuible de la p�rdida o beneficio del balance de liquidaci�n no distribuido anteriormente.

Se entiende por valor de mercado la media de la cotizaci�n en mercado secundario de las �ltimas 30 sesiones previas a la determinaci�n del hecho que conlleva la operaci�n de amortizaci�n. Caso de no ser posible esta determinaci�n, el valor vendr� determinado por la valoraci�n efectuada por un auditor independiente elegido por sorteo de entre los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que hayan auditado entidades de cr�dito excluyendo al propio auditor de cuentas de la Caja.

Las cuotas carecen de todo derecho pol�tico.

Podr� crearse un sindicato de cuotapart�cipes, cuyo Presidente podr� asistir a las Asambleas Generales de la Caja con voz y sin voto. En sus normas de funcionamiento, el sindicato se regular� por lo que se disponga en las normas de desarrollo de esta Ley.

Las Cajas de Ahorros habr�n de consignar en la emisi�n de las cuotas participativas una cl�usula de amortizaci�n autom�tica para el supuesto de producirse una modificaci�n del r�gimen jur�dico relativo a los derechos pol�ticos de los cuotapart�cipes. La amortizaci�n a que se refiere el presente p�rrafo deber� llevarse a cabo de acuerdo con un plan espec�fico, que deber� ser aprobado por el Banco de Espa�a, de modo que no se vea afectada la solvencia de la Entidad.

5. Las cuotas participativas no podr�n emitirse por un valor inferior a su nominal. Su emisi�n deber� efectuarse con prima cuando sea necesario para evitar la diluci�n de los derechos preexistentes sobre el patrimonio y los excedentes futuros. La prima se asignar� a las reservas generales de la caja y al fondo de reserva de los cuotapart�cipes en la proporci�n que determine el acuerdo de emisi�n. El punto de partida para la valoraci�n de la prima de emisi�n ser� el valor econ�mico de la Caja de Ahorros que deber� tener en cuenta, entre otros, el valor del fondo de comercio, plusval�as latentes y capacidad real de generaci�n de beneficios en el futuro.

Las cuotas participativas tendr�n car�cter nominativo y se desembolsar�n �ntegramente en el momento de la emisi�n. Su contravalor ser� siempre en dinero.

Podr�n emitirse cuotas participativas de distinta clase o serie, correspondiendo a todas las cuotas de la misma clase iguales derechos.

6. El volumen de cuotas participativas en circulaci�n, no podr� superar el 50 por 100 del patrimonio de la Caja.

7. Las cuotas participativas cotizar�n en mercados secundarios organizados. No obstante, ninguna persona, natural o jur�dica, o grupo econ�mico, podr� ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por importe superior al 5 por 100 de las cuotas totales vigentes. Caso de superarse el mismo, se proceder� a la suspensi�n de todos los derechos econ�micos de las cuotas adquiridas por la persona o grupo econ�mico.

Lo anterior se entender� sin perjuicio de la posibilidad de que el Fondo de Garant�a de Dep�sitos u otras entidades del sector de Cajas de Ahorros, previamente autorizadas por el Banco de Espa�a, puedan superar el l�mite del 5 por 100 de cuotas participativas emitidas por una Caja de Ahorros en situaciones de excepcional gravedad que pongan en peligro la efectividad de sus recursos propios, as� como la estabilidad, liquidez y solvencia de la entidad emisora.

8. El �rgano competente para acordar cada emisi�n de cuotas participativas ser� la Asamblea General, que podr� delegar esta competencia en el Consejo de Administraci�n de la Caja.

Estar� prohibida la adquisici�n originaria de cuotas participativas, por parte de la Caja o su grupo econ�mico; no obstante, s� se podr� realizar una adquisici�n derivativa, siempre que el valor nominal de las cuotas que obren en poder de la entidad o su grupo consolidable no exceda del 5 por 100 de las cuotas totales emitidas.

9. En los casos de fusi�n, la Caja de Ahorros emisora otorgar� a los cuotapart�cipes un plazo m�nimo de un mes, contado desde la inscripci�n del correspondiente acuerdo en el Registro Mercantil, para que �stos puedan, si lo desean, ceder sus cuotas a la Caja. �sta deber� abonar por ellas el valor de mercado determinado en el apartado 4.

Caso de superar el l�mite previsto en el apartado anterior la Caja deber� proceder a la enajenaci�n o amortizaci�n, en el plazo m�ximo de tres meses, de ese exceso sobre el l�mite m�ximo permitido.

10. El excedente de libre disposici�n que, de acuerdo con el apartado 4, corresponda a las cuotas participativas se distribuir� entre los siguientes destinos:

Fondo de Reserva de los Cuotapart�cipes.

Retribuci�n efectiva de los Cuotapart�cipes.

Fondo de Estabilizaci�n, en su caso.

La retribuci�n anual de las cuotas y su distribuci�n deber� ser aprobada por la Asamblea General, quien tendr� en cuenta el coeficiente de solvencia de la Caja a la hora de realizar tal distribuci�n.

Cuando la Caja de Ahorros o grupo consolidado al que pertenezca presente un d�ficit de recursos propios sobre el m�nimo legalmente exigido, se destinar� al Fondo de Reserva de Cuotapart�cipes el 100 por 100 del excedente anual correspondiente a las cuotas y la retribuci�n de los cuotapart�cipes con cargo al Fondo de Estabilizaci�n requerir� previa autorizaci�n del Banco de Espa�a.

11. La Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorros podr� emitir cuotas participativas de asociaci�n, si�ndoles de aplicaci�n lo dispuesto en los apartados anteriores con las adaptaciones que establezca el Gobierno.

12. Se habilita al Gobierno para regular los criterios para la asignaci�n de las primas de emisi�n, la retribuci�n en efectivo a que se refiere el p�rrafo e) del apartado 4, y la atribuci�n de reservas que no procedan de aplicaci�n de resultados, en su caso, de las cuotas participativas, as� como las partidas que integran los recursos propios y sus deducciones, pudiendo establecer l�mites o condiciones a aquellas que presenten una eficacia reducida para la cobertura de p�rdidas.�

Segundo. Se da nueva redacci�n al art�culo 11.4 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversi�n, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci�n de los Intermediarios Financieros, que tendr� el car�cter de disposici�n b�sica, en los siguientes t�rminos:

�Las Cajas de Ahorro deber�n destinar a reservas o fondos de previsi�n no imputables a riesgos espec�ficos, un 50 por 100, como m�nimo, de aquella parte de los excedentes de libre disposici�n que no sea atribuible a los cuotapart�cipes. Este porcentaje podr� ser reducido por el Banco de Espa�a cuando los recursos propios superen en m�s de un tercio los m�nimos establecidos.�

V�ase la disposici�n transitoria decimotercera, sobre r�gimen transitorio para cuotas participativas.

Art�culo 15 Pr�stamos de valores por instituciones de inversi�n colectiva

Se modifica el apartado 3 del art�culo 10 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversi�n Colectiva, quedando redactado como sigue:

�3. Los valores y otros activos que integren la cartera no podr�n pignorarse ni constituir garant�a de ninguna clase, salvo para servir de garant�a en las operaciones que la instituci�n realice en los mercados secundarios oficiales. En su caso, los valores y activos que integren la cartera deber�n estar depositados bajo la custodia de los depositarios regulados en la presente Ley. No obstante, podr�n ser objeto de operaciones de pr�stamo burs�til o de pr�stamo de valores con los l�mites y garant�as que establezca el Ministro de Econom�a.�

Art�culo 16 Flexibilizaci�n del r�gimen de garant�as

Primero. Se modifica la disposici�n adicional d�cima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

�1. Las normas de la presente disposici�n se aplicar�n a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de compensaci�n contractual o en relaci�n con el mismo, siempre que en el mismo concurran los siguientes requisitos:

• a) Que al menos una de las partes del acuerdo sea una entidad de cr�dito o una empresa de servicios de inversi�n, o una entidad no residente autorizada para llevar a cabo las actividades reservadas en la legislaci�n espa�ola a las referidas entidades o empresas.
• b) Que el acuerdo prevea la creaci�n de una �nica obligaci�n jur�dica que abarque todas las operaciones financieras citadas incluidas en el mismo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento anticipado, las partes s�lo tendr�n derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidaci�n de dichas operaciones. El saldo neto deber� ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de compensaci�n contractual o en los acuerdos que guarden relaci�n con el mismo.

2. Se considerar�n a efectos de esta disposici�n operaciones financieras las siguientes:

• a) Las realizadas sobre los instrumentos financieros previstos en el p�rrafo 2.� del art�culo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, incluidos los derivados de cr�dito.
• b) Las operaciones dobles o con pacto de recompra definidas en la disposici�n adicional duod�cima de esta Ley, cualesquiera que sean los activos sobre los que recaen, y, en general, las cesiones temporales de activos.
• c) Los pr�stamos de valores.
• d) Las garant�as y las cesiones en garant�a u otras operaciones con finalidad directa o indirecta de garant�a vinculadas al propio acuerdo de compensaci�n contractual que tenga por objeto deuda p�blica, otros valores negociables o efectivo. La ejecuci�n de las operaciones se�aladas en este p�rrafo, en su caso, se llevar� a cabo en la forma prevista en el acuerdo de compensaci�n contractual o en los acuerdos que guarden relaci�n con el mismo.

Las operaciones financieras a que se refiere este apartado ser�n v�lidas y eficaces frente a terceros, cualquiera que sea la Ley que la rija, sin m�s requisitos que su formalizaci�n documental privada y la entrega, transmisi�n o anotaci�n registral de los valores, seg�n proceda, y el dep�sito o transferencia del efectivo, siendo de aplicaci�n lo dispuesto en la disposici�n adicional sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

3. La declaraci�n del vencimiento anticipado, resoluci�n, terminaci�n, ejecuci�n o efecto equivalente de las operaciones financieras definidas en los apartados anteriores realizadas en el marco de un acuerdo de compensaci�n contractual o en relaci�n con el mismo, no podr� verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por un estado o solicitud de quiebra, suspensi�n de pagos, liquidaci�n, administraci�n, intervenci�n o concurso de acreedores que afecte a cualquiera de las partes de dicho acuerdo, sus filiales o sucursales.

En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensaci�n contractual se halle en una de las situaciones concursales previstas en el p�rrafo anterior, se incluir� como cr�dito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en el mismo o en los acuerdos que guarden relaci�n con �l.

4. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensaci�n contractual que las regula s�lo podr�n ser impugnados al amparo del p�rrafo segundo del art�culo 878 del C�digo de Comercio, mediante acci�n ejercitada por los s�ndicos de la quiebra, en la que se demuestre fraude en dicha contrataci�n.�

Segundo. Se da nueva redacci�n al apartado 4 de la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, quedando como sigue:

�4. Lo previsto en los apartados 3 y 4 de la disposici�n adicional d�cima de esta Ley ser� de aplicaci�n a las operaciones contempladas en el apartado 1 de esta disposici�n que se realicen sobre otros activos financieros en garant�a de las obligaciones generales contra�das frente al Banco de Espa�a en ejercicio de sus operaciones de pol�tica monetaria.�

Art�culo 17 Cesi�n de cr�ditos con una Administraci�n p�blica

Se modifica el art�culo 100 del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, de la siguiente manera:

• Uno. Se adiciona un nuevo apartado 3 al art�culo 100, del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, del siguiente tenor:

  �3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedar� condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el n�mero anterior.�

  
• Dos. Se modifica el apartado 3, que pasa a ser el 4, del art�culo 100, del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, y que queda con la siguiente redacci�n:

  �4. Una vez que la Administraci�n tenga conocimiento del acuerdo de cesi�n, el mandamiento de pago habr� de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesi�n se ponga en conocimiento de la Administraci�n, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtir�n efectos liberatorios.�

  
• Tres. Se adiciona un nuevo apartado 5 al art�culo 100, del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, del siguiente tenor:

  �5. En el caso de quiebra del contratista cedente, no se declarar� la nulidad a que se refiere el art�culo 878, p�rrafo 2.�, del C�digo de Comercio, si se cumplen los siguientes requisitos:

  • a) Que los cr�ditos cedidos procedan de la actividad empresarial del contratista cedente,
  • b) Que el cesionario sea una entidad de cr�dito,
  • c) Que los cr�ditos objeto de cesi�n al amparo del acuerdo existan ya en la fecha del acuerdo de cesi�n o nazcan de la actividad empresarial que el contratista cedente lleve a cabo en el plazo m�ximo de un a�o a contar desde dicha fecha, o que conste en el contrato de cesi�n la identidad de los futuros deudores,
  • d) Que el cesionario pague al cedente, al contado o a plazo, el importe de los cr�ditos cedidos con la deducci�n del coste del servicio prestado,
  • e) Que conste la certeza de la fecha de la cesi�n por alguno de los medios establecidos en los art�culos 1.218 y 1.227 del C�digo Civil o por cualquier otro medio admitido en Derecho,
  • f) Que se acredite haber realizado la notificaci�n a que se refiere el apartado 2 del presente art�culo.�
  

Art�culo 18 Ampliaci�n del objeto de la participaci�n hipotecaria

Se adiciona un nuevo p�rrafo al apartado dos de la disposici�n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaci�n espa�ola en materia de entidades de cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, con la siguiente redacci�n:

�Las participaciones hipotecarias agrupadas en los fondos de titulizaci�n de activos podr�n corresponder a pr�stamos y cr�ditos que no re�nan los requisitos establecidos en la Secci�n 2.� de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulaci�n del Mercado Hipotecario. Estas participaciones se emitir�n y comercializar�n con la denominaci�n de "certificados de transmisi�n de hipoteca".�

Art�culo 19 Modificaciones del r�gimen jur�dico y fiscal de las Entidades de Capital-Riesgo

Primero. Se da nueva redacci�n al art�culo 2.1 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus Sociedades Gestoras:

�1. Las Sociedades de Capital-Riesgo son sociedades an�nimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que, en el momento de la toma de participaci�n, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores.�

Segundo. Se a�ade un nuevo apartado 4 al art�culo 2 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus Sociedades Gestoras:

�4. A los efectos de esta Ley, tambi�n tendr�n la consideraci�n de empresas no financieras aquellas entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones emitidas por entidades pertenecientes a sectores no financieros�.

Tercero. Se a�ade un nuevo apartado 3 al art�culo 16 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus Sociedades Gestoras:

�3. Se considerar�n inversiones propias del objeto de la actividad de capital-riesgo previsto en el art�culo 2.1 de la presente Ley, la inversi�n en valores emitidos por empresas cuyo activo est� constituido en m�s de un 50 por 100 por inmuebles siempre que se encuentren directamente adscritos a una finalidad o actividad empresarial que no sea la estrictamente inmobiliaria.�

Cuarto. Se da nueva redacci�n al p�rrafo primero del art�culo 18.2 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras:

�2. Las entidades de capital-riesgo podr�n invertir hasta el 25 por 100 de su activo en empresas pertenecientes a su grupo o al de su sociedad gestora, tal y como �ste se define en el art�culo 4 de la Ley 24/1988, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que los estatutos o reglamentos contemplen estas inversiones.
• b) Que la entidad o, en su caso, su sociedad gestora disponga de un procedimiento interno formal, recogido en su reglamento interno de conducta, que permita evitar conflictos de inter�s y cerciorarse de que la operaci�n se realiza en inter�s exclusivo de la entidad. La verificaci�n del cumplimiento de estos requisitos corresponder� a una comisi�n independiente creada en el seno de su consejo o a un �rgano interno de la sociedad gestora al que se encomiende esta funci�n.
• c) Que en los folletos y en la informaci�n p�blica peri�dica de la entidad se informe con detalle de las inversiones realizadas en entidades del grupo.�

Quinto. Se da nueva redacci�n al art�culo 23.2 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras:

�2. El capital social suscrito m�nimo ser� de 1.200.000 euros, debi�ndose desembolsar en el momento de su constituci�n, al menos, el 50 por 100 y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres a�os desde la constituci�n de la sociedad. Los desembolsos del capital social m�nimo deber�n realizarse en efectivo o en bienes que integren su inmovilizado, no pudiendo superar estos �ltimos el 10 por 100 de su capital social.

Los desembolsos adicionales al capital social m�nimo o las posteriores ampliaciones de �ste podr�n realizarse, adem�s, en inmovilizado o activos financieros aptos para la inversi�n conforme a la secci�n 2.� del cap�tulo II del T�tulo I de esta Ley.�

Sexto. Se incorpora un segundo p�rrafo en el art�culo 23.4 de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras:

�4. La transformaci�n, fusi�n, escisi�n y las dem�s operaciones societarias que realice una sociedad de capital-riesgo o que conduzcan a la creaci�n de una sociedad de capital-riesgo, requerir�n aprobaci�n previa del Ministro de Econom�a, siendo de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 8 de la presente Ley.�

S�ptimo. Se a�ade al apartado 3 del art�culo 69 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el siguiente p�rrafo:

�(...) Asimismo, las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisi�n o reembolso de acciones o participaciones representativas de los fondos propios de las sociedades y fondos de capital riesgo disfrutar�n de la deducci�n prevista en el art�culo 28.5 de esta Ley, cualquiera que sea el porcentaje de participaci�n y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.�

Art�culo 20 Efectos jur�dicos de la contrataci�n electr�nica

Primero. Se introduce el siguiente apartado 2 al art�culo 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasando a ser el hasta ahora art�culo 79 el apartado 1 del mismo:

�2. Con arreglo a lo que establezcan las normas que, con car�cter general, regulan la contrataci�n por v�a electr�nica, se habilita al Ministro de Econom�a para regular las especialidades de la contrataci�n de servicios de inversi�n de forma electr�nica, garantizando la protecci�n de los leg�timos intereses de la clientela y sin perjuicio de la libertad de contrataci�n que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las empresas de servicios de inversi�n y su clientela.�

Segundo. Se a�ade un nuevo p�rrafo g) en el apartado 2 del art�culo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con la siguiente redacci�n:

• �g) Regular las especialidades de la contrataci�n de servicios bancarios de forma electr�nica con arreglo a lo que establezcan las normas que, con car�cter general, regulan la contrataci�n por v�a electr�nica.�

Art�culo 21 Dinero electr�nico

Primero. Tendr�n la consideraci�n de Entidades de Dinero Electr�nico aquellas entidades de cr�dito distintas de las definidas en el p�rrafo a), apartado 1 del art�culo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas, cuya actividad principal, en los t�rminos que reglamentariamente se determinen, consista en emitir medios de pago en forma de dinero electr�nico.

Segundo. Se entender� por dinero electr�nico el valor monetario representado por un cr�dito exigible a su emisor:

• a) Almacenado en un soporte electr�nico,
• b) Emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no ser� inferior al valor monetario emitido,
• c) Aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor.

Ninguna entidad de cr�dito que pretenda realizar la actividad de emitir medios de pago en forma de dinero electr�nico podr� recibir fondos por importe superior al valor monetario emitido.

Tercero. La recepci�n de fondos, de conformidad con lo establecido en la p�rrafo b) del apartado anterior no constituir� recepci�n de fondos reembolsables del p�blico si los fondos recibidos se cambian inmediatamente por dinero electr�nico.

La recepci�n de fondos, de conformidad con lo establecido en el p�rrafo b) del apartado anterior, tendr� el mismo tratamiento que los dep�sitos a los efectos de la cobertura de los mismos por los fondos de garant�a de dep�sitos de bancos, Cajas de Ahorros y cooperativas de cr�dito, si el soporte al que se incorporan es nominativo o est�n ligados a una cuenta representativa de un dep�sito constituido por su titular.

Cuarto. Ninguna persona f�sica o jur�dica, nacional o extranjera, podr�, sin haber obtenido la autorizaci�n para actuar como entidad de cr�dito y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en el territorio espa�ol la actividad comercial de emitir dinero electr�nico.

La denominaci�n de �Entidades de Dinero Electr�nico�, as� como su abreviatura �E.D.E.� quedar� reservada a estas entidades, las cuales estar�n obligadas a incluirlas en su denominaci�n social, en la forma que reglamentariamente se determine.

Quinto. Corresponder� al Ministro de Econom�a, previo informe del Banco de Espa�a, autorizar la creaci�n de Entidades de Dinero Electr�nico.

Corresponder� al Banco de Espa�a el control e inspecci�n de todas las Entidades de Dinero Electr�nico, y su inscripci�n en el registro que se crear� al efecto.

Sexto. A las Entidades de Dinero Electr�nico les ser� de aplicaci�n, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, adem�s de la presente Ley, el Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas; los T�tulos II a VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito; la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisi�n en Base Consolidada de las Entidades Financieras y la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales, as� como las disposiciones de car�cter general que desarrollen las citadas normas con rango de Ley.

A las Entidades de Dinero Electr�nico les ser� de aplicaci�n, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, el r�gimen sancionador previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.

S�ptimo. Cuando el dinero electr�nico emitido por la entidad sea aceptado como medio de pago �nicamente por cualquier filial de la entidad que realice funciones operativas u otras funciones auxiliares relativas al dinero electr�nico emitido o distribuido por la entidad, por la empresa matriz de la entidad o por cualquier filial de dicha empresa matriz, aqu�lla podr� quedar eximida de la aplicaci�n de las disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo seg�n el procedimiento que establezca el Gobierno, que podr� establecer obligaciones espec�ficas de remisi�n peri�dica de informaci�n como condici�n para la obtenci�n y mantenimiento de dicha excepci�n.

Las Entidades de Dinero Electr�nico autorizadas en otros Estados miembros de la Uni�n Europea a las que se hubiera concedido en aqu�llos una exenci�n de las previstas en el art�culo 8 de la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electr�nico y su ejercicio as� como la supervisi�n cautelar de dichas entidades, no gozar�n en Espa�a del derecho de establecimiento ni de libre prestaci�n de servicios previsto para las entidades de cr�dito comunitarias autorizadas en dichos Estados.

Octavo. El portador de dinero electr�nico podr�, durante el periodo de validez, solicitar al emisor que se lo reembolse al valor nominal por monedas y billetes de banco o por transferencia a una cuenta, sin otros gastos que aquellos que resulten estrictamente necesarios para realizar la operaci�n.

El contrato entre el emisor y el portador estipular� claramente las condiciones de reembolso, pudiendo prever un l�mite m�nimo para el mismo, que no podr� superar los diez euros.

Noveno. Se faculta al Gobierno para desarrollar el r�gimen jur�dico aplicable a la creaci�n y condiciones de ejercicio de la actividad de las Entidades de Dinero Electr�nico, y, en particular, para el establecimiento de su capital inicial m�nimo, exigencias de recursos propios permanentes, r�gimen de inversiones, as� como las limitaciones a sus actividades comerciales.

D�cimo. El apartado 2 del art�culo 28 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, queda redactado del siguiente modo:

�2. Se entender�n, en particular, reservadas a las entidades de cr�dito:

• a) La actividad definida en el p�rrafo a) del apartado 1, del art�culo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas.
• b) La captaci�n de fondos reembolsables del p�blico, cualquiera que sea su destino, en forma de dep�sito, pr�stamo, cesi�n temporal de activos financieros u otras an�logas que no est�n sujetas a las normas de ordenaci�n y disciplina del mercado de valores.
• c) La actividad comercial de emitir dinero electr�nico.�

Und�cimo. El art�culo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas, queda redactado de la siguiente forma:

1. A efectos de la presente disposici�n, y de acuerdo con la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr�dito y a su ejercicio, se entiende por "entidad de cr�dito":

• a) Toda empresa que tenga como actividad t�pica y habitual recibir fondos del p�blico en forma de dep�sito, pr�stamo, cesi�n temporal de activos financieros u otras an�logas que lleven aparejada la obligaci�n de su restituci�n, aplic�ndolos por cuenta propia a la concesi�n de cr�ditos u operaciones de an�loga naturaleza.
• b) Toda empresa o cualquier otra persona jur�dica, distinta de la recogida en el p�rrafo a) anterior que emita medios de pago en forma de dinero electr�nico.

2. Se concept�an entidades de cr�dito:

• a) El Instituto de Cr�dito Oficial.
• b) Los Bancos.
• c) Las Cajas de Ahorros y la Confederaci�n Espa�ola de Cajas de Ahorros.
• d) Las Cooperativas de Cr�dito.
• e) Los Establecimientos Financieros de Cr�dito.
• f) Las Entidades de Dinero Electr�nico.�

Art�culo 22 Creaci�n de los �rganos de defensa del cliente de servicios financieros

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Art�culo 23 Objeto

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Art�culo 24 Funciones

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Art�culo 25 Nombramiento de los titulares

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Art�culo 26 Memoria anual

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Art�culo 27 Adscripci�n org�nica y funcional de los Servicios de Reclamaciones

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Art�culo 28 Ventanilla �nica

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Art�culo 29 Departamento de atenci�n al cliente y Defensor del Cliente

Primero. Las entidades de cr�dito, las entidades aseguradoras y las empresas de servicios de inversi�n estar�n obligadas a atender y resolver las quejas y reclamaciones que los usuarios de servicios financieros puedan presentar, relacionados con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. A estos efectos, las entidades deber�n contar con un departamento o servicio de atenci�n al cliente encargado de atender y resolver las quejas y reclamaciones.

Dichas entidades podr�n, bien individualmente, bien agrupadas por ramas de actividad, proximidad geogr�fica, volumen de negocio o cualquier otro criterio, designar un Defensor del Cliente, que habr� de ser una entidad o experto independiente de reconocido prestigio, y a quien corresponder� atender y resolver los tipos de reclamaciones que se sometan a su decisi�n en el marco de lo que disponga su reglamento de funcionamiento, as� como promover el cumplimiento de la normativa de transparencia y protecci�n de la clientela y de las buenas pr�cticas y usos financieros.

Segundo. La decisi�n del Defensor del Cliente favorable a la reclamaci�n vincular� a la entidad. Esta vinculaci�n no ser� obst�culo a la plenitud de tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de soluci�n de conflictos ni a la protecci�n administrativa.

Art�culo 30 Presentaci�n de reclamaciones ante el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones

1. Los servicios de reclamaciones del Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones atender�n las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios de servicios financieros, que est�n relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, y que deriven de presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protecci�n de la clientela o de las buenas pr�cticas y usos financieros.

Los servicios de reclamaciones atender�n tambi�n las consultas que formulen los usuarios de servicios financieros sobre las normas aplicables en materia de transparencia y protecci�n a la clientela, as� como sobre los cauces legales existentes para el ejercicio de sus derechos.

La organizaci�n y el funcionamiento de los servicios de reclamaciones se ajustar�n a los principios de independencia, transparencia, contradicci�n, eficacia, legalidad, libertad y representaci�n.

Los servicios de reclamaciones funcionar�n bajo el principio de ventanilla �nica, debiendo remitir al competente las reclamaciones que no sean de su competencia.

Los servicios de reclamaciones informar�n a los servicios de supervisi�n correspondientes cuando aprecien indicios de incumplimientos graves o reiterados de las normas de transparencia y protecci�n a la clientela o de las buenas pr�cticas y usos financieros por parte de una misma entidad.

2. Los servicios de reclamaciones del Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones resolver�n las quejas y reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior, mediante informes motivados, que no tendr�n en ning�n caso car�cter de acto administrativo recurrible.

3. El Ministro de Econom�a y Hacienda desarrollar� el procedimiento de presentaci�n de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, que deber� ajustarse a las siguientes reglas:

• a) Para la admisi�n y tramitaci�n de reclamaciones ser� imprescindible acreditar haberlas formulado previamente, por escrito, dirigido al departamento o servicio de atenci�n al cliente o, en su caso, al Defensor del Cliente de la entidad contra la que se reclame. �stos deber�n acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y resolverlas o denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo, el reclamante deber� acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentaci�n de la reclamaci�n sin que haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisi�n de la reclamaci�n o desestimada su petici�n.
• b) Recibida la reclamaci�n por el servicio de reclamaciones competente por raz�n de la materia se verificar� la concurrencia de las circunstancias previstas en los apartados anteriores y, si se cumplen los requisitos necesarios, se proceder� a la apertura de un expediente por cada reclamaci�n, en el que se incluir�n todas las actuaciones relacionadas con la misma; en caso contrario, se requerir� al reclamante para completar la informaci�n en el plazo de diez d�as, con apercibimiento de que si as� no lo hiciese se le tendr� por desistido de su reclamaci�n.
• c) Formulado el correspondiente informe, y si �ste fuera desfavorable a la entidad reclamada, �sta estar� obligada a informar al servicio de reclamaciones competente si ha procedido a la rectificaci�n voluntaria en un plazo no superior a un mes desde su notificaci�n.

4. El Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones publicar�n anualmente una memoria de sus respectivos servicios de reclamaciones en la que, al menos, deber� incluirse el resumen estad�stico de las consultas y reclamaciones atendidas y los criterios mantenidos por dichos servicios, en relaci�n con las materias sobre las que versan las reclamaciones presentadas, as� como las entidades afectadas, con indicaci�n en su caso del car�cter favorable o desfavorable del informe.

Art�culo 30 redactado por la disposici�n final und�cima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible (�B.O.E.� 5 marzo). Vigencia: 6 marzo 2011

V�ase disposici�n transitoria quinta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible (�B.O.E.� 5 marzo), sobre el procedimiento de presentaci�n de reclamaciones ante el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Art�culo 31 Habilitaci�n para desarrollo reglamentario

El Ministro de Econom�a establecer� los requisitos a respetar por el departamento o servicio de atenci�n al cliente y el Defensor del Cliente, as� como el procedimiento a que someta la resoluci�n de las reclamaciones, pudiendo a tal fin exigir, en su caso, las adecuadas medidas de separaci�n de sus integrantes de los restantes servicios comerciales u operativos de las entidades, someter a verificaci�n administrativa su reglamento de funcionamiento o cualesquiera otras caracter�sticas del servicio, y exigir la inclusi�n, en una memoria anual de las entidades, de un resumen con los aspectos m�s destacables de la actuaci�n del departamento o servicio de atenci�n al cliente y el Defensor del Cliente durante el ejercicio que corresponda.

Art�culo 32 Modificaciones a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado

...

Art�culo 33 Modificaciones al texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci�n de Veh�culos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado

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Art�culo 34 Modificaciones al Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros como consecuencia del establecimiento de nuevos mecanismos para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en el Estado de residencia del perjudicado

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Art�culo 35 Infracciones por deficiencias de organizaci�n administrativa y control interno

Primero. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito:

• Uno. Se a�ade un nuevo p�rrafo n) en el art�culo 4, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con el siguiente tenor literal:
  • �n) Presentar, la entidad de cr�dito o el grupo consolidable a que pertenezca, deficiencias en la organizaci�n administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gesti�n de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad.�
  
• Dos. Se a�ade un nuevo p�rrafo r) en el art�culo 5, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con la siguiente redacci�n:
  • �r) Presentar, la entidad de cr�dito o el grupo consolidable a que pertenezca, deficiencias en la organizaci�n administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gesti�n de riesgos, una vez haya transcurrido el plazo concedido al efecto para su subsanaci�n por las autoridades competentes, y siempre que ello no constituya infracci�n muy grave conforme a lo previsto en el art�culo anterior.�
  

Segundo. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

• Uno. Se a�ade un nuevo p�rrafo e) bis en el art�culo 99, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacci�n:
  • �e) bis Presentar las entidades sometidas a la supervisi�n prudencial de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores deficiencias en la organizaci�n administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gesti�n de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad.�
  
• Dos. Se a�ade un nuevo p�rrafo c) bis en el art�culo 100, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:
  • �c) bis Presentar las entidades sometidas a la supervisi�n prudencial de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores deficiencias en la organizaci�n administrativa y contable o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gesti�n de los riesgos, una vez que haya transcurrido el plazo concedido al efecto para su subsanaci�n por las autoridades competentes y siempre que ello no constituya infracci�n muy grave�.
  

Tercero. ...

Apartado tercero del art�culo 35 derogado por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados (�B.O.E.� 5 noviembre).Vigencia: 6 noviembre 2004

Art�culo 36 R�gimen de los establecimientos de cambio de moneda

Primero. Se modifica el p�rrafo segundo del apartado 1 del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado del siguiente modo:

�No obstante, la actividad profesional ejercida por personas f�sicas o jur�dicas distintas de las entidades de cr�dito, descrita en el apartado siguiente, queda sujeta a autorizaci�n administrativa previa del Banco de Espa�a.�

Segundo. Se modifica el p�rrafo segundo del apartado 2 del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado del siguiente modo:

�Para obtener y conservar la mencionada autorizaci�n ser� necesario que los titulares o responsables de la actividad cuenten con reconocida honorabilidad comercial y profesional as� como, en el caso de que la actividad incluya la gesti�n de transferencias con el exterior, que, para garantizar una gesti�n sana y prudente del establecimiento, se considere adecuada, en los t�rminos que se fijen reglamentariamente, la idoneidad de los accionistas que de forma directa o indirecta posean participaciones en el capital o derechos de voto del establecimiento que representen un porcentaje igual o superior al 5 por ciento de los mismos.�

Tercero. Se modifica el �ltimo p�rrafo y, a continuaci�n se introducen dos p�rrafos en el apartado 2 del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado del siguiente modo:

�Adem�s, reglamentariamente se establecer� la exigencia de especiales requisitos de naturaleza societaria a los establecimientos que realicen operaciones de venta de billetes extranjeros o cheques de viajero o gesti�n de transferencias internacionales, as� como las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de todos los requisitos exigidos para obtener la autorizaci�n.

Corresponder� al Banco de Espa�a la supervisi�n y el control de los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la venta de billetes extranjeros o cheques de viajero o gesti�n de transferencias internacionales. Cuando se trate de establecimientos autorizados �nicamente para la realizaci�n de operaciones de compra, la vigilancia y el control del cumplimiento de las disposiciones relativas al r�gimen de transparencia de las operaciones e informaci�n a la clientela sobre las mismas corresponder� a la Administraci�n que tenga atribuidas las competencias relativas a la defensa de consumidores y usuarios.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia de blanqueo de capitales y de las competencias del Banco de Espa�a para exigir a todos los establecimientos inscritos en sus registros las informaciones, incluso de orden estad�stico, que considere necesarias para su correcta gesti�n.�

Cuarto. Se da la siguiente nueva redacci�n al p�rrafo primero del apartado tres del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:

�El r�gimen sancionador aplicable a los titulares de establecimientos de cambio de moneda, as� como a sus administradores y directivos, ser� el establecido en el T�tulo I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan atendiendo a la especial naturaleza de sus funciones, as� como el procedimiento sancionador establecido para los sujetos que participan en los mercados financieros. En el caso de que el titular del establecimiento de cambio est� autorizado para la gesti�n de transferencias con el exterior, el r�gimen previsto en este p�rrafo alcanzar� tambi�n a las personas f�sicas o jur�dicas que posean, directa o indirectamente, una participaci�n en su capital o en los derechos de voto que represente un porcentaje igual o superior al 10 por 100 de los mismos.�

Quinto. Se da la siguiente nueva redacci�n al p�rrafo tercero del apartado tres del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:

�Sin perjuicio de lo que antecede ser� competente para instruir los pertinentes expedientes y para imponer las sanciones, cualquiera que sea su graduaci�n, el Banco de Espa�a.�

Sexto. Se da la siguiente nueva redacci�n al apartado 4 del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:

�Las personas f�sicas o jur�dicas, distintas de las entidades de cr�dito, que, sin haber obtenido la preceptiva autorizaci�n ni estar inscritas en los registros correspondientes del Banco de Espa�a, efect�en con el p�blico con car�cter profesional operaciones de cambio de moneda extranjera, u ofrezcan al p�blico la realizaci�n de las mismas, podr�n ser sancionadas y requeridas por el Banco de Espa�a, seg�n lo previsto en el art�culo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y les ser� de aplicaci�n la disposici�n adicional d�cima de dicha Ley, todo ello con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.�

S�ptimo. Se introduce un nuevo apartado 4 bis en el art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:

�4 bis Los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gesti�n de transferencias con el exterior deber�n someterse en todo caso a la auditor�a de cuentas prevista en el art�culo 1.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas.�

Octavo. El apartado cinco del art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, pasar� a tener la siguiente redacci�n:

�Cinco. Sin perjuicio de las habilitaciones espec�ficas contenidas en este art�culo, se faculta al Gobierno, con car�cter general para desarrollar sus preceptos regulando, a tal fin, el r�gimen aplicable a la actividad de cambio de moneda extranjera en Espa�a y, en su caso, en el exterior de los titulares autorizados en Espa�a. En particular, en el caso de titulares autorizados para la gesti�n de transferencias con el exterior, dicho r�gimen reglamentario podr� establecer controles previos a la adquisici�n directa o indirecta de participaciones en el capital o derechos de voto que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento de los mismos, requisitos m�nimos de capital y fondos propios as� como otras medidas adecuadas para reforzar la solvencia y liquidez de tales titulares y proteger los intereses de sus clientes; dichas medidas podr�n consistir, entre otras, en la inversi�n obligatoria en activos de bajo riesgo y elevada liquidez as� como en la inmovilizaci�n de ciertos activos en garant�a del cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de su actividad.

En el marco de la normativa de prevenci�n del blanqueo de capitales, se habilita al Ministro de Econom�a para regular, mediante Orden, los siguientes aspectos del r�gimen jur�dico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes:

• a) Cuant�as m�ximas de las operaciones de cambio de moneda o de gesti�n de transferencias que �stos puedan realizar.
• b) Requisitos y modelos en los que se materialice la informaci�n sobre el cliente en las transacciones en que intervengan.
• c) Desarrollo de sistemas automatizados y formas de control de transacciones de riesgo.
• d) Establecimiento de sistemas de auditor�a externa sobre la correcta aplicaci�n de medidas para la prevenci�n del blanqueo de capitales.�

Art�culo 37 Transparencia de las operaciones vinculadas

Se adiciona el siguiente p�rrafo al art�culo 35 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

�Las sociedades emisoras de valores admitidos a negociaci�n en alg�n mercado secundario oficial deber�n incluir necesariamente en las informaciones semestrales a que se refiere el p�rrafo segundo del presente art�culo, informaci�n cuantificada de todas las operaciones realizadas por la sociedad con partes vinculadas en la forma que determine el Ministerio de Econom�a o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, con indicaci�n del tipo y naturaleza de las operaciones efectuadas y de las partes vinculadas que han intervenido en ellas. No obstante, el Ministerio de Econom�a determinar� las operaciones sobre las que habr� de facilitarse informaci�n individualizada, en caso de que aqu�llas fueran significativas por su cuant�a o relevantes para una adecuada comprensi�n de los estados financieros de la sociedad. Asimismo, el Ministerio de Econom�a determinar� reglamentariamente o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, las operaciones vinculadas sobre las que no habr� que facilitar informaci�n, fundado en causa leg�tima.�

Art�culo 38 R�gimen de la comunicaci�n de informaci�n relevante y del uso de informaci�n privilegiada

Primero. Se modifica el art�culo 78 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Las empresas de servicios de inversi�n, las entidades de cr�dito, las instituciones de inversi�n colectiva, los emisores, los analistas de inversiones en valores e instrumentos financieros y, en general, cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores, deber�n respetar las siguientes normas de conducta:

• a) Las normas de conducta contenidas en el presente T�tulo.
• b) Los c�digos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere el p�rrafo a) anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitaci�n expresa de �ste, el Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• c) Las contenidas en sus propios reglamentos internos de conducta.

2. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr�n establecer que los reglamentos internos de conducta mencionados en el p�rrafo c) del apartado anterior contengan medidas concretas tendentes a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los siguientes art�culos de este T�tulo.�

Segundo. Se da una nueva redacci�n al art�culo 80 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

En ning�n caso deber�n las personas o entidades a que se refiere el art�culo anterior:

• a) Realizar pr�cticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de provocar una evoluci�n artificial de las cotizaciones.
• b) Multiplicar las transacciones de forma innecesaria y sin beneficio para el cliente.
• c) Atribuirse a s� mismo uno o varios valores cuando tengan clientes que los hayan solicitado en id�nticas o mejores condiciones.
• d) Anteponer la venta de valores propios a los de sus clientes, cuando �stos hayan ordenado vender la misma clase de valor en id�nticas o mejores condiciones.�

Tercero. Se da nueva redacci�n al art�culo 81 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

1. Se considerar� informaci�n privilegiada toda informaci�n de car�cter concreto que se refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros de los comprendidos dentro del �mbito de aplicaci�n de esta Ley, o a uno o varios emisores de los citados valores negociables o instrumentos financieros, que no se haya hecho p�blica y que, de hacerse o haberse hecho p�blica, podr�a influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotizaci�n en un mercado o sistema organizado de contrataci�n.

Lo dispuesto en el p�rrafo anterior ser� de aplicaci�n tambi�n a los valores negociables o instrumentos financieros respecto de los cuales se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en un mercado o sistema organizado de contrataci�n.

En relaci�n con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas se considerar� informaci�n privilegiada toda informaci�n de car�cter concreto, que no se haya hecho p�blica, y que se refiera directa o indirectamente a uno o a varios de esos instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los mercados en que se negocien esos productos esperar�an recibir con arreglo a las pr�cticas de mercado aceptadas en dichos mercados.

2. Todo el que disponga de informaci�n privilegiada deber� abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes:

• a) Preparar o realizar cualquier tipo de operaci�n sobre los valores negociables o sobre instrumentos financieros de los mencionados en el apartado anterior a los que la informaci�n se refiera, o sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de cualquier tipo, negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a los valores negociables o instrumentos financieros a los que la informaci�n se refiera.

  Se except�a la preparaci�n y realizaci�n de las operaciones cuya existencia constituye, en s� misma, la informaci�n privilegiada, as� como las operaciones que se realicen en cumplimiento de una obligaci�n, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o instrumentos financieros, cuando esta obligaci�n est� contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate est� en posesi�n de la informaci�n privilegiada, u otras operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.

• b) Comunicar dicha informaci�n a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesi�n o cargo.
• c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos financieros o que haga que otro los adquiera o ceda bas�ndose en dicha informaci�n.

  Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier persona que posea informaci�n privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que se trata de esta clase de informaci�n.

3. Las prohibiciones establecidas en el apartado anterior no son de aplicaci�n a las operaciones efectuadas para ejecutar la pol�tica monetaria, de tipo de cambio o de gesti�n de la deuda p�blica por parte de un Estado miembro de la Uni�n Europea, del Sistema Europeo de Bancos Centrales, de un Banco Central nacional o de otro organismo oficialmente designado a tal efecto, o por parte de cualquier otra persona que act�e en nombre de �stos. Tampoco se aplicar�n a las operaciones sobre acciones propias en el marco de programas de recompra efectuadas por los emisores, ni a la estabilizaci�n de un valor negociable o instrumento financiero siempre que estas operaciones se realicen en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

4. Todas las personas o entidades que act�en en los mercados de valores o ejerzan actividades relacionadas con ellos y, en general, cualquiera que posea informaci�n privilegiada, tiene la obligaci�n de salvaguardarla, sin perjuicio de su deber de comunicaci�n y colaboraci�n con las autoridades judiciales y administrativas en los t�rminos previstos en �sta o en otras leyes. Por lo tanto, adoptar�n las medidas adecuadas para evitar que tal informaci�n pueda ser objeto de utilizaci�n abusiva o desleal y, en su caso, tomar�n de inmediato las necesarias para corregir las consecuencias que de ello se hubieran derivado.

5. Los organismos p�blicos que faciliten estad�sticas que pudieran tener repercusiones importantes en los mercados financieros las difundir�n de modo correcto y transparente.

6. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para establecer respecto a las diferentes categor�as de personas o entidades y de sus operaciones en el mercado de valores, medidas concretas para la salvaguarda de la informaci�n privilegiada pose�da.�

Cuarto. Se modifica el art�culo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a ser:

1. Se considerar� informaci�n relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotizaci�n en un mercado secundario.

2. Los emisores de valores est�n obligados a difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicaci�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, toda informaci�n relevante.

3. La comunicaci�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores deber� hacerse con car�cter previo a su difusi�n por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisi�n o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. El contenido de la comunicaci�n deber� ser veraz, claro, completo y, cuando as� lo exija la naturaleza de la informaci�n, cuantificado, de manera que no induzca a confusi�n o enga�o. Los emisores de valores difundir�n tambi�n esta informaci�n en sus p�ginas de internet.

4. Cuando el emisor considere que la informaci�n no debe ser hecha p�blica por afectar a sus intereses leg�timos, informar� inmediatamente a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, que podr� dispensarle de tal obligaci�n de conformidad con lo previsto en el art�culo 91 de esta Ley.

5. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a las obligaciones establecidas en el presente art�culo, los procedimientos y formas de efectuar las comunicaciones anteriores, determinar el plazo durante el cual se publicar� en las p�ginas de internet de los emisores la informaci�n relevante, as� como para precisar los dem�s extremos a los que �ste se refiere.�

Quinto. El art�culo 83 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Todas las entidades o grupos de entidades que presten servicios de inversi�n y las dem�s entidades que act�en o presten servicios de asesoramiento de inversi�n, en los mercados de valores tienen la obligaci�n de establecer las medidas necesarias para impedir el flujo de informaci�n privilegiada entre sus distintas �reas de actividad, de forma que se garantice que cada una de �stas tome de manera aut�noma sus decisiones referentes al �mbito de los mercados de valores y, asimismo, se eviten conflictos de inter�s.

En particular, estas entidades est�n obligadas a:

• a) Establecer �reas separadas de actividad dentro de la entidad o del grupo al que pertenezcan, siempre que act�en simult�neamente en varias de ellas. En particular, deber�n constituirse en �reas separadas, al menos, cada uno de los departamentos que desarrollen las actividades de gesti�n de cartera propia, gesti�n de cartera ajena y an�lisis.
• b) Establecer adecuadas barreras de informaci�n entre cada �rea separada y el resto de la organizaci�n y entre cada una de las �reas separadas.
• c) Definir un sistema de decisi�n sobre inversiones que garantice que �stas se adopten aut�nomamente dentro del �rea separada.
• d) Elaborar y mantener actualizada una lista de valores e instrumentos financieros sobre los que se dispone de informaci�n privilegiada y una relaci�n de personas y fechas en que hayan tenido acceso a tal informaci�n.

2. Adem�s, todas las entidades y grupos de entidades que realicen, publiquen o difundan informes o recomendaciones sobre sociedades emisoras de valores o instrumentos financieros cotizados deber�n comportarse de forma leal e imparcial, dejando constancia en lugar destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones de las vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales, y de la participaci�n estable que la entidad o el grupo mantenga o vaya a mantener con la empresa objeto del an�lisis, as� como que el documento no constituye una oferta de venta o suscripci�n de valores.

3. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n espec�fica, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr�n establecer medidas de car�cter obligatorio en desarrollo de este art�culo y, en concreto, la obligaci�n de que estas entidades cuenten con un reglamento interno de conducta espec�fico para el servicio de asesoramiento de inversiones.�

Sexto. Se incorpora un nuevo art�culo 83 bis en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

1. Los emisores de valores, durante las fases de estudio o negociaci�n de cualquier tipo de operaci�n jur�dica o financiera que pueda influir de manera apreciable en la cotizaci�n de los valores o instrumentos financieros afectados, tienen la obligaci�n de:

• a) Limitar el conocimiento de la informaci�n estrictamente a aquellas personas, internas o externas a la organizaci�n, a las que sea imprescindible.
• b) Llevar, para cada operaci�n, un registro documental en el que consten los nombres de las personas a que se refiere el apartado anterior y la fecha en que cada una de ellas ha conocido la informaci�n.
• c) Advertir expresamente a las personas incluidas en el registro del car�cter de la informaci�n y de su deber de confidencialidad y de la prohibici�n de su uso.
• d) Establecer medidas de seguridad para la custodia, archivo, acceso, reproducci�n y distribuci�n de la informaci�n.
• e) Vigilar la evoluci�n en el mercado de los valores por ellos emitidos y las noticias que los difusores profesionales de informaci�n econ�mica y los medios de divulgaci�n emitan y les pudieran afectar.
• f) En el supuesto de que se produzca una evoluci�n anormal de los vol�menes contratados o de los precios negociados y existan indicios racionales de que tal evoluci�n se est� produciendo como consecuencia de una difusi�n prematura, parcial o distorsionada de la operaci�n, difundir de inmediato, un hecho relevante que informe, de forma clara y precisa, del estado en que se encuentra la operaci�n en curso o que contenga un avance de la informaci�n a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 82.4 de esta Ley.

2. Los emisores de valores est�n obligados a someter la realizaci�n de operaciones sobre sus propias acciones o instrumentos financieros a ellos referenciados a medidas que eviten que las decisiones de inversi�n o desinversi�n puedan verse afectadas por el conocimiento de informaci�n privilegiada.

3. Los emisores tienen igualmente la obligaci�n de someter a los miembros de su �rgano de administraci�n, a los directivos tal y como �stos se definan reglamentariamente, y al personal integrado en las �reas relacionadas con las actividades del mercado de valores a medidas que impidan el uso de informaci�n privilegiada sobre los valores e instrumentos financieros emitidos por la propia entidad u otras de su grupo.

4. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, podr�n establecer medidas con car�cter obligatorio en desarrollo de este art�culo. En especial determinar�n la forma y plazos en que los administradores y directivos, y aquellas personas que tengan un v�nculo estrecho con ellos, deben informar a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y al p�blico en general sobre las adquisiciones de valores e instrumentos financieros, emitidos por la entidad en la que desempe�an tales cargos o referenciados a �stos.�

S�ptimo. Se introduce un nuevo apartado 8 en el art�culo 84 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, con la siguiente redacci�n:

�8. Respecto a lo establecido en los art�culos 81, 82 y 83 ter, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut�nomas, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ser� competente no s�lo de los actos llevados a cabo en territorio espa�ol o fuera de �l que se refieran a valores negociables o instrumentos financieros admitidos a negociaci�n en un mercado regulado situado en territorio espa�ol o para los que se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en dicho territorio, sino tambi�n respecto de los actos llevados a cabo en territorio espa�ol en relaci�n con valores negociables e instrumentos financieros admitidos a negociaci�n en un mercado regulado en un Estado miembro de la Uni�n Europea o para los que se haya cursado una solicitud de admisi�n a negociaci�n en un mercado situado en alg�n Estado miembro de la Uni�n.�

Octavo. Se modifica el art�culo 89 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener la redacci�n siguiente:

Con las salvedades previstas en el art�culo siguiente, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� ordenar a los emisores de valores y a cualquier entidad relacionada con los mercados de valores que procedan a poner en conocimiento inmediato del p�blico hechos o informaciones relevantes que puedan afectar a la negociaci�n de los mismos, pudiendo, en su defecto, hacerlo ella misma.�

Noveno. Se da nueva redacci�n a los p�rrafos �) y o) del art�culo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasan a ser:

• ��) El incumplimiento, por parte de los emisores de valores, de la obligaci�n establecida en el art�culo 82 cuando de ello se derive un perjuicio grave para el mercado, el incumplimiento de los requerimientos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores formulados en virtud del art�culo 89, as� como el suministro a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores de datos inexactos o no veraces, o la aportaci�n a la misma de informaci�n enga�osa o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes.
• o) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art�culo 81.2 de la presente Ley, cuando el volumen de los recursos, de los valores o de los instrumentos financieros utilizados en la comisi�n de la infracci�n sea relevante o el infractor haya tenido conocimiento de la informaci�n por su condici�n de miembro de los �rganos de administraci�n, direcci�n o control del emisor, por el ejercicio de su profesi�n, trabajo o funciones o figure o debiera haber figurado en los registros a los que se refieren los art�culos 83 y 83 bis de esta Ley.�

D�cimo. Se da la siguiente redacci�n al p�rrafo x) del art�culo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

• �x) El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 81 de esta Ley cuando no constituya infracci�n muy grave.�

Art�culo 39 Manipulaci�n de cotizaciones

Primero. Se a�ade un art�culo 83 ter en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

1. Toda persona o entidad que act�e o se relacione en el mercado de valores debe abstenerse de la preparaci�n o realizaci�n de pr�cticas que falseen la libre formaci�n de los precios. Como tales se entender�n las siguientes:

• a) Las operaciones u �rdenes:

  Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o enga�osos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores negociables o instrumentos financieros.

  Que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que act�en de manera concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o artificial, a menos que la persona que hubiese efectuado las operaciones o emitido las �rdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que �stas se ajustan a las pr�cticas de mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate.

• b) Operaciones u �rdenes que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de enga�o o maquinaci�n.
• c) Difusi�n de informaci�n a trav�s de los medios de comunicaci�n, incluido internet, o a trav�s de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o enga�osos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propagaci�n de rumores y noticias falsas o enga�osas, cuando la persona que las divulg� supiera o hubiera debido saber que la informaci�n era falsa o enga�osa. Con respecto a los periodistas que act�en a t�tulo profesional dicha divulgaci�n de informaci�n se evaluar� teniendo en cuenta las normas que rigen su profesi�n, a menos que dichas personas obtengan directa o indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusi�n de informaci�n.

2. No obstante, no se considerar�n incluidas en el apartado anterior las operaciones u �rdenes a que se refiere el art�culo 81.3 y en general las efectuadas de conformidad con la normativa aplicable.

3. Se faculta al Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, para desarrollar, respecto a la prohibici�n establecida en este art�culo, una relaci�n y descripci�n no exhaustiva de las pr�cticas concretas contrarias a la libre formaci�n de los precios.�

Segundo. Se da la siguiente redacci�n al p�rrafo i) del art�culo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

• �i) El incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 83 ter de la presente Ley, cuando produzca una alteraci�n significativa de la cotizaci�n.�

Tercero. Se modifica la redacci�n del p�rrafo w) del art�culo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a ser la siguiente:

• �w) El incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 83 ter de la presente Ley, cuando no constituya infracci�n muy grave conforme a lo dispuesto en el art�culo anterior.�

Art�culo 40 Potestades de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores para la protecci�n de los inversores

Se da nueva redacci�n al apartado 7 del art�culo 64 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

�7. Las personas o entidades que incumplan lo previsto en los dos apartados anteriores ser�n sancionadas seg�n lo previsto en el T�tulo VIII de esta Ley. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilizaci�n de las denominaciones o en la oferta o realizaci�n de las actividades, continuaran utiliz�ndolas o realiz�ndolas ser�n sancionadas con multas coercitivas por importe de hasta trescientos mil euros, que podr�n ser reiteradas con ocasi�n de posteriores requerimientos.

Ser� competente para la formulaci�n de los requerimientos y para la imposici�n de las multas a que se refiere el p�rrafo anterior, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores que tambi�n podr� hacer advertencias p�blicas respecto a la existencia de esta conducta. Los requerimientos se formular�n previa audiencia de la persona o entidad interesada y las multas se impondr�n con arreglo al procedimiento previsto en la Ley.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las dem�s responsabilidades, incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.�

Art�culo 41 Modificaci�n del r�gimen jur�dico de las instituciones de inversi�n colectiva

Primero. Se modifican el primer p�rrafo del apartado 1 y el apartado 2 del art�culo 8 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, que pasan a tener la siguiente redacci�n:

�1. Toda instituci�n de inversi�n colectiva, para dar comienzo a su actividad, deber� obtener la previa autorizaci�n del proyecto de constituci�n por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, constituirse como sociedad an�nima o fondo de inversi�n, seg�n proceda, e inscribirse en el Registro de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores que corresponda a la Instituci�n.�

�2. En el Registro Mercantil se inscribir�n, conforme al C�digo de Comercio, las escrituras de constituci�n de sociedades mercantiles que tengan condici�n de instituci�n de inversi�n colectiva o desempe�en funciones de gestores o depositarios. La inscripci�n en el Registro Mercantil de las escrituras de constituci�n de fondos, ser� potestativa.�

Segundo. Se modifica el primer p�rrafo del apartado 3 del art�culo 8 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�3. Los gestores de las instituciones de inversi�n colectiva adquirir�n el car�cter de tales mediante la autorizaci�n previa del Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Los depositarios de las instituciones de inversi�n colectiva adquirir�n el car�cter de tales mediante la autorizaci�n previa de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. En ambos casos se requiere la posterior inscripci�n en el correspondiente registro administrativo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Esta inscripci�n se realizar� conforme a lo que disponga el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.�

Tercero. Se modifica el p�rrafo primero del apartado 3 del art�culo 17 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�La sociedad gestora y el depositario podr�n ser autorizados antes de la constituci�n del fondo y en la forma que reglamentariamente se determine, para llevar a cabo una suscripci�n p�blica de participaciones.�

Cuarto. Se modifica el apartado segundo del art�culo 23 bis de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversi�n Colectiva, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Podr�n fusionarse fondos de inversi�n ya sea mediante la absorci�n por un fondo ya existente, ya sea mediante la extinci�n de cada uno de ellos y la transmisi�n en bloque del patrimonio a un nuevo fondo.

La iniciaci�n del procedimiento requerir� el previo acuerdo de la sociedad gestora y del depositario de los fondos que vayan a fusionarse, que, junto con el proyecto de fusi�n, se presentar� ante la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores para su autorizaci�n. La autorizaci�n del proceso de fusi�n tendr� la consideraci�n de hecho relevante y deber� ser objeto de publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado" y en dos peri�dicos de �mbito nacional; asimismo, la autorizaci�n deber� ser objeto de comunicaci�n a los part�cipes de todos los fondos afectados, junto con el proyecto de fusi�n, en los diez d�as siguientes a su notificaci�n, quienes podr�n, en el plazo de un mes, optar por el reembolso de sus participaciones sin comisi�n o descuento de reembolso ni gasto bancario alguno, al valor liquidativo del d�a en que finalice dicho plazo determinado conforme el art�culo 20.2.

Transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de los anuncios o desde la remisi�n de la notificaci�n individualizada, si �sta fuera posterior, la sociedad gestora y el depositario de los fondos ejecutar�n la fusi�n mediante el otorgamiento de la escritura p�blica y su inscripci�n en los Registros que proceda. La ecuaci�n de canje se determinar� sobre la base de los valores liquidativos y n�mero de participaciones en circulaci�n al cierre del d�a anterior al del otorgamiento de la escritura. Los estados financieros que se incorporen a �sta podr�n ser aprobados por persona debidamente facultada de la sociedad gestora y del depositario.

Reglamentariamente se desarrollar� el contenido m�nimo del proyecto de fusi�n de fondos.�

Quinto. Se a�ade el siguiente inciso final al art�culo 27.3, p�rrafo primero, de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva:

�...siempre que ostenten la condici�n de entidad participante en los sistemas de compensaci�n, liquidaci�n y registro en los diferentes mercados espa�oles.�

Sexto. Se a�ade el siguiente inciso final al �ltimo p�rrafo del art�culo 27.3 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversi�n Colectiva:

�.... y las exigencias que deben satisfacer las entidades que realicen el dep�sito de valores extranjeros de las instituciones de inversi�n colectiva.�

S�ptimo. Se introduce un segundo p�rrafo en el apartado 2 del art�culo 28 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, que tendr� la siguiente redacci�n:

�Declarada judicialmente la quiebra o admitida a tr�mite la solicitud de suspensi�n de pagos de una entidad depositaria de valores de cualquier instituci�n de inversi�n colectiva, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� disponer de forma inmediata y sin coste para la instituci�n, el traslado de los valores extranjeros, incluso los depositados en terceras entidades a nombre del depositario por cuenta de las instituciones de inversi�n colectiva que administre, a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. A estos efectos, tanto el juez competente como los �rganos del procedimiento concursal, facilitar�n el acceso de la entidad a la que vayan a traspasarle los valores a la documentaci�n y registros contables e inform�ticos necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedir� que se haga llegar a la instituci�n titular de los valores el efectivo procedente del ejercicio de sus derechos econ�micos o de su venta.�

Art�culo 42 Extensi�n de los requisitos de honorabilidad empresarial y profesional de los administradores y directores generales y asimilados de empresas de servicios de inversi�n a sus apoderados con facultades generales de representaci�n

Primero. Se incorpora un nuevo p�rrafo i) en el apartado 1 del art�culo 70 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener el siguiente contenido:

• �i) Que todos los miembros de su Consejo de Administraci�n y directores generales y asimilados tengan una reconocida honorabilidad empresarial y profesional. Respecto de los apoderados que no restrinjan el �mbito de su representaci�n a �reas o materias espec�ficas o ajenas a la actividad que constituye el objeto de las empresas de servicios de inversi�n, los Consejeros comprobar�n, con anterioridad al otorgamiento del poder, la concurrencia del requisito de la honorabilidad empresarial y profesional en el apoderado y revocar�n los poderes otorgados cuando desaparezca este requisito.�

Segundo. Se crea un p�rrafo g) bis en el art�culo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener el siguiente contenido:

• �g) bis La inobservancia de lo dispuesto en el p�rrafo i) del apartado 1 del art�culo 70 de esta Ley.�

Tercero. Se introduce un �ltimo p�rrafo en el art�culo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que pasa a tener el siguiente contenido:

�La comisi�n de la infracci�n prevista en el p�rrafo g) bis del art�culo 100 llevar�, en todo caso, aparejada la cancelaci�n de la inscripci�n del representante o apoderado en los registros de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

Art�culo 43 Modificaci�n del r�gimen sancionador de las entidades de cr�dito y de otros aspectos relativos a estas entidades

Primero. Se modifica la redacci�n del p�rrafo introductorio del p�rrafo a) del art�culo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, que pasar� a ser el siguiente:

• �a) La realizaci�n de los actos que a continuaci�n se relacionan, sin autorizaci�n cuando �sta sea preceptiva, sin observar las condiciones b�sicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular: (...):�

Segundo. Se modifica la redacci�n del p�rrafo a) del art�culo 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y se introducen en el mismo los p�rrafos s) y t):

• �a) La realizaci�n de actos u operaciones sin autorizaci�n cuando �sta sea preceptiva, sin observar las condiciones b�sicas de la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, salvo en los casos en que ello suponga la comisi�n de una infracci�n muy grave de acuerdo con lo previsto en el art�culo anterior.�

• �s) La transmisi�n o disminuci�n de una participaci�n significativa incumpliendo lo previsto en el T�tulo VI de esta Ley.�

• �t) La efectiva administraci�n o direcci�n de las entidades de cr�dito por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un cargo de dicha naturaleza.�

Tercero. Se modifica el art�culo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

Por la comisi�n de infracciones muy graves ser� impuesta a la entidad de cr�dito infractora, una o m�s de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de hasta el 1 por 100 de sus recursos propios o hasta 300.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
• b) Revocaci�n de la autorizaci�n de la entidad. En el caso de sucursales de entidades de cr�dito autorizadas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea, la sanci�n de revocaci�n de la autorizaci�n se entender� sustituida por la prohibici�n de que inicie nuevas operaciones en territorio espa�ol.
• c) Amonestaci�n p�blica con publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado".�

Cuarto. Se modifica el art�culo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, que pasa a ser:

Por la comisi�n de infracciones graves se impondr� a la entidad de cr�dito una o m�s de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios, o hasta 150.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
• b) Amonestaci�n p�blica con publicaci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado".�

Quinto. Se da nueva redacci�n al p�rrafo b) del art�culo 11 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, que queda como sigue:

• �b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.�

Sexto. Se modifica la redacci�n del primer p�rrafo del apartado 1 del art�culo 12 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y de los p�rrafos a) y d) del mismo, que pasan a ser los siguientes:

�Con independencia de la sanci�n que corresponda imponer a la entidad de cr�dito infractora por la comisi�n de infracciones muy graves, podr�n imponerse las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administraci�n, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracci�n:

• a) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 150.000 euros.�

• �d) Inhabilitaci�n para ejercer cargos de administraci�n o direcci�n en cualquier entidad de cr�dito o del sector financiero, con separaci�n, en su caso, del cargo de administraci�n o direcci�n que ocupe el infractor en una entidad de cr�dito, por plazo no superior a diez a�os.�

S�ptimo. Se modifica la redacci�n del primer p�rrafo del apartado 1 del art�culo 13 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y de los p�rrafos c) y d) del mismo, que pasan a ser los siguientes:

�Con independencia de la sanci�n que corresponda imponer a la entidad de cr�dito infractora por la comisi�n de infracciones graves, podr�n imponerse las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administraci�n, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracci�n:�

• �c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 90.000 euros.�

• �d) Inhabilitaci�n para ejercer cargos de administraci�n o direcci�n en cualquier entidad de cr�dito o del sector financiero, con separaci�n, en su caso, del cargo de administraci�n o direcci�n que ocupe el infractor en una entidad de cr�dito, por plazo no superior a un a�o.�

Octavo. Se da nueva redacci�n al apartado 1, del art�culo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.

�1. Las personas o entidades que infrinjan lo dispuesto en el art�culo anterior, ser�n sancionadas con multa por importe de hasta 150.000 euros. Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilizaci�n de las denominaciones o en la realizaci�n de las actividades, continuaran utiliz�ndolas o realiz�ndolas ser�n sancionadas con multa por importe de hasta 300.000 euros, que podr� ser reiterada con ocasi�n de posteriores requerimientos.�

Noveno. Se introduce un nuevo apartado, que ser� el 6, en el art�culo 43 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con la siguiente redacci�n:

�6. La autorizaci�n concedida de acuerdo con lo previsto en este art�culo caducar� si no se da comienzo a las actividades autorizadas dentro de los doce meses siguientes a la fecha de notificaci�n de la autorizaci�n, por causa imputable al interesado.�

D�cimo. Se da la siguiente redacci�n al p�rrafo c) del art�culo 45 de la Ley de Ordenaci�n Bancaria, de 31 de diciembre de 1946:

• �c) Para los acuerdos de fusi�n, absorci�n, o escisi�n, as� como la cesi�n global de activos o pasivos en los que intervenga una firma bancaria.�

Art�culo 44 Actualizaci�n de sanciones por la comisi�n de infracciones en materia de seguros

...

Art�culo 45 Actualizaci�n de sanciones por la comisi�n de infracciones en materia de valores

Primero. Se modifican los art�culos siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

• Uno. Se intercala un segundo p�rrafo a continuaci�n del p�rrafo e) del art�culo 103, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

  �Las sanciones por infracciones graves ser�n publicadas en el "Bolet�n Oficial del Estado" una vez sean firmes en la v�a administrativa.�

  
• Dos. Se intercala un segundo p�rrafo a continuaci�n del p�rrafo d) del art�culo 105, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

  �En todo caso, las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en el p�rrafo primero ser�n publicadas en el "Bolet�n Oficial del Estado" una vez sean firmes en la v�a administrativa.�

  
• Tres. Se adiciona un segundo p�rrafo a continuaci�n del p�rrafo c) del art�culo 106, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

  �En todo caso, las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en el p�rrafo primero ser�n publicadas en el "Bolet�n Oficial del Estado" una vez sean firmes en la v�a administrativa.�

  

Segundo. Se a�ade un p�rrafo k) al art�culo 92 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

• �k) Un registro en el que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art�culo 98, se har�n constar las sanciones impuestas en los �ltimos cinco a�os por la comisi�n de infracciones graves y muy graves a las personas f�sicas y jur�dicas sujetas al �mbito de supervisi�n, inspecci�n y sanci�n previsto en el T�tulo VIII.�

Art�culo 46 Organizaci�n y funciones de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores

Uno. El art�culo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado de la siguiente forma:

1. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores es un ente de derecho p�blico, con personalidad jur�dica propia y plena capacidad p�blica y privada, que se regir� por lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones que la completan o desarrollan.

2. En el ejercicio de sus funciones p�blicas, y en defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la completen o desarrollen, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores actuar� con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.

3. Los contratos que celebre la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores se ajustar�n a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

4. La Comisi�n se regir� asimismo por aquellas disposiciones que le sean de aplicaci�n del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/ 1998, de 23 de septiembre.

5. Las adquisiciones patrimoniales de la Comisi�n estar�n sujetas, sin excepci�n alguna, al derecho privado.

6. El Gobierno y el Ministerio de Econom�a ejercer�n respecto de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores las facultades que les atribuye esta Ley, con estricto respeto a su �mbito de autonom�a.

7. El personal que preste servicio en la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores estar� vinculado a la misma por una relaci�n sujeta a las normas del derecho laboral. La selecci�n de este personal, con excepci�n de aquel que tenga car�cter directivo, se realizar� mediante convocatoria p�blica y de acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad, m�rito y capacidad.

El personal de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores estar� sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P�blicas. Asimismo, estar� obligado a notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de r�gimen interior de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, las operaciones que realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o mediante persona interpuesta. Esta misma disposici�n determinar� las limitaciones a las que quedar� sujeto este personal respecto a la adquisici�n, venta o disponibilidad de tales valores.

8. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores elaborar� anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura que se�ale el Ministerio de Hacienda, y lo remitir� a �ste para su elevaci�n al Acuerdo del Gobierno y posterior remisi�n a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el presupuesto de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ser�n autorizadas por el Ministro de Hacienda, cuando su importe no exceda de un 5 por 100 del mismo, y por el Gobierno, en los dem�s casos.

9. El control econ�mico y financiero de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores se llevar� a cabo exclusivamente mediante comprobaciones peri�dicas o procedimientos de auditor�a, a cargo de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas.

10. El Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores aprobar� el Reglamento de r�gimen interior en el que se establecer� la estructura org�nica de la Comisi�n; la distribuci�n de competencias entre los distintos �rganos; los procedimientos internos de funcionamiento; el r�gimen espec�fico aplicable al personal cuando deja de prestar servicios en ella, sin perjuicio, en este caso de lo dispuesto en el apartado 7, p�rrafo segundo, del presente art�culo y en el art�culo 21 de esta Ley en cuanto a los reg�menes de incompatibilidades, los procedimientos de ingreso del personal, con arreglo a los principios se�alados en el apartado 7 del presente art�culo, as� como cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y r�gimen de actuaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley.�

Dos. Se da una nueva redacci�n al art�culo 18 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, con el siguiente contenido:

1. En el marco de las funciones atribuidas a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores por el art�culo 13 de esta Ley y para el ejercicio de las competencias conferidas al Consejo por el art�culo 17, el Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tendr� las siguientes facultades:

• a) Aprobar las Circulares a que se refiere el art�culo 15 de esta Ley.
• b) Aprobar el Reglamento de r�gimen interior de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores a que se refiere el art�culo 14 de esta Ley.
• c) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la Comisi�n.
• d) Constituir el Comit� Ejecutivo, regulado en el presente art�culo.
• e) Nombrar a los cargos directivos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, a propuesta de su Presidente.
• f) Aprobar los informes anuales a que se refiere el art�culo 13 de esta Ley.
• g) Aprobar o proponer todos aquellos asuntos que legalmente le corresponden.

En el plazo de tres meses a partir de la toma de posesi�n de cualquier miembro del Consejo, �ste deber� proceder, en sesi�n extraordinaria, a confirmar, modificar o revocar, de forma expresa, todas y cada una de sus delegaciones de facultades en el Presidente y en el Vicepresidente o en el Comit� Ejecutivo.

2. El Presidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ejercer� las siguientes funciones:

• a) Ostentar la representaci�n legal de la Comisi�n.
• b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y del Comit� Ejecutivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• c) Dirigir y coordinar las actividades de todos los �rganos directivos de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• d) Disponer los gastos y ordenar los pagos de la Comisi�n.
• e) Celebrar los contratos y convenios de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• f) Desempe�ar la jefatura superior de todo el personal de la Comisi�n.
• g) Ejercer las facultades que el Consejo le delegue de forma expresa.
• h) Ejercer las dem�s funciones que le atribuye el ordenamiento jur�dico vigente.

3. El Vicepresidente de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores tendr� las siguientes atribuciones:

• a) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
• b) Presidir el Comit� Consultivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores a que se refiere el art�culo 22 de la presente Ley.
• c) Formar parte, como Vicepresidente, del Comit� Ejecutivo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• d) Ejercer las funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Vicepresidente ser� sustituido por aquel Consejero, de los previstos en el art�culo 17.c) de esta Ley, con mayor antig�edad en el cargo y, a igualdad de antig�edad, por el de mayor edad.

4. El Comit� Ejecutivo estar� integrado por el Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros previstos en el art�culo 17 c) de la presente Ley. Ser� Secretario del Comit� Ejecutivo, con voz y sin voto, el Secretario del Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

5. Ser�n atribuciones del Comit� Ejecutivo:

• a) Preparar y estudiar los asuntos que vayan a ser sometidos al Consejo de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
• b) Estudiar, informar y deliberar sobre los asuntos que someta a su consideraci�n el Presidente.
• c) Coordinar las actuaciones de los diferentes �rganos directivos de la Comisi�n, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Presidente.
• d) Aprobar, en la esfera del derecho privado, las adquisiciones patrimoniales de la Comisi�n y disponer de sus bienes.
• e) Resolver las autorizaciones administrativas que le hayan sido atribuidas por delegaci�n del Consejo, as� como ejercer aquellas facultades que el Consejo le delegue expresamente.�

Art�culo 47 Comit� de auditor�a

Se a�ade una disposici�n adicional decimoctava a la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, con la siguiente redacci�n:

�Disposici�n adicional decimoctava Comit� de auditor�a

"Las sociedades emisoras de valores cuyas acciones u obligaciones est�n admitidas a negociaci�n en mercados secundarios oficiales de valores deber�n tener un Comit� de Auditor�a, el cual deber� tener mayor�a de consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administraci�n, debiendo elegirse su Presidente entre dichos consejeros no ejecutivos, el cual deber� ser sustituido cada cuatro a�os, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un a�o desde su cese. El n�mero de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de dicho Comit� se fijar�n estatutariamente, y deber� favorecer la independencia en su funcionamiento. Entre sus competencias estar�n, como m�nimo, las siguientes:

• 1. Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
• 2. Propuesta al Consejo de Administraci�n para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el art�culo 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
• 3. Supervisi�n de los servicios de auditor�a interna en el caso de que exista dicho �rgano dentro de la organizaci�n empresarial.
• 4. Conocimiento del proceso de informaci�n financiera y de los sistemas de control interno de la sociedad.
• 5. Relaciones con los auditores externos para recibir informaci�n sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de �stos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditor�a de cuentas, as� como aqu�llas otras comunicaciones previstas en la legislaci�n de auditor�a de cuentas y en las normas t�cnicas de auditor�a."�

Art�culo 48 Examen unificado del sistema de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas

El apartado 5 del art�culo 7 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

�5. Los ex�menes de aptitud se realizar�n mediante el sistema de convocatoria �nica, a propuesta conjunta de las corporaciones representativas de auditores de cuentas a que se refiere el art�culo 5 de la presente Ley, y subsidiariamente por el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, previa aprobaci�n por este �ltimo de la respectiva convocatoria, que se publicar� mediante Orden del Ministerio de Econom�a. La superaci�n de estos ex�menes permitir� el acceso a las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, en relaci�n con el ejercicio de la funci�n auditora, sin perjuicio de los requisitos espec�ficos que puedan exigir los estatutos de cada corporaci�n.

Reglamentariamente se establecer�n las normas para la aprobaci�n del contenido de los programas, periodicidad, composici�n del tribunal, en el que habr� de constar al menos un miembro de cada una de las corporaciones representativas de auditores de cuentas y per�odo de formaci�n pr�ctica.�

Art�culo 49 Formaci�n continuada obligatoria de los auditores de cuentas

Se incluye un nuevo apartado 4 en el art�culo 6 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, que quedar� redactado de la siguiente forma:

�4. Los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas deber�n seguir cursos de formaci�n continua, en la forma y condiciones que se establezca reglamentariamente�.

Art�culo 50 Modificaci�n del art�culo 7 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas

Los apartados 6 y 8 del art�culo 7 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, quedar�n redactados en los siguientes t�rminos:

�6. Podr�n ser inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas quienes, cumpliendo los requisitos establecidos en este art�culo, a excepci�n de lo dispuesto en el p�rrafo a) del apartado 2, hayan cursado los estudios u obtenido los t�tulos que faculten para el ingreso en la universidad y adquirido la formaci�n pr�ctica se�alada en el apartado 3 anterior, con un per�odo m�nimo de ocho a�os, en trabajos realizados en el �mbito financiero y contable, especialmente referidos al control de cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros an�logos, de los cuales al menos cinco a�os hayan sido realizados con persona habilitada para la auditor�a de cuentas y en el ejercicio de esta actividad.�

�8. Podr�n inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los funcionarios pertenecientes a Cuerpos cuya formaci�n y funciones se hallen relacionados con la auditor�a de cuentas del sector p�blico, o que examinen o valoren la situaci�n financiera y patrimonial y la actuaci�n de las entidades financieras o de compa��as aseguradoras, cuando cumplieran los requisitos para la inscripci�n en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas establecidos en el art�culo 7 de la presente Ley.

El requisito relativo al seguimiento de programas de ense�anza te�rica y el correspondiente a la superaci�n del examen de aptitud profesional, establecidos en los p�rrafos b) y c) del apartado 2 del art�culo 7 de esta Ley, se entender�n cumplidos mediante la superaci�n de la oposici�n o de las pruebas establecidas para el ingreso en el correspondiente Cuerpo.

Se entender� asimismo cumplido el requisito de la formaci�n pr�ctica establecido en el p�rrafo b) del apartado 2 del art�culo 7 de esta Ley, mediante el desempe�o efectivo de trabajos correspondientes a la auditor�a de cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros an�logos del sector p�blico, de entidades financieras o de compa��as aseguradoras, durante un periodo m�nimo de tres a�os, certificado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.�

Art�culo 51 Introducci�n de nuevas incompatibilidades para los auditores de cuentas y de medidas para su rotaci�n

Los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del art�culo 8 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, quedar�n redactados como sigue:

�Art�culo 8

1. Los auditores de cuentas deber�n ser y parecer independientes, en el ejercicio de su funci�n, de las empresas o entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su objetividad en relaci�n con la verificaci�n de los documentos contables correspondientes pudiera verse comprometida.

2. El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas es el organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento del deber de independencia, as� como de valorar en cada trabajo concreto la posible falta de independencia de un auditor de cuentas o sociedad de auditor�a.

En cualquier caso, se considerar� que el auditor no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o entidad, adem�s de en los supuestos de incompatibilidad que prevean otras leyes, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) La ostentaci�n por el auditor de cuentas de cargos directivos, de administraci�n, de empleo o de supervisi�n interna en la entidad auditada o en una entidad vinculada directa o indirectamente con aqu�lla, en la forma y condiciones que se desarrollen reglamentariamente.

  En todo caso quedar� comprendido en el p�rrafo anterior, la ostentaci�n de aquellos cargos en una entidad que posea directa o indirectamente m�s del 20 por ciento de los derechos de voto de la entidad auditada, o en las que la entidad auditada posea directa o indirectamente m�s del 20 por ciento de los derechos de voto.

• b) Tener inter�s financiero directo en la entidad auditada, o indirecto si es significativo para cualquiera de las partes.
• c) La existencia de v�nculos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con los empresarios, los administradores y los responsables del �rea econ�mica-financiera de las empresas o entidades auditadas.
• d) La llevanza material o preparaci�n de los documentos contables o estados financieros de la entidad auditada.
• e) La prestaci�n a un cliente de auditor�a de servicios de dise�o y puesta en pr�ctica de sistemas de tecnolog�a de la informaci�n financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los estados financieros de dicho cliente, salvo que el cliente asuma la responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las especificaciones establecidas por el cliente, el cual debe asumir tambi�n la responsabilidad del dise�o, ejecuci�n, evaluaci�n y funcionamiento del sistema.
• f) La prestaci�n al cliente de auditor�a de servicios de valoraci�n que conduzcan a la evaluaci�n de cantidades significativas en los estados financieros de dicho cliente, siempre que el trabajo de valoraci�n conlleve un grado significativo de subjetividad.
• g) La prestaci�n de servicios de auditor�a interna al cliente, salvo que el �rgano de gesti�n de la empresa o entidad auditada sea responsable del sistema global de control interno, de la determinaci�n del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditor�a interna, de la consideraci�n y ejecuci�n de los resultados y recomendaciones proporcionados por la auditor�a interna.
• h) El mantenimiento de relaciones empresariales con el cliente de auditor�a, a menos que la relaci�n se ajuste a la actividad empresarial normal, y no sea significativo para el auditor de cuentas o persona con capacidad para influir en el resultado de la auditor�a, ni para la entidad auditada.
• i) La prestaci�n de servicios de abogac�a simult�neamente para el mismo cliente o para qui�nes lo hubiesen sido en los tres a�os precedentes, salvo que dichos servicios se presten por personas jur�dicas distintas y con Consejos de Administraci�n diferentes.
• j) La participaci�n en la contrataci�n de altos directivos o personal clave para el cliente de auditor�a, cuando se trate de entidades sujetas a supervisi�n p�blica o de entidades emisoras de valores admitidos a cotizaci�n en un mercado secundario oficial.
• k) La prestaci�n por el socio firmante del informe de servicios distintos del de auditor�a a la entidad auditada.
• l) La percepci�n de honorarios derivados de la prestaci�n de servicios de auditor�a y distintos del de auditor�a a un solo cliente, siempre que �stos constituyan un porcentaje indebidamente elevado del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas, considerando la media de los �ltimos cinco a�os.

3.

• a) A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 anterior, el per�odo de c�mputo para las incompatibilidades comprender� desde el ejercicio en que se realizan los trabajos hasta el tercer a�o anterior al ejercicio al que se refieran los estados contables auditados.

  No obstante el p�rrafo anterior, en el supuesto de que se trate de incompatibilidades derivadas del p�rrafo b) del apartado 2 anterior, deber� resolverse la situaci�n de incompatibilidad con anterioridad a la aceptaci�n del nombramiento como auditor.

• b) Durante los tres a�os siguientes al cese en sus funciones, los auditores de cuentas no podr�n formar parte de los �rganos de administraci�n o de direcci�n de la empresa o entidad auditada, ni ocupar puesto de trabajo en la misma, ni tampoco podr�n tener inter�s financiero directo en la entidad auditada, o indirecto si es significativo para cualquiera de las partes.

4. Los auditores ser�n contratados por un per�odo de tiempo determinado inicial que no podr� ser inferior a tres a�os ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados anualmente una vez haya finalizado el per�odo inicial.

Trat�ndose de entidades sometidas a supervisi�n p�blica, de sociedades cuyos valores est�n admitidos a negociaci�n en mercados secundarios oficiales de valores, o de sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 30.000.000 de euros, una vez transcurridos siete a�os desde el contrato inicial, ser� obligatoria la rotaci�n del auditor de cuentas responsable del trabajo y de la totalidad de los miembros del equipo de auditor�a, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres a�os para que dichas personas puedan volver a auditar a la entidad correspondiente. Dicho plazo se entender� cumplido en cualquier caso cuando, a su t�rmino, la entidad auditada se hallase sometida a supervisi�n p�blica o sus valores se encontrasen admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial, o su importe neto de la cifra de negocios fuese superior a 30.000.000 de euros, con independencia de que, durante el transcurso del referido plazo, la entidad objeto de auditor�a de cuentas, o los valores emitidos por �sta, no hubiesen cumplido durante alg�n per�odo de tiempo alguna de las circunstancias mencionadas en este p�rrafo.

No obstante, cuando las auditor�as de cuentas no fueran obligatorias, no ser�n de aplicaci�n las limitaciones establecidas en los p�rrafos anteriores.

5. A los efectos de este art�culo:

• a) Las menciones a la empresa o entidad o al cliente de auditor�a se extender�n a aquellas otras con las que est� vinculada directa o indirectamente.
• b) Las menciones a los auditores de cuentas se extender�n en su caso, a los c�nyuges de los mismos y a los auditores de cuentas o sociedades de auditor�a con los que tuvieran cualquier vinculaci�n directa o indirecta, as� como a las personas con capacidad para influir en el resultado final de la auditor�a de cuentas, incluyendo las personas que forman la cadena de mando.�

Art�culo 52

Se modifican los apartados 1 y 2 del art�culo 11 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas:

�1. Los auditores de cuentas responder�n por los da�os y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones seg�n las reglas generales del derecho privado con las particularidades establecidas en el presente art�culo.

2. Cuando la auditor�a de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a una sociedad de auditor�a, responder�n solidariamente tanto el auditor que haya firmado el informe de auditor�a como la sociedad.�

Art�culo 53 Reforma del r�gimen sancionador en materia de auditor�a de cuentas

Primero. El art�culo 14 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditor�a de cuentas conservar�n y custodiar�n durante el plazo de cinco a�os, a contar desde la fecha del informe de auditor�a, la documentaci�n referente a cada auditor�a de cuentas por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe.

2. Sin perjuicio de lo que se establezca en las cl�usulas del contrato de auditor�a podr�n, en todo caso, acceder a la documentaci�n referente a cada auditor�a de cuentas, quedando sujetos a la obligaci�n establecida en el art�culo anterior:

• a) El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, en el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas de control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditor�a de cuentas.
• b) Quienes resulten designados por resoluci�n judicial.
• c) Quienes est�n autorizados por ley.
• d) El Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, exclusivamente a los efectos del ejercicio de las competencias relativas a las entidades sujetas a su supervisi�n y control, en casos especialmente graves, de acuerdo con lo establecido en la disposici�n final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, as� como el Tribunal de Cuentas, y siempre que no hubieran podido obtener de tales entidades la documentaci�n concreta a la que precisen acceder. Dichos �rganos y organismos podr�n requerir del auditor la informaci�n de que dispone sobre un asunto concreto, en relaci�n con la auditor�a de cuentas de la entidad auditada y con la aclaraci�n, en su caso, del contenido de los papeles de trabajo.
• e) Las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, a los exclusivos efectos del ejercicio del control de la calidad de los trabajos de auditor�a de cuentas de sus miembros�.

Segundo. El art�culo 16 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Las infracciones cometidas por los auditores de cuentas y las sociedades de auditor�a de cuentas en el ejercicio de sus funciones se clasificar�n en muy graves, graves y leves.

2. Se considerar�n infracciones muy graves:

• a) La emisi�n de informes de auditor�a de cuentas cuya opini�n no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable.
• b) El incumplimiento de lo dispuesto en los art�culos 8. 1 y 8.2 de la presente Ley, en relaci�n con el deber de independencia de los auditores de cuentas.
• c) La negativa o resistencia al ejercicio de las competencias de control o disciplina del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas o la no remisi�n a dicho Organismo de cuanta informaci�n o documentos sean requeridos en el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas de control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditor�a de cuentas, de conformidad con lo establecido en el art�culo 22 de la presente Ley.
• d) El incumplimiento del deber de secreto establecido en el art�culo 13 de esta Ley.
• e) La utilizaci�n en beneficio propio o ajeno de la informaci�n obtenida en el ejercicio de sus funciones.

3. Se considerar�n infracciones graves:

• a) El incumplimiento de la obligaci�n de realizar una auditor�a de cuentas obligatoria, contratada en firme.
• b) El incumplimiento de las normas de auditor�a que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe.
• c) El incumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 8.3.b) o en el 8.4 de la presente Ley.
• d) La no remisi�n al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas de aquellas informaciones, de car�cter peri�dico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando haya mediado un requerimiento para ello.
• e) La aceptaci�n de trabajos de auditor�a de cuentas que superen la capacidad anual medida en horas del auditor de cuentas, de acuerdo con lo establecido en las normas t�cnicas de auditor�a de cuentas.
• f) El incumplimiento de lo establecido en la disposici�n final primera de la presente Ley.
• g) Identificarse como auditor de cuentas en un trabajo distinto a los que se regulan en el art�culo 1 de esta Ley, o distinto a aquellos que, no teniendo la naturaleza de auditor�a de cuentas, est�n atribuidos por ley a auditores de cuentas.
• h) Realizar trabajos de auditor�a de cuentas sin estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4. Se considerar�n infracciones leves:

• a) Cualesquiera acciones y omisiones que supongan incumplimiento de las normas de auditor�a y que no est�n incluidas en los apartados anteriores.
• b) La no remisi�n al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas de aquellas informaciones, de car�cter peri�dico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, dentro de los plazos establecidos para ello.
• c) El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la formaci�n continuada, establecidas en el art�culo 6.4 de la presente Ley.�

Tercero. El art�culo 17 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Por la comisi�n de infracciones muy graves se impondr� al infractor, cuando se trate de un auditor de cuentas individual, una de las siguientes sanciones:

• a) Baja temporal por plazo de dos a�os y un d�a a cinco a�os en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
• b) Baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
• c) Multa por importe m�nimo de 12.001 euros y m�ximo de 24.000 euros.

2. Por la comisi�n de infracciones graves se impondr� al infractor, cuando se trate de un auditor de cuentas individual, una de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de dos a cinco veces la cantidad facturada por el trabajo de auditor�a en el que se haya cometido la infracci�n, sin que pudiera, en ning�n caso, ser inferior a 6.001 euros, ni superior a 12.000 euros.

  Cuando la infracci�n no se haya cometido en relaci�n con un concreto trabajo de auditor�a, se impondr� al auditor una sanci�n de multa de un importe m�nimo de 6.001 euros y m�ximo de 12.000 euros.

• b) Baja temporal por plazo de hasta dos a�os en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

3. Por la comisi�n de infracciones leves se impondr� al infractor, cuando �ste sea un auditor de cuentas individual, una de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe de hasta 6.000 euros.
• b) Amonestaci�n privada.

4. Por la comisi�n de infracciones muy graves se impondr� a la sociedad de auditor�a infractora una de las siguientes sanciones:

• a) Multa por un importe entre el 10,1 y el 20 por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditor�a de cuentas en el �ltimo ejercicio cerrado con anterioridad a la imposici�n de la sanci�n, sin que la sanci�n resultante pueda ser inferior, en ning�n caso, a la menor de las siguientes cantidades: 300.000 euros, o seis veces la cantidad facturada por el trabajo de auditor�a en relaci�n con el que se haya cometido la infracci�n.

  Cuando la infracci�n no se haya cometido en relaci�n con un concreto trabajo de auditor�a, se impondr� a la sociedad de auditor�a una sanci�n de multa de un importe entre el 10,1 y el 20 por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditor�a de cuentas en el �ltimo ejercicio cerrado con anterioridad a la imposici�n de la sanci�n, sin que la sanci�n resultante pueda ser inferior, en ning�n caso, a 18.001 euros.

• b) Baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

5. Al socio corresponsable de la infracci�n muy grave cometida por una sociedad de auditor�a se le impondr� una de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe m�nimo de 12.001 euros y m�ximo de 24.000 euros.
• b) Baja temporal por plazo de dos a�os y un d�a a cinco a�os en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
• c) Baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

6. Por la comisi�n de infracciones graves se impondr� a la sociedad de auditor�a infractora una sanci�n de multa por un importe de hasta el 10 por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditor�a de cuentas en el �ltimo ejercicio cerrado con anterioridad a la imposici�n de la sanci�n, sin que la sanci�n resultante pueda ser inferior, en ning�n caso, a la menor de las siguientes cantidades: 150.000 euros, o tres veces la cantidad facturada por el trabajo de auditor�a en relaci�n con el que se imponga la sanci�n.

Cuando la infracci�n no se haya cometido en relaci�n con un concreto trabajo de auditor�a, se impondr� al auditor una sanci�n de multa de un importe de hasta el 10 por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditor�a de cuentas en el �ltimo ejercicio cerrado con anterioridad a la imposici�n de la sanci�n, sin que la sanci�n pueda ser inferior a 6.001 euros.

7. Al socio corresponsable de la infracci�n grave cometida por una sociedad de auditor�a se le impondr� una de las siguientes sanciones:

• a) Multa por importe m�nimo de 3.001 euros y m�ximo de 12.000 euros.
• b) Baja temporal por plazo de hasta dos a�os en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

8. Por la comisi�n de infracciones leves se impondr� a la sociedad de auditor�a infractora una sanci�n de multa por importe de hasta 6.000 euros.

9. Al socio corresponsable de la infracci�n leve se le impondr� una sanci�n de amonestaci�n privada.

10. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisi�n de infracciones se determinar�n en base a los siguientes criterios:

• a) La naturaleza e importancia de la infracci�n.
• b) La gravedad del perjuicio o da�o causado o que pudiera causar.
• c) La existencia de intencionalidad.
• d) La importancia de la entidad auditada, medida en funci�n del total de las partidas de activo, de su cifra anual de negocios o del n�mero de trabajadores.
• e) Las consecuencias desfavorables para la econom�a nacional.
• f) La conducta anterior de los infractores.
• g) La circunstancia de haber procedido a realizar por iniciativa propia actuaciones dirigidas a subsanar la infracci�n o a minorar sus efectos.
• h) Tratarse de entidades sujetas a supervisi�n o control por parte de organismos p�blicos o de sociedades cuyos valores se hallen admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial.

11. Se considerar�n, en todo caso, responsables de las infracciones cometidas por las sociedades de auditor�a, el socio o socios que hayan firmado el informe, cuando la infracci�n se derive de un determinado trabajo de auditor�a.

12. Cuando la imposici�n de una sanci�n por infracci�n muy grave o grave sea consecuencia de un trabajo de auditor�a de cuentas a una determinada empresa o entidad, dicha sanci�n llevar� aparejada la incompatibilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditor�a con respecto a las cuentas anuales de la mencionada empresa o entidad correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanci�n adquiera firmeza en v�a administrativa.�

Cuarto. El art�culo 18 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Las resoluciones mediante las que se impongan cualquiera de las sanciones enumeradas en el art�culo 17, s�lo ser�n ejecutivas cuando hubieren ganado firmeza en v�a administrativa; cuando se trate de infracciones muy graves o graves se publicar� su parte dispositiva en el "Bolet�n del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas". En todos los casos, excepto las amonestaciones privadas, se inscribir�n �ntegramente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

2. En los casos de baja temporal o definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el auditor de Cuentas adoptar� las medidas necesarias para la salvaguarda de la documentaci�n referente a aquellas auditor�as de cuentas que, hubiera realizado y sepa incursas en alguna demanda de responsabilidad civil por parte de un tercero.�

Quinto. El art�culo 19 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Las infracciones leves prescribir�n al a�o, las graves a los dos a�os y las muy graves a los tres a�os de su comisi�n.

2. La prescripci�n se interrumpir� por la iniciaci�n, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciese paralizado durante m�s de seis meses por causa no imputable al auditor de cuentas o sociedad de auditor�a de cuentas sujetos al procedimiento.�

Sexto. El art�culo 20 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribir�n al a�o, las impuestas por faltas graves a los dos a�os y las impuestas por faltas muy graves a los tres a�os.

2. El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse desde el d�a siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluci�n por la que se imponga la sanci�n.�

S�ptimo. El art�culo 21 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas ejercer� la potestad sancionadora con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, en esta Ley y en los Reglamentos que las desarrollen.�

Octavo. El art�culo 22 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

1. Corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, adem�s de las funciones que legalmente tiene atribuidas, el control de la actividad de auditor�a de cuentas que ser� realizado de oficio cuando el superior inter�s p�blico lo exija a trav�s de revisiones o verificaciones de alguno de los trabajos de los auditores de cuentas, as� como el ejercicio de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a de cuentas.

Depender� del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

2. El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas podr� recabar de los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a cuantas informaciones estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las competencias que tiene encomendadas. Con el fin de obtener dichas informaciones o de confirmar su veracidad, el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas podr� realizar cuantas inspecciones considere necesarias. Las personas f�sicas y jur�dicas comprendidas en este p�rrafo quedan obligadas a poner a disposici�n del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, �sta considere precisos, incluidos los programas inform�ticos y los archivos magn�ticos, �pticos o de cualquier otra clase.

Las actuaciones de comprobaci�n e investigaci�n podr�n desarrollarse, a elecci�n del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas:

• a) En cualquier despacho, oficina o dependencia del auditor o sociedad de auditor�a.
• b) En los propios locales del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas.

Cuando las actuaciones de comprobaci�n e investigaci�n se desarrollen en los lugares se�alados en el p�rrafo a) anterior, se observar� la jornada laboral de los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de com�n acuerdo en otras horas y d�as.

3. Sin perjuicio de la competencia atribuida al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas en el apartado 1 de este art�culo, y con car�cter adicional a aqu�lla, las corporaciones representativas de los auditores de cuentas deber�n realizar el control de calidad de los trabajos de sus miembros, as� como comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas el resultado individualizado de dichos controles a final de cada a�o natural.

4. Contra las resoluciones que dicte el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas en el ejercicio de las competencias que le atribuye la presente Ley podr� interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Econom�a, cuya resoluci�n pondr� fin a la v�a administrativa.�

Noveno. Se introduce un nuevo art�culo 23 en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas, con el siguiente tenor literal:

1. Se crea la tasa por emisi�n de informes de auditor�a de cuentas, que se regir� por la presente Ley y por las dem�s fuentes normativas a que se refiere el art�culo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P�blicos, con la finalidad de cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas a que se refiere el art�culo 22.1 de la presente Ley.

2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas a que se refiere el art�culo 22.1 de la presente Ley, en relaci�n con la emisi�n de informes de auditor�a de cuentas.

3. Ser�n sujetos pasivos de esta tasa los auditores de cuentas y sociedades de auditor�a inscritos en la situaci�n de ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad de Auditor�a de Cuentas, que emitan informes de auditor�a de cuentas.

4. La cuota tributaria de esta tasa consistir� en una cantidad fija de 80 euros por cada informe de auditor�a emitido. Dicha cuant�a fija ser� de 160 euros en el caso de que los honorarios facturados por el informe de auditor�a emitido sea superior a 30.000 euros.

5. Esta tasa se devengar� el �ltimo d�a de cada trimestre natural, en relaci�n a los informes de auditor�a emitidos en cada trimestre.

6. La gesti�n y recaudaci�n en per�odo voluntario de la tasa a que se refiere el presente art�culo corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas. La recaudaci�n en v�a ejecutiva corresponde a la Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria, conforme a la legislaci�n vigente.

7. Reglamentariamente se determinar�n las normas de liquidaci�n y pago de la citada tasa, pudiendo establecerse la obligaci�n para los sujetos pasivos de autoliquidaci�n e ingreso del correspondiente importe.

8. Los ingresos derivados de la tasa a que se refiere este art�culo tendr�n la consideraci�n de ingresos presupuestarios del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, destin�ndose a financiar las partidas que correspondan a los gastos previstos para las funciones de control y disciplina de la actividad de auditor�a de cuentas.

9. Las cuant�as fijas de la tasa a que se refiere el apartado 4 del presente art�culo podr�n modificarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada a�o.�

Art�culo 54

Se a�ade un apartado 5 al art�culo 65 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente tenor literal:

�5. Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 59.3 de esta Ley respecto a las especiales categor�as de miembros de los mercados de futuros y opciones.�

Art�culo 55 Refuerzo de las normas de conducta en el mercado de valores

Se a�aden tres nuevos p�rrafos f), g), h) y un nuevo p�rrafo al apartado 1 del art�culo 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

• �f) Garantizar la igualdad de trato entre los clientes, evitando primar a unos frente a otros a la hora de distribuir las recomendaciones e informes.
• g) Abstenerse de tomar posiciones por cuenta propia en valores o instrumentos financieros sobre los que se est� realizando un an�lisis espec�fico, desde que se conozcan sus conclusiones hasta que se divulgue la recomendaci�n o informe elaborado al respecto.

  Lo establecido en el p�rrafo anterior no ser� de aplicaci�n cuando la toma de posici�n tenga su origen en compromisos o derechos adquiridos con anterioridad o en operaciones de cobertura de dichos compromisos, siempre y cuando la toma de posici�n no est� basada en el conocimiento de los resultados del informe.

• h) Dejar constancia frente a los clientes de cualquier posible conflicto de intereses en relaci�n con el asesoramiento o con el servicio de inversi�n que se preste.

  Estos principios, en cuanto sean compatibles con la actividad que desarrollan, tambi�n ser�n de aplicaci�n a las personas o entidades que realicen an�lisis de valores o instrumentos financieros.�

Art�culo 56 Revisi�n de la actividad de dep�sito y administraci�n de valores

Se a�ade un apartado 14 en el art�culo 86 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

�14. Las entidades definidas conforme a los art�culos 62 y 65 de esta Ley que realicen la actividad complementaria prevista en el p�rrafo a) del apartado 2 del art�culo 63, quedar�n obligadas a remitir semestralmente a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores un informe de revisi�n espec�fico sobre dicha actividad, realizado por un experto independiente. Dicho informe tendr� por objeto principal la comprobaci�n de los saldos y posiciones mantenidas por los clientes en la entidad. El cap�tulo del informe referido al Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones deber� ser remitido, con igual periodicidad, al Banco de Espa�a.

Se faculta al Ministro de Econom�a, a propuesta de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y previo informe del Banco de Espa�a y del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, para desarrollar la obligaci�n prevista en el p�rrafo anterior.�

Art�culo 57 Modificaci�n del art�culo 75 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

El art�culo 75 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Art�culo 75

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� suspender, con car�cter total o parcial, los efectos de la autorizaci�n concedida a una empresa de servicios de inversi�n. Cuando la suspensi�n sea parcial, afectar� a algunas actividades o al alcance con el que �stas se autorizaron.�

Art�culo 58 Modificaci�n de la disposici�n adicional segunda de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, que modific�, a su vez, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

Se adiciona un p�rrafo segundo al apartado 2 de la disposici�n adicional segunda de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con el siguiente contenido:

�La competencia para acordar la suspensi�n corresponder� a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.�

Art�culo 59 Naturaleza y objetivos de la Central de Informaci�n de Riesgos

Primero. La Central de Informaci�n de Riesgos (en adelante CIR) es un servicio p�blico que tiene por finalidad recabar de las entidades declarantes a que se refiere el apartado primero del art�culo siguiente, datos e informaciones sobre los riesgos de cr�dito, para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su actividad; permitir a las autoridades competentes para la supervisi�n prudencial de dichas entidades el adecuado ejercicio de sus competencias de supervisi�n e inspecci�n; contribuir al correcto desarrollo de las restantes funciones que el Banco de Espa�a tiene legalmente atribuidas.

Segundo. La administraci�n y gesti�n de la CIR corresponden al Banco de Espa�a. El Banco de Espa�a estar� facultado para desarrollar sus normas de funcionamiento de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

Tercero. No habr� lugar al derecho de oposici�n de los afectados al tratamiento, realizado conforme a lo previsto en la presente Ley, de sus datos de car�cter personal.

Art�culo 60 Entidades declarantes y contenido de las declaraciones

Primero. Tendr�n la consideraci�n de entidades declarantes, a los efectos de la presente Ley, las siguientes: el Banco de Espa�a, las entidades de cr�dito espa�olas, las sucursales en Espa�a de las entidades de cr�dito extranjeras, los fondos de garant�a de dep�sitos, las sociedades de garant�a rec�proca y de reafianzamiento, aquellas otras entidades que determine el Ministerio de Econom�a a propuesta del Banco de Espa�a.

Segundo. Las entidades declarantes estar�n obligadas a proporcionar a la CIR los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de cr�dito, as� como las caracter�sticas de dichas personas y riesgos, incluyendo, en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de �stos. Esta obligaci�n se extender� a los riesgos mantenidos a trav�s de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de las entidades declarantes, y a aquellos que hayan sido cedidos a terceros conservando la entidad su administraci�n.

Entre los datos a los que se refiere el p�rrafo anterior se incluir�n aquellos que reflejen una situaci�n de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a la entidad declarante, as� como los que pongan de manifiesto una situaci�n en la cual la entidad estuviera obligada a dotar una provisi�n espec�fica en cobertura de riesgo de cr�dito, seg�n lo previsto en las normas de contabilidad que le sean de aplicaci�n.

Los datos referentes a las personas mencionadas en el presente apartado no incluir�n, en ning�n caso, los regulados en el art�culo 7 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.

Los datos declarados a la CIR por las entidades obligadas ser�n exactos y puestos al d�a, de forma que respondan con veracidad a la situaci�n actual de los riesgos y de sus titulares en la fecha de la declaraci�n.

Tercero. A efectos de esta Ley se considera riesgo de cr�dito la eventualidad de que la entidad declarante pueda sufrir una p�rdida como consecuencia del incumplimiento de alguna de las obligaciones de sus contrapartes o de los garantes de �stas en contratos tales como pr�stamos, cr�ditos, descuentos, emisiones de valores, contratos de garant�a, compromisos relativos a instrumentos financieros, o cualquier otro tipo de negocio jur�dico propio de su actividad financiera. Tambi�n se incluir�n como riesgo de cr�dito, en todo caso, las situaciones en las que haya tenido lugar el incumplimiento de las mencionadas obligaciones.

Cuarto. El Ministro de Econom�a, y con su habilitaci�n expresa el Banco de Espa�a, determinar�n las clases de riesgos a declarar entre los mencionados en el apartado anterior, las declaraciones peri�dicas o complementarias a remitir de modo que se asegure que los datos est�n suficientemente actualizados, las fechas a las que habr�n de referirse, el procedimiento, la forma y el plazo de remisi�n de las mismas, as� como el alcance de los datos a declarar a la CIR respecto a las caracter�sticas y circunstancias de las diferentes clases de riesgo y de sus titulares.

Quinto. La declaraci�n de los datos sobre riesgos referidos a personas f�sicas que las entidades declarantes realicen a la CIR conforme a lo previsto en la presente Ley no precisa de su consentimiento. No obstante, las entidades declarantes deber�n informar a las personas f�sicas que sean sus acreditados de la citada declaraci�n obligatoria de datos a la CIR y del alcance de la misma, haciendo menci�n expresa, cuando se trate de riesgos de empresarios individuales actuando en el ejercicio de su actividad empresarial, a que se har� constar tal condici�n. Todo ello se entender� sin perjuicio de la informaci�n que deban facilitar a aqu�llas en funci�n de lo establecido en el apartado 1 del art�culo 5 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.

Sexto. En todo caso, los datos registrados estar�n a disposici�n de la Agencia de Protecci�n de Datos, para el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas.

Art�culo 61 Informaci�n sobre los datos declarados

Primero. Los datos declarados sobre los riesgos cuyos titulares sean Administraciones p�blicas espa�olas ser�n p�blicos y a tal efecto se comunicar�n por el Banco de Espa�a, con la misma periodicidad con que se recaban, al Ministerio de Hacienda y, en su caso, a la Comunidad Aut�noma de la que dependan, para su conocimiento y publicaci�n en la forma que establezcan.

Segundo. Las entidades declarantes tendr�n derecho a obtener informes sobre los riesgos de las personas f�sicas o jur�dicas, incluidas las Administraciones p�blicas, registrados en la CIR, siempre que dichas personas cumplan alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Mantener con la entidad alg�n tipo de riesgo.
• b) Haber solicitado a la entidad un pr�stamo o cualquier otra operaci�n de riesgo.
• c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos cambiarios o de cr�dito cuya adquisici�n o negociaci�n haya sido solicitada a la entidad.

Las entidades deber�n informar por escrito a las personas en las que concurra el supuesto contemplado por el p�rrafo b) precedente del derecho de la entidad previsto en este apartado.

Las entidades conservar�n los documentos justificativos de las solicitudes a que se refieren los p�rrafos b) y c) precedentes que hayan sido denegadas durante el plazo establecido con car�cter general en el art�culo 30 del C�digo de Comercio.

Tercero. El Ministro de Econom�a y, con su habilitaci�n expresa, el Banco de Espa�a determinar�n el contenido, forma y periodicidad de los informes a que se refieren los apartados anteriores.

Los informes referidos a personas f�sicas s�lo podr�n incluir los datos registrados en funci�n de las declaraciones de los �ltimos cinco a�os recibidas de las entidades declarantes. No obstante, en el caso de las personas jur�dicas o cuando se trate de riesgos de empresarios individuales actuando en el ejercicio de su actividad empresarial, dichos informes podr�n tambi�n incluir datos referidos a declaraciones anteriores, en la forma que establezca el Banco de Espa�a. Los informes no podr�n referirse, tan s�lo, a los datos mencionados en el p�rrafo segundo del art�culo 57.2.� de esta Ley e incluir�n, necesariamente, los relativos a la �ltima declaraci�n recibida, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

Cuarto. En los informes a las entidades declarantes a que se refieren los apartados precedentes se omitir� la denominaci�n de las entidades que hayan contra�do los mencionados riesgos y, cuando se trate de los datos a que se refiere el p�rrafo segundo del art�culo 57.2.� de esta Ley s�lo se incluir�n situaciones de incumplimiento de las obligaciones directas o garantizadas, as� como las relativas a procedimientos concursales.

Art�culo 62 Uso y cesi�n de datos por las entidades declarantes

Primero. La informaci�n recibida por las entidades declarantes con arreglo a lo previsto en el art�culo anterior tendr� car�cter confidencial.

Segundo. La informaci�n a la que se refiere el apartado anterior s�lo podr� ser usada por las entidades declarantes en relaci�n con la concesi�n y gesti�n de cr�ditos as� como con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre concentraci�n de riesgos y cualquier otra que, en el �mbito de la supervisi�n cautelar a la que est�n sometidas, les sea de aplicaci�n. Los datos concernientes a personas f�sicas deber�n ser cancelados una vez hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para tales finalidades.

Tercero. Salvo que medie consentimiento expreso del interesado, la informaci�n a que se refiere este art�culo no podr� ser cedida por las entidades declarantes a ninguna otra persona. Se except�a de esta prohibici�n la cesi�n de datos referidos a personas jur�dicas realizada entre las entidades financieras que formen parte del mismo grupo consolidable, seg�n se determina en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisi�n en Base Consolidada de las Entidades Financieras, y en su normativa de desarrollo.

Tambi�n queda exceptuada la cesi�n de datos concernientes a personas f�sicas realizada a las cesionarias indicadas en el p�rrafo anterior cuando sean necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre concentraci�n de riesgos, c�lculo de requerimientos de recursos propios m�nimos y cualquier otra prevista en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficientes de Inversi�n, Recursos Propios y Obligaciones de Informaci�n de los Intermediarios Financieros, y disposiciones que la desarrollan.

Art�culo 63 Uso y cesi�n de datos por el Banco de Espa�a

Primero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 58 de esta Ley, los datos declarados a la CIR tendr�n car�cter reservado para el Banco de Espa�a.

Segundo. La comunicaci�n o cesi�n de la informaci�n a que se refiere el apartado 1 de este art�culo queda sujeta a las reglas de colaboraci�n en la informaci�n y secreto profesional previstas en el art�culo 6 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas.

Adem�s de las exigencias previstas en el art�culo mencionado en el p�rrafo anterior, cuando los datos a comunicar se refieran a personas f�sicas, la cesi�n a autoridades, personas o entidades extranjeras en �l indicadas no pertenecientes a otro Estado miembro de la Uni�n Europea exigir� que las mismas queden sujetas a un r�gimen de protecci�n de datos equiparable al previsto en la normativa espa�ola en funci�n de lo establecido en el art�culo 33 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.

Con independencia de lo previsto en los p�rrafos anteriores, el Banco de Espa�a, dentro de un r�gimen de reciprocidad y en los t�rminos que establezca, podr� ceder los datos declarados a organismos o entidades de car�cter p�blico que cumplan funciones semejantes a las de la CIR en un Estado miembro de la Uni�n Europea, as� como a las entidades declarantes o miembros de los mismos, siempre que quede asegurada la sujeci�n, tanto del cesionario como de los datos cedidos, a reglas de uso, confidencialidad y protecci�n de datos equiparables a los establecidos en la normativa espa�ola. Si dichos organismos o entidades est�n situados en un pa�s no miembro de la Uni�n Europea, los datos s�lo podr�n referirse a personas jur�dicas y a riesgos de empresarios individuales actuando en el ejercicio de su actividad empresarial. Los datos a proporcionar quedar�n sujetos a las limitaciones previstas en el apartado cuarto del art�culo 58 de esta Ley.

Tercero. El Banco de Espa�a no estar� obligado a informar a los titulares de riesgos, ni a los cedentes de los datos recibidos, del tratamiento a que someta los citados datos, ni de su uso o cesi�n conforme a lo previsto en la presente Ley, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del art�culo 62.

Lo dispuesto en el p�rrafo precedente se establece sin perjuicio de las obligaciones de informaci�n a las personas f�sicas titulares de riesgos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado quinto del art�culo 57 de esta Ley y en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, correspondan a las entidades declarantes.

Cuarto. El Banco de Espa�a colaborar� con el Ministerio de Hacienda mediante el suministro de la informaci�n que reciba relacionada con las operaciones de cr�dito de las Entidades Locales y las Comunidades Aut�nomas.

Art�culo 64 Conservaci�n de los datos

Primero. Los datos registrados en la C.I.R. se conservar�n durante diez a�os contados desde la fecha a la que se refieran, cancel�ndose una vez transcurrido dicho plazo. No obstante, podr�n conservarse indefinidamente mediante procedimientos que no permitan la identificaci�n del afectado, atendiendo a sus valores hist�ricos, estad�sticos o cient�ficos. Tambi�n podr�n conservarse indefinidamente los datos que identifiquen a las personas jur�dicas para permitir el ejercicio de las finalidades contempladas en los guiones segundo y tercero del apartado primero del art�culo 59 de la presente Ley.

N�mero primero del art�culo 64 redactado por la disposici�n adicional decimoctava de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003

Segundo. Conforme a lo previsto en el art�culo 9 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, el Banco de Espa�a adoptar� las medidas de �ndole t�cnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos registrados en la CIR y eviten su alteraci�n, p�rdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnolog�a, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que est�n expuestos, ya provengan de la acci�n humana o del medio f�sico o natural.

Art�culo 65 Derechos de acceso, rectificaci�n y cancelaci�n

Primero. Cualquier persona, f�sica o jur�dica, que figure como titular de un riesgo declarable a la CIR, podr� acceder a toda la informaci�n que le afecte. Las personas f�sicas podr�n igualmente solicitar el nombre y direcci�n de los cesionarios a los que la CIR haya comunicado sus datos durante los �ltimos seis meses as� como las cesiones de los mismos que vayan a realizarse. La informaci�n sobre los cesionarios se acompa�ar� de una copia de los datos cedidos en cada caso.

La solicitud de acceso podr� realizarse por cualquier medio que asegure la identificaci�n y, en su caso, t�tulo del peticionario, correspondiendo al Banco de Espa�a fijar los procedimientos que los aseguren y el sistema de consulta, sin menoscabo, en lo que se refiere a las personas f�sicas, del r�gimen de tutela del derecho de acceso, y de las limitaciones a su ejercicio, previstos en el art�culo 15 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal. Los datos interesados deber�n facilitarse al peticionario en el plazo m�ximo de diez d�as h�biles desde la recepci�n de la solicitud en el Banco de Espa�a.

Segundo. Sin perjuicio de los derechos que asistan a las personas f�sicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, y en sus normas de desarrollo, respecto a los datos de car�cter personal incluidos en los ficheros de las entidades declarantes, todo titular de datos declarados a la CIR que considere que �stos son inexactos o incompletos podr� solicitar al Banco de Espa�a que tramite la rectificaci�n o cancelaci�n de los mismos ante las entidades declarantes, mediante escrito en el que se indiquen las razones y alcance de su petici�n. El Banco de Espa�a dar� traslado inmediato de la solicitud recibida a la entidad o entidades declarantes de los datos supuestamente inexactos o incompletos.

Las solicitudes remitidas por el Banco de Espa�a deber�n ser contestadas y comunicadas por las entidades declarantes al afectado y a la CIR, en el plazo m�ximo de quince d�as h�biles a contar desde su recepci�n en cualquiera de sus oficinas. La decisi�n ser� motivada en el supuesto de que considere que no procede acceder a lo solicitado.

Las personas f�sicas podr�n formular contra las entidades declarantes la reclamaci�n ante la Agencia de Protecci�n de Datos a que se refiere el art�culo 18 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, cuando las decisiones adoptadas conforme a lo previsto en el p�rrafo anterior no accedan a la rectificaci�n o cancelaci�n solicitada por el afectado, o no haya sido contestada su solicitud dentro del plazo previsto al efecto.

Tercero. Las entidades declarantes estar�n obligadas a facilitar a las personas jur�dicas titulares de riesgo el acceso efectivo a los datos remitidos a la CIR en el plazo m�ximo de un mes desde la fecha en que sea solicitado; tambi�n deber�n atender las solicitudes de rectificaci�n o cancelaci�n de datos inexactos o incompletos que aqu�llas les formulen; el plazo para contestar dichas solicitudes ser� de veinte d�as h�biles.

Cuarto. Sin perjuicio de las competencias de la Agencia de Protecci�n de Datos previstas en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, cuando una persona f�sica interponga una reclamaci�n ante aqu�lla a los efectos de la tutela de sus derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n u oposici�n en relaci�n a sus datos de car�cter personal incluidos en los ficheros de las entidades declarantes, la Agencia deber� comunicarlo con car�cter inmediato al Banco de Espa�a a los efectos de la suspensi�n de la cesi�n de datos prevista en el p�rrafo segundo del apartado primero del art�culo siguiente, en el caso de que los datos objeto de la reclamaci�n estuvieran incluidos entre los que son de obligada remisi�n a la CIR.

Art�culo 66 Suspensi�n de las cesiones de datos y rectificaci�n o cancelaci�n de los datos declarados

Primero. En tanto las entidades declarantes dan respuesta a la solicitud de rectificaci�n o cancelaci�n presentada a trav�s del Banco de Espa�a conforme a lo previsto en el apartado segundo del art�culo precedente, el Banco de Espa�a suspender� toda cesi�n a terceros de los datos sobre los que verse la solicitud, as� como de los congruentes con ellos que hayan sido registrados en la CIR con motivo de declaraciones anteriores y posteriores.

La suspensi�n proceder� igualmente, y con id�ntica extensi�n, en el supuesto de que se hubiere acreditado ante el Banco de Espa�a la admisi�n a tr�mite de cualquier acci�n judicial que se dirija a declarar la inexactitud de los datos declarados, o se hubiere recibido de la Agencia de Protecci�n de Datos la comunicaci�n a que se refiere el apartado cuarto del art�culo anterior. En el mismo supuesto, el Banco de Espa�a comunicar� la suspensi�n a los terceros a los que, durante los seis meses anteriores a la fecha de la misma, se hubieren cedido los datos afectados y los congruentes con �stos.

Segundo. La suspensi�n cesar� a partir de que la CIR reciba de la entidad declarante la comunicaci�n a que se refiere el segundo p�rrafo del apartado segundo del art�culo anterior, salvo que se trate de contestaciones desestimatorias, en cuyo caso el Banco de Espa�a prorrogar� por dos meses m�s la suspensi�n citada, ello sin perjuicio de la aplicaci�n de lo previsto en el segundo p�rrafo del apartado anterior.

Tambi�n cesar� la suspensi�n cuando el Banco de Espa�a tenga constancia de la sentencia firme o la resoluci�n acordada al respecto por la Agencia de Protecci�n de Datos, una vez rectificados o cancelados, en su caso, los datos, seg�n se establece en el apartado siguiente.

Tercero. Las rectificaciones o cancelaciones acordadas por la Agencia de Protecci�n de Datos, o las resultantes de sentencia judicial, obligar�n a la entidad declarante a rectificar o cancelar igualmente, con arreglo al alcance de la correspondiente resoluci�n o sentencia, los datos congruentes con los rectificados o cancelados que se contengan en otras declaraciones a la CIR. Dichos acuerdos o sentencias se tendr�n en cuenta en las sucesivas declaraciones que se remitan.

Cuarto. Los datos objeto de rectificaci�n o cancelaci�n, as� como los que los sustituyan, ser�n comunicados por el Banco de Espa�a a los terceros a los que se hubieren cedido.

Quinto. Seg�n lo previsto en el apartado 3 del art�culo 16 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, la cancelaci�n dar� lugar al bloqueo de los datos, conserv�ndose �nicamente a disposici�n de las Administraciones p�blicas, Jueces y Tribunales, para la atenci�n de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripci�n de �stas. Cumplido el citado plazo deber� procederse a su supresi�n.

Art�culo 67 Competencias sancionadoras de la Agencia de Protecci�n de Datos

Las competencias sancionadoras del Banco de Espa�a y de otras autoridades financieras en esta materia se entender�n sin perjuicio de las atribuidas a la Agencia de Protecci�n de Datos en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.

Art�culo 68 R�gimen sancionador

Primero. Se modifica la redacci�n del p�rrafo j) del art�culo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, quedando del siguiente modo:

• �j) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al p�blico en general, as� como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Informaci�n de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley. Todo ello siempre que, por el n�mero de afectados o por la importancia de la informaci�n, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.�

Segundo. Se modifica la redacci�n del p�rrafo n) del art�culo 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, quedando del siguiente modo:

• �n) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al p�blico en general, as� como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Informaci�n de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el p�rrafo j) del art�culo anterior.�

Art�culo 69 Concurrencia de entidades de naturaleza privada

Sin perjuicio del desarrollo por parte de la Central de Informaci�n de Riesgos a cargo del Banco de Espa�a de la totalidad de las funciones que le encomienda la presente Ley, la actividad de facilitar a las entidades de cr�dito los datos necesarios para el ejercicio de su actividad crediticia podr� ser tambi�n realizada por otras entidades de naturaleza privada cuya actividad se ajustar�, en todo caso, al r�gimen previsto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de datos de car�cter personal.

Disposici�n adicional primera Servicios auton�micos de compensaci�n y liquidaci�n de valores

Con relaci�n a las funciones que vienen desempe�ando los Servicios de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores auton�micos, �nicamente se producir� la asunci�n de funciones por la Sociedad de Sistemas, en su caso, con sujeci�n a lo que disponga la normativa vigente de la correspondiente Comunidad Aut�noma.

Disposici�n adicional segunda Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisi�n

1. La Comisi�n Nacional de la Energ�a, la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Espa�a deber�n disponer �rganos de control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regir� por los principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producci�n de conflictos de intereses.

2. La Comisi�n Nacional de la Energ�a, la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Espa�a elaborar�n anualmente una memoria sobre su funci�n supervisora en relaci�n con sus actuaciones y procedimientos llevados a cabo en esta materia y de la que pueda deducirse informaci�n sobre la eficacia y eficiencia de tales procedimientos y actuaciones. En estas memorias se incluir� un informe de los �rganos de control interno respectivos sobre la adecuaci�n de las decisiones adoptadas por sus �rganos de gobierno a la normativa procedimental aplicable en cada caso. Estas memorias deber�n ser aprobadas por los �rganos de gobierno correspondientes y se remitir�n a las Cortes Generales y al Gobierno de la Naci�n.

3. El Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Econom�a, dentro de sus respectivas competencias legales sobre el control e inspecci�n de las entidades financieras, cooperar�n estrechamente con la finalidad de armonizar en lo que resulte conveniente y mejorar, con base en su experiencia mutua, los criterios y programas que amparen las t�cnicas y pr�cticas de supervisi�n que utilicen en el ejercicio de aquellas competencias. A tal efecto, intercambiar�n peri�dicamente las informaciones que sean relevantes, en especial, las referidas a asegurar la mayor calidad de las t�cnicas empleadas, y podr�n celebrar uno o varios convenios que tengan por objeto la normalizaci�n de dichos intercambios, la homogeneizaci�n de procedimientos o pr�cticas concretos y, en su caso, articular los instrumentos que permitan el seguimiento de los objetivos mencionados.

Disposici�n adicional tercera Restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin �nimo de lucro

La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, el Banco de Espa�a y el Ministerio de Econom�a, cada uno en el �mbito de su supervisi�n, aprobar�n c�digos de conducta que contengan las reglas espec�ficas a las que deber�n ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones sin �nimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoci�n de empleo, mutuas de seguros, mutualidades de previsi�n social, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y, en su caso, las dem�s entidades sujetas a tipos de gravamen reducidos en el Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un r�gimen espec�fico de diversificaci�n de inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de que dispongan y que puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus normas de funcionamiento.

Los �rganos de gobierno, administraci�n o direcci�n de dichas entidades deber�n presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento de los citados c�digos para que lo conozcan el protectorado o sus part�cipes, asociados o mutualistas.

Disposici�n adicional cuarta Remisi�n del reglamento interno de conducta a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores

Las entidades a las que resulta de aplicaci�n lo dispuesto en los art�culos 82 a 83 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, deber�n remitir a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores en el plazo de nueve meses un reglamento interno de conducta, en el que adem�s de las previsiones contenidas en otras disposiciones de desarrollo de dicha Ley, incorporen las contenidas en los art�culos citados. Asimismo remitir�n un compromiso por escrito que garantice la actualizaci�n de dichos reglamentos internos de conducta y que su contenido es conocido, comprendido y aceptado por todas las personas pertenecientes a la organizaci�n a los que resulte de aplicaci�n.

En aquellos casos en que se detecte que su contenido no se ajusta a lo dispuesto anteriormente o no es adecuado a la naturaleza o al conjunto de actividades que la entidad o grupo desarrolla, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� requerirle para que incorpore al reglamento cuantas modificaciones o adicciones juzgue necesarias.

Disposici�n adicional quinta Modificaci�n de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones

Se da nueva redacci�n a la disposici�n final segunda de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones:

�Disposici�n final segunda Previsi�n social complementaria del personal al servicio de administraciones, entidades y empresas p�blicas

Las Administraciones p�blicas, incluidas las Corporaciones locales, las entidades, organismos de ellas dependientes y empresas participadas por las mismas podr�n promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, as� como a contratos de seguro colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsi�n social empresarial, al amparo de la disposici�n adicional primera de esta Ley, con el fin de instrumentar los compromisos u obligaciones por pensiones vinculados a las contingencias del art�culo 8.� 6 de esta Ley referidos a su personal funcionario o laboral o en relaci�n de servicios regulada por normas administrativas estatutarias.

Lo anterior se entender� sin perjuicio de la correspondiente habilitaci�n presupuestaria de que disponga cada entidad o empresa, as� como de las posibles autorizaciones previas a las que pudiesen estar sometidas tales aportaciones tanto de car�cter normativo como administrativo, para, en su caso, destinar recursos a la financiaci�n e instrumentaci�n de la previsi�n social complementaria del personal.

Las prestaciones abonadas a trav�s de planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsi�n social empresarial, conforme a la disposici�n adicional primera de esta Ley, no tendr�n la consideraci�n de pensiones p�blicas ni se computar�n a efectos de limitaci�n del se�alamiento inicial o fijaci�n de la cuant�a m�xima de las pensiones p�blicas.�

Disposici�n adicional sexta Excepciones al deber de secreto profesional en el �mbito de la supervisi�n de los seguros privados y de los fondos de pensiones

Primero. ...

Apartado primero de la disposici�n adicional sexta derogado por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados (�B.O.E.� 5 noviembre).Vigencia: 6 noviembre 2004

Segundo. Se crea un nuevo apartado 4 en el art�culo 24 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones:

�4. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Econom�a en el ejercicio de sus funciones de ordenaci�n y supervisi�n de los fondos de pensiones, salvo los contenidos en los registros administrativos de car�cter p�blico, tendr�n car�cter reservado.

Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de ordenaci�n y supervisi�n en materia de fondos de pensiones, as� como aqu�llas a quienes el Ministerio de Econom�a haya encomendado funciones respecto de las mismas, est�n sometidas al deber de secreto profesional en los mismos t�rminos y con las mismas responsabilidades y excepciones establecidas en el art�culo 75 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados.�

Disposici�n adicional s�ptima Modificaci�n de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados

...

Disposici�n adicional octava Celebraci�n de convenios para la obtenci�n de certificados electr�nicos

Se adicionan dos nuevos apartados, nueve y diez al art�culo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, seg�n la redacci�n dada al mismo por el art�culo 51 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, con el siguiente contenido:

�Nueve. La F�brica Nacional de Moneda y Timbre-Casa Real de la Moneda podr� celebrar convenios con personas, entidades y corporaciones que ejerzan funciones p�blicas en los que se establezcan las condiciones en las que �stas puedan participar en los tr�mites necesarios para la obtenci�n de certificados electr�nicos expedidos por aqu�lla, en particular, en la identificaci�n y registro de los solicitantes de dichos certificados.

Diez. La acreditaci�n de la identidad de los interesados en el procedimiento de expedici�n de certificados electr�nicos podr� requerir la comparecencia de los ciudadanos ante una oficina p�blica.�

Disposici�n adicional novena Modificaci�n del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas:

• Uno. Se da nueva redacci�n al apartado 1 del art�culo 64 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

  �1. Las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones s�lo ser�n aplicables a las adquisiciones por causa de muerte cuando as� lo establezcan expresamente los propios estatutos.

  En este supuesto, para rechazar la inscripci�n de la transmisi�n en el libro registro de acciones nominativas, la sociedad deber� presentar al heredero un adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor razonable en el momento en que se solicit� la inscripci�n, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 75.

  Se entender� como valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que, a solicitud de cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la sociedad.�

  
• Dos. El apartado 3 del art�culo 68 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, pasa a tener el siguiente tenor literal:

  �3. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre el importe a abonar en los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, �ste ser� fijado, a petici�n de cualquiera de ellas y a costa de ambas, por un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que designe a tal efecto el Registro Mercantil.�

  
• Tres. El apartado 2 del art�culo 147 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, pasa a tener el siguiente contenido:

  �2. Si las acciones cotizasen en un mercado secundario oficial, el valor de reembolso ser� el del precio de cotizaci�n media del �ltimo trimestre. En otro caso, y a falta de acuerdo entre la sociedad y los interesados, el valor de las acciones vendr� determinado por un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por el Registro Mercantil.�

  
• Cuatro. El art�culo 159 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, pasa a tener la siguiente redacci�n:

  �Art�culo 159 Exclusi�n del derecho de suscripci�n preferente

  1. En los casos en que el inter�s de la sociedad as� lo exija, la Junta General, al decidir el aumento del capital, podr� acordar la supresi�n total o parcial del derecho de suscripci�n preferente. Para la validez de este acuerdo, que habr� de respetar lo dispuesto en el art�culo 144, ser� imprescindible:

  • a) Que en la convocatoria de la Junta se hayan hecho constar la propuesta de supresi�n del derecho de suscripci�n preferente y el tipo de emisi�n de las nuevas acciones.
  • b) Que al tiempo de la convocatoria de la Junta se pongan a disposici�n de los accionistas, conforme a lo previsto en el p�rrafo c) del apartado 1 del art�culo 144, un informe elaborado por los administradores, en el que se justifique detalladamente la propuesta y el tipo de emisi�n de las acciones, con indicaci�n de las personas a las que �stas habr�n de atribuirse, y un informe elaborado, bajo su responsabilidad, por un auditor de cuentas distinto del auditor de las cuentas de la sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro mercantil, sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor te�rico de los derechos de suscripci�n preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores.
  • c) Que el valor nominal de las acciones a emitir, m�s, en su caso, el importe de la prima de emisi�n, se corresponda con el valor razonable que resulte del informe de los auditores de cuentas a que se refiere el p�rrafo b) precedente. Trat�ndose de una sociedad cotizada, el valor razonable se entender� como valor de mercado y �ste se presumir�, salvo que se justifique lo contrario, referido a su cotizaci�n burs�til.

  No obstante, en el supuesto de sociedades cotizadas, la Junta de Accionistas, una vez que disponga del informe de los administradores y del informe del auditor de cuentas requeridos en el p�rrafo b) precedente, los cuales deber�n, en este caso, referirse tambi�n al valor neto patrimonial de las acciones, podr� acordar la emisi�n de nuevas acciones a cualquier precio, siempre que sea superior al valor neto patrimonial de �stas que resulte del informe de dicho auditor, pudiendo dicha Junta de Accionistas limitarse a establecer el procedimiento para su determinaci�n. Dicho valor neto patrimonial de las acciones ser� determinado por el auditor a que se refiere el p�rrafo b) precedente, sobre la base de las �ltimas cuentas anuales auditadas de la sociedad o, bien, si son de fecha posterior a �stas, sobre la base de los �ltimos estados financieros auditados de la sociedad conformes con el art�culo 172, formulados, en cualquiera de los casos, por los administradores de acuerdo con los principios de contabilidad recogidos en el C�digo de Comercio, debiendo tenerse en cuenta en la determinaci�n del mencionado valor las eventuales salvedades que pudiera haber puesto de manifiesto en su informe el auditor de dichas cuentas anuales o de dichos estados financieros. La fecha de cierre de estas cuentas o de estos estados no podr� ser anterior en m�s de seis meses a la fecha en la que la Junta de Accionistas adopte el acuerdo de ampliaci�n, siempre que no se realicen operaciones significativas. Trat�ndose de sociedades cotizadas que sean dominantes de un grupo de empresas, el valor neto patrimonial se determinar� conforme a los datos que para la sociedad se deriven de la contabilidad consolidada del grupo. El registro contable de las operaciones, a que se hace referencia en este p�rrafo, se realizar� de acuerdo con los principios y normas de contabilidad establecidas en el C�digo de Comercio.

  2. En el caso de sociedades cotizadas, cuando la Junta General delegue en los administradores la facultad de aumentar el capital social conforme a lo establecido en el apartado 1.b) del art�culo 153, podr� atribuirles tambi�n la facultad de excluir el derecho de suscripci�n preferente en relaci�n a las emisiones de acciones que sean objeto de delegaci�n cuando el inter�s de la sociedad as� lo exija. A estos efectos, deber� constar expresamente dicha propuesta de exclusi�n en la convocatoria de Junta General y se pondr� a disposici�n de los accionistas un informe de los administradores en el que se justifique la propuesta. Asimismo, con ocasi�n de cada acuerdo de ampliaci�n que se realice con cargo a esa delegaci�n, habr� de elaborarse el informe de los administradores y el informe del auditor de cuentas requeridos en el apartado 1.b) anterior, referidos a cada ampliaci�n concreta, debiendo corresponderse el valor nominal de las acciones a emitir, m�s, en su caso, el importe de la prima de emisi�n con el valor razonable que resulte del informe de dicho auditor de cuentas. Dichos informes ser�n puestos a disposici�n de los accionistas y comunicados a la primera Junta General que se celebre tras el acuerdo de ampliaci�n.

  3. Cuando la sociedad tenga emitidas obligaciones convertibles con relaci�n de conversi�n fija y sus tenedores se vean afectados por la exclusi�n del derecho de suscripci�n preferente, deber� preverse una f�rmula de ajuste de dicha relaci�n que permita compensar la eventual diluci�n del importe del derecho de conversi�n.

  4. No habr� lugar al derecho de suscripci�n preferente cuando el aumento del capital se deba a la conversi�n de obligaciones en acciones o a la absorci�n de otra sociedad o de parte del patrimonio escindido de otra sociedad.�

  
• Cinco. El apartado 2 del art�culo 292 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades An�nimas, pasa a tener el siguiente tenor:

  �2. Los administradores deber�n redactar con anterioridad a la convocatoria de la Junta un informe que explique las bases y modalidades de la conversi�n, que deber� ser acompa�ado por otro de un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por el Registro Mercantil.�

  

Disposici�n adicional d�cima Modificaci�n de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada

Se introducen las siguientes modificaciones en la redacci�n de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada:

• Uno. El segundo p�rrafo del p�rrafo d) del apartado 2 del art�culo 29 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pasa a tener la siguiente redacci�n:

  �En los casos en que la transmisi�n proyectada fuera a t�tulo oneroso distinto de la compraventa o a t�tulo gratuito, el precio de adquisici�n ser� el fijado de com�n acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el d�a en que se hubiera comunicado a la sociedad el prop�sito de transmitir. Se entender� por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de �sta.�

  
• Dos. El art�culo 100 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pasa a tener el siguiente tenor literal:

  �Art�culo 100

  1. A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoraci�n, las participaciones ser�n valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas.

  2. Para el ejercicio de su funci�n, el auditor podr� obtener de la sociedad todas las informaciones y documentos que considere �tiles y proceder a todas las verificaciones que estime necesarias. En el plazo m�ximo de dos meses a contar desde su nombramiento, el auditor emitir� su informe, que notificar� inmediatamente a la sociedad y a los socios afectados por conducto notarial, acompa�ando copia, y depositar� otra en el Registro Mercantil.

  3. La retribuci�n del auditor correr� a cargo de la sociedad. No obstante, en los casos de exclusi�n, de la cantidad a reembolsar al socio excluido podr� la sociedad deducir lo que resulte de aplicar a los honorarios satisfechos el porcentaje que el socio excluido tuviere en el capital social.�

  

Disposici�n adicional und�cima Modificaci�n de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales

Se introducen las siguientes modificaciones en el art�culo 8 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que pasa a tener el siguiente contenido:

�Valor razonable. El precio de las acciones o participaciones, la forma de pago y dem�s condiciones de la operaci�n ser�n las convenidas y comunicadas al �rgano de administraci�n por el socio transmitente.

Si la transmisi�n proyectada fuera a t�tulo oneroso distinto de la compraventa o a t�tulo gratuito, el precio de adquisici�n ser� el fijado de com�n acuerdo por las partes o, en su defecto, el valor razonable de las mismas el d�a en que hubiese comunicado al �rgano de administraci�n de la sociedad el prop�sito de transmitir. Se entender� por valor razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a este efecto por los administradores.

Los gastos de auditor ser�n de cuenta de la sociedad. El valor razonable que se fije ser� v�lido para todas las enajenaciones que tengan lugar dentro de cada ejercicio anual. Si en las enajenaciones siguientes durante el mismo ejercicio anual, el transmitente o adquirente no aceptasen tal valor razonable se podr� practicar nueva valoraci�n a su costa.�

Disposici�n adicional duod�cima R�gimen del redondeo en determinadas operaciones de cr�dito

En los cr�ditos y pr�stamos garantizados mediante hipoteca, cauci�n, prenda u otra garant�a equivalente que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se formalicen a tipo de inter�s variable, podr� acordarse el redondeo de dicho tipo. En el supuesto anterior, el redondeo del tipo de inter�s habr� de efectuarse al extremo del intervalo pactado m�s pr�ximo, sin que �ste pueda sobrepasar al octavo de punto.

Disposici�n adicional decimotercera Modificaci�n de los l�mites m�ximos de aportaciones a la Mutualidad de Previsi�n Social de deportistas profesionales

La cuant�a de 15.025,30 euros a la que se refiere la disposici�n adicional vig�sima tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias, se eleva a la que para part�cipes de sesenta y cinco a�os o m�s se fija en los art�culos 5.3.a) de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, y 46.1.5.� a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y otras Normas Tributarias.

Disposici�n adicional decimocuarta Transparencia en la remuneraci�n de auditores

Los auditores de cuentas deben comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas anualmente las horas y honorarios facturados a cada cliente, distinguiendo las que corresponden a auditor�a de cuentas y otros servicios prestados, as� como cualquier otra informaci�n que precise el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas para el ejercicio de sus funciones. El importe de estos honorarios anteriormente mencionados ser� p�blico, y se informar� espec�ficamente en la memoria de las cuentas anuales, desglosando las abonadas a los auditores de cuentas, as� como las abonadas a cualquier sociedad del mismo grupo de sociedades a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra sociedad con la que el auditor est� vinculado por propiedad com�n, gesti�n o control.

Disposici�n adicional decimoquinta R�gimen transitorio de acomodaci�n de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilaci�n mediante planes de empleo de promoci�n conjunta

El plazo para la adaptaci�n de los compromisos por pensiones de las empresas con el personal a la disposici�n adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, extendido hasta 16 de noviembre de 2002 por la disposici�n adicional vig�sima quinta de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se ampl�a hasta el 31 de diciembre de 2004 para la integraci�n en planes de pensiones de empleo de promoci�n conjunta de aquellos compromisos, establecidos en convenio colectivo de �mbito supraempresarial, vinculados a la permanencia del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilaci�n, que, bajo la denominaci�n �premios de jubilaci�n� u otras, consistan en una prestaci�n pagadera por una sola vez en el momento del cese por jubilaci�n.T�ngase en cuenta que el plazo establecido en el presente p�rrafo se ampl�a hasta el 31 de diciembre de 2005 conforme establece la disposici�n adicional tercera de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificaci�n de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional inter�s p�blico (�B.O.E.� 30 diciembre).

A los efectos previstos en el p�rrafo anterior, la representaci�n de las empresas y de los trabajadores en el �mbito supraempresarial podr�n promover uno o varios planes de pensiones de promoci�n conjunta, en los que podr�n incorporarse las empresas afectadas por el convenio, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que deban acordarse para ajustar la configuraci�n de los referidos compromisos a los principios b�sicos de los planes de pensiones establecidos en la normativa sobre planes de pensiones.

En dichos planes de promoci�n conjunta podr�n integrarse otros compromisos de las empresas vinculados a otras contingencias distintas de la jubilaci�n.

Las empresas que se incorporen a los referidos planes de promoci�n conjunta dentro del plazo se�alado podr�n acogerse a lo previsto en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, para el reconocimiento de derechos por servicios pasados mediante los correspondientes planes de reequilibrio.

En todo caso, durante el plazo concedido en esta disposici�n, las empresas susceptibles de acogerse a la misma podr�n adaptar el compromiso por jubilaci�n a trav�s de cualquiera de los instrumentos previstos en la disposici�n adicional primera de la Ley 8/1987.

T�ngase en cuenta que el plazo establecido en la presente disposici�n se ampl�a hasta el 31 de diciembre de 2006 conforme establece el art�culo segundo del R.D.-Ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el r�gimen transitorio de adaptaci�n de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptaci�n de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilaci�n (�B.O.E.� 31 diciembre).

Disposici�n adicional decimosexta Modificaci�n de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de Medidas de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales

Se modifica el apartado 2 del art�culo 16 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de Medidas de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales, al que se a�ade un segundo p�rrafo.

�2. Cuando ejerza sus funciones en relaci�n con entidades financieras sometidas a legislaci�n especial, el Servicio Ejecutivo deber� recabar del Banco de Espa�a, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores o Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, u �rgano auton�mico correspondiente, seg�n corresponda, toda la informaci�n y colaboraci�n precisas para llevarlas a cabo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, el Servicio Ejecutivo tendr� acceso directo a la informaci�n estad�stica sobre movimientos de capitales y transacciones econ�micas con el exterior comunicada al Banco de Espa�a con arreglo a lo dispuesto en la legislaci�n aplicable a tales operaciones.�

Disposici�n adicional decimos�ptima Nueva disposici�n adicional de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las entidades de cr�dito en relaci�n con el deber de guardar reserva acerca de las informaciones de sus clientes

Se a�ade una disposici�n adicional primera a la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, con el siguiente contenido:

�Disposici�n adicional primera

1. Las entidades y dem�s personas sujetas a la ordenaci�n y disciplina de las entidades de cr�dito est�n obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y dem�s operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgaci�n.

2. Se except�an de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicaci�n o divulgaci�n a terceros o que, en su caso, les sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisi�n. En este caso, la cesi�n de la informaci�n deber� ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente o por las leyes.

3. Quedan asimismo exceptuadas del deber de confidencialidad los intercambios de informaci�n entre entidades de cr�dito pertenecientes a un mismo grupo consolidable.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente disposici�n ser� considerado infracci�n grave y se sancionar� en los t�rminos y con arreglo al procedimiento previsto en el T�tulo I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.�

Disposici�n adicional decimoctava Exteriorizaci�n en Planes de Pensiones de compromisos adquiridos en convenio colectivo

Se modifica el p�rrafo 6 del apartado 4 de la disposici�n transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, que quedar� redactado de la siguiente forma:

�La cuant�a m�xima de los servicios pasados reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a 1 de enero de 1988 hasta el de formalizaci�n del Plan de Pensiones no podr� rebasar, para cada uno de estos a�os, el importe del l�mite financiero anual vigente en cada uno de tales ejercicios. No obstante, los servicios pasados se integrar�n en su totalidad cuando los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus empleados o trabajadores deriven de convenio colectivo. A tales efectos se modificar�n, cuando proceda, los correspondientes planes de reequilibrio para su aprobaci�n o verificaci�n por la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones.�

Disposici�n adicional decimonovena Realizaci�n de operaciones de arrendamiento financiero por parte de entidades de derecho p�blico auton�micas

Las entidades que, en el marco de los respectivos estatutos de autonom�a, hayan sido creadas por las Comunidades Aut�nomas para el ejercicio de las competencias que les corresponde en relaci�n a la pol�tica financiera y en materia de cr�dito p�blico podr�n, en los supuestos de adquisici�n de bienes por parte de las Administraciones p�blicas, entes de ellas dependientes y sociedades participadas mayoritariamente, realizar las actividades previstas en el apartado 8 de la disposici�n adicional s�ptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervenci�n de las entidades de cr�dito.

Disposici�n transitoria primera R�gimen transitorio de la gesti�n de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de valores

Primero. Hasta tanto la nueva sociedad a que se refiere el apartado 1 del art�culo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, asuma efectivamente las funciones que en el mismo se le atribuyen, el Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores y el Banco de Espa�a, en cuanto gestores de los sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de los valores negociados en los mercados que tienen encomendados, seguir�n ostentando las mismas competencias que tuvieran a la entrada en vigor de la presente Ley.

Segundo. La Sociedad de Sistemas se crear� mediante la transformaci�n de la sociedad �Promotora para la Sociedad de Gesti�n de los Sistemas Espa�oles de Liquidaci�n, S. A.�, que con la participaci�n del Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores y el Banco de Espa�a se haya constituido.

Tercero. La asunci�n efectiva por parte de la Sociedad de Sistemas de las funciones que le encomienda la presente Ley se efectuar� con arreglo a lo siguiente:

• a) La �Promotora para la Sociedad de Gesti�n de los Sistemas Espa�oles de Liquidaci�n, S. A.� proceder� a la modificaci�n de su objeto y denominaci�n sociales, adaptando los mismos a lo que establece el apartado 1 del art�culo 44 bis de la Ley del Mercado de Valores, pasando a ser la Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores regulada en dicho apartado 1.
• b) La modificaci�n societaria prevista en el p�rrafo anterior comprender� igualmente la distribuci�n del capital social de la Sociedad de Sistemas entre los accionistas del �Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores, S. A.�, y el Banco de Espa�a, sin perjuicio de las ulteriores modificaciones que esa estructura accionarial pueda experimentar de acuerdo con el r�gimen legal aplicable a la Sociedad de Sistemas.

  Con objeto de posibilitar dicha distribuci�n inicial de capital entre los accionistas del �Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores, S. A.�, y el Banco de Espa�a, se proceder� por la citada Sociedad de Sistemas a ampliar o reducir capital en la medida necesaria. Sin perjuicio de otras posibles aportaciones, la suscripci�n y pago de las acciones correspondientes se realizar� mediante las siguientes aportaciones no dinerarias: El Banco de Espa�a aportar� a la Sociedad de Sistemas los medios necesarios para la realizaci�n de las funciones relativas al Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones que se le atribuyen a aqu�lla en la presente Ley, los accionistas del �Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores, Sociedad An�nima�, aportar�n a la Sociedad de Sistemas sus acciones de aqu�l.

  Dichas aportaciones no dinerarias ser�n objeto de valoraci�n por un experto designado al efecto de com�n acuerdo por el Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores y el Banco de Espa�a. La valoraci�n efectuada por el se�alado experto surtir� los efectos previstos en el art�culo 38 de la Ley de Sociedades An�nimas.

  No ser� de aplicaci�n a las anteriores operaciones societarias lo dispuesto en los art�culos 158, 166 y 169.1, segundo p�rrafo, de la Ley de Sociedades An�nimas.

• c) Una vez efectuadas e inscritas en el Registro Mercantil las operaciones a que se refiere el apartado anterior, y previa autorizaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de Espa�a, la Sociedad de Sistemas asumir� las funciones que se le atribuyen en la presente Ley, en la fecha que se determine en dichas autorizaciones, que ser�n publicadas en el �Bolet�n Oficial del Estado�, sin perjuicio de la eventual absorci�n por aquella del �Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores, Sociedad An�nima�.
• d) En todo caso, la Sociedad de Sistemas asumir� las funciones a que se refiere la letra anterior en el plazo m�ximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarto. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administraci�n, Directores Generales y asimilados de la Sociedad de Sistemas estar� sujeto a la aprobaci�n de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

Quinto. En tanto la Sociedad de Sistemas no establezca otras disposiciones y decisiones en el ejercicio de las funciones de direcci�n, administraci�n y ordenaci�n que le atribuye la Ley del Mercado de Valores, continuar�n en vigor las disposiciones y decisiones que en la fecha de asunci�n efectiva de sus funciones por la Sociedad de Sistemas rijan los sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores gestionados hasta entonces por el Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores y por el Banco de Espa�a.

La Sociedad de Sistemas y el Banco de Espa�a mantendr�n la debida coordinaci�n a fin de sustituir la normativa vigente por las reglas de la Sociedad de Sistemas que se aprueben en el futuro.

Sexto. Los actos y documentos legalmente necesarios para las operaciones societarias a que se refiere el apartado tercero anterior est�n exentos de tributos y exacciones de todas clases. Asimismo, dichos actos y documentos no devengar�n derechos arancelarios, notariales ni registrales.

Disposici�n transitoria segunda R�gimen transitorio de las funciones asumidas por la Sociedad de Sistemas

El art�culo 54 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, quedar� derogado en el momento en que, de conformidad con lo dispuesto en la disposici�n transitoria primera, se produzca la efectiva asunci�n de las funciones que el art�culo 44 bis de la mencionada Ley confiere a la Sociedad de Sistemas, todo ello, sin perjuicio del mantenimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del referido art�culo 44 bis, respecto a los servicios creados en las Comunidades Aut�nomas con competencias en la materia.

Disposici�n transitoria tercera R�gimen transitorio de la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras

Primero. El Consorcio de Compensaci�n de Seguros suceder� a la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras en todos sus derechos y obligaciones, continuando las liquidaciones que �sta tiene encomendadas y manteniendo todas sus relaciones jur�dicas y su personal laboral.

Segundo. Hasta que por el Gobierno se dicten las disposiciones reglamentarias a que se refiere la disposici�n final segunda de la presente Ley, subsistir�n el Reglamento de Funcionamiento de la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, aprobado por Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto; el Real Decreto 2226/1986, de 12 de septiembre, por el que se conf�an a la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras las funciones atribuidas a la Comisi�n creada por Real Decreto-ley 11/1981, de 20 de agosto; el Real Decreto 312/1988, de 30 de marzo, por el que se someten las Entidades de Previsi�n Social a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, y la Orden del Ministerio de Econom�a y Hacienda de 25 de marzo de 1988, por la que se complementa el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. Todas ellas permanecer�n en vigor exclusivamente en lo que no se opongan a las disposiciones contenidas en la presente Ley, entendi�ndose atribuidas al Consorcio de Compensaci�n de Seguros y a su Consejo de Administraci�n las funciones que dichas disposiciones reglamentarias encomiendan a la �Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras� y a su Junta Rectora.

Tercero. Las cantidades que a la entrada en vigor de la presente Ley hubieran sido ya recaudadas por el Consorcio de Compensaci�n de Seguros en concepto de recargo destinado a efectuar subvenciones a la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras y que no hubieran sido todav�a transferidas a dicho Organismo se destinar�n, desde el mismo momento en que se produzca la entrada en vigor de la presente Ley, al cumplimiento por el Consorcio de sus funciones de liquidador de entidades aseguradoras, de conformidad con lo establecido en los art�culos 23 y 24 de su Estatuto Legal, contenido en el art�culo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho espa�ol a la Directiva 88/357/CEE sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaci�n de la legislaci�n de seguros privados.

Disposici�n transitoria tercera declarada expresamente vigente por la letra b) del n�mero 2 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros (�B.O.E.� 5 noviembre).

Disposici�n transitoria cuarta Nombramiento por las entidades aseguradoras autorizadas del representante para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros, a que se refiere el p�rrafo g) del apartado 2 del art�culo 6 y el p�rrafo g) del apartado 1 del art�culo 87 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados

Primero. Las entidades aseguradoras espa�olas que tengan concedida autorizaci�n administrativa en el ramo de responsabilidad civil en veh�culos terrestres autom�viles, excluida la responsabilidad del transportista, deber�n nombrar representantes para la tramitaci�n y liquidaci�n de siniestros en cada uno de los Estados miembros distinto a Espa�a.

Dicho nombramiento deber� ser comunicado a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y, en todo caso, antes del 19 de enero de 2003.

Segundo. Las sucursales de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros pa�ses, no miembros del Espacio Econ�mico Europeo, que tengan concedida autorizaci�n administrativa en el ramo de responsabilidad civil en veh�culos terrestres autom�viles, excluida la responsabilidad del transportista, deber�n proceder al nombramiento y comunicaci�n de los representantes a los que se refiere el n�mero anterior en el mismo plazo.

Disposici�n transitoria quinta R�gimen transitorio del Servicio Central de Informaci�n de Riesgos del Banco de Espa�a

En tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo del cap�tulo VI de la presente Ley, que entrar� en vigor con arreglo a lo establecido en la disposici�n final tercera de la misma, continuar�n en vigor las disposiciones dictadas en desarrollo del art�culo decimosexto del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalizaci�n y Reorganizaci�n del Banco de Espa�a, siempre que no se opongan a aqu�llas.

Disposici�n transitoria sexta R�gimen transitorio de creaci�n y funcionamiento de los sistemas organizados de negociaci�n

En tanto no se apruebe el Real Decreto previsto en el art�culo 4, la autorizaci�n de mercados no oficiales y sistemas organizados de negociaci�n de valores o instrumentos financieros se regir� por la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposici�n transitoria s�ptima R�gimen transitorio de determinadas modificaciones del r�gimen jur�dico de las instituciones de inversi�n colectiva

Las instituciones de inversi�n colectiva dispondr�n de un plazo de doce meses para ajustar su funcionamiento a la presente Ley, sin que el eventual cambio de depositario producido en este plazo para cumplir con los nuevos requisitos exigidos confiera a los part�cipes el derecho de separaci�n previsto en el art�culo 28 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva.

Disposici�n transitoria octava Referencias en materia concursal

Todas las referencias a suspensi�n de pagos y quiebra y, en general, a la materia concursal, contenidas en la presente Ley, se aplicar�n sin perjuicio de lo que disponga la Ley Concursal prevista en la disposici�n final decimonovena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a cuya entrada en vigor se estar� a lo establecido en la misma.

Disposici�n transitoria novena

Hasta que se produzca el nombramiento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros previstos en el art�culo 22 de esta Ley, los servicios de reclamaciones o unidades administrativas equivalentes del Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones seguir�n realizando las funciones que tengan encomendadas a la entrada en vigor de esta Ley de acuerdo con su normativa aplicable.

Disposici�n transitoria d�cima R�gimen transitorio de determinados aspectos del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros

El nuevo r�gimen de irrevocabilidad de los Consejeros Generales y los vocales de los Consejos de Administraci�n de las Cajas de Ahorros, establecido en los apartados sexto y und�cimo del art�culo 8 de esta Ley, por los que se modifican los art�culos 10 y 18 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, ser� aplicable a los cargos nombrados con posterioridad al 1 de junio de 2003.

Los Consejeros Generales y los miembros del Consejo de Administraci�n que actualmente ostenten el cargo, aunque hayan cumplido el per�odo m�ximo establecido en el apartado 1 del art�culo 9 y en el apartado 1 del art�culo 17 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, que ha quedado modificado por el apartado d�cimo del art�culo 8 de la presente Ley, o que lo cumplan durante el per�odo electoral vigente a 31 de diciembre de 2003, podr�n permanecer en el cargo durante el presente mandato y uno m�s, siempre que sean elegidos para ello por la representaci�n que ostenten.El Auto TC de 13 de diciembre de 2005 acuerda tener por desistido al Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la representaci�n que legalmente ostenta, del recurso de inconstitucionalidad n�m. 1004-03, planteado en relaci�n con los arts. 8, apartados 2, 5, 6, 10, 11 y 17; 14; 29; 30; 31; Disposici�n transitoria 12.� y, por conexi�n p�rrafos 1.� y 2.� de la Disposici�n transitoria 10.� y pen�ltimo p�rrafo de la Disposici�n transitoria 11.� de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, declarando extinguido el proceso que fue admitido a tr�mite por providencia de 8 de abril de 2003 (�B.O.E.� 4 enero 2006).

Los requisitos que deben reunir los Consejeros Generales y los vocales del Consejo de Administraci�n ser�n de aplicaci�n desde el d�a de la entrada en vigor de la presente Ley de conformidad con lo establecido en el p�rrafo primero de la disposici�n final tercera.

Disposici�n transitoria und�cima Adaptaci�n de los Estatutos de las Cajas de Ahorros

Las Cajas de Ahorros deber�n, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, adaptar sus Estatutos a las modificaciones introducidas en su normativa b�sica aplicable.

A los efectos de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, las Cajas de Ahorros adaptar�n sus Estatutos al cumplimiento de lo establecido por el art�culo 2.3 de la Ley 31/1985, de forma que la representaci�n de las Administraciones p�blicas y Entidades y Corporaciones de derecho p�blico, incluida la que corresponda a la Entidad Fundadora cuando �sta tenga la misma naturaleza, no supere en su conjunto el l�mite m�ximo del 50 por ciento del total de los derechos de voto de cada uno de los �rganos. Cuando dicha representaci�n sea superior, la distribuci�n de porcentajes dentro del referido m�ximo se realizar� proporcionalmente entre todas las Entidades y Corporaciones p�blicas representadas conforme a la legislaci�n auton�mica, atribuyendo, en su caso, el porcentaje sobrante entre los dem�s grupos de representaci�n de la Entidad de acuerdo a los intervalos m�ximos y m�nimos establecidos por el art�culo 2.3 de la Ley 31/1985.

De ser necesario, en aplicaci�n de lo anteriormente dispuesto, la designaci�n de nuevos miembros del grupo de impositores en la Asamblea General hasta que se produzca su correspondiente renovaci�n, su asignaci�n se realizar� respetando los porcentajes correspondientes a cada demarcaci�n territorial seg�n la �ltima elecci�n de entre los suplentes nombrados en el referido grupo en virtud del mayor n�mero de votos obtenidos en la elecci�n o, caso de haberse votado listas o candidaturas, de forma proporcional a los resultados obtenidos por cada una y, dentro de ella, por el orden que figuren en la misma. Si a�n as�, no se cubriesen todos los puestos vacantes, los no cubiertos permanecer�n vacantes hasta la correspondiente renovaci�n del grupo.

Transcurrido el plazo a que se refiere la disposici�n transitoria siguiente, y completada la adaptaci�n normativa all� prevista, las Cajas de Ahorros deber�n ajustar sus Estatutos a las modificaciones normativas auton�micas, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.El Auto TC de 13 de diciembre de 2005 acuerda tener por desistido al Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la representaci�n que legalmente ostenta, del recurso de inconstitucionalidad n�m. 1004-03, planteado en relaci�n con los arts. 8, apartados 2, 5, 6, 10, 11 y 17; 14; 29; 30; 31; Disposici�n transitoria 12.� y, por conexi�n p�rrafos 1.� y 2.� de la Disposici�n transitoria 10.� y pen�ltimo p�rrafo de la Disposici�n transitoria 11.� de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, declarando extinguido el proceso que fue admitido a tr�mite por providencia de 8 de abril de 2003 (�B.O.E.� 4 enero 2006).

En el caso de las Cajas de Ahorros a que se refiere la disposici�n adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulaci�n de las Normas B�sicas sobre �rganos Rectores de las Cajas de Ahorros, la reforma de sus Estatutos deber� respetar el principio de representatividad de todos los grupos.

Disposici�n transitoria duod�cima Adaptaci�n de la legislaci�n de las Comunidades Aut�nomas en materia de Cajas de Ahorros

En el plazo de seis meses las Comunidades Aut�nomas adaptar�n su legislaci�n sobre Cajas de Ahorros a lo dispuesto en esta Ley.

Disposici�n transitoria decimotercera R�gimen transitorio para cuotas participativas

Durante los dos a�os siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a cuotas participativas establecidas en el art�culo 14 de esta Ley, el volumen en circulaci�n de las emitidas por una caja no podr� superar el 25 por ciento de su patrimonio.

Disposici�n derogatoria �nica Derogaci�n normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial, las siguientes:

• a) El apartado 3 del art�culo 55, los apartados 6 y 7 del art�culo 58, el apartado 5 del art�culo 98 y los p�rrafos n) y r) del art�culo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
• b) El art�culo 54 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en los t�rminos establecidos por la disposici�n transitoria segunda de esta Ley.
• c) El apartado 6 de la disposici�n adicional sexta y el apartado 2 de la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
• d) La disposici�n adicional tercera de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducci�n del euro.
• e) Los art�culos 29 a 34, constitutivos de las subsecciones 1.� y 2.� de la secci�n 3.� del cap�tulo III del T�tulo II, el apartado 5 del art�culo 35, los p�rrafos segundo, tercero y cuarto del apartado 2, el apartado 3 y el apartado 4 del art�culo 62 y el art�culo 63 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados.
• f) El art�culo 15 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros, contenido en el art�culo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho espa�ol a la Directiva 88/357/CEE sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaci�n de la legislaci�n de seguros privados.
• g) El p�rrafo c) del art�culo 38, apartado 2, de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras.
• h) El art�culo 16 del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalizaci�n y Reorganizaci�n del Banco de Espa�a, en los t�rminos de la disposici�n final tercera, p�rrafo c), de esta Ley.
• i) El p�rrafo a) del apartado 1 del art�culo 57 bis de la Ley de Ordenaci�n Bancaria, de 31 de diciembre de 1946.

Disposici�n final primera Car�cter b�sico

Esta Ley tiene car�cter b�sico al amparo de lo previsto en el art�culo 149.1.11.� y 13.� de la Constituci�n, que atribuyen al Estado competencia exclusiva sobre bases de la ordenaci�n del cr�dito, banca y seguros, y sobre bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.

Disposici�n final segunda Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario

Sin perjuicio de las habilitaciones espec�ficas a otros �rganos previstas en el articulado de la presente Ley, se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en esta norma.

Disposici�n final tercera Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

Se except�an de lo anterior:

• a) Lo dispuesto en el art�culo 1, apartado quinto, que entrar� en vigor en el momento en que la Sociedad de Sistemas asuma las funciones que la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, le encomienda, de conformidad con la disposici�n transitoria primera de la presente Ley.
• b) Las disposiciones de la secci�n 2.� del cap�tulo V, relativas al seguro de responsabilidad civil de circulaci�n de autom�viles, que entrar�n en vigor el 19 de enero de 2003.
• c) El cap�tulo VI, relativo a la Central de Informaci�n de Riesgos, que entrar� en vigor a los seis meses de la publicaci�n de esta Ley en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
• d) La cobertura de la p�rdida de beneficios derivada de acontecimientos extraordinarios a que se refiere la nueva redacci�n del art�culo 6 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci�n de Seguros, contenido en el art�culo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho espa�ol a la Directiva 88/357/CEE sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaci�n de la legislaci�n de seguros privados, as� como la inclusi�n como ramo de seguro con recargo obligatorio del de p�rdidas pecuniarias diversas, establecida en el art�culo 7 de la propia norma, entrar�n en vigor en la fecha que determine la disposici�n reglamentaria a que se refiere el segundo p�rrafo del apartado 1 del citado art�culo 6.

Disposici�n final cuarta Elaboraci�n de textos refundidos

Primero. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de la presente Ley, elabore los correspondientes textos refundidos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, y la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados.

Segundo. La presente delegaci�n incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.